Crítica:
El contenido cumple con las expectativas del título al ratificar Claudia Montes su conversación con Ábalos en el Senado. La calidad informativa es alta al incluir detalles específicos sobre la conversación y las implicaciones de corrupción.
El contenido cumple con las expectativas del título al ratificar Claudia Montes su conversación con Ábalos en el Senado. La calidad informativa es alta al incluir detalles específicos sobre la conversación y las implicaciones de corrupción.
Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla la implicación del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la adjudicación de mascarillas a la trama Koldo en Canarias. Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, contactó directamente con Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario bajo la presidencia de Torres, para la compra de mascarillas. García proporcionó a Víctor de Aldama, comisionista de la trama, el teléfono de Olivera. Posteriormente, Aldama facilitó este contacto a Iñigo Rotaeche, responsable de Soluciones de Gestión. El 21 de abril de 2020, tras una conversación con Rotaeche, Olivera escribió a Koldo García confirmando: «es posible que nos quedemos en esta ocasión con dos millones de unidades» y preguntó si le parecía bien. Este intercambio, según el informe de THE OBJECTIVE, sugiere que Soluciones de Gestión ya estaba suministrando mascarillas a la Administración canaria antes de la formalización de las adjudicaciones, que ocurrieron el 22 de abril. La UCO destaca el control de Koldo García en estas operaciones, evidenciado por la consulta de Olivera sobre la cantidad de unidades. Olivera envió a Rotaeche un mensaje: «Iñigo, prepárame oferta con dos millones, vale? Negocié con Koldo esa cantidad». Después, la conversación se centró en aspectos técnicos y la factura proforma, todo un día antes de la adjudicación del contrato. Los investigadores de la UCO señalan que Rotaeche envió la oferta a Olivera cuando este ya gestionaba la llegada de mascarillas directamente con Koldo y luego los detalles con el representante de Soluciones de Gestión. Olivera informó de esta oferta a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS) como si fuera una novedad, después de sus conversaciones previas. El Gobierno de Torres en Canarias pagó 6,87 millones de euros por 2,7 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión. La empresa recibió dos encargos de tapabocas tipo FFP2 o K95. El precio inicial de la primera oferta fue renegociado a la baja por el SCS debido a la inferior calidad del producto. Además, la UCO ya poseía audios de agosto de 2020 entre Koldo García y Torres, donde García solicitó una reunión con Ignacio Díaz Tapia, delegado de Eurofins Megalab y socio de Aldama. Torres accedió, y una semana después informó a Díaz Tapia sobre la «buena recepción» del proyecto por parte del ministro Salvador Illa. Eurofins Megalab obtuvo tres contratos del SCS por 5,4 millones de euros, formalizados el 18 de diciembre de 2020, el 1 de enero y el 1 de febrero de 2021, para realizar pruebas PCR a residentes canarios. Antonio Olivera dimitió en abril como jefe de Gabinete del ministro Torres, alegando «motivos familiares». Su reemplazo fue Roberto García. Un mes antes, Olivera había defendido que el Gobierno canario no adquirió mascarillas a precios desorbitados y que los productos de Soluciones de Gestión tenían un coste de mercado. Víctor de Aldama declaró el 21 de noviembre en sede judicial haber entregado 400.000 euros en efectivo en comisiones a Ábalos y 250.000 euros a Koldo García. De esta última cantidad, 25.000 euros fueron para Santos Cerdán y 15.000 euros para el jefe de Gabinete de María Jesús Montero. Aldama también afirmó que Torres le pidió 50.000 euros por sus gestiones, aunque nunca los entregó.
