El título promete una revelación impactante, pero el contenido se centra más en el proceso de adjudicación irregular que en el borrado de metadatos en sí. La crítica informativa podría ser más mordaz en cuanto a la opacidad en la contratación pública.
El empresario Víctor de Aldama afirmó que hubo 'fraude electoral' en las elecciones generales y señaló 'amaño de papeletas'. También aseguró que el PSOE 'se ha financiado ilegalmente'. Aldama mencionó conversaciones entre Koldo García, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El empresario apuntó a una presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista a través del rescate de la compañía aérea Plus Ultra con 10 millones de euros. También reveló que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al Ministerio de Transportes para exigir el rescate de la aerolínea. Aldama se refirió a un fraude electoral a nivel nacional y mencionó 'amaños de papeletas y otras serie de cosas'.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado gestiones de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, con entidades para financiar la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según un informe aportado al juez Juan Carlos Peinado, Álvarez contactó con instituciones para colaborar con la cátedra. En un correo electrónico fechado el 16 de febrero de 2022, Álvarez envió a Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de la UCM, un borrador de acuerdo con Mindway, relativo a programas de formación. El acuerdo incluía que Mindway donara el 10% de los beneficios a la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) y que no pudiera utilizar los contenidos del máster en caso de rescisión del contrato. La UCO también menciona otras gestiones vinculadas a la relación de Gómez con la cátedra, como consultas sobre límites salariales, organización de un congreso y solicitud de una reunión con la Asesoría Jurídica de la UCM.
El juez Juan Carlos Peinado mantiene viva la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y abre un nuevo frente judicial por presunta malversación de fondos públicos. Peinado reclama al Instituto de Empresa todos los correos de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. La UCO analizará los correos electrónicos entre Álvarez Rodríguez y el Instituto de Empresa. El juez sospecha que puede encontrar pistas clave para esclarecer si hubo un uso irregular de fondos públicos. La investigación se suma a los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por los que se investiga a Begoña Gómez. El pasado 27 de septiembre, Peinado respondió a las presiones de la acusación popular liderada por HazteOir para alargar los plazos de instrucción. La organización pidió formalmente que se «acuerde la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la investigación».
El informe de 303 páginas de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía Europea detectó graves irregularidades, fraude de ley y gran opacidad en los contratos atribuidos al empresario Juan Carlos Barrabés. La valoración de las cartas de recomendación emitidas por Begoña Gómez fue considerada discriminatoria. Estas cartas, junto con acuerdos con empresas e instituciones, fueron valoradas positivamente en la oferta de las UTES Innova Next S.L.U y The Valley Digital Business School S.L. La IGAE calificó este hecho de arbitrario y destacó que excedía la capacidad de decisión discrecional del valorador, constituyendo una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica. El informe concluyó que ni las cartas de apoyo ni los acuerdos deberían haber sido valorados positivamente, ni la inexistencia de los mismos debería haber penalizado las puntuaciones de otras ofertas.
Pablo Iglesias justifica la decisión de matricular a dos de sus tres hijos con Irene Montero en un colegio privado en Las Rozas, alegando 'presión social' hacia los menores. Esta decisión contrasta con sus declaraciones pasadas criticando la educación privada por motivos clasistas. En el pasado, Iglesias afirmó que quienes optan por colegios privados lo hacen para evitar que sus hijos se mezclen con niños de clase obrera o de inmigrantes. En 2023, criticó a ministros socialistas que llevan a sus hijos a escuelas privadas, defendiendo la educación pública como un derecho democrático. La decisión ha generado polémica y reacciones políticas, como la de Toni Valero, coordinador de IU Andalucía, quien ha destacado que sus hijas asisten a colegios públicos.
El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha otorgado una subvención a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y a la Asociación Aula Cultural de Fomento. La Escuela de Educación Infantil, ubicada en Nuevos Ministerios, es un centro privado que cuida y educa a los hijos del personal del Ministerio y sus organismos dependientes. La subvención, que asciende a 180.250 euros para la escuela y 6.940 euros para la asociación cultural, se destinará a cubrir gastos como la manutención de los alumnos, actividades específicas de la escuela -incluyendo la adquisición de materiales educativos y el mantenimiento de un parque infantil, terrario, acuario y huerto- y actividades complementarias como idiomas y psicomotricidad. Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas o privadas, siempre que no superen el coste de los gastos subvencionados.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no acudió a la citación ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada sobre su imputación en el caso de malversación por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Gómez estaba citada para las 18:00 horas del sábado 27 de septiembre de 2025. Tampoco comparecieron su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En su lugar, asistieron sus representantes legales. Gómez está investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. El juez Peinado sostiene que hay indicios racionales de la comisión de hechos delictivos. La investigación busca determinar si hubo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez. El delito de malversación debe ser juzgado por un jurado popular.
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