Crítica:
El texto reduce la complejidad histórica a un simple acto diplomático; la ausencia de fuentes y documentación hace que la historia parezca una jugada política más que una reflexión sincera.
Albares pidió perdón a México sin consultarle al Rey y sin ninguna prueba de la «leyenda negra»
Albares pide perdón a México
Otros artículos
Ana Rosa ataca a Sánchez
Ana Rosa Quintana, a sus 70 años, vuelve a lanzar su honda crítica con Pedro Sánchez, la cabeza del Gobierno, con la misma cadencia de una novela de guerra que se vuelve demasiado literal. El 20 de marzo, mientras la península española se prepara para la tensión que brotó el 28 de febrero, la presentadora encamina su editorial en ‘El Programa de Ana Rosa’ con la promesa de que el presidente se pondrá en escena 22 días después de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. La ironía se extiende cuando menciona que los asesores de Sánchez dudaban de la banda sonora, de 'Gladiator' a 'Braveheart', antes de decidirse por la composición de John Williams para ‘Superman’. En ese mismo instante, Ana Rosa señala que el Gobierno no tiene “combustible” en el Congreso, que la aprobación de un decreto ómnibus parece una carrera contra el reloj, mientras los socios de Sumar, Junts y PNV discuten la inclusión de medidas de vivienda. Con un tono que roza la hipérbole, la periodista recuerda que el presidente, autoerigido líder de la paz, ha aumentado el gasto en Defensa en 2 300 millones y ha evitado firmar una condena conjunta a los ataques de Irán. Entre sus comentarios, la referencia a Óscar Puente en Twitter y la metáfora de un oficial francés que revela la ubicación del portaaviones nuclear subrayan la crítica de que Sánchez está en “punto muerto”. A pesar de la crítica, el Gobierno finalmente presenta un paquete de medidas económicas el mismo día, reduciendo el IVA de carburantes, luz y gas natural del 21 % al 10 %, y aplicando desgravaciones especiales en la electricidad y hidrocarburos. Pero el mismo ministro, que se había comprometido a presentar los Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre, sigue sin hacerlo, dejando al Parlamento en un estado de incertidumbre. El Banco Central Europeo destaca el impacto de la guerra en la economía doméstica, mientras el Gobierno promete paliar los efectos con la propuesta de rebajas. La crónica concluye con la imagen de Sánchez, en su Peugeot, corriendo por Charles de Gaulle con la carga de la política de defensa y el presupuesto de 2027 aún sin luz, mientras Ana Rosa suelta que el Gobierno está “en reserva”.
Tragsatec: jefa renuncia tras escándalo
Un día en las oficinas de Tragsatec, Virginia Barbancho se dio cuenta de que la recién incorporada Jésica Rodríguez, la sobrina del exministro de Transportes José Luis Ábalos, no había fichado ni entregado partes de trabajo. La jefa, que había contratado a la joven en marzo de 2021 tras su paso por la estatal Ineco, empezó a recibir correos de la queja de Ignacio Zaldívar, el responsable de coordinación de Tragsatec dentro de Adif, que señalaba la falta de registro de jornada. A partir de 30 de abril de 2021, Jésica comenzó a enviar el parte horario, pero el tono de las conversaciones internas reveló que Barbancho la había forzado a “hacer muchas cosas” sin ofrecer supervisión real. El mensaje de Barbancho del 21 de abril, en el que decía: “Desde hace un par de semanas que no tengo ningún contacto con ella”, mostró que la jefa había perdido el control sobre la supervisión de su subordinada, a pesar de que Adif, presidida en ese momento por Isabel Pardo de Vera, estaba ejerciendo presión sobre la empresa pública para mantener la presencia de Rodríguez. El informe interno, emitido en 2021, no sólo confirma la falta de supervisión, sino que incluye correos que reconstruyen la cadena de eventos. Entre las irregularidades se citan la omisión de la entrevista técnica obligatoria y las incidencias repetidas en el registro horario. Jésica, que recibió 9 500 euros en su primer sueldo a pesar de no haber trabajado, se convirtió en objeto de críticas, con la jefa insistiendo en que rellenara los partes de trabajo mientras la joven alegaba problemas con la extranet. En un extracto, la joven solicitó descuentos en comida, pero Barbancho le recordó que los fichajes generaban los cheques restaurante y que “si no hay fichajes, no hay cheques”. En mayo, un correo de Zaldívar alegaba que “hay un tal Sergio Bote molestado a Jésica, que lo paren”, insinuando que el controlador financiero y de personal de Tragsatec estaba involucrado en el caso. Cuando Barbancho interrogó a Zaldívar, la respuesta fue de indiferencia y risa, como si la situación no importara. La falta de seguimiento culminó cuando la jefa de Jésica, en julio, declaró en la Audiencia Nacional que los gerentes le habían dicho que dejara de acosar a la joven. Ese mismo mes, la Audiencia Nacional examinó a Pardo de Vera por presunto enchufe de la expareja de Ábalos en una empresa pública y por irregularidades en adjudicaciones de obra. El caso, que ha sido catalogado bajo el nombre de “Caso Koldo”, muestra la complejidad de los contactos que se generan entre las empresas públicas y los funcionarios. Jésica Rodríguez, que había permanecido en plantilla durante seis meses, se vio envuelta en una trama de nepotismo y falta de control, mientras que la jefa, Virginia Barbancho, se vio obligada a negociar con Adif y la presión de la administración para mantener la imagen de Tragsatec. El escándalo sigue alimentando el debate sobre la rendición de cuentas en las entidades públicas.
Zona Roja: El fracaso del altavoz digital
En una tarde de lluvia sobre Madrid, el PSOE lanzó Zona Roja con la promesa de un altavoz digital que resonaría en el pulso de la política. Se imaginó un canal de luz y sonido, con un plató propio, personal contratado y la credibilidad de la marca socialista. El primer plano era la audacia: más de medio año de producción y la expectativa de superar las 2.000 reproducciones por vídeo. El resultado, sin embargo, se quedó en la sombra. Apenas 600 suscriptores en YouTube. Seis meses de contenido, nada más que un número que se repite en la pantalla cuando el contador se detiene. Ningún episodio ha cruzado la barrera de las 2.000 vistas, una cifra que, si bien puede parecer modesta, es casi insignificante frente a la magnitud de la campaña de un partido con ambición nacional. Los vídeos se transmiten a través de la app del PSOE, se insertan en la web partidaria y se comparten en redes sociales, pero la audiencia sigue siendo una microcarga. El fracaso no ha logrado calmar el entusiasmo de la dirección. En vez de replantear el formato, el partido recurre a fichajes. Blanca Iborra, la concejal que se alista para liderar nuevos formatos, promete atraer a un público joven, acostumbrado al consumo rápido y visual. Mientras tanto, el canal ha contado con la presencia de ministros en activo como Isabel Rodríguez y Óscar López, y candidatos a elecciones autonómicas, en un intento de dotar al contenido de relevancia política. El proyecto, inspirado por la idea original de Pablo Iglesias para dar respaldo mediático a Podemos, se ha replicado en casi todos los partidos, salvo el Partido Popular. Pero la realidad es que los medios vinculados a partidos en los extremos ideológicos son los que mejor funcionan: Woke Up News, estrechamente relacionado con Más Madrid, y el ecosistema de Vox con su proyecto Bipartidismo, ambos diseñados para captar la atención de una audiencia joven. Zona Roja, con abundancia de recursos y un ecosistema institucional, ha quedado en el olvido, incluso para los medios locales que podrían haber encontrado valor en sus apariciones. La lección es clara: la batalla electoral se libra en la red y en el corazón de las generaciones más jóvenes. Pero cuando la estrategia se basa en la palabra y la producción sin conexión real, el altavoz se vuelve un eco vacío. El canal es un recordatorio de que la tecnología no sustituye la autenticidad. La audiencia exige contenido que hable de sus inquietudes, no de los discursos planificados en un estudio. El PSOE, al lanzar Zona Roja, parece haber invertido en la idea más que en la ejecución, y el resultado es un mensaje que se pierde entre el ruido digital.
Presupuestos: una ausencia histórica
En la madrugada del 20 de marzo de 2026, la ciudad de Madrid se despertó con la noticia de que la tercera legislatura de Pedro Sánchez, la 2023‑2027, quedaría sin ningún presupuesto aprobado. La cifra, que en la democracia española jamás había ocurrido, sacude las bases mismas de la gobernabilidad. El gobierno, sin reconocer ni reconocer su fallo, aseguró que la ausencia de presupuestos no era un descuido, sino un “aplazamiento temporal” justificado por la crisis de la guerra en Irán y el caos económico que la ha generado. Pero las palabras de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, apenas un día antes de anunciar su salida del Consejo de Ministros para dedicarse a la candidatura de Andalucía, resultaron poco convincentes. El anuncio de su renuncia a la vuelta de Semana Santa, en un contexto donde Junts ha cerrado la legislatura hasta que Carles Puigdemont pueda regresar a España sin ser detenido, añade una capa de incertidumbre política que se siente en cada rincón del país. El calendario oficial del Gobierno se muestra tan tozudo como revelador. El primer trimestre de 2026, el plazo máximo para presentar los presupuestos, se ha pasado por alto sin que el Congreso lo haya denunciado. El Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Constitucional, según los informes, no resolverán la situación de Puigdemont hasta mediados de año, lo que hace que el segundo semestre de 2026 ya no tenga sentido aprobar cuentas para el año en curso. En la práctica, los gobiernos en España suelen comenzar a trabajar en los presupuestos del año siguiente con seis meses de antelación, pero en este caso la política de “no‑presupuestos” rompe con la tradición. La historia de este año no es nueva. En diciembre de 2022, Sánchez logró que sus socios aprobaran los presupuestos de 2023 sin que se sospechara la inminencia de elecciones generales en julio de 2023, tras el fracaso del PSOE en las municipales y autonómicas de mayo. La política de retraso se ha convertido en un patrón: cuando los partidos aliados, como Junts o Podemos, se niegan a respaldar los presupuestos a meses de las elecciones, el gobierno se queda sin una plataforma fiscal. La crisis ya no es solo económica, sino constitucional, pues el Congreso ha derogado tres decretos leyes en un mes, entre finales de enero y febrero. Esta legislatura será la primera en la que el presidente haya sido elegido sin ganar las elecciones, la primera en que un líder canjee una ley de amnistía por una investidura, y la primera en que el presidente se niegue a asistir a las sesiones del Senado durante dos años. La ausencia de presupuestos no solo afecta a la economía, sino que también cuestiona la legitimidad de la propia democracia española, dejando a los ciudadanos con la incertidumbre de si sus recursos serán gestionados con la misma responsabilidad que los que se asignan en los años anteriores, bajo la sombra de la invasión de Ucrania y la crisis energética que la acompañó.
Plan anticrisis: ¿Invitación o carga?
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García‑Page, se lanzó a la escena del Consejo de Ministros con la misma rapidez que un árbitro que, al ver la falta de tiempo, decide marcar un penal en la última jugada. En la tarde de viernes, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez preparaba su respuesta a la crisis provocada por la guerra en Irán, García‑Page alzó la voz en un discurso que resonó más que el eco de un gran estadio. Con la destreza de quien ha presidido el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, recordó que la autonomía no había sido consultada para redactar el plan anticrisis, y que los ciudadanos estaban a punto de convertirse en simples invitados a un banquete donde el rey, el Estado central, ya había decidido el menú. «No sé qué va a pasar, no sé si lo saben ni siquiera en Madrid», dijo el mandatario autonómico, al tiempo que señaló que el Consejo de Ministros todavía no se había reunido, atrapado en un tira y afloja que, según él, dejaba a la nación en un limbo. Su crítica se volvió más aguda cuando recordó la crisis de Ucrania, donde la caída de ingresos en Castilla-La Mancha supuso una pérdida de más de 400 millones de euros por decisiones tomadas sin su consentimiento. Esa cifra, cargada de peso político, quedó como una huella indeleble en la memoria de la región. El presidente profundizó en la cuestión del IVA y del impuesto sobre carburantes, subrayando que el 58 % de la recaudación de estos tributos va directo a las autonomías. “Si se toman medidas en el Real Decreto y se invitan a los demás a pagar, se amenaza directamente la financiación de la sanidad, la educación y las prestaciones sociales”, sostuvo con la firmeza de quien sabe que la crisis financiera de las comunidades autónomas es un retraso monumental. El tono fue claro: el Estado central debe financiarse con sus propios recursos cuando las decisiones afectan a las finanzas públicas. Finalmente, García‑Page pidió un consenso social amplio en España para que las medidas nacidas de la esfera internacional se conviertan en soluciones nacionales, evitando que la crisis se interiorice y se vuelva más corrosiva. Con un mensaje que resonó como un tambor en la noche, el presidente concluyó: "Hemos de garantizar que la carga no recaiga sobre los hombros de quienes no tienen la autoridad para decidirlos". Este episodio, que se desarrolló en medio de la tensión política y económica, pone en relieve la brecha entre el gobierno central y las autonomías, y la urgente necesidad de diálogo y transparencia antes de que la crisis se convierta en un nuevo capítulo de resentimiento fiscal en España.
Sumar bloquea decreto, Sánchez cede
El reloj marcó las 11:30 y la sala del Palacio de la Moncloa se quedó vacía, pues los cuatro ministros de Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz se habían negado a entrar hasta ese momento. El motivo: la falta de dos medidas que, según la coalición, eran indispensables para que el plan anticrisis no se convirtiera en un mero alivio fiscal. La primera, la prórroga de los plazos de los alquileres que vencen en cinco años, que impediría un salto desmedido en la vivienda; la segunda, la imposición de topes a los márgenes empresariales. El 20 de marzo de 2026, la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros se transformó en un espectáculo de tensión política. Mientras el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, buscaba dividir el decreto en dos textos, Sumar exigía que la reforma fuese pública, y los medios reportaron desde la propia mesa de la vicepresidenta que el partido había decidido “no entrar” a la sesión. La imagen de la negativa se volvió viral y, hasta la hora de 12:58, el despacho de la Moncloa mostraba a los ministros en un silencio incómodo. El contexto no era ajeno a la debilidad electoral. En Castilla y León, los resultados del último congreso minaron la credibilidad de los socios minoritarios, y la sucesión de Díaz se vio ensombrecida por la falta de claridad sobre su sustituto. Además, el ministro de Economía, Pablo Bustinduy, se negó a ocupar la sede vacante, mientras los contactos de Félix Bolaños con los grupos parlamentarios intentaban sondar el apoyo antes de la votación. El plan anticrisis, que incluye una bajada del IVA de los carburantes al 10 %, se ha convertido en un punto de partida para un debate más amplio. El PSOE advierte que un decreto ambicioso sin la aprobación de Junts, liderado por Carles Puigdemont, sería inútil. Sumar, por su parte, ha presionado para que las medidas de vivienda se incluyan en el segundo real decreto ley, aunque se anticipa que la Cámara Baja las derogue. En la última hora, el Gobierno ha logrado una concesión: un segundo real decreto ley con medidas de vivienda, aunque su supervivencia en el Congreso sigue siendo incierta. La escena se cierra con la idea de que el relato político será más importante que los textos en sí, y que la coalición de Sumar permanece como el eje que sostiene la balanza de poder en la Moncloa.
Crédito de 5.988 millones: la crisis catalana
El sol se cuela a través de las nubes grises que cubren la capital catalana, mientras Salvador Illa, presidente de la Generalidad, se ve obligado a pedir un suplemento de crédito de 5.988 millones. No es la primera vez que el gobierno de la región recurre a este mecanismo; es el séptimo suplemento solicitado desde su llegada al poder en 2021. La falta de presupuestos actualizados ha generado una cadena de incumplimientos que obligan a financiar el pago de nóminas, el aumento de sueldos y la cobertura de gastos urgentes. En la misma noche, los Mossos d'Esquadra y los sindicatos CCOO y UGT llegaron a un acuerdo para elevar el salario base de sus agentes en 4.000 euros anuales, y los docentes obtendrán una subida de 3.000 euros. Los sindicatos mayoritarios, con inclinación separatista, se han opuesto a la cifra, manteniendo una huelga de una semana que ha bloqueado carreteras y paralizado el transporte. La paralización se suma a la huelga de médicos que se celebró el jueves y viernes, generando un caos administrativo sin precedentes. El sector público no solo enfrenta la presión de los salarios, sino también la de la peste porcina africana y el colapso del transporte ferroviario. En medio de esta tormenta, ERC forzó la retirada de los presupuestos autonómicos que Illa había presentado al Parlamento, sin contar con la aprobación de los republicanos. Esta maniobra dejó a la Generalidad sin cuentas y sin posibilidad de negociar el IRPF, la fuente principal de ingresos. El presupuesto original de Illa contemplaba un aumento de 9.126 millones, alcanzando un total de 49.162 millones, una cifra récord que se vio reducida en 1.500 millones tras la retirada de las cuentas. Para cubrir el déficit, la Generalitat recurre al crédito, que además se destina al gasto farmacéutico y a las ayudas al alquiler. La situación se complica con la inminencia de las elecciones andaluzas, pues ERC exige el traspaso total de la gestión del IRPF, algo que Pedro Sánchez y María Jesús Montero han rechazado. En consecuencia, la figura de Salvador Illa se ve cada vez más debilitada, mientras los negociadores del PSC y ERC afirman estar dispuestos a llegar a un acuerdo. Sin embargo, la incertidumbre persiste y el futuro de los presupuestos catalanes sigue sin estar claro.
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