Crítica:
El título promete una denuncia de fraude electoral, pero el contenido se extiende a acusaciones de financiación ilegal del PSOE. La crítica es que el artículo no profundiza lo suficiente en pruebas concretas.
Aldama afirma que hubo «fraude electoral» en las generales y señala «amaño de papeletas»
PSOE financia ilegalmente elecciones
Otros artículos
Begoña Gómez cartas ilegales Barrabés
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha informado a la Fiscalía Europea que cartas de recomendación como las presentadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, beneficiaron 'injusta e ilegalmente' a la UTE formada por empresas del investigado Juan Carlos Barrabés en contratos adjudicados por Red.es. El informe de más de 300 páginas detalla que dichas cartas fueron valoradas positivamente en la oferta vinculada a Barrabés, lo que benefició a la UTE Innova Next SLU y The Valley Business School. La IGAE sostiene que la valoración de estas cartas y de los currículos aportados fue ilegal y arbitraria, y que benefició a determinados licitadores en detrimento de otros. Los contratos en cuestión fueron adjudicados por 8,4 millones de euros. Begoña Gómez declaró haber firmado las cartas para respaldar la importancia del proyecto, no para apoyar a las empresas de Barrabés. La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades en los contratos financiados con fondos europeos.
Borrado de metadatos en contratos públicos
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó anomalías en las adjudicaciones a favor de Juan Carlos Barrabés en Red.es. Se borraron 'metadatos' en documentos relacionados con contratos por valor de 10,6 millones de euros. El informe de la Fiscalía Europea critica la pérdida de 'trazabilidad' de documentos que permitieron que las empresas respaldadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se hicieran con dichos contratos. La IGAE habla de un posible fraude de ley y 'una gran opacidad' en las adjudicaciones. Las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos de interés fueron 'muy insuficientes'. Las adjudicaciones están siendo investigadas por la Fiscalía Europea, que imputó a Barrabés en junio pasado. Los contratos se financiaron con fondos comunitarios entre marzo y agosto de 2021. La primera adjudicación fue de 2,1 millones de euros el 18 de marzo de 2021. La segunda fue de cerca de 5 millones el 30 de julio de 2021. La tercera fue de más de 3,6 millones el 2 de agosto de 2021.
UCO detecta gestiones para cátedra
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado gestiones de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, con entidades para financiar la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según un informe aportado al juez Juan Carlos Peinado, Álvarez contactó con instituciones para colaborar con la cátedra. En un correo electrónico fechado el 16 de febrero de 2022, Álvarez envió a Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de la UCM, un borrador de acuerdo con Mindway, relativo a programas de formación. El acuerdo incluía que Mindway donara el 10% de los beneficios a la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) y que no pudiera utilizar los contenidos del máster en caso de rescisión del contrato. La UCO también menciona otras gestiones vinculadas a la relación de Gómez con la cátedra, como consultas sobre límites salariales, organización de un congreso y solicitud de una reunión con la Asesoría Jurídica de la UCM.
Juez Peinado investiga correos de asesora
El juez Juan Carlos Peinado mantiene viva la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y abre un nuevo frente judicial por presunta malversación de fondos públicos. Peinado reclama al Instituto de Empresa todos los correos de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. La UCO analizará los correos electrónicos entre Álvarez Rodríguez y el Instituto de Empresa. El juez sospecha que puede encontrar pistas clave para esclarecer si hubo un uso irregular de fondos públicos. La investigación se suma a los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por los que se investiga a Begoña Gómez. El pasado 27 de septiembre, Peinado respondió a las presiones de la acusación popular liderada por HazteOir para alargar los plazos de instrucción. La organización pidió formalmente que se «acuerde la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la investigación».
Hacienda detecta discriminación en contratos
El informe de 303 páginas de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía Europea detectó graves irregularidades, fraude de ley y gran opacidad en los contratos atribuidos al empresario Juan Carlos Barrabés. La valoración de las cartas de recomendación emitidas por Begoña Gómez fue considerada discriminatoria. Estas cartas, junto con acuerdos con empresas e instituciones, fueron valoradas positivamente en la oferta de las UTES Innova Next S.L.U y The Valley Digital Business School S.L. La IGAE calificó este hecho de arbitrario y destacó que excedía la capacidad de decisión discrecional del valorador, constituyendo una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica. El informe concluyó que ni las cartas de apoyo ni los acuerdos deberían haber sido valorados positivamente, ni la inexistencia de los mismos debería haber penalizado las puntuaciones de otras ofertas.
Iglesias justifica decisión escolar privada
Pablo Iglesias justifica la decisión de matricular a dos de sus tres hijos con Irene Montero en un colegio privado en Las Rozas, alegando 'presión social' hacia los menores. Esta decisión contrasta con sus declaraciones pasadas criticando la educación privada por motivos clasistas. En el pasado, Iglesias afirmó que quienes optan por colegios privados lo hacen para evitar que sus hijos se mezclen con niños de clase obrera o de inmigrantes. En 2023, criticó a ministros socialistas que llevan a sus hijos a escuelas privadas, defendiendo la educación pública como un derecho democrático. La decisión ha generado polémica y reacciones políticas, como la de Toni Valero, coordinador de IU Andalucía, quien ha destacado que sus hijas asisten a colegios públicos.
Gobierno financia colegio privado
El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha otorgado una subvención a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y a la Asociación Aula Cultural de Fomento. La Escuela de Educación Infantil, ubicada en Nuevos Ministerios, es un centro privado que cuida y educa a los hijos del personal del Ministerio y sus organismos dependientes. La subvención, que asciende a 180.250 euros para la escuela y 6.940 euros para la asociación cultural, se destinará a cubrir gastos como la manutención de los alumnos, actividades específicas de la escuela -incluyendo la adquisición de materiales educativos y el mantenimiento de un parque infantil, terrario, acuario y huerto- y actividades complementarias como idiomas y psicomotricidad. Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas o privadas, siempre que no superen el coste de los gastos subvencionados.
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