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Hasta 20.000 menas y extutelados podrían beneficiarse de la regularización masiva del Gobierno

Menas y extutelados, la nueva ola

politica Una avenida urbana con carteles de "Regularización" y jóvenes de diversas etnias mirando pasaportes, sin rostros, con la sombra de edificios modernos y luces de neón que reflejan la tensión de la migración

La regularización masiva de Pedro Sánchez no es un simple expediente de inmigración; es una especie de buffet de oportunidades para un sector que ha crecido más rápido que la espuma de una cerveza. En septiembre de 2025, 20 116 menas y extutelados, de 16 a 23 años con autorización de residencia vigente, se alinean como los últimos puestos de la fila de la Renta.

Es un 155,3 % más que los 7 878 de junio de 2021, lo que deja a la nación con 12 238 jóvenes extranjeros solos que no saben si están en la lista de la compra o en la lista de espera de un banco. La edad media de estos veinte mil es de 19 años, una cifra que suena tan fresca como una bebida sin azúcar el lunes por la mañana.

El 6 % son mujeres, el resto son hombres que se han convertido en el nuevo pilar de la economía informal. En cuanto a nacionalidades, Marruecos sigue siendo la reina del trono con 10 921, seguida de Gambia (2 567), Argelia (2 063), Senegal (1 680) y Mali (580). En 2021, los marroquíes representaban el 76 % del total; hoy, el 54 %. Los 16‑17 años, que en 2021 eran el 27 % (2 158) de la franja, se han disparado al 17 % (3 510) en 2025, un aumento del 62,7 %.

Pero el crecimiento en la franja de 18‑23 años es el verdadero espectáculo: 190,3 % más, de 5 720 a 16 606. Y aunque el 97 % de los menores de 17 años ya tiene permiso temporal para residir y trabajar, la realidad laboral es un laberinto sin salida, porque la tarjeta de residencia no reconoce explícitamente ese derecho. El gobierno abre la puerta a los que llegaron antes de diciembre de 2025; los ucranianos, refugiados de la guerra de 2022, son los únicos que quedan fuera.

El desconcierto que provocó la decisión es tan grande que se podría usar como salsa para la paella de la política. Cuando el gobierno promete regularizar, la realidad es que la inclusión se convierte en un juego de exclusiones. Y la excepción de los ucranianos demuestra que la política de “regularización” es tan selectiva como un club de barrio con lista de espera.

Vía: libertaddigital.com coments compartir
Noticias>Politica>10-Apr-2026>menas_y_extutelados_la_nueva_ola

Crítica:

Falta profundizar en el impacto social real. El título suena grandilocuente sin mostrar el trato desigual.

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Paqui, el payaso de la tarjeta

En la gran ópera de los gastos del PSOE, la Paqui se ha convertido en el escenario principal. El escenario: una tarjeta que, como una nevera de supermercado, se llena sin parar de facturas de lujo. Y el público: el UCO, ese comisionado de la cúpula que, con la misma precisión de un cajero en hora punta, sigue la pista de los cargos que, en teoría, deberían haber sido para obras públicas. El primer acto: El Corte Inglés. Allí la Paqui, o Francisca Muñoz, la esposa del secretario de organización del PSOE y la muñequera del Gobierno de Pedro Sánchez, se desliza entre los pasillos de la tienda como si fuera una tarjeta de fidelidad de la era dorada. Los vendedores, según el UCO, la conocían “todos los vendedores del Corte Inglés”, porque el volumen de gastos que cargó a la tarjeta de Servinabar, la compañía que el 45 % la tiene en propiedad el propio Santos Cerdán, superaba la lista de la compra de cualquier familia que haya visto un buffet de cinco estrellas. La segunda escena: el restaurante. Entre el 08/02/2022 y el 27/01/2024, la Paqui dejó 49 fichas en el Restaurante Sazadón, con un total de 7 470 €. Ese restaurante, a 170 metros de la residencia de Santos en la calle Hilarión Eslava 32, se convirtió en el club de la semana para los dos. Pero la fiesta no se quedó en Madrid. Se registraron 188 € en Maquiavelo de Sevilla, 48 € en La Buganvilla de Málaga, 37 € en La Clásica de Málaga, 204 € en El Tigre de Amparo de Sevilla y 15 € en Pisco Tapas de Sevilla. Entre los 16 pagos que sumaron 1 795 € en Ibiza, la Paqui también dejó su huella en el restaurante Saona de Dénia, el Restaurante Olivo en Milagro y en varios locales de Tenerife. El tercer acto: la sospecha. El UCO, sin entrar en un análisis individual de cada transacción, concluye que la tarjeta era el conducto de pagos a Santos Cerdán y su círculo. La evidencia llega incluso a un chat entre Antxon Alonso y su mujer Karmele Atutxa, donde se expresa preocupación por los “gastos desmedidos” de la Paqui. Y así, la tarjeta que supuestamente debería haber sido un medio de pago para obras públicas, se convierte en la lista de la compra de un desfile de cenas y compras de lujo. El espectáculo termina con la pregunta inevitable: ¿Quién paga realmente la factura? La respuesta, según el UCO, es la misma persona que se supone que debería estar pagando las obras públicas: la Paqui y su esposo, con la tarjeta de Servinabar como puente invisible entre la política y el consumo ostentoso.

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Algeciras: Yihadista, no terrorista, gana 30 años

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¿La multa V-16 es un fraude?

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Un centro logístico moderno con cables y mapas digitales de Gaza, una bandera española rota colgando de un poste, un edificio militar de estilo austero y sombras que sugieren tensión política.

España chasquida del plan de Gaza

El 24 de octubre, cuando el CMCC de Kiryat Gat abrió sus puertas como un almacén de esperanza para Gaza, el gobierno de Israel decidió cerrar la puerta a España con la elegancia de un cerrojo de seguridad. La excusa: la supuesta "obsesión antiisraelí" del gabinete de Pedro Sánchez. En la práctica, la expulsión fue una puja de poder que se vendió a la prensa como un ataque a la diplomacia, pero que en realidad es un golpe de estado a la participación internacional. Netanyahu, junto a su ministro de Exteriores Gideon Saar—dos figuras que nunca dejan de girar la rueda de la política—afirmó que el sesgo antiisraelí de Moncloa «impide una actuación constructiva» y, por extensión, amenaza la seguridad estratégica en plena guerra contra Irán. El discurso, tan afilado como un cuchillo de chef, fue enviado a la mesa de los 50+ países que forman el mismo centro de coordinación. La cifra no es un número, es un puñado de voces que ahora están en la lista de invitados de un club exclusivo. El plan de paz, que se diseñó bajo la administración de Donald Trump y que debería haberse activado cinco días después de la firma de un acuerdo mediado por EE. UU., tiene un marco temporal que ya se vio afectado por la expulsión. El CMCC, concebido para gestionar la posguerra y la reconstrucción de Gaza, se enfrenta ahora a la ausencia de España, un país que, según Israel, no puede actuar de forma leal en la rehabilitación de infraestructuras. Mientras tanto, la retórica de Moncloa, que se ha visto teñida por una coalición que, según los rumores, favorece al ala más radical, ha convertido a España en un espectador en un escenario donde la diplomacia debería ser la protagonista. El resultado: un aislamiento internacional que deja a la diplomacia española en una posición de irrelevancia. En la calle, el despido de España es como quitarle la llave a un vecino que está en medio de una tormenta: la puerta se cierra, la lluvia sigue cayendo y el barrio entero se queda sin un punto de apoyo. La hipocresía del juego político es tan evidente que los que lo siguen no pueden evitar sonreír con ironía mientras el mundo observa.

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PSOE al fuego: culpable, no la Junta

La noche del 18 de enero, la estrella de un AVE se apagó sobre la vía de Adamuz, dejando 46 almas en la oscuridad y un debate más que un cuento de hadas. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha puesto la silla de la culpa en la mesa, su ministro de Transportes, Óscar Puente, cambió la versión del suceso como si fuera la última edición de una revista de moda. La Guardia Civil, con la diligencia de un chef que revisa la receta, descubrió que la vía se rompió 24 horas antes, y que la lista de irregularidades que desembocó en la tragedia era más larga que la lista de la compra de un supermercado de barrio. El PSOE, como un vendedor con la boca llena, intenta pasar la culpa a la Junta de Andalucía, que según la lógica del partido no tiene nada que ver con el mantenimiento de las vías del AVE –eso se gestiona con Adif, la empresa pública que pertenece al Ministerio de Transportes. El político de Cádiz, María Jesús Montero, acusa a Juanma Moreno de “ocultar” la responsabilidad del 061 y 112, como si fuera un truco de magia en la calle. La Junta, con la calma de un barista que reparte café sin prisa, responde que la maniobra del PSOE es una “cortina de humo” que busca cubrir la propia “gravísima responsabilidad” del ministro. Antonio Sanz, con la voz de un fiscal de la calle, se niega a debatir con la Asociación de Víctimas y califica la actuación de los servicios de emergencias como “perfecta”. Se defiende diciendo que el 112 no se cayó, sino que simplemente duplicó los efectivos, y que las llamadas se anotaron en papel porque el sistema se estrelló como un coche sin frenos. Mientras tanto, Óscