Crítica:
El artículo denuncia la vulneración de la Ley de Igualdad en la Guardia Civil, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y las consecuencias para los afectados.
El Gobierno ‘feminista’ veta a las guardias civiles con hijos el acceso a los cursos de especialización
Gobierno veta cursos a guardias
Otros artículos
Sánchez presta 755 millones Marruecos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un crédito de 754,3 millones de euros para modernizar los trenes de Marruecos, pese a que la red ferroviaria española se encuentra en mal estado. Esta decisión se produce un año después de que Sánchez visitara Marruecos y anunciara inversiones de 45.000 millones de euros hasta 2050. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que España no aportará ese dinero, sino que Marruecos será quien invierta con la ayuda de préstamos españoles. El préstamo no es un caso aislado; en 2019 se aprobó otro crédito de 190 millones para la construcción de líneas de tranvía en Casablanca, aunque finalmente se adjudicó a la empresa francesa Alstom. Además, España también ha financiado la modernización del Metro de El Cairo con un crédito de 227,8 millones de euros. Críticos argumentan que estos préstamos 'reembolsables' podrían no ser devueltos y que priorizan la internacionalización de empresas españolas sobre la mejora de infraestructuras nacionales.
SEPI: El teléfono borrado de Fernández
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado que el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, borró el contenido de su teléfono antes de ser detenido. El terminal intervenido no contenía mensajes ni correos electrónicos. Esta acción contrasta con la de Leire Díez, exdirectiva de Correos, cuyo teléfono sí contenía comunicaciones relevantes. Los investigadores sospechan que Fernández eliminó deliberadamente el contenido para obstruir la justicia. La investigación también apunta a una posible trama de corrupción alrededor de la SEPI y empresas públicas. Fernández mantuvo influencia en la SEPI tras su dimisión y participó en decisiones estratégicas desde un despacho paralelo. La Guardia Civil investiga posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
Bono invierte en Marruecos tras giro
El exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono ha adquirido cinco inmuebles urbanos en Tánger, Marruecos, por un total de 259.900 euros entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Las propiedades, identificadas como Ben Charki 28, 30, 32, 36 y 38-40, están situadas en una de las zonas urbanas de la ciudad a pie de la costa y podrían formar parte de un mismo complejo residencial. La operación se realizó a través de la sociedad Joasa 2012, de la que Bono es administrador único. Esta inversión coincide con un cambio significativo en la postura de Bono respecto a Marruecos, país con el que España mantiene una relación especialmente sensible en términos diplomáticos y de seguridad. Hasta 2022, Bono mantuvo posiciones críticas con Rabat, alineadas con el enfoque tradicional del PSOE respecto al Sáhara Occidental. Sin embargo, tras el giro del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, que respaldó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, Bono reforzó progresivamente una línea pública favorable a Marruecos, calificando el plan de autonomía como 'la solución más eficaz' al conflicto. En noviembre de 2022, Bono viajó a los territorios ocupados del Sáhara Occidental y participó en actos en El Aaiún donde elogió el desarrollo urbano impulsado por Marruecos. Esta nueva aproximación se ha materializado en su participación en conferencias y encuentros vinculados a esta cuestión, como la III Conferencia Internacional para el Diálogo y la Paz en el Sáhara Occidental.
Orriols denuncia trato VIP
La alcaldesa de Ripoll y presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha generado controversia al cuestionar el trato recibido por Salvador Illa, exministro de Sanidad y líder socialista, durante su ingreso en el Hospital de la Vall d'Hebron. Orriols ha denunciado en redes sociales un supuesto trato de favor hacia Illa, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos por una osteomielitis púbica causada por la bacteria estreptococo dysgalactiae. La clase política ha mostrado su apoyo a Illa deseando su pronta recuperación, pero Orriols ha optado por criticar lo que considera una atención privilegiada. El presidente de la Generalidad ha rechazado públicamente a Orriols, acusándola de ultra y populista. La polémica ha generado un intenso debate en redes sociales, con muchos usuarios reprochando a Orriols su falta de sensibilidad hacia la dolencia de Illa, mientras que otros la apoyan en su denuncia de la hipocresía política. A pesar de la evolución favorable del paciente según el doctor Manuel Escobar, director del servicio de diagnóstico, Illa continúa en la UCI, lo que ha alimentado aún más la discusión sobre el trato que recibe.
Chavismo en España sin control
Cuatro empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela entraron en España durante la pandemia gracias a salvoconductos oficiales gestionados por Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Los empresarios, identificados como Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, Carlos Alfonso Guillén Salcedo, Samuel Sánchez Boada y Katherine Gabriela del Valle Rodríguez Martínez, viajaron en febrero de 2021, cuando España mantenía estrictas restricciones de movilidad debido al COVID-19. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, estos empresarios chavistas privilegiados por el régimen de Maduro utilizaron salvoconductos emitidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) bajo el pretexto de mantener reuniones en el Gabinete del ministro, reuniones que nunca se produjeron. La secretaria personal de Ábalos, Ana María Aranda Jaraices, firmó los salvoconductos con el conocimiento y consentimiento del ministro. Los empresarios en cuestión tienen vínculos con el régimen de Maduro: Ceballos Jiménez es presidente del grupo constructor Grupo 7C; Guillén Salcedo preside el equipo de béisbol Tigres de Aragua; Sánchez Boada tiene conexiones empresariales entre Ecuador y Venezuela; y Rodríguez Martínez fue Miss Venezuela Water 2018 y está identificada con la élite cercana al chavismo. Estos hechos contradicen las afirmaciones del Gobierno de Pedro Sánchez sobre su colaboración en la excarcelación de presos políticos en Venezuela, revelando en su lugar una profunda vinculación con la dictadura venezolana.
Zapatero en el ojo del huracán
La investigación del caso Plus Ultra ha generado estupor en el ámbito policial debido a la falta de consecuencias para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, pese a estar implicados en un posible blanqueo de capitales. Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha levantado suspicacias debido a la influencia de Zapatero en las cloacas del Ministerio del Interior a través de su amigo, el exjefe de Seguridad de Moncloa, Segundo Martínez. La UDEF ha acreditado pagos sospechosos desde la empresa de las hijas de Zapatero al empresario Julio Martínez, amigo del expresidente, aunque se desconoce el concepto real de estos pagos. La Fiscalía Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió el dinero del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, declaró en Telecinco que Zapatero fue el principal responsable del rescate de Plus Ultra, actuando como un 'lobista más' en España, y describió un esquema en el que Zapatero estaba en la cima, con la consultora Acento de José Blanco en la base, y la protección institucional desde el Ministerio del Interior.
Zapatero cobra de Plus Ultra
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido por primera vez que ha facturado cantidades a Julio Martínez, empresario de Plus Ultra detenido por la UDEF. Zapatero admitió que prestó 'servicios retribuidos de consultoría' a Análisis Relevante SL, sociedad de Martínez, y aseguró que los fondos proceden de 'operaciones legales' no relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, sus declaraciones contradicen las del exministro José Luis Ábalos, quien afirmó que Zapatero presionó para aprobar la inyección pública de 53 millones de euros a la aerolínea. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga si esos fondos se utilizaron para blanqueo de capitales o pago de comisiones ilegales, coincidiendo con la afirmación del empresario Víctor de Aldama de que Zapatero se benefició de un pago de 10 millones de euros en Panamá. La Policía también indaga sobre la filtración que alertó a Martínez de su inminente detención y una sospechosa reunión entre Zapatero y Martínez 72 horas antes de su arresto.
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