Crítica:
Título ajustado a la información, pero con margen para ser más descriptivo. El contenido ofrece detalles concretos sobre las gestiones de Álvarez.
La UCO acredita «gestiones» de la asesora de Gómez con empresas para financiar la cátedra
UCO detecta gestiones para cátedra
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PSOE financia ilegalmente elecciones
El empresario Víctor de Aldama afirmó que hubo 'fraude electoral' en las elecciones generales y señaló 'amaño de papeletas'. También aseguró que el PSOE 'se ha financiado ilegalmente'. Aldama mencionó conversaciones entre Koldo García, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El empresario apuntó a una presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista a través del rescate de la compañía aérea Plus Ultra con 10 millones de euros. También reveló que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al Ministerio de Transportes para exigir el rescate de la aerolínea. Aldama se refirió a un fraude electoral a nivel nacional y mencionó 'amaños de papeletas y otras serie de cosas'.
Borrado de metadatos en contratos públicos
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó anomalías en las adjudicaciones a favor de Juan Carlos Barrabés en Red.es. Se borraron 'metadatos' en documentos relacionados con contratos por valor de 10,6 millones de euros. El informe de la Fiscalía Europea critica la pérdida de 'trazabilidad' de documentos que permitieron que las empresas respaldadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se hicieran con dichos contratos. La IGAE habla de un posible fraude de ley y 'una gran opacidad' en las adjudicaciones. Las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos de interés fueron 'muy insuficientes'. Las adjudicaciones están siendo investigadas por la Fiscalía Europea, que imputó a Barrabés en junio pasado. Los contratos se financiaron con fondos comunitarios entre marzo y agosto de 2021. La primera adjudicación fue de 2,1 millones de euros el 18 de marzo de 2021. La segunda fue de cerca de 5 millones el 30 de julio de 2021. La tercera fue de más de 3,6 millones el 2 de agosto de 2021.
Juez Peinado investiga correos de asesora
El juez Juan Carlos Peinado mantiene viva la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y abre un nuevo frente judicial por presunta malversación de fondos públicos. Peinado reclama al Instituto de Empresa todos los correos de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. La UCO analizará los correos electrónicos entre Álvarez Rodríguez y el Instituto de Empresa. El juez sospecha que puede encontrar pistas clave para esclarecer si hubo un uso irregular de fondos públicos. La investigación se suma a los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por los que se investiga a Begoña Gómez. El pasado 27 de septiembre, Peinado respondió a las presiones de la acusación popular liderada por HazteOir para alargar los plazos de instrucción. La organización pidió formalmente que se «acuerde la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la investigación».
Hacienda detecta discriminación en contratos
El informe de 303 páginas de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía Europea detectó graves irregularidades, fraude de ley y gran opacidad en los contratos atribuidos al empresario Juan Carlos Barrabés. La valoración de las cartas de recomendación emitidas por Begoña Gómez fue considerada discriminatoria. Estas cartas, junto con acuerdos con empresas e instituciones, fueron valoradas positivamente en la oferta de las UTES Innova Next S.L.U y The Valley Digital Business School S.L. La IGAE calificó este hecho de arbitrario y destacó que excedía la capacidad de decisión discrecional del valorador, constituyendo una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica. El informe concluyó que ni las cartas de apoyo ni los acuerdos deberían haber sido valorados positivamente, ni la inexistencia de los mismos debería haber penalizado las puntuaciones de otras ofertas.
Iglesias justifica decisión escolar privada
Pablo Iglesias justifica la decisión de matricular a dos de sus tres hijos con Irene Montero en un colegio privado en Las Rozas, alegando 'presión social' hacia los menores. Esta decisión contrasta con sus declaraciones pasadas criticando la educación privada por motivos clasistas. En el pasado, Iglesias afirmó que quienes optan por colegios privados lo hacen para evitar que sus hijos se mezclen con niños de clase obrera o de inmigrantes. En 2023, criticó a ministros socialistas que llevan a sus hijos a escuelas privadas, defendiendo la educación pública como un derecho democrático. La decisión ha generado polémica y reacciones políticas, como la de Toni Valero, coordinador de IU Andalucía, quien ha destacado que sus hijas asisten a colegios públicos.
Gobierno financia colegio privado
El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha otorgado una subvención a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y a la Asociación Aula Cultural de Fomento. La Escuela de Educación Infantil, ubicada en Nuevos Ministerios, es un centro privado que cuida y educa a los hijos del personal del Ministerio y sus organismos dependientes. La subvención, que asciende a 180.250 euros para la escuela y 6.940 euros para la asociación cultural, se destinará a cubrir gastos como la manutención de los alumnos, actividades específicas de la escuela -incluyendo la adquisición de materiales educativos y el mantenimiento de un parque infantil, terrario, acuario y huerto- y actividades complementarias como idiomas y psicomotricidad. Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas o privadas, siempre que no superen el coste de los gastos subvencionados.
Begoña Gómez falta a citación judicial
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no acudió a la citación ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada sobre su imputación en el caso de malversación por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Gómez estaba citada para las 18:00 horas del sábado 27 de septiembre de 2025. Tampoco comparecieron su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En su lugar, asistieron sus representantes legales. Gómez está investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. El juez Peinado sostiene que hay indicios racionales de la comisión de hechos delictivos. La investigación busca determinar si hubo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez. El delito de malversación debe ser juzgado por un jurado popular.
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