Crítica:
La investigación sobre la SEPI sigue desvelando prácticas turbias. El borrado del teléfono de Fernández es un claro indicio de obstrucción a la justicia.
La UCO descubre que el expresidente de la SEPI borró su teléfono antes de ser detenido
SEPI: El teléfono borrado de Fernández
Otros artículos
Puente nombra a inspector sin experiencia en emergencias
El ministro Óscar Puente ha designado a Miguel Antolín, un inspector de obras sin experiencia en emergencias, como enlace del Ministerio de Transportes ante la OTAN y el Departamento de Seguridad Nacional. Esta decisión ha generado críticas sindicales que denuncian 'enchufismo' y 'nepotismo' en la política de nombramientos del Ministerio. Antolín, que fue cesado como presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2017, carece de experiencia en seguridad y gestión de crisis, funciones clave en su nuevo cargo. La reestructuración del Ministerio llevada a cabo por Puente suprimió la Unidad de Emergencias y Seguridad y Gestión de Crisis, cuya dirección estaba a cargo de Rubén Eladio López, un funcionario policial que representaba al Ministerio en el comité de Resiliencia de la OTAN. López fue cesado en agosto de 2024, y Antolín asumió su rol en abril del mismo año. Además, España sigue incumpliendo la directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas de la UE, cuya transposición debía haberse completado en octubre de 2024.
Sánchez presta 755 millones Marruecos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un crédito de 754,3 millones de euros para modernizar los trenes de Marruecos, pese a que la red ferroviaria española se encuentra en mal estado. Esta decisión se produce un año después de que Sánchez visitara Marruecos y anunciara inversiones de 45.000 millones de euros hasta 2050. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que España no aportará ese dinero, sino que Marruecos será quien invierta con la ayuda de préstamos españoles. El préstamo no es un caso aislado; en 2019 se aprobó otro crédito de 190 millones para la construcción de líneas de tranvía en Casablanca, aunque finalmente se adjudicó a la empresa francesa Alstom. Además, España también ha financiado la modernización del Metro de El Cairo con un crédito de 227,8 millones de euros. Críticos argumentan que estos préstamos 'reembolsables' podrían no ser devueltos y que priorizan la internacionalización de empresas españolas sobre la mejora de infraestructuras nacionales.
Gobierno veta cursos a guardias
El Gobierno de Pedro Sánchez está siendo acusado de vulnerar la Ley de Igualdad al impedir que guardias civiles con hijos accedan a cursos de especialización. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está en el centro de la polémica por no aplicar la ley que otorga preferencia a quienes vuelven de permisos de maternidad o paternidad. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el caso ante el Ministerio de Igualdad, argumentando que se está discriminando a los agentes que son padres. La ley establece que deben tener preferencia durante un año para elegir cursos de formación, pero la Guardia Civil se escuda en su propia Ley de Personal para ignorar esta disposición. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también está siendo cuestionado por no tomar medidas al respecto. La situación ha generado indignación entre los afectados y ha puesto en evidencia la falta de aplicación de la Ley de Igualdad en la Guardia Civil.
Bono invierte en Marruecos tras giro
El exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono ha adquirido cinco inmuebles urbanos en Tánger, Marruecos, por un total de 259.900 euros entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Las propiedades, identificadas como Ben Charki 28, 30, 32, 36 y 38-40, están situadas en una de las zonas urbanas de la ciudad a pie de la costa y podrían formar parte de un mismo complejo residencial. La operación se realizó a través de la sociedad Joasa 2012, de la que Bono es administrador único. Esta inversión coincide con un cambio significativo en la postura de Bono respecto a Marruecos, país con el que España mantiene una relación especialmente sensible en términos diplomáticos y de seguridad. Hasta 2022, Bono mantuvo posiciones críticas con Rabat, alineadas con el enfoque tradicional del PSOE respecto al Sáhara Occidental. Sin embargo, tras el giro del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, que respaldó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, Bono reforzó progresivamente una línea pública favorable a Marruecos, calificando el plan de autonomía como 'la solución más eficaz' al conflicto. En noviembre de 2022, Bono viajó a los territorios ocupados del Sáhara Occidental y participó en actos en El Aaiún donde elogió el desarrollo urbano impulsado por Marruecos. Esta nueva aproximación se ha materializado en su participación en conferencias y encuentros vinculados a esta cuestión, como la III Conferencia Internacional para el Diálogo y la Paz en el Sáhara Occidental.
Orriols denuncia trato VIP
La alcaldesa de Ripoll y presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha generado controversia al cuestionar el trato recibido por Salvador Illa, exministro de Sanidad y líder socialista, durante su ingreso en el Hospital de la Vall d'Hebron. Orriols ha denunciado en redes sociales un supuesto trato de favor hacia Illa, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos por una osteomielitis púbica causada por la bacteria estreptococo dysgalactiae. La clase política ha mostrado su apoyo a Illa deseando su pronta recuperación, pero Orriols ha optado por criticar lo que considera una atención privilegiada. El presidente de la Generalidad ha rechazado públicamente a Orriols, acusándola de ultra y populista. La polémica ha generado un intenso debate en redes sociales, con muchos usuarios reprochando a Orriols su falta de sensibilidad hacia la dolencia de Illa, mientras que otros la apoyan en su denuncia de la hipocresía política. A pesar de la evolución favorable del paciente según el doctor Manuel Escobar, director del servicio de diagnóstico, Illa continúa en la UCI, lo que ha alimentado aún más la discusión sobre el trato que recibe.
Chavismo en España sin control
Cuatro empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela entraron en España durante la pandemia gracias a salvoconductos oficiales gestionados por Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Los empresarios, identificados como Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, Carlos Alfonso Guillén Salcedo, Samuel Sánchez Boada y Katherine Gabriela del Valle Rodríguez Martínez, viajaron en febrero de 2021, cuando España mantenía estrictas restricciones de movilidad debido al COVID-19. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, estos empresarios chavistas privilegiados por el régimen de Maduro utilizaron salvoconductos emitidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) bajo el pretexto de mantener reuniones en el Gabinete del ministro, reuniones que nunca se produjeron. La secretaria personal de Ábalos, Ana María Aranda Jaraices, firmó los salvoconductos con el conocimiento y consentimiento del ministro. Los empresarios en cuestión tienen vínculos con el régimen de Maduro: Ceballos Jiménez es presidente del grupo constructor Grupo 7C; Guillén Salcedo preside el equipo de béisbol Tigres de Aragua; Sánchez Boada tiene conexiones empresariales entre Ecuador y Venezuela; y Rodríguez Martínez fue Miss Venezuela Water 2018 y está identificada con la élite cercana al chavismo. Estos hechos contradicen las afirmaciones del Gobierno de Pedro Sánchez sobre su colaboración en la excarcelación de presos políticos en Venezuela, revelando en su lugar una profunda vinculación con la dictadura venezolana.
Zapatero en el ojo del huracán
La investigación del caso Plus Ultra ha generado estupor en el ámbito policial debido a la falta de consecuencias para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, pese a estar implicados en un posible blanqueo de capitales. Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha levantado suspicacias debido a la influencia de Zapatero en las cloacas del Ministerio del Interior a través de su amigo, el exjefe de Seguridad de Moncloa, Segundo Martínez. La UDEF ha acreditado pagos sospechosos desde la empresa de las hijas de Zapatero al empresario Julio Martínez, amigo del expresidente, aunque se desconoce el concepto real de estos pagos. La Fiscalía Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió el dinero del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, declaró en Telecinco que Zapatero fue el principal responsable del rescate de Plus Ultra, actuando como un 'lobista más' en España, y describió un esquema en el que Zapatero estaba en la cima, con la consultora Acento de José Blanco en la base, y la protección institucional desde el Ministerio del Interior.
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