Crítica:
La noticia revela detalles cruciales sobre el espionaje, pero se echa en falta más contexto sobre las implicaciones políticas y legales del caso. El título es directo y refleja el contenido.
La noticia revela detalles cruciales sobre el espionaje, pero se echa en falta más contexto sobre las implicaciones políticas y legales del caso. El título es directo y refleja el contenido.
La subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Asacia, ha dimitido en medio de un escándalo por el presunto amaño de oposiciones a administrativo de la Seguridad Social. La decisión se produjo el pasado viernes y se hizo oficial el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque desde el Ministerio se atribuye su marcha a motivos personales, fuentes cercanas a THE OBJECTIVE señalan que la salida de Asacia se debe a 'continuas desavenencias' con la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Otros vinculan su dimisión directamente con el escándalo de las oposiciones y la próxima publicación de la resolución definitiva de aprobados, pese a la investigación en curso. La Fiscalía investiga las pruebas realizadas en La Coruña después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio correspondieran a aspirantes examinados en dicha provincia. Además, se ha descubierto que 12 habitantes de Celanova (Ourense) lograron altas calificaciones en las oposiciones. Se sospecha de un entramado corrupto que vendería plazas a cambio de sumas de dinero, con métodos como pinganillos y pagos de hasta 60.000 euros. El caso ha generado peticiones de repetición del proceso y comparecencias en el Congreso de los Diputados.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, atribuyó la derrota de Pilar Alegría en Aragón a la falta de oposición efectiva de Javier Lambán al presidente Jorge Azcón. En una entrevista con RNE, López criticó que Lambán 'se dedicó a hacer otra cosa' y utilizó 'argumentos de la derecha', lo que impidió el desgaste del PP. López defendió la estrategia de enviar ministros como candidatos en elecciones autonómicas, considerándola 'buena' y citando el caso de Madrid como ejemplo de 'buenos resultados'. También comparó las situaciones en Extremadura y Madrid, destacando factores como la celebración de elecciones anticipadas y el cambio de liderazgo en el PSOE extremeño. López afirmó que la gente con valores progresistas está 'escandalizada' con lo que sucede en el mundo y se preguntó retóricamente si lo que no quieren para el mundo, lo quieren para Madrid.
La Policía Nacional ha emitido una alerta interna debido al aumento del 60% en las denuncias de pérdida de pasaporte por parte de ciudadanos extranjeros que buscan acogerse a la regularización extraordinaria de inmigrantes. El incremento se ha detectado entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Las nacionalidades con mayor incidencia son pakistaní (866,67%), argelina (356,25%), marroquí (114%) y colombiana (39%). La Policía ha recomendado una 'identificación plena' de los denunciantes, incluyendo la comprobación de su situación administrativa en España. El objetivo de la regularización es ofrecer igualdad de derechos a extranjeros que llevan al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tienen antecedentes penales. Sin embargo, sindicatos policiales han mostrado su discrepancia con la medida, advirtiendo del 'efecto llamada' y el posible fraude.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha iniciado una investigación por presuntas irregularidades en la venta de 23 edificios propiedad de la Comisión Europea a Bélgica en 2024, por un valor cercano a los 900 millones de euros. La policía registró las dependencias de la Comisión Europea en Bruselas este jueves como parte de las diligencias. La Comisión Europea ha asegurado que cooperará plenamente con la investigación y ha destacado que siguió los procedimientos establecidos para la transacción. Los edificios vendidos, ubicados en su mayoría en el barrio europeo de Bruselas, suman entre 300.000 y 340.000 metros cuadrados de despachos. La venta se realizó a través del fondo soberano belga SFPIM. La Comisión Europea confía en que la venta se llevó a cabo conforme a las normas, aunque ha evitado dar más detalles sobre la investigación en curso. La Fiscalía Europea ha confirmado que está llevando a cabo 'actividades para recabar pruebas' en el marco de una 'investigación en curso', sin ofrecer más información sobre el caso.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) sigue manteniendo alquilado un ático de 139 metros cuadrados en el corazón de Madrid a nombre de Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno, pese a haber fallecido el 26 de junio de 2024. El inmueble, situado en la calle San Bernardo 38, tiene un contrato de arrendamiento vigente desde el 21 de mayo de 1986 por un precio mensual de 850 euros, muy por debajo del valor de mercado actual, que oscila entre 3.000 y 4.000 euros. La familia Gómez Serrano ha disfrutado del alquiler durante décadas, llegando a utilizar el ático como negocio de alojamiento turístico hasta 2022. La situación genera controversia debido a las conexiones familiares con el presidente del Gobierno y a las operaciones inmobiliarias previas relacionadas con el mismo edificio, que han beneficiado a familiares de Begoña Gómez.
La tensión entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni se ha intensificado después de que el presidente español fuera excluido de una reunión previa a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Bélgica. La primera ministra italiana, junto con el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro belga Bart de Wever, organizó esta cita para discutir competitividad económica y reformas de la UE, a la que asistieron una veintena de líderes europeos, incluyendo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Moncloa ha criticado esta iniciativa por considerarla divisoria y ha trasladado su protesta directamente a Italia. El incidente refleja las diferencias entre los dos gobiernos sobre cómo abordar cuestiones como la inmigración y la unidad de la UE.
José Manuel, un propietario zaragozano, lleva años sufriendo el calvario de unos inquilinos que se niegan a pagar el alquiler de la vivienda que él y su hermana alquilaron en 2019 a refugiados sirios a través de la Fundación APIP-ACAM. A pesar de que la fundación debía asumir los impagos, estos comenzaron tras el primer año y se han prolongado hasta hoy. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el decreto antidesahucios que impide el desahucio de inquilinos considerados 'vulnerables'. La situación se ha enquistado de tal manera que los inquilinos han dejado de pagar durante más de seis años y adeudan más de 13.000 euros en concepto de alquiler, a lo que hay que sumar los gastos de abogados y 108 euros mensuales de comunidad. Lo más sorprendente es que estos inquilinos cobran 1.616,28 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que ha generado la indignación de José Manuel, quien denuncia que se está creando una 'vulnerabilidad vitalicia' al desincentivar el trabajo.
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