El contenido del artículo revela una contradicción entre las promesas del PSOE de reforzar su protocolo contra el acoso sexual y su rechazo previo a endurecer dicho protocolo en su último congreso. La falta de acción preventiva se ve ahora enfrentada a recientes escándalos de acoso.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, fue nombrado "Persona del Año" por la revista italiana de izquierdas L’Espresso el 12 de Diciembre de 2025. Esta distinción se produce en medio del "escándalo de la trama PSOE", con Santos Cerdán y José Luis Ábalos, dos ex secretarios de Organización de su partido, investigados por corrupción. El Gobierno no ha revelado si este reconocimiento fue pagado ni el monto, aunque Sánchez y varios ministros socialistas celebraron públicamente la distinción en redes sociales. L’Espresso, que tradicionalmente premiaba a personas con historias humanas, cambió su línea editorial este año. En 2024, reconoció a Ivana, una niña libanesa de 2 años con quemaduras por bombardeos; en 2023, a Elena Cecchettin, activista por su hermana asesinada; y en 2022, a Lorenzo Parelli, víctima de precariedad laboral. Para 2025, en un "momento más oscuro" para Sánchez, el semanario le otorgó un reconocimiento "eminentemente político". El perfil de L’Espresso sobre Sánchez omite las imputaciones de su esposa, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, así como la "trama PSOE" y los casos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, quienes acompañaron a Sánchez en su ascenso al poder. L’Espresso, sin embargo, elogia a Sánchez como un "líder capaz, referente de otra política", destacando que "rechazó los ultimátums de Trump sobre el gasto militar", "lideró una batalla contra las grandes tecnológicas", "defendió los derechos civiles", "expandió los flujos migratorios regulares", "apostó por la transición energética" y "denunció la hipocresía de Occidente ante el genocidio en Gaza". El editorial argumenta que la elección busca a quienes transmiten "un mensaje claro, una señal", y este año, "la señal proviene de Madrid y lleva el nombre de Pedro Sánchez". Ministros como Óscar Puente, Óscar López, Pilar Alegría y Félix Bolaños difundieron elogios coordinados, calificando el premio como "un orgullo" y prueba de la "labor elogiada internacionalmente" del Gobierno.
Julio Martínez Martínez, empresario español con negocios en Venezuela, es el sexto detenido en la operación contra las tramas 'Leire' y 'Plus Ultra' vinculadas al PSOE. Se le imputan delitos de fraude fiscal, organización criminal y apropiación indebida. Martínez, de unos 50 años, mantenía vínculos contractuales con Plus Ultra sin estar contratado por la compañía. La investigación se centra en el blanqueo de capitales con Venezuela. La aerolínea Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros. El empresario pasará mañana a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla. La operación incluye registros en la sede de Plus Ultra en Madrid y se enmarca en una pieza separada declarada secreta por la juez. La investigación también implica presuntas operaciones de blanqueo internacional con ramificaciones en Suiza y Francia. No se descartan más detenciones de empresarios que contrataron con la aerolínea. La Fiscalía Anticorrupción denunció blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO Roberto Roselli también están detenidos.
Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del PSOE, denunció que Pedro Sánchez infló censos de votantes en las primarias del partido en 2017, especialmente en Guadalajara. Simón afirmó que en algunas agrupaciones aparecieron 30 o 40 personas que no se sabía de dónde venían. Aunque no tiene pruebas, asegura que fue un hecho público y notorio. La dirigente también criticó la gestión de los casos de corrupción y acoso sexual en el partido, cuestionando la legitimidad de Sánchez como líder. Simón exigió que Sánchez asuma responsabilidades por los casos que afectan a personas cercanas a él. El partido atraviesa un momento complicado con varios casos de corrupción y acoso que afectan a personas cercanas a Sánchez. La responsable de Igualdad en Castilla-La Mancha también criticó que la dirección federal pidiera responsabilidades a las compañeras que lideran áreas de igualdad, mientras que los casos graves relacionados con personas cercanas a Sánchez no reciben la misma atención. Simón hizo un llamamiento a los compañeros de partido para que pidan explicaciones y asuman responsabilidades. El 12 de diciembre de 2025, The Objective publicó un tuit con unas declaraciones de Simón en las que denunciaba irregularidades en las primarias que ganó Sánchez.
