Crítica:
El artículo presenta una denuncia sólida con detalles concretos, pero podría profundizar más en el contexto político y las implicaciones legales. La conexión con el caso del novio de Ayuso añade relevancia al tema.
El artículo presenta una denuncia sólida con detalles concretos, pero podría profundizar más en el contexto político y las implicaciones legales. La conexión con el caso del novio de Ayuso añade relevancia al tema.
Irene Montero afirma que empresas como Mercadona, Carrefour y El Corte Inglés son las que realmente roban a la gente en los barrios, no los inmigrantes. Mercadona tiene 107.000 trabajadores en España y pagó 716 millones de euros en impuestos en 2024. Carrefour tiene 32.782 empleados y pagó 79,8 millones de euros en 2022. El Corte Inglés tiene 81.000 trabajadores y pagó 170 millones de euros en 2024-25. Según el INE, las personas de nacionalidad africana cometen 1.724 delitos contra el patrimonio por cada 100.000 habitantes, mientras que los españoles cometen 237 delitos por cada 100.000 habitantes. Los africanos destacan en hurtos, robos y robos con violencia.
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, utilizó a Ernesto Gasco, presidente del Hipódromo de la Zarzuela y amigo de Pedro Sánchez, para sacar documentos de su casa durante la investigación de la Guardia Civil. El 6 de abril, Cerdán y Gasco viajaron 400 km hasta Milagro (Navarra) en un coche, con la excusa de visitar una yeguada. Allí, sacaron varias cajas de documentos de la vivienda de Cerdán. La Guardia Civil investiga la reforma de la vivienda de Cerdán (60.000 euros sin facturas entre 2017 y 2020), la compra de un coche de alta gama (70% pagado en metálico) y el uso de la constructora Servinabar para blanquear dinero. Cerdán es investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal relacionados con el 'caso Koldo'. El empresario Víctor de Aldama declaró que entregó 15.000 euros en metálico a Cerdán y que éste controlaba 'el cupo vasco', una red de adjudicaciones vinculadas a comisiones ilegales.
El Consejo de Ministros aprobará mañana el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Yuste estaba al cargo de investigaciones anticorrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como el caso Koldo y el de Begoña Gómez y David Sánchez. El ascenso fuerza su salida de la UCO. La posible sustituta es la teniente coronel María Dolores Gimeno Durán, asesora del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Gimeno Durán es pionera en el cuerpo y fue la primera comandante en cursar el Estado Mayor en 2018. Su ascenso a coronel está previsto para marzo, lo que le permitiría ocupar la jefatura de la UCO. El cambio estaba previsto ya que Yuste quedó primero en el curso de ascenso. La decisión final es considerada política. El Ministerio del Interior y el de Defensa seleccionan anualmente a los coroneles para ascender. La Guardia Civil confía en la profesionalidad e independencia de Gimeno Durán.
Alba Rodríguez Espinosa, hija menor de José Luis Rodríguez Zapatero, compró una vivienda en Madrid por 300.000 euros el 1 de agosto. Firmó una hipoteca de 240.000 euros con el Banco Santander a 30 años. La propiedad se suma a otras adquisiciones recientes de la familia, cuyo patrimonio inmobiliario supera los 3 millones de euros. La familia ha adquirido múltiples propiedades en los últimos años: un chalet en Lanzarote por 1,2 millones en 2017, otro en Aravaca por 800.000 euros en 2019 (valorado en 2,1 millones), y otro en Puerta de Hierro por 700.000 euros en 2024 (valorado en más de 2 millones). Actualmente residen en un chalet en Las Rozas valorado en 2 millones de euros, aunque está a nombre de una tercera persona. La empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, facturó 471.810,68 euros en 2024 con un beneficio de 125.639,98 euros. José Luis Rodríguez Zapatero ha estado involucrado en actividades de intermediación con el régimen de Venezuela y China, lo que ha generado controversia. Su patrimonio total declarado al dejar el Gobierno era de 209.206,13 euros.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz. Este órgano, creado en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no se reunía desde el 23 de enero de 2015. El Consejo está compuesto por 14 vocalías de la patronal, 14 de sindicatos, 14 de organizaciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 14 de la Administración. Entre sus funciones estará la elaboración de informes y estudios sobre responsabilidad social y compromiso medioambiental. El objetivo es impulsar políticas de responsabilidad social en empresas y promover la participación en planes de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La ministra Yolanda Díaz ha elevado a audiencia pública un real decreto para modificar y actualizar el Consejo. La última actualización de vocalías del Consejo ocurrió hace más de 10 años.
El Tribunal de Cuentas detectó que Puertos del Estado no revisó el 90% de las licitaciones financiadas con fondos europeos, dejando sin fiscalizar 56 millones de euros en contratos inferiores a 3 millones. De 250 contratos, solo se analizaron 24. El ente público aprobó un plan de control interno para luchar contra el fraude, pero limitó la revisión a contratos superiores a 3 millones. El Tribunal de Cuentas recomendó revisar una muestra de contratos inferiores a 3 millones mediante muestreo aleatorio. La entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizó controles a posteriori, lo que puede implicar la imposibilidad de corregir deficiencias en la ejecución de la contratación. El Puerto de La Coruña es la única excepción, con controles intermedios recientes. El exministro José Luis Ábalos presentó una iniciativa en el Congreso sobre irregularidades en el Puerto de Valencia antes de ingresar en prisión.
Bildu, partido liderado por Arnaldo Otegi, ha defendido a los delincuentes inmigrantes y ha exigido a la Ertzaintza que no difunda la nacionalidad de los criminales. La Ertzaintza publicó un informe que reveló que el 60% de las violaciones en el País Vasco fueron cometidas por extranjeros. Nerea Kortajarena, representante de Bildu en el Parlamento vasco, presentó una moción consecuencia de interpelación sobre la política informativa de la Ertzaintza. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, admitió que quería utilizar la información para combatir la estigmatización y debatir con Vox y PP sobre seguridad. Kortajarena replicó que informar sobre el origen de los detenidos era estigmatizar y alimentar discursos racistas. El objetivo de Bildu es 'devolver el consenso básico existente hasta la fecha' en inmigración. El informe de la Ertzaintza detalló que el 52% de los delitos cometidos entre enero y septiembre de 2025 fueron cometidos por ciudadanos nacidos en España, mientras que el 48% fueron cometidos por nacidos en el extranjero, quienes representan solo el 14% de la población total del País Vasco.
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