En la madrugada del 20 de marzo de 2026, la ciudad de Madrid se despertó con la noticia de que la tercera legislatura de Pedro Sánchez, la 2023‑2027, quedaría sin ningún presupuesto aprobado. La cifra, que en la democracia española jamás había ocurrido, sacude las bases mismas de la gobernabilidad.
El gobierno, sin reconocer ni reconocer su fallo, aseguró que la ausencia de presupuestos no era un descuido, sino un “aplazamiento temporal” justificado por la crisis de la guerra en Irán y el caos económico que la ha generado. Pero las palabras de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, apenas un día antes de anunciar su salida del Consejo de Ministros para dedicarse a la candidatura de Andalucía, resultaron poco convincentes.
El anuncio de su renuncia a la vuelta de Semana Santa, en un contexto donde Junts ha cerrado la legislatura hasta que Carles Puigdemont pueda regresar a España sin ser detenido, añade una capa de incertidumbre política que se siente en cada rincón del país. El calendario oficial del Gobierno se muestra tan tozudo como revelador.
El primer trimestre de 2026, el plazo máximo para presentar los presupuestos, se ha pasado por alto sin que el Congreso lo haya denunciado. El Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Constitucional, según los informes, no resolverán la situación de Puigdemont hasta mediados de año, lo que hace que el segundo semestre de 2026 ya no tenga sentido aprobar cuentas para el año en curso.
En la práctica, los gobiernos en España suelen comenzar a trabajar en los presupuestos del año siguiente con seis meses de antelación, pero en este caso la política de “no‑presupuestos” rompe con la tradición. La historia de este año no es nueva. En diciembre de 2022, Sánchez logró que sus socios aprobaran los presupuestos de 2023 sin que se sospechara la inminencia de elecciones generales en julio de 2023, tras el fracaso del PSOE en las municipales y autonómicas de mayo.
La política de retraso se ha convertido en un patrón: cuando los partidos aliados, como Junts o Podemos, se niegan a respaldar los presupuestos a meses de las elecciones, el gobierno se queda sin una plataforma fiscal. La crisis ya no es solo económica, sino constitucional, pues el Congreso ha derogado tres decretos leyes en un mes, entre finales de enero y febrero. Esta legislatura será la primera en la que el presidente haya sido elegido sin ganar las elecciones, la primera en que un líder canjee una ley de amnistía por una investidura, y la primera en que el presidente se niegue a asistir a las sesiones del Senado durante dos años.
La ausencia de presupuestos no solo afecta a la economía, sino que también cuestiona la legitimidad de la propia democracia española, dejando a los ciudadanos con la incertidumbre de si sus recursos serán gestionados con la misma responsabilidad que los que se asignan en los años anteriores, bajo la sombra de la invasión de Ucrania y la crisis energética que la acompañó.
Crítica:
El titular promete un giro dramático, pero el cuerpo se queda en la misma ambigüedad que el gobierno. La pieza carece de datos concretos sobre la repercusión económica real.
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