La UCO de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional sobre contratos millonarios de material sanitario durante la pandemia, implicando al ministro socialista Ángel Víctor Torres. El 21 de abril de 2020, Antonio Oliveira, exdirector general del Servicio Canario de la Salud, envió un correo electrónico a Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos, presentando una oferta de 5 millones de mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión, cuyo empresario es Iñigo Rotache. Ana María Pérez reenvió el correo a María Paloma García para verificar las mascarillas. Al día siguiente, García respondió que las mascarillas parecían adecuadas pero que se habían evaluado solo mediante una fotografía. Otra funcionaria, Salomé Ballesteros, expresó su preocupación por el precio elevado y la falta de documentación, afirmando que el precio estaba 'fuera de mercado' y cuestionando la legalidad de una compra de 12 millones sin aprobación gubernamental. Finalmente, el pedido de 5 millones de mascarillas se formalizó el 22 de abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, está vinculado al caso Koldo tras revelarse conversaciones con Koldo García sobre pagos pendientes a Soluciones de Gestión SL, empresa investigada por la trama de las mascarillas. El Gobierno canario, bajo Torres, adjudicó contratos por 12 millones de euros a Soluciones de Gestión SL y otros 5,36 millones de euros a Eurofins Megalab, empresa también vinculada a la trama. Torres compareció ante la comisión parlamentaria del caso mascarillas el 26 de junio, defendiendo su gestión y negando cualquier ilegalidad. El gobierno de Francina Armengol había contratado a Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros en abril de 2020 y reclamó 2,6 millones de euros en julio de 2023. La UCO reveló mensajes entre Torres y Koldo García fechados el 15 de julio, donde Torres menciona una cena con José Luis Ábalos y la necesidad de tratar temas de facturas pendientes.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, presentó su dimisión un año después de la tragedia de la DANA que causó 228 muertes. Teresa Ribera, ministra responsable en ese momento, cobra ahora 424.236 € anuales como vicepresidenta de la Comisión Europea. Ribera había archivado en 2021 un plan para drenar y encauzar el barranco del Poyo, lo que podría haber evitado el desastre. El Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Ribera, tenía la responsabilidad de supervisar y coordinar la actuación de organismos estatales relacionados con riesgos hidrológicos. Durante la DANA, se cuestionó la efectividad de las alertas emitidas por su ministerio. La decisión de archivar el plan fue criticada por el PP, que acusó a Ribera de ser «egoísta, incompetente e intransigente». El sucesor de Mazón tendrá condiciones más duras por parte de Vox.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado conversaciones de WhatsApp del ministro Ángel Víctor Torres y el empresario Iñigo Rotaheche. Torres y Rotaheche intercambiaron mensajes sobre un pago de 2 millones de euros. La empresa de Rotaheche, Soluciones de Gestión, está implicada en la venta de mascarillas defectuosas a administraciones públicas. El 3 de noviembre de 2025, la UCO publicó el informe con los mensajes. Los mensajes muestran que Rotaheche urgía a cobrar el dinero y Torres estaba al tanto de la situación. La investigación continúa en desarrollo.
Claudia Montes, Miss Asturias, declaró en el Senado que José Luis Ábalos le contó que Pedro Sánchez sabía 'todo' sobre la corrupción. Montes negó que Ábalos o Koldo García la ayudaran a acceder a Logirail, empresa pública donde trabajó desde octubre de 2019 hasta febrero de 2022. Según Montes, Ábalos le envió un enlace con ofertas de empleo y le recomendó que se apuntara solo a las que se ajustaban a sus requisitos. La asturiana afirmó que Koldo García la acosaba con hasta 21 videollamadas diarias. El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo afirmó que Ábalos y Koldo promovieron su 'arbitraria contratación'. Montes también reveló que Koldo García le transfirió 1.300 euros en 2019 por orden de Ábalos para pagar el alquiler. La compareciente denunció supuestas corrupciones en Logirail a Óscar Gómez Barbero, entonces director de la empresa, quien fue nombrado director general de Renfe con un sueldo de 200.000 euros al año como 'premio por su silencio'. Montes también alertó sin éxito al presidente de Asturias, Adrián Barbón, y a las ministras Raquel Sánchez y Óscar Puente. El PSOE ofreció a Montes el teléfono 016 para asesorarla sobre el acoso sufrido.
El Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera canceló en 2021 el proyecto de encauzamiento del barranco del Poyo, presupuestado en 250 millones de euros. El proyecto, iniciado en 2006 y considerado prioritario en 2009 por la Confederación Hidrográfica del Júcar, llevaba 15 años paralizado. La decisión se basó en que las obras eran 'demasiado caras' y 'incompatibles' con la Ley de Protección de la Huerta valenciana aprobada en 2018. La reciente DANA causó casi 200 muertes y devastó municipios valencianos. El coste de reconstrucción de infraestructuras se estima en más de 2.000 millones de euros. El portavoz del PP, Miguel Tellado, criticó a Ribera por 'intransigencia política' y le acusó de ser 'egoísta, incompetente e intransigente'. Ribera respondió que en 2011, durante su etapa como secretaria de Estado, se estuvo cerca de resolver las obras.
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