Forestalia, empresa de energías renovables, liquidó 14 empresas en 48 horas, justo antes de que la UCO registrara su sede el 11 de diciembre. Estas empresas obtenían autorizaciones para parques eólicos en la era de Teresa Ribera. Forestalia está vinculada a Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, detenido el 10 de diciembre. La Guardia Civil encontró una escritura de traspaso del 45% de Servinabar a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en el domicilio de Alonso. El liquidador de las empresas es Fernando Samper Rivas, presidente de Fernando Sol S.L., matriz de Forestalia. La UCO investiga presunta corrupción en el Gobierno y detuvo a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. También registró varias empresas públicas, incluyendo la SEPI, Mercasa, Sepides y Enusa, así como un piso en Madrid y un bar en Sevilla vinculados a los detenidos.
La Fundación Mundubat, vinculada a Ibon Meñika, exrecaudador de ETA, ha recibido 27,5 millones de euros en subvenciones públicas. El Estado, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), es su principal financiador con convenios de hasta 3 millones de euros. La Generalitat Valenciana aportó 845.221 y 898.733 euros en 2024, y Navarra concedió 563.972 euros en 2023. La Diputación Foral de Vizcaya otorgó 900.000 euros para cooperación y educación. Ayuntamientos como Vitoria-Gasteiz y Bilbao también contribuyeron con cantidades significativas: 110.000-120.000 euros y 70.000 euros respectivamente. La red de financiación se completa con pequeñas ayudas de municipios como Pamplona y Hernani, que aportan entre 2.000 y 40.000 euros. La fundación se ha consolidado como un actor clave en los presupuestos de cooperación y acción humanitaria en España.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias destituyó a José Ángel Laso como director de la prisión Madrid VII en Estremera el pasado viernes. Laso había sido nombrado en mayo de 2024 y su destitución se debe a múltiples escándalos, incluyendo el trato de favor a su esposa, funcionaria de prisiones, a quien nombró jefa de servicios y otros puestos de responsabilidad en un corto periodo. También fue denunciado por maltrato a la plantilla y por ordenar la destrucción de nidos de aves protegidas en la prisión, lo que podría acarrear multas de hasta 200.000 euros. La decisión de destituir a Laso fue comunicada por el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz. No se ha designado aún un sustituto, pero se espera que se haga en las próximas semanas. La plantilla del centro penitenciario había mostrado su descontento con la gestión de Laso, denunciando un ambiente hostil y solicitando bajas médicas y traslados. Las acciones de Laso generaron 'gran enfado e indignación' entre los funcionarios. Además de favorecer a su esposa, Laso le otorgó una mención honorífica en el Día de La Merced por su labor en el centro, lo que aumentó el malestar. Las fuentes penitenciarias criticaron duramente la gestión de Laso, calificándola de 'surrealista' y afirmando que gestionaba la prisión 'como si fuera su empresa'.
La aerolínea Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Gobierno de España en un rescate que podría haber sido utilizado para blanquear dinero de la corrupción venezolana. La UDEF investiga la trama que involucra a sociedades pantalla en Reino Unido, Suiza y Panamá. El mecanismo consistía en que Plus Ultra recibiera préstamos de estas sociedades vinculadas al chavismo y, tras el rescate, utilizara el dinero público para devolver esos préstamos, 'limpiando' así el dinero sucio. Figuras como José Luis Ábalos y Víctor de Aldama relataron presión de Zapatero para salvar la aerolínea. El préstamo del Gobierno se estructuró en dos partes: un préstamo participativo y otro ordinario, con un total de 53 millones de euros y un plazo de devolución de 7 años, incluyendo un periodo de carencia. La empresa ya ha pagado intereses pero deberá devolver el principal en 2026. La investigación sugiere que parte del dinero se usó para pagar deudas turbias a tramas venezolanas. La empresa, que perdía dinero desde 2015, podría quebrar sin poder devolver el préstamo, dejando al Estado español como acreedor sin garantía real. El caso ha destapado una posible financiación indirecta al régimen chavista y la creación de un corredor VIP para la narcodictadura venezolana.
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