Crítica:
La noticia presenta una postura clara del Gobierno de España, pero omite voces críticas de otros actores políticos o sociales. ¿Es esta una mera exposición o una toma de posición editorial?
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Otros artículos
Catalán en el extranjero crece
El Govern catalán, liderado por Salvador Illa, ha anunciado un incremento significativo en las ayudas destinadas a promover el aprendizaje del catalán entre los hijos de catalanes residentes en el extranjero. Durante el plenario del Consell de la Catalunya Exterior, Illa destacó que esta medida, junto con el derecho al voto de los catalanes en el exterior, constituye una de las prioridades del Govern para el periodo 2025-2029. El conseller Jaume Duch detalló que la partida destinada a ayudas y actividades para el aprendizaje del catalán en el extranjero alcanzará los 286.381 euros en 2025, lo que supone un incremento del 42% respecto al año anterior. Además, se informó que estas ayudas continuarán aumentando en el futuro. El Pacto Nacional por la Lengua, dotado con 255 millones, también fue objeto de debate, con la posibilidad de que las instituciones catalanas en el exterior se sumen a esta iniciativa. Paralelamente, se discutieron otros temas como la creación de un Registro de Catalanes en el Exterior y la ampliación del apoyo a los ciudadanos catalanes residentes fuera de Cataluña.
Juez Peinado pide ayuda Policía
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado la intervención de la Unidad Adscrita de Policía Judicial ante la negativa de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez a entregar sus pasaportes. La investigación, que comenzó hace más de dos meses, busca esclarecer si ambas viajaron juntas a Londres para gestionar asuntos relacionados con una cátedra. El instructor sospecha que Begoña Gómez pudo utilizar a una trabajadora de Presidencia del Gobierno para sus negocios privados, lo que podría constituir un delito de malversación. A pesar de un auto de 44 páginas emitido en noviembre, las investigadas se han negado a colaborar, lo que ha retrasado la investigación. Ante esta resistencia, el juez ha dictado una providencia el 12 de enero, pidiendo a la Policía que informe sobre las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta la fecha.
Sánchez transfiere desempleo al País Vasco
El presidente Pedro Sánchez ha entregado al País Vasco la gestión y el pago de las prestaciones por desempleo, un traspaso de competencias que alcanza a 51.000 beneficiarios y supone un coste anual de 820 millones de euros. La decisión, pactada en julio con el lehendakari Imanol Pradales, llega después de meses de presión del PNV y se enmarca en un paquete más amplio de transferencias que incluye también prestaciones no contributivas por cuidado familiar, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo. El traspaso implica que Lanbide asumirá la gestión de las prestaciones contributivas y subsidios no contributivos, con un total de 534 trabajadores y 30 oficinas del SEPE que se incorporan al dispositivo autonómico. La derecha ha criticado el acuerdo, con Isabel Díaz Ayuso denunciando que se trata de una transacción para comprar Presupuestos. El PNV, por su parte, ha subrayado que el acuerdo estaba pactado desde verano, pero que se ha firmado con retraso.
UCO investiga cuentas Erkolan
El Tribunal Supremo ha dado luz verde a la Unidad Central Operativa (UCO) para investigar las cuentas de Erkolan, una sociedad cooperativa que recibió 367.290 euros de Servinabar entre junio de 2020 y mayo de 2025. Esta empresa contrató a Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán, uno de los principales implicados en una trama de presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública. La UCO descubrió que Servinabar pagó 22.324 euros a Belén Cerdán mediante seis transferencias mensuales entre febrero y junio de 2020. La investigación también apunta a tres ejecutivos de Acciona: Tomás Olarte, Manuel García Alconchel y Justo Vicente Pelegrini. La relación entre Acciona y Servinabar es especialmente relevante, ya que el 75,33% de los ingresos de Servinabar provenían de Acciona. Además, la UCO está analizando 80 transferencias realizadas a familiares de Santos Cerdán, entre ellos su mujer, Francisca Muñoz Cano, quien recibió 9.500 euros de la empresa Noran Coop sin que conste que realizara actividad alguna.
Coste viaje García Montero a Perú
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, emprendió un viaje oficial a Perú en octubre de 2025, acompañado por una delegación de 30 personas, incluyendo altos cargos, técnicos y nueve invitados externos. El coste total del viaje ascendió a 41.430 euros de dinero público, con el Instituto Cervantes asumiendo la mayor parte del gasto. El desplazamiento coincidió con el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) celebrado en Arequipa, donde García Montero protagonizó un enfrentamiento verbal con Santiago Muñoz Machado, presidente de la RAE, lo que generó malestar en el ámbito cultural. Los gastos se distribuyeron en billetes de avión, alojamiento, dietas y otros conceptos relacionados con el evento. Aunque las autoridades peruanas sufragaron parte del alojamiento y desplazamientos, el Instituto Cervantes gastó 17.917 euros en personal y 23.512 euros en invitados externos, con un sobrecoste de 3.060 euros por el cambio de billete de una periodista invitada. El viaje incluyó actividades académicas y culturales, y se firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Católica de Santa María de Arequipa sin contenido económico.
