Crítica:
El artículo presenta la opinión de Óscar López sin contrastar con otras fuentes. El título puede considerarse tendencioso al atribuir directamente la culpa a Lambán sin ofrecer una visión equilibrada.
El artículo presenta la opinión de Óscar López sin contrastar con otras fuentes. El título puede considerarse tendencioso al atribuir directamente la culpa a Lambán sin ofrecer una visión equilibrada.
Un intento de asalto al Consulado General de España en Argel este miércoles ha puesto de relieve la tensión generada por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a inmigrantes en situación irregular. Cerca de 300 argelinos, desesperados por obtener certificados y renovar sus residencias, se agolparon frente al consulado, creando una avalancha que fue disuelta por la policía argelina con porras, lo que resultó en personas mayores y mujeres en el suelo. La situación se produjo después de un retraso de casi cinco horas en la apertura de las oficinas consulares, lo que exacerbó la frustración de la multitud. Fuentes diplomáticas admiten que las colas para legalizar documentos son «ingentes» y que el hecho de tener que dormir en la calle para guardar el turno es «vejatorio» para los afectados. El consulado había anunciado que las peticiones de validación de documentos se recogerían por orden estricto de llegada desde el 27 de noviembre, lo que ha provocado aglomeraciones en los últimos días. El Gobierno argelino ha convocado al embajador español, Ramiro Fernández-Bachiller, para expresar su queja por las largas colas y el hecho de que la gente pernocte junto a la entrada. El incidente ha llevado al consulado a considerar volver a dar citas presenciales por vía telemática, un sistema que en el pasado se ha bloqueado a menudo y ha generado un mercado negro de compraventa. La tensión en el consulado español en Argel se suma a una serie de polémicas relacionadas con la concesión de visados, incluyendo la denegación irregular de visados tras el relevo de la cónsul Miriam de Andrés por Gauden Villas, y la posible suplantación de identidad por parte del canciller Vicente Moreno.
La subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Asacia, ha dimitido en medio de un escándalo por el presunto amaño de oposiciones a administrativo de la Seguridad Social. La decisión se produjo el pasado viernes y se hizo oficial el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque desde el Ministerio se atribuye su marcha a motivos personales, fuentes cercanas a THE OBJECTIVE señalan que la salida de Asacia se debe a 'continuas desavenencias' con la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Otros vinculan su dimisión directamente con el escándalo de las oposiciones y la próxima publicación de la resolución definitiva de aprobados, pese a la investigación en curso. La Fiscalía investiga las pruebas realizadas en La Coruña después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio correspondieran a aspirantes examinados en dicha provincia. Además, se ha descubierto que 12 habitantes de Celanova (Ourense) lograron altas calificaciones en las oposiciones. Se sospecha de un entramado corrupto que vendería plazas a cambio de sumas de dinero, con métodos como pinganillos y pagos de hasta 60.000 euros. El caso ha generado peticiones de repetición del proceso y comparecencias en el Congreso de los Diputados.
La investigación sobre el espionaje del móvil de Pedro Sánchez con Pegasus ha dado un giro crucial. Nuevos datos confirman que Marruecos aprovechó una 'ventana de oportunidad' durante una visita del presidente a Ceuta y Melilla en mayo de 2021. Los servicios de inteligencia marroquíes usaron un dispositivo IMSI-Catcher para identificar y pinchar el teléfono de Sánchez. La infección se produjo el 18 de mayo de 2021 mediante una técnica zero-click, sin necesidad de interacción por parte de Sánchez. El robo de datos ocurrió al día siguiente, el 19 de mayo, coincidiendo con una crisis en Ceuta provocada por Marruecos. Expertos coinciden en que la hoja de ruta del viaje fue una 'muy mala decisión' que facilitó el espionaje. La inteligencia marroquí adquirió los dispositivos IMSI-Catcher a la empresa alemana Rohde & Schwarz y otros de uso militar a la israelí Elbit Systems.
La Policía Nacional ha emitido una alerta interna debido al aumento del 60% en las denuncias de pérdida de pasaporte por parte de ciudadanos extranjeros que buscan acogerse a la regularización extraordinaria de inmigrantes. El incremento se ha detectado entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Las nacionalidades con mayor incidencia son pakistaní (866,67%), argelina (356,25%), marroquí (114%) y colombiana (39%). La Policía ha recomendado una 'identificación plena' de los denunciantes, incluyendo la comprobación de su situación administrativa en España. El objetivo de la regularización es ofrecer igualdad de derechos a extranjeros que llevan al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tienen antecedentes penales. Sin embargo, sindicatos policiales han mostrado su discrepancia con la medida, advirtiendo del 'efecto llamada' y el posible fraude.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha iniciado una investigación por presuntas irregularidades en la venta de 23 edificios propiedad de la Comisión Europea a Bélgica en 2024, por un valor cercano a los 900 millones de euros. La policía registró las dependencias de la Comisión Europea en Bruselas este jueves como parte de las diligencias. La Comisión Europea ha asegurado que cooperará plenamente con la investigación y ha destacado que siguió los procedimientos establecidos para la transacción. Los edificios vendidos, ubicados en su mayoría en el barrio europeo de Bruselas, suman entre 300.000 y 340.000 metros cuadrados de despachos. La venta se realizó a través del fondo soberano belga SFPIM. La Comisión Europea confía en que la venta se llevó a cabo conforme a las normas, aunque ha evitado dar más detalles sobre la investigación en curso. La Fiscalía Europea ha confirmado que está llevando a cabo 'actividades para recabar pruebas' en el marco de una 'investigación en curso', sin ofrecer más información sobre el caso.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) sigue manteniendo alquilado un ático de 139 metros cuadrados en el corazón de Madrid a nombre de Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno, pese a haber fallecido el 26 de junio de 2024. El inmueble, situado en la calle San Bernardo 38, tiene un contrato de arrendamiento vigente desde el 21 de mayo de 1986 por un precio mensual de 850 euros, muy por debajo del valor de mercado actual, que oscila entre 3.000 y 4.000 euros. La familia Gómez Serrano ha disfrutado del alquiler durante décadas, llegando a utilizar el ático como negocio de alojamiento turístico hasta 2022. La situación genera controversia debido a las conexiones familiares con el presidente del Gobierno y a las operaciones inmobiliarias previas relacionadas con el mismo edificio, que han beneficiado a familiares de Begoña Gómez.
La tensión entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni se ha intensificado después de que el presidente español fuera excluido de una reunión previa a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Bélgica. La primera ministra italiana, junto con el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro belga Bart de Wever, organizó esta cita para discutir competitividad económica y reformas de la UE, a la que asistieron una veintena de líderes europeos, incluyendo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Moncloa ha criticado esta iniciativa por considerarla divisoria y ha trasladado su protesta directamente a Italia. El incidente refleja las diferencias entre los dos gobiernos sobre cómo abordar cuestiones como la inmigración y la unidad de la UE.
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