El artículo presenta una clara tendencia hacia el PP, utilizando expresiones como 'nexo corruptor' y 'sospechas de corrupción hasta las cejas' sin matizar suficientemente la información. La información proporcionada parece sesgada hacia la narrativa del PP.
El Gobierno se vio obligado a recurrir al Consejo de Estado para anular la regularización de un inmigrante marroquí con una orden de expulsión por robo con violencia y lesiones. La Oficina de Extranjería de Gerona había solicitado un informe sobre los antecedentes penales del interesado en julio de 2023, que reveló una condena en 2016 por robo con violencia e intimidación y lesiones. A pesar de un informe desfavorable de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en agosto, la Subdelegación del Gobierno en Gerona concedió la autorización de residencia hasta 2028 en septiembre de 2024. El Consejo de Estado dictaminó que la autorización era nula debido a la orden de expulsión vigente en el momento de su concesión. El Gobierno deberá ahora revocar la regularización del inmigrante.
La Comisión Europea ha amonestado al Gobierno español por imponer la baliza V16 sin notificarlo a Bruselas, incumpliendo la directiva europea 2015/1535. El dispositivo, obligatorio desde el 1 de enero de 2026, fue regulado mediante real decreto 1030/2022, publicado el 21 de diciembre de 2022. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, denunció la 'falta de transparencia' y advirtió que el Gobierno podría ingresar 300 millones de euros por el IVA de la venta de estos sistemas. La Comisión Europea recordó que 'el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE', pero que la imposición de requisitos técnicos específicos a nivel nacional puede constituir una 'medida de efecto equivalente a una restricción del comercio'. El comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, respondió a la pregunta del PP afirmando que la Comisión puede adoptar medidas de ejecución si España no cumple con sus obligaciones de notificación.
Toño, sobrino del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, logró la séptima mejor nota entre 2.381 candidatos al entrar en el Cuerpo con 42 años. Con una nota final de más de 8,3 sobre 10, Toño destacó especialmente en las pruebas prácticas. Su primer destino fue Logroño y actualmente está en la comisaría de Miranda del Ebro, un municipio con notable actividad delictiva. Toño presumía de practicar tiro con su tío y no mantuvo un perfil bajo durante sus prácticas, lo que generó comentarios entre sus compañeros. La resolución de su nombramiento fue publicada en el BOE y firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.
En 2012, los partidos independentistas catalanes lideraron una campaña en contra de los peajes en las autopistas de Cataluña, argumentando que era un agravio para los catalanes en comparación con el resto de España. Sin embargo, ahora el Govern de Cataluña plantea la posibilidad de reintroducir un sistema de pago por uso en las carreteras de alta capacidad. La Cámara de Comercio de Barcelona ha lanzado un comunicado en el que reivindica la necesidad de implantar un sistema de pago por uso en la red viaria de altas prestaciones, de acuerdo con las directivas europeas de 'quien usa paga' y 'quien contamina paga'. La Comisión Europea obliga a los Estados miembros a tener algún sistema que repercuta en los conductores el coste del mantenimiento de las autopistas y autovías desde 2024. El levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas en 2021 ha provocado un fuerte incremento del tráfico, con un 37% de aumento en vehículos ligeros y un 55% en vehículos pesados en la AP-7. La Asociación Española de la Carretera (AEC) denuncia un déficit de inversión en conservación vial que ha pasado de 9.453 millones de euros en 2022 a 13.491 millones en la actualidad. El Govern de Salvador Illa se enfrenta a la gestión de los peajes remanentes y al mal estado de muchas carreteras.
El embajador español en la India, Juan Antonio March, solicitó al Instituto Cervantes (IC) en Nueva Delhi que actuara como intermediaria para canalizar fondos de empresas patrocinadoras sin el conocimiento ni la aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores. La directora del IC, María Gil, se negó tras consultar con su sede central en Madrid, pese a la insistencia del embajador. El consejero cultural de la embajada advirtió que la petición era 'completamente irregular' y que el IC no debía actuar como 'empresa pantalla' para estas transacciones. El informe detallado de 16 páginas sobre este episodio ha generado preocupación en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
En los meses posteriores al descubrimiento del espionaje con Pegasus al Gobierno de Pedro Sánchez, Moncloa se sumió en una ola de histeria y paranoia. Según fuentes de inteligencia consultadas por THE OBJECTIVE, las revisiones de seguridad realizadas en decenas de teléfonos móviles de asesores y personal próximo al presidente revelaron 'indicadores de compromiso' vinculados al software israelí. Sin embargo, casi cinco años después, se sospecha que muchos de aquellos positivos fueron generados de forma anómala por la rudimentaria técnica disponible en ese momento. La herramienta informática de Amnistía Internacional utilizada para analizar los teléfonos del Consejo de Ministros podría ser la causa de los falsos positivos. El incidente Pegasus desveló la falta de medios y la escasa fiabilidad de los análisis de seguridad en ese momento, lo que llevó a Moncloa a enfrentar un 'complicadísimo' escenario. Las infecciones detectadas en los móviles de Sánchez, Marlaska y Robles no fueron las únicas en las altas esferas del Gobierno socialista. La situación en Moncloa fue especialmente sorprendente, con un elevado número de dispositivos mostrando signos de infección por Pegasus. Los técnicos de inteligencia española tuvieron que utilizar una herramienta de Amnistía Internacional debido a la falta de medios adecuados para detectar y combatir posibles operaciones extranjeras. Esta herramienta, aunque inicialmente considerada efectiva, demostró tener resultados cuestionables. La crisis por Pegasus llevó a encuentros en Málaga, Madrid y Tel Aviv para contener el daño provocado por la exfiltración de datos, y Moncloa y Rabat pactaron una salida a la crisis en enero de 2022.
La denuncia por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha generado un terremoto en el Ministerio del Interior. Pese a las declaraciones del ministro Grande-Marlaska afirmando que «nadie sabía nada», diversas fuentes aseguran que la cúpula del ministerio y altos mandos policiales estaban al tanto de los hechos. La víctima ha aportado pruebas contundentes, incluyendo grabaciones que demuestran el acoso y la agresión sexual. El caso ha desencadenado una crisis de confianza en la Policía y ha puesto en cuestionamiento la gestión de los altos cargos. Sindicatos policiales han pedido la dimisión del director de la Policía y del ministro, mientras otros abogan por prudencia y respeto a la presunción de inocencia.
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