Crítica:
La noticia omite detalles sobre la efectividad de las medidas adoptadas y su impacto real en la comunidad catalana en el extranjero.
Illa dobla las ayudas para que los hijos de catalanes en el extranjero puedan estudiar catalán
Catalán en el extranjero crece
Otros artículos
Sátira de Montero en Carnaval
En plena fiebre del Carnaval de Cádiz, la agrupación sevillana 'To pa mi', liderada por los directores Juan Carlos Nevado y José Antonio Gobea, ha conseguido un éxito viral con su última chirigota. La agrupación ha optado por una sátira mordaz, disfrazándose de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con billetes asomando de manera ostentosa de sus bolsos. La actuación incluye un estribillo que dice: 'Cobro el IVA a la gente, rigurosa, supuestamente sirve para pagar muchas cosas, disfruto gastando el dinero de los demás', en clara alusión al papel de Montero al frente de Hacienda y la política recaudatoria del gobierno. Además, la agrupación parodia otros temas populares como 'La Morocha', adaptándola para criticar a los morosos y la labor de la Agencia Tributaria. Con letras como 'Voy detrás de la gente morosa que a Hacienda no paga. Estoy loca por ponerme a mandar cartas certificadas' o 'No te vayas a hacer el remolón, que me he quedado con tu cara', la agrupación no deja indiferente a nadie, generando un gran debate en redes sociales sobre la percepción de la política fiscal del gobierno.
España exige redistribución de menas
El Gobierno de España ha presentado una propuesta en Bruselas para que los menores migrantes no acompañados (menas) llegados a Canarias sean redistribuidos por toda Europa, exigiendo un marco jurídico adecuado y solidaridad continental. La iniciativa, liderada por el ministro Ángel Víctor Torres, busca evitar la concentración de migrantes en regiones ultraperiféricas y convertirlas en un banco de ensayos para innovaciones legislativas en la UE. Con casi 6.000 menores africanos tutelados por Canarias en 2025, España exige a Bruselas no solo la redistribución, sino también un 'cheque en blanco' económico que permita ayudas de Estado sin restricciones para mantener la estabilidad en la ruta atlántica. La propuesta supone un cambio radical en la política migratoria, pasando del debate interno sobre la redistribución de menores a una exigencia de corresponsabilidad continental.
Juez Peinado pide ayuda Policía
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado la intervención de la Unidad Adscrita de Policía Judicial ante la negativa de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez a entregar sus pasaportes. La investigación, que comenzó hace más de dos meses, busca esclarecer si ambas viajaron juntas a Londres para gestionar asuntos relacionados con una cátedra. El instructor sospecha que Begoña Gómez pudo utilizar a una trabajadora de Presidencia del Gobierno para sus negocios privados, lo que podría constituir un delito de malversación. A pesar de un auto de 44 páginas emitido en noviembre, las investigadas se han negado a colaborar, lo que ha retrasado la investigación. Ante esta resistencia, el juez ha dictado una providencia el 12 de enero, pidiendo a la Policía que informe sobre las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta la fecha.
Sánchez transfiere desempleo al País Vasco
El presidente Pedro Sánchez ha entregado al País Vasco la gestión y el pago de las prestaciones por desempleo, un traspaso de competencias que alcanza a 51.000 beneficiarios y supone un coste anual de 820 millones de euros. La decisión, pactada en julio con el lehendakari Imanol Pradales, llega después de meses de presión del PNV y se enmarca en un paquete más amplio de transferencias que incluye también prestaciones no contributivas por cuidado familiar, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo. El traspaso implica que Lanbide asumirá la gestión de las prestaciones contributivas y subsidios no contributivos, con un total de 534 trabajadores y 30 oficinas del SEPE que se incorporan al dispositivo autonómico. La derecha ha criticado el acuerdo, con Isabel Díaz Ayuso denunciando que se trata de una transacción para comprar Presupuestos. El PNV, por su parte, ha subrayado que el acuerdo estaba pactado desde verano, pero que se ha firmado con retraso.
UCO investiga cuentas Erkolan
El Tribunal Supremo ha dado luz verde a la Unidad Central Operativa (UCO) para investigar las cuentas de Erkolan, una sociedad cooperativa que recibió 367.290 euros de Servinabar entre junio de 2020 y mayo de 2025. Esta empresa contrató a Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán, uno de los principales implicados en una trama de presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública. La UCO descubrió que Servinabar pagó 22.324 euros a Belén Cerdán mediante seis transferencias mensuales entre febrero y junio de 2020. La investigación también apunta a tres ejecutivos de Acciona: Tomás Olarte, Manuel García Alconchel y Justo Vicente Pelegrini. La relación entre Acciona y Servinabar es especialmente relevante, ya que el 75,33% de los ingresos de Servinabar provenían de Acciona. Además, la UCO está analizando 80 transferencias realizadas a familiares de Santos Cerdán, entre ellos su mujer, Francisca Muñoz Cano, quien recibió 9.500 euros de la empresa Noran Coop sin que conste que realizara actividad alguna.
Coste viaje García Montero a Perú
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, emprendió un viaje oficial a Perú en octubre de 2025, acompañado por una delegación de 30 personas, incluyendo altos cargos, técnicos y nueve invitados externos. El coste total del viaje ascendió a 41.430 euros de dinero público, con el Instituto Cervantes asumiendo la mayor parte del gasto. El desplazamiento coincidió con el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) celebrado en Arequipa, donde García Montero protagonizó un enfrentamiento verbal con Santiago Muñoz Machado, presidente de la RAE, lo que generó malestar en el ámbito cultural. Los gastos se distribuyeron en billetes de avión, alojamiento, dietas y otros conceptos relacionados con el evento. Aunque las autoridades peruanas sufragaron parte del alojamiento y desplazamientos, el Instituto Cervantes gastó 17.917 euros en personal y 23.512 euros en invitados externos, con un sobrecoste de 3.060 euros por el cambio de billete de una periodista invitada. El viaje incluyó actividades académicas y culturales, y se firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Católica de Santa María de Arequipa sin contenido económico.
Montero y Puente: cobros de vivienda bajo lupa
La polémica arde en los pasillos del poder: dos figuras clave del Gobierno, María Jesús Montero y Óscar Puente, se han embolsado, cada uno, la friolera de 29.104,88 euros anuales, exentos de impuestos, del Congreso de los Diputados. El concepto: indemnización por vivienda en Madrid. Lo sangrante es que ambos ministros residen en inmuebles oficiales, sufragados íntegramente por el Estado, un "chollo" revelado este martes por ABC. Montero, vicepresidenta primera, y Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, mantienen sus actas de diputados. Ella por Sevilla, él por Valladolid. Aunque su sueldo como parlamentarios queda en suspenso al ser miembros del Ejecutivo, no renuncian a la dieta mensual que la Cámara Baja abona a los diputados elegidos fuera de Madrid. Esta compensación, de 2.078,92 euros al mes distribuidos en catorce pagas, teóricamente busca cubrir los gastos de alojamiento en la capital. Pero aquí, la teoría y la práctica bailan al son de una controvertida sinfonía. La duplicidad de beneficios públicos es flagrante. Montero habita una vivienda habilitada dentro del Ministerio de Hacienda, curiosamente el mismo departamento que gestiona Patrimonio del Estado. Puente, por su parte, disfruta de un ático de lujo, también propiedad de Patrimonio del Estado, a tiro de piedra del Congreso. Y ojo al dato: este ático fue reformado con una inversión pública que superó el millón de euros. No hablamos de un modesto piso; las fuentes conocedoras de la obra cifran en 1.067.082,59 euros el coste de su reforma integral, con posibles sobrecostes, incluyendo una climatización valorada en 200.000 euros y materiales de alta gama. La base legal de esta indemnización se ancla en el artículo 17.2 b) de la Ley del IRPF, que la blinda como "compensación por gastos" y, por ende, exenta de tributación. La única vía para no percibirla sería una renuncia expresa. Ni Montero ni Puente han dado ese paso, a diferencia de otros compañeros del Ejecutivo que sí entregaron su acta de diputado. Desde el gabinete de Óscar Puente, lejos de la autocrítica, defienden la legalidad: "Es legal y la cobra como cualquier otro diputado que no es de Madrid", señalaron a ABC, restando importancia a la polémica y aludiendo a precedentes. Esta controversia sobre las dietas parlamentarias no es nueva. Hace años que se critica que el Congreso abone compensaciones por alojamiento a diputados que, elegidos en provincia, residen permanentemente en Madrid. Sin embargo, el caso de Montero y Puente adquiere una resonancia particular. No solo no afrontan gastos de alojamiento, sino que viven en residencias oficiales gestionadas por el propio Estado. Su patrimonio personal, que incluye inmuebles en Sevilla para Montero y en Valladolid y Alicante para Puente, tampoco parece ser un impedimento para beneficiarse de la vivienda oficial, las dietas parlamentarias y los servicios asociados al cargo ministerial, como vehículos y viajes oficiales. María Jesús Montero, en total, percibe 123.994,70 euros brutos anuales (94.889,82€ como vicepresidenta y ministra, más los 29.104,88€ de indemnización). Óscar Puente, por su parte, ingresa 110.941,72 euros anuales, sumando su salario ministerial y las dietas exentas, según Newtral. Todo este engranaje vuelve a poner en la picota el sistema de indemnizaciones del Congreso y la imperiosa necesidad de mecanismos que impidan el cobro de compensaciones por gastos que, a todas luces, no se están produciendo.
Comentarios