El artículo revela la preocupante inacción de la UDEF bajo la dirección de Fernando Alonso, quien presume de evitar conflictos políticos. La falta de investigación en casos de corrupción y la sobrecarga de la Guardia Civil son consecuencias directas de esta estrategia.
La Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera desmantelaron una red criminal que utilizaba el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para introducir cocaína en España. Fueron detenidas 16 personas y se incautaron 5 millones de euros en efectivo. La organización contaba con empleados del aeropuerto que aprovechaban sus acreditaciones para sacar maletas con droga sin control aduanero. En un piso de Sonseca (Toledo), se hallaron 25 kilos de cocaína listos para su distribución. La investigación comenzó en octubre de 2022 con la interceptación de mochilas con cocaína procedentes de América Latina. El grupo tenía un líder que coordinaba las operaciones y contaba con 'rescatadores' y 'maleteros'. Uno de los implicados blanqueaba el dinero mediante empresas pantalla y operaciones con criptomonedas, gestionando una oficina que simulaba actividad legal. El arsenal incautado incluía un lanzagranadas, un fusil de cerrojo y casi un centenar de detonadores.
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, fue abroncado por el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo debido al descontrol en los pagos desde Ferraz para la liquidación de gastos. El magistrado expresó su incredulidad ante la falta de un control específico sobre el destinatario final del dinero, especialmente cuando se entregaba a áreas concretas dentro de la Secretaría de Organización. Previamente, el juez había escuchado a Celia Rodríguez, empleada de dicha Secretaría y encargada de entregar sobres con dinero a José Luis Ábalos y Koldo García. La conversación con Moreno Pavón se centró en la ausencia de identificación de las personas que recibían el dinero. El juez Puente cuestionó a Moreno sobre a quién se entregaba el dinero cuando la Secretaría de Organización estaba compuesta por personas indefinidas, mencionando a Ábalos como posible autor del gasto. Moreno Pavón respondió que no conocía el destino final del dinero, ya que el pago material no estaba dentro de sus funciones ni siquiera en la misma caja. Sin embargo, el juez insistió en que el control de la finalidad de los pagos sí era responsabilidad de Moreno. Puente argumentó que, si no se identificaba a las personas que incurrieron en un gasto, era imposible saber si el dinero entregado había llegado a los destinatarios correctos. Moreno Pavón reiteró que no tenía forma de saberlo, ya que la autorización venía del Secretario de Organización y, una vez que Celia o alguien de esa secretaría firmaba el recibí y justificaba la cantidad, ellos se encargaban de repartirlo entre su equipo. Moreno admitió que esto era una suposición y que él nunca presenció dicha distribución. La audiencia en el Tribunal Supremo puso de manifiesto una grave deficiencia en la trazabilidad de los fondos dentro del PSOE, con implicaciones potenciales sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los gastos del partido.
Claudio Rivas, líder de la trama de los hidrocarburos, usó a su mujer Stella Duarte para corregir un error contable de 60.000 euros en su finca Matasanos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que Rivas manejaba grandes cantidades de efectivo. El 29 de agosto de 2024, Rivas y su mujer discutieron sobre un error en la contabilización de billetes de 50 euros. La UCO encontró indicios de que Stella Duarte era conocedora y partícipe del entramado. El 7 de octubre de 2024, la Guardia Civil registró la finca y encontró tres armeros precintados con armas y munición, pero no hallaron el dinero en metálico. La trama defraudó 182,5 millones de euros al fisco mediante siete empresas interpuestas. Rivas y Víctor de Aldama controlaban estas empresas y utilizaron a Villafuel para adquirir combustible sin declarar el IVA correspondiente.
El concejal del PSOE en Talavera de la Reina, R. G. F., ha okupado una vivienda de 500 metros cuadrados desde 2018. La empresa de desokupación Cero Okupas, contratada por los propietarios actuales, ha intentado negociar su desalojo. R. G. F. ha pedido 16.000 euros para abandonar la propiedad, que pertenece a particulares que la adquirieron en octubre de 2025 a Coral Homes SLU. Esta empresa había comprado el inmueble a través de CaixaBank en 2018. La vivienda tiene 499,30 metros cuadrados y está ubicada en el barrio de San Jerónimo. Los propietarios originales enviaron un burofax el 3 de octubre a los padres de R. G. F. para desalojar en 10 días, pero no se ha cumplido. Cero Okupas ha ofrecido poner un control de acceso o visitar diariamente hasta que se vaya. El concejal socialista no estaba en el Ayuntamiento ni en su sede del PSOE. La sociedad Coral Homes SLU fue constituida con participación mayoritaria de Lone Star Funds y minoritaria de CaixaBank.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de preparar la detención de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El abogado de APIF, Juan Antonio Frago, afirmó que García Ortiz estaba preparando la imputación o detención de González Amador el 13 de marzo de 2024. La acusación sostiene que García Ortiz filtró un correo electrónico a la Cadena Ser el mismo día. APIF ha pedido seis años de cárcel y 12 de inhabilitación para García Ortiz por delitos que incluyen prevaricación y revelación de secretos. La Fiscalía defiende a García Ortiz argumentando que la filtración no constituye delito alguno, ya que los periodistas conocían el material antes de que él lo tuviera. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, afirmó que no hay indicios suficientes para condenar a García Ortiz. El juicio se celebró en el Tribunal Supremo el 13 de noviembre de 2025.
La web de evaluación de riesgos laborales para empleadas de hogar, Prevención 10, lanzada por el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, colapsó a un día de finalizar el plazo el viernes 17 de noviembre de 2023. Los usuarios denuncian problemas de acceso y temen multas de hasta 49.000 euros por incumplimiento. La normativa exige evaluar 'riesgos laborales' en viviendas privadas para tareas como limpieza, cocina y cuidado de personas. La herramienta se lanzó en mayo de 2023, dando 6 meses para realizar la evaluación. El Ministerio de Trabajo informó que están trabajando para restablecer la web. Las sanciones por no cumplir con la evaluación varían entre 2.451 euros sin agravantes y hasta 49.000 euros con agravantes según la 'ley de infracciones y sanciones del Orden Social (Lisos)'. Ciudadanos piden prórroga del plazo debido al colapso de la web y la imposibilidad de contactar con el teléfono de información desde ayer.
El juicio contra Álvaro García Ortiz continúa, con acusaciones de borrar pruebas. La fiscal jefe Almudena Lastra no borró su teléfono. El teniente coronel Antonio Balas declaró que García Ortiz borró datos importantes.
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