El título, con su retórica de "broma" y elipsis, sugiere un contenido satírico que el texto no entrega, limitándose a una crónica estándar. La crítica subyacente a la revista italiana y al Gobierno se diluye en una enumeración de hechos esperable. El chiste no es chiste.
La empresa Indra entregó 38 correos electrónicos al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. Estos correos fueron intercambiados con Cristina Álvarez, asesora de Gómez. El juez ordenó a la UCO analizar los emails para investigar un posible delito de malversación relacionado con la contratación de Álvarez. Begoña Gómez está siendo investigada por un delito de malversación por utilizar los servicios de Cristina Álvarez en favor de sus negocios privados. Indra, junto con Google y Telefónica, desarrolló software para la Universidad Complutense, donde Gómez tenía una cátedra. Gómez registró una marca comercial con una plataforma similar a la desarrollada para la universidad, lo que podría constituir un delito de apropiación indebida. Los correos electrónicos se entregaron en un pendrive y fueron localizados en los sistemas de Indra según su política de conservación de datos.
El PSOE rechazó en su último Congreso Federal celebrado en 2024 endurecer el protocolo interno contra el acoso sexual pese a una enmienda presentada por Andalucía que proponía crear una figura específica con competencias claras de prevención, investigación y control. La propuesta, que incluía la creación de un referente contra el acoso y la violencia sexual dentro del partido, fue rechazada por el aparato del partido liderado por Santos Cerdán. La enmienda planteaba modificar el artículo 51.1.b de los Estatutos Federales para incluir funciones concretas como velar por comportamientos sanos, combatir el acoso y canalizar solicitudes de ayuda de militantes. Luis Ángel Hierro, ex candidato en el último proceso interno del PSOE andaluz, lamentó que la enmienda no prosperara y señaló directamente a la Secretaría de Organización, liderada por Santos Cerdán, como responsable de enterrar la propuesta. El rechazo cobra relevancia ante los recientes escándalos de presunto acoso sexual en el partido. La actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha prometido mejoras en el protocolo interno y refuerzos jurídicos después de los escándalos, pero Hierro advierte que estas medidas llegan tarde y que una estructura preventiva sólida podría haber evitado algunos de los problemas actuales.
Julio Martínez Martínez, empresario español con negocios en Venezuela, es el sexto detenido en la operación contra las tramas 'Leire' y 'Plus Ultra' vinculadas al PSOE. Se le imputan delitos de fraude fiscal, organización criminal y apropiación indebida. Martínez, de unos 50 años, mantenía vínculos contractuales con Plus Ultra sin estar contratado por la compañía. La investigación se centra en el blanqueo de capitales con Venezuela. La aerolínea Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros. El empresario pasará mañana a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla. La operación incluye registros en la sede de Plus Ultra en Madrid y se enmarca en una pieza separada declarada secreta por la juez. La investigación también implica presuntas operaciones de blanqueo internacional con ramificaciones en Suiza y Francia. No se descartan más detenciones de empresarios que contrataron con la aerolínea. La Fiscalía Anticorrupción denunció blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO Roberto Roselli también están detenidos.
Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del PSOE, denunció que Pedro Sánchez infló censos de votantes en las primarias del partido en 2017, especialmente en Guadalajara. Simón afirmó que en algunas agrupaciones aparecieron 30 o 40 personas que no se sabía de dónde venían. Aunque no tiene pruebas, asegura que fue un hecho público y notorio. La dirigente también criticó la gestión de los casos de corrupción y acoso sexual en el partido, cuestionando la legitimidad de Sánchez como líder. Simón exigió que Sánchez asuma responsabilidades por los casos que afectan a personas cercanas a él. El partido atraviesa un momento complicado con varios casos de corrupción y acoso que afectan a personas cercanas a Sánchez. La responsable de Igualdad en Castilla-La Mancha también criticó que la dirección federal pidiera responsabilidades a las compañeras que lideran áreas de igualdad, mientras que los casos graves relacionados con personas cercanas a Sánchez no reciben la misma atención. Simón hizo un llamamiento a los compañeros de partido para que pidan explicaciones y asuman responsabilidades. El 12 de diciembre de 2025, The Objective publicó un tuit con unas declaraciones de Simón en las que denunciaba irregularidades en las primarias que ganó Sánchez.
Forestalia, empresa de energías renovables, liquidó 14 empresas en 48 horas, justo antes de que la UCO registrara su sede el 11 de diciembre. Estas empresas obtenían autorizaciones para parques eólicos en la era de Teresa Ribera. Forestalia está vinculada a Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, detenido el 10 de diciembre. La Guardia Civil encontró una escritura de traspaso del 45% de Servinabar a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en el domicilio de Alonso. El liquidador de las empresas es Fernando Samper Rivas, presidente de Fernando Sol S.L., matriz de Forestalia. La UCO investiga presunta corrupción en el Gobierno y detuvo a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. También registró varias empresas públicas, incluyendo la SEPI, Mercasa, Sepides y Enusa, así como un piso en Madrid y un bar en Sevilla vinculados a los detenidos.
La Fundación Mundubat, vinculada a Ibon Meñika, exrecaudador de ETA, ha recibido 27,5 millones de euros en subvenciones públicas. El Estado, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), es su principal financiador con convenios de hasta 3 millones de euros. La Generalitat Valenciana aportó 845.221 y 898.733 euros en 2024, y Navarra concedió 563.972 euros en 2023. La Diputación Foral de Vizcaya otorgó 900.000 euros para cooperación y educación. Ayuntamientos como Vitoria-Gasteiz y Bilbao también contribuyeron con cantidades significativas: 110.000-120.000 euros y 70.000 euros respectivamente. La red de financiación se completa con pequeñas ayudas de municipios como Pamplona y Hernani, que aportan entre 2.000 y 40.000 euros. La fundación se ha consolidado como un actor clave en los presupuestos de cooperación y acción humanitaria en España.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias destituyó a José Ángel Laso como director de la prisión Madrid VII en Estremera el pasado viernes. Laso había sido nombrado en mayo de 2024 y su destitución se debe a múltiples escándalos, incluyendo el trato de favor a su esposa, funcionaria de prisiones, a quien nombró jefa de servicios y otros puestos de responsabilidad en un corto periodo. También fue denunciado por maltrato a la plantilla y por ordenar la destrucción de nidos de aves protegidas en la prisión, lo que podría acarrear multas de hasta 200.000 euros. La decisión de destituir a Laso fue comunicada por el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz. No se ha designado aún un sustituto, pero se espera que se haga en las próximas semanas. La plantilla del centro penitenciario había mostrado su descontento con la gestión de Laso, denunciando un ambiente hostil y solicitando bajas médicas y traslados. Las acciones de Laso generaron 'gran enfado e indignación' entre los funcionarios. Además de favorecer a su esposa, Laso le otorgó una mención honorífica en el Día de La Merced por su labor en el centro, lo que aumentó el malestar. Las fuentes penitenciarias criticaron duramente la gestión de Laso, calificándola de 'surrealista' y afirmando que gestionaba la prisión 'como si fuera su empresa'.
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