Montero y Puente: cobros de vivienda bajo lupa
La polémica arde en los pasillos del poder: dos figuras clave del Gobierno, María Jesús Montero y Óscar Puente, se han embolsado, cada uno, la friolera de 29.104,88 euros anuales, exentos de impuestos, del Congreso de los Diputados. El concepto: indemnización por vivienda en Madrid. Lo sangrante es que ambos ministros residen en inmuebles oficiales, sufragados íntegramente por el Estado, un "chollo" revelado este martes por ABC. Montero, vicepresidenta primera, y Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, mantienen sus actas de diputados. Ella por Sevilla, él por Valladolid. Aunque su sueldo como parlamentarios queda en suspenso al ser miembros del Ejecutivo, no renuncian a la dieta mensual que la Cámara Baja abona a los diputados elegidos fuera de Madrid. Esta compensación, de 2.078,92 euros al mes distribuidos en catorce pagas, teóricamente busca cubrir los gastos de alojamiento en la capital. Pero aquí, la teoría y la práctica bailan al son de una controvertida sinfonía. La duplicidad de beneficios públicos es flagrante. Montero habita una vivienda habilitada dentro del Ministerio de Hacienda, curiosamente el mismo departamento que gestiona Patrimonio del Estado. Puente, por su parte, disfruta de un ático de lujo, también propiedad de Patrimonio del Estado, a tiro de piedra del Congreso. Y ojo al dato: este ático fue reformado con una inversión pública que superó el millón de euros. No hablamos de un modesto piso; las fuentes conocedoras de la obra cifran en 1.067.082,59 euros el coste de su reforma integral, con posibles sobrecostes, incluyendo una climatización valorada en 200.000 euros y materiales de alta gama. La base legal de esta indemnización se ancla en el artículo 17.2 b) de la Ley del IRPF, que la blinda como "compensación por gastos" y, por ende, exenta de tributación. La única vía para no percibirla sería una renuncia expresa. Ni Montero ni Puente han dado ese paso, a diferencia de otros compañeros del Ejecutivo que sí entregaron su acta de diputado. Desde el gabinete de Óscar Puente, lejos de la autocrítica, defienden la legalidad: "Es legal y la cobra como cualquier otro diputado que no es de Madrid", señalaron a ABC, restando importancia a la polémica y aludiendo a precedentes. Esta controversia sobre las dietas parlamentarias no es nueva. Hace años que se critica que el Congreso abone compensaciones por alojamiento a diputados que, elegidos en provincia, residen permanentemente en Madrid. Sin embargo, el caso de Montero y Puente adquiere una resonancia particular. No solo no afrontan gastos de alojamiento, sino que viven en residencias oficiales gestionadas por el propio Estado. Su patrimonio personal, que incluye inmuebles en Sevilla para Montero y en Valladolid y Alicante para Puente, tampoco parece ser un impedimento para beneficiarse de la vivienda oficial, las dietas parlamentarias y los servicios asociados al cargo ministerial, como vehículos y viajes oficiales. María Jesús Montero, en total, percibe 123.994,70 euros brutos anuales (94.889,82€ como vicepresidenta y ministra, más los 29.104,88€ de indemnización). Óscar Puente, por su parte, ingresa 110.941,72 euros anuales, sumando su salario ministerial y las dietas exentas, según Newtral. Todo este engranaje vuelve a poner en la picota el sistema de indemnizaciones del Congreso y la imperiosa necesidad de mecanismos que impidan el cobro de compensaciones por gastos que, a todas luces, no se están produciendo.
Vandalizan taberna de Pablo Iglesias
La taberna de Pablo Iglesias, situada en el corazón del barrio de Lavapiés en Madrid, fue vandalizada el pasado martes por un individuo que irrumpió en el local armado con una llave inglesa y una navaja de afeitar. El agresor, que se identificó falsamente como 'miembro de la Fiscalía', exigió la retirada de un cartel que consideraba 'secesionista' y que, a su juicio, fomentaba 'delitos de odio'. Los empleados del local lograron reducir al individuo, aunque uno de ellos resultó herido leve en el proceso. La Policía Nacional intervino rápidamente y detuvo al agresor, quien fue encontrado con una navaja de afeitar en el momento de su arresto. El detenido enfrenta cargos por amenazas, daños, allanamiento, lesiones y usurpación de funciones públicas. Pablo Iglesias comparó el ataque con los realizados por los nazis contra locales judíos, mientras que la taberna atribuyó el ataque a un 'individuo nazi-sionista' que se opuso a una pegatina en la fachada que prohibía la entrada a sionistas. Este incidente ocurre en un contexto en el que la taberna, inaugurada en marzo de 2024 por Iglesias junto a sus socios Sebastián Fiorillo y Carlos Ávila, ha sido un punto de encuentro para simpatizantes de Podemos y ha pasado por un proceso de cierre y reapertura tras una campaña de crowdfunding que recaudó 140.000 euros.
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