El artículo presenta un caso de nepotismo en la Policía Nacional, donde el sobrino de un ex alto cargo logra una plaza con excelentes calificaciones. La falta de discreción del protagonista durante sus prácticas y su relación familiar con el ex DAO generan controversia.
La comisión de investigación del Senado ha citado al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para el 2 de marzo, en plena campaña electoral en Castilla y León. También comparecerán Julio Martínez Martínez 'Julito', conseguidor de Zapatero y administrador de Análisis Relevante SL, el 26 de febrero, y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el 25 de febrero. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que Zapatero está 'de sospechas de corrupción hasta las cejas' y que tendrá que responder por los posibles beneficios obtenidos por el rescate de Plus Ultra y sus presuntos favores a la narcodictadura de Maduro. García ha acusado a Zapatero de ser el 'nexo corruptor' entre Sánchez y el PSOE con la narcodictadura de Maduro, y ha denunciado que el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros fue un 'negocio redondo' para el PSOE, Sánchez, Maduro y Zapatero. El PP busca esclarecer una presunta financiación irregular del PSOE y demostrar que Zapatero y Sánchez se beneficiaron del sufrimiento del pueblo venezolano y de los impuestos de los españoles.
La Comisión Europea ha amonestado al Gobierno español por imponer la baliza V16 sin notificarlo a Bruselas, incumpliendo la directiva europea 2015/1535. El dispositivo, obligatorio desde el 1 de enero de 2026, fue regulado mediante real decreto 1030/2022, publicado el 21 de diciembre de 2022. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, denunció la 'falta de transparencia' y advirtió que el Gobierno podría ingresar 300 millones de euros por el IVA de la venta de estos sistemas. La Comisión Europea recordó que 'el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE', pero que la imposición de requisitos técnicos específicos a nivel nacional puede constituir una 'medida de efecto equivalente a una restricción del comercio'. El comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, respondió a la pregunta del PP afirmando que la Comisión puede adoptar medidas de ejecución si España no cumple con sus obligaciones de notificación.
En 2012, los partidos independentistas catalanes lideraron una campaña en contra de los peajes en las autopistas de Cataluña, argumentando que era un agravio para los catalanes en comparación con el resto de España. Sin embargo, ahora el Govern de Cataluña plantea la posibilidad de reintroducir un sistema de pago por uso en las carreteras de alta capacidad. La Cámara de Comercio de Barcelona ha lanzado un comunicado en el que reivindica la necesidad de implantar un sistema de pago por uso en la red viaria de altas prestaciones, de acuerdo con las directivas europeas de 'quien usa paga' y 'quien contamina paga'. La Comisión Europea obliga a los Estados miembros a tener algún sistema que repercuta en los conductores el coste del mantenimiento de las autopistas y autovías desde 2024. El levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas en 2021 ha provocado un fuerte incremento del tráfico, con un 37% de aumento en vehículos ligeros y un 55% en vehículos pesados en la AP-7. La Asociación Española de la Carretera (AEC) denuncia un déficit de inversión en conservación vial que ha pasado de 9.453 millones de euros en 2022 a 13.491 millones en la actualidad. El Govern de Salvador Illa se enfrenta a la gestión de los peajes remanentes y al mal estado de muchas carreteras.
El embajador español en la India, Juan Antonio March, solicitó al Instituto Cervantes (IC) en Nueva Delhi que actuara como intermediaria para canalizar fondos de empresas patrocinadoras sin el conocimiento ni la aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores. La directora del IC, María Gil, se negó tras consultar con su sede central en Madrid, pese a la insistencia del embajador. El consejero cultural de la embajada advirtió que la petición era 'completamente irregular' y que el IC no debía actuar como 'empresa pantalla' para estas transacciones. El informe detallado de 16 páginas sobre este episodio ha generado preocupación en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
En los meses posteriores al descubrimiento del espionaje con Pegasus al Gobierno de Pedro Sánchez, Moncloa se sumió en una ola de histeria y paranoia. Según fuentes de inteligencia consultadas por THE OBJECTIVE, las revisiones de seguridad realizadas en decenas de teléfonos móviles de asesores y personal próximo al presidente revelaron 'indicadores de compromiso' vinculados al software israelí. Sin embargo, casi cinco años después, se sospecha que muchos de aquellos positivos fueron generados de forma anómala por la rudimentaria técnica disponible en ese momento. La herramienta informática de Amnistía Internacional utilizada para analizar los teléfonos del Consejo de Ministros podría ser la causa de los falsos positivos. El incidente Pegasus desveló la falta de medios y la escasa fiabilidad de los análisis de seguridad en ese momento, lo que llevó a Moncloa a enfrentar un 'complicadísimo' escenario. Las infecciones detectadas en los móviles de Sánchez, Marlaska y Robles no fueron las únicas en las altas esferas del Gobierno socialista. La situación en Moncloa fue especialmente sorprendente, con un elevado número de dispositivos mostrando signos de infección por Pegasus. Los técnicos de inteligencia española tuvieron que utilizar una herramienta de Amnistía Internacional debido a la falta de medios adecuados para detectar y combatir posibles operaciones extranjeras. Esta herramienta, aunque inicialmente considerada efectiva, demostró tener resultados cuestionables. La crisis por Pegasus llevó a encuentros en Málaga, Madrid y Tel Aviv para contener el daño provocado por la exfiltración de datos, y Moncloa y Rabat pactaron una salida a la crisis en enero de 2022.
La denuncia por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha generado un terremoto en el Ministerio del Interior. Pese a las declaraciones del ministro Grande-Marlaska afirmando que «nadie sabía nada», diversas fuentes aseguran que la cúpula del ministerio y altos mandos policiales estaban al tanto de los hechos. La víctima ha aportado pruebas contundentes, incluyendo grabaciones que demuestran el acoso y la agresión sexual. El caso ha desencadenado una crisis de confianza en la Policía y ha puesto en cuestionamiento la gestión de los altos cargos. Sindicatos policiales han pedido la dimisión del director de la Policía y del ministro, mientras otros abogan por prudencia y respeto a la presunción de inocencia.
La dimisión de José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, conocido como Jota, sacude la investigación judicial sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. González era una pieza clave en el entramado policial vinculado a Zapatero, gracias a su estrecha relación con Segundo Martínez, ex jefe de seguridad de Zapatero en Moncloa y actual jefe de seguridad en Huawei, y con Francisco Pardo, director de la Policía Nacional. La caída de Jota se produce tras ser denunciado por presunto delito de agresión sexual por una subordinada. Fuentes policiales creen que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, podría haber conocido los hechos, lo que ha llevado a desmontar la llamada 'cloaca policial'. La investigación sobre Plus Ultra, rescatada por el Gobierno en marzo de 2021, podría salirse del control de Zapatero. La conexión entre González y Martínez se forjó en Castilla y León, donde ambos desarrollaron parte de sus carreras. La dimisión de Jota pone en jaque el blindaje de la investigación que pretendía 'cortarle el paso a la Guardia Civil' y mantener el control en la Policía Nacional.
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