Crítica:
La noticia revela una trama política compleja y controvertida. Falta contexto sobre las verdaderas intenciones de Zapatero y su relación con el régimen de Maduro.
La noticia revela una trama política compleja y controvertida. Falta contexto sobre las verdaderas intenciones de Zapatero y su relación con el régimen de Maduro.
Desde la dana de octubre de 2023 en Paiporta, que dejó más de 200 muertos y provocó la ira de los vecinos hacia las autoridades, Pedro Sánchez ha modificado su estrategia comunicativa. El presidente del Gobierno ahora visita las zonas afectadas acompañado solo por autoridades y prensa, informando sobre las medidas a adoptar sin aceptar preguntas. Así ocurrió en su visita a Andalucía el pasado día, donde acudió junto a María Jesús Montero y otras autoridades comarcales y de protección civil para tratar las inundaciones que han azotado la región. Previamente, el viernes anterior, Sánchez ya había estado en tierras andaluzas, concretamente en San Roque (Cádiz), siguiendo el mismo patrón de comparecer ante los medios sin permitir preguntas. Esta estrategia también se ha repetido en otras tragedias como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró 46 vidas, y durante la ola de incendios forestales del verano pasado, donde Sánchez visitó varios puestos de mando sin ofrecer el turno de palabra a los periodistas. La única excepción fue en Galicia, donde un periodista logró formular una pregunta antes de que una indisposición en la sala interrumpiera la comparecencia. La estrategia de Sánchez ha sido criticada por su hermetismo y por evitar el contacto directo con los afectados y los medios de comunicación.
En un giro inesperado, el juez Juan Carlos Peinado ha dado un ultimátum al Ministerio del Interior: debe informar en un plazo máximo de 10 días sobre los viajes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destinos como República Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial y Rusia. La solicitud llega después de que Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, se negaran a entregar sus pasaportes para verificar sus desplazamientos desde el 16 de julio de 2018. Además, el juez ha pedido a la Secretaría General de Presidencia que remita los correos electrónicos de Gómez desde la misma fecha, que serán analizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La investigación de Peinado se centra en cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Gómez y su esposo, Pedro Sánchez, han ejercido su derecho a no declarar, aunque Gómez sí respondió a algunas preguntas de su abogado en una ocasión. El juez critica la 'escasa o casi nula colaboración' de las investigadas y destaca que la negativa a facilitar los pasaportes obliga a recurrir a otras vías de investigación, aunque descarta medidas más drásticas como el registro de domicilios por considerarlas desproporcionadas.
La llegada de inmigrantes sin papeles procedentes de Francia e Italia a Alicante ha desatado la alarma entre los sindicatos policiales, que temen que intenten aprovecharse del proceso de regularización masiva anunciado por el Gobierno para quedarse en España. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que muchos de estos inmigrantes no cumplen con los requisitos necesarios para regularizar su situación y que las mafias están aprovechando la situación para lucrarse con la venta de citas en los consulados y en Extranjería. Los policías advierten que la falta de personal y la presión sobre las unidades de extranjería pueden generar problemas de seguridad y orden público. Además, señalan que la política migratoria tiene un impacto directo en su labor y que es necesario planificar y coordinar las acciones con rigor. La situación en Alicante es un ejemplo de cómo el efecto llamada de la regularización masiva puede tener consecuencias no deseadas si no se gestiona adecuadamente.
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado formalmente a Presidencia del Gobierno que entregue todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde 2018, en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción. El magistrado ha concedido un plazo de 10 días para la entrega de esta información y ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice dichos mensajes en relación con la investigación por malversación. Además, ha pedido al Ministerio del Interior que informe sobre los viajes en avión realizados por Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, a países como República Dominicana, Congo, Guinea y Rusia desde 2018, recabando los datos de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP). La investigación se centra en determinar si los correos electrónicos y los viajes están relacionados con actividades privadas o si se han utilizado recursos públicos de manera inapropiada. El juez ha defendido que sus peticiones son necesarias y proporcionadas, criticando la escasa colaboración previa de Gómez y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión del juez llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en diciembre su investigación por un delito de malversación de fondos, revocando inicialmente la solicitud de los correos electrónicos por una cuestión de forma. Begoña Gómez acompañó a Pedro Sánchez a la XXVIII Cumbre Iberoamericana en República Dominicana en marzo de 2023, donde se reunieron líderes de América Latina, España y Portugal. Aunque su presencia en la cumbre fue sin agenda oficial, posteriormente impulsó 'alianzas' de su cátedra en Iberoamérica.
Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, testificó ante el juez Arturo Zamarriego el 2 de febrero de 2026, confirmando dos reuniones en abril de 2024 con Leire Díez y Javier Pérez Dolset en la sede del PSOE. En esos encuentros se discutieron audios del comisario Villarejo relacionados con los prostíbulos del suegro del presidente Pedro Sánchez. Cerdán aseguró que no informó a Sánchez sobre las reuniones y que la información no era novedosa. También negó cualquier vínculo con Leire Díez como su 'mano derecha' y con otras figuras investigadas. La declaración de Cerdán se produjo en el marco de una investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. El juez intervino para frenar los intentos de las acusaciones de cuestionar a Cerdán, afirmando que no había sospechas contra él en ese tema.
Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y mano derecha de Pedro Sánchez, compareció en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo. Allí reconoció haber sido apoderada de la empresa familiar Sumelzo S.A. durante cinco meses hace 17 años, aunque aseguró no haber utilizado nunca el poder notarial. La empresa de su familia ha sido relacionada con pagos a Servinabar, una de las firmas investigadas por amañar obras públicas. Sumelzo negó cualquier vinculación con los negocios familiares y rechazó que se le pidiera mediar con alguien del partido. La sesión fue tensa, con el senador del PP Salvador Foronda cuestionando su posible conflicto de intereses al ser apoderada mientras trabajaba en la Diputación de Zaragoza. La dirigente socialista advirtió que las insinuaciones sin pruebas podían constituir un delito contra su honor y reputación. La investigación también ha sacado a la luz que la empresa de su familia y Forestalia, otra compañía investigada, han mantenido complejas relaciones societarias y han recibido importantes ayudas públicas. En 2022, el Gobierno financió un proyecto de Forestalia con 17,3 millones de euros a través de Sepides. Los registros mercantiles muestran una red de sociedades vinculadas a los Sumelzo y Forestalia, con pagos a Servinabar y una serie de transacciones sospechosas en proyectos energéticos en Aragón. La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa coincidió con un incremento del 153% en la facturación de Sumelzo S.A., que pasó de 6,4 millones en 2018 a 16,2 millones en 2020. Sus principales clientes han sido administraciones públicas, especialmente la Confederación Hidrográfica del Ebro, que le otorgó 11 contratos por 16 millones de euros durante el mandato de Teresa Ribera.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha exigido a Pedro Sánchez que revele los nombres y sueldos de los 380 asesores y cargos de confianza en la Presidencia del Gobierno. La decisión se produce tras una reclamación por falta de respuesta administrativa y sitúa la responsabilidad en la Presidencia, que debe remitir la información o recurrir la resolución. Los 380 puestos identificados incluyen 143 asesores dedicados a labores de asesoramiento directo, 51 plazas de secretaría y apoyo, y 186 perfiles técnicos y administrativos. Los niveles superiores concentran complementos retributivos elevados, alcanzando hasta 41.000 euros anuales para algunos puestos. La exigencia de transparencia cobra relevancia en un contexto político marcado por investigaciones y controversias alrededor de figuras del entorno gubernamental.
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