El título revela la dimisión de Mazón y el salario de Ribera, pero omite la conexión entre la decisión de Ribera de archivar el plan del barranco del Poyo y la tragedia. El contenido proporciona detalles cruciales sobre la responsabilidad de Ribera y la controversia política.
La UCO de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional sobre contratos millonarios de material sanitario durante la pandemia, implicando al ministro socialista Ángel Víctor Torres. El 21 de abril de 2020, Antonio Oliveira, exdirector general del Servicio Canario de la Salud, envió un correo electrónico a Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos, presentando una oferta de 5 millones de mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión, cuyo empresario es Iñigo Rotache. Ana María Pérez reenvió el correo a María Paloma García para verificar las mascarillas. Al día siguiente, García respondió que las mascarillas parecían adecuadas pero que se habían evaluado solo mediante una fotografía. Otra funcionaria, Salomé Ballesteros, expresó su preocupación por el precio elevado y la falta de documentación, afirmando que el precio estaba 'fuera de mercado' y cuestionando la legalidad de una compra de 12 millones sin aprobación gubernamental. Finalmente, el pedido de 5 millones de mascarillas se formalizó el 22 de abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, está vinculado al caso Koldo tras revelarse conversaciones con Koldo García sobre pagos pendientes a Soluciones de Gestión SL, empresa investigada por la trama de las mascarillas. El Gobierno canario, bajo Torres, adjudicó contratos por 12 millones de euros a Soluciones de Gestión SL y otros 5,36 millones de euros a Eurofins Megalab, empresa también vinculada a la trama. Torres compareció ante la comisión parlamentaria del caso mascarillas el 26 de junio, defendiendo su gestión y negando cualquier ilegalidad. El gobierno de Francina Armengol había contratado a Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros en abril de 2020 y reclamó 2,6 millones de euros en julio de 2023. La UCO reveló mensajes entre Torres y Koldo García fechados el 15 de julio, donde Torres menciona una cena con José Luis Ábalos y la necesidad de tratar temas de facturas pendientes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado conversaciones de WhatsApp del ministro Ángel Víctor Torres y el empresario Iñigo Rotaheche. Torres y Rotaheche intercambiaron mensajes sobre un pago de 2 millones de euros. La empresa de Rotaheche, Soluciones de Gestión, está implicada en la venta de mascarillas defectuosas a administraciones públicas. El 3 de noviembre de 2025, la UCO publicó el informe con los mensajes. Los mensajes muestran que Rotaheche urgía a cobrar el dinero y Torres estaba al tanto de la situación. La investigación continúa en desarrollo.
Claudia Montes, Miss Asturias, declaró en el Senado que José Luis Ábalos le contó que Pedro Sánchez sabía 'todo' sobre la corrupción. Montes negó que Ábalos o Koldo García la ayudaran a acceder a Logirail, empresa pública donde trabajó desde octubre de 2019 hasta febrero de 2022. Según Montes, Ábalos le envió un enlace con ofertas de empleo y le recomendó que se apuntara solo a las que se ajustaban a sus requisitos. La asturiana afirmó que Koldo García la acosaba con hasta 21 videollamadas diarias. El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo afirmó que Ábalos y Koldo promovieron su 'arbitraria contratación'. Montes también reveló que Koldo García le transfirió 1.300 euros en 2019 por orden de Ábalos para pagar el alquiler. La compareciente denunció supuestas corrupciones en Logirail a Óscar Gómez Barbero, entonces director de la empresa, quien fue nombrado director general de Renfe con un sueldo de 200.000 euros al año como 'premio por su silencio'. Montes también alertó sin éxito al presidente de Asturias, Adrián Barbón, y a las ministras Raquel Sánchez y Óscar Puente. El PSOE ofreció a Montes el teléfono 016 para asesorarla sobre el acoso sufrido.
El Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera canceló en 2021 el proyecto de encauzamiento del barranco del Poyo, presupuestado en 250 millones de euros. El proyecto, iniciado en 2006 y considerado prioritario en 2009 por la Confederación Hidrográfica del Júcar, llevaba 15 años paralizado. La decisión se basó en que las obras eran 'demasiado caras' y 'incompatibles' con la Ley de Protección de la Huerta valenciana aprobada en 2018. La reciente DANA causó casi 200 muertes y devastó municipios valencianos. El coste de reconstrucción de infraestructuras se estima en más de 2.000 millones de euros. El portavoz del PP, Miguel Tellado, criticó a Ribera por 'intransigencia política' y le acusó de ser 'egoísta, incompetente e intransigente'. Ribera respondió que en 2011, durante su etapa como secretaria de Estado, se estuvo cerca de resolver las obras.
El Tribunal Supremo ha detectado un circuito de dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz, posiblemente relacionado con la financiación irregular y el blanqueo de dinero de José Luis Ábalos y Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente ha encontrado discordancias en la documentación sobre pagos y liquidaciones de gastos. El PSOE justificó los pagos en metálico como parte de la caja, pero el juez sospecha que el dinero podría proceder de actividades ilícitas. El caso se remite al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional para su investigación. El empresario Víctor de Aldama declaró que Koldo García le dijo que parte del dinero entregado en metálico iba destinado al partido. La empresaria Carmen Pano afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz por indicación de Aldama. El juez Puente considera que las donaciones en efectivo podrían ser el origen de la financiación irregular. El PSOE recibió entre 2017 y 2024 hasta un millón de euros de una cuenta bancaria para la caja, que se nutría de subvenciones, cuotas de afiliados y donaciones, algunas en metálico.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en la comisión de investigación del caso PSOE en el Senado el pasado jueves. Sánchez defendió a su exministro José Luis Ábalos, imputado por el Tribunal Supremo, calificándolo de «persona sólida políticamente» y de su «máxima confianza», aunque criticó sus «hábitos personales». La comisión de investigación arrancó en la primavera de 2024. Diversas personas han comparecido llevando carpetas rojas similares. El 23 de octubre, Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE y presidente de ENUSA, usó un portafolios rojo. Según El Debate, ocultó al juez que Ferraz conserva decenas de tickets falsos y llevó una copia de la contabilidad que incluye pagos en metálico a Sánchez y otros dirigentes. Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, también portó un archivador rojo. En mayo de 2024, Ábalos compareció con una carpeta roja antes de que la Guardia Civil acreditara sus enchufes y pagos en efectivo. Calificó el Delcygate como «uno de los bulos mejor instalados». Óscar Puente, sucesor de Ábalos, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización, también llevaron carpetas rojas. Cristina Álvarez, exasesora de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, usó un archivador rojo. La comisión continúa su actividad con la citación de Claudia Montes, vinculada sentimentalmente a Ábalos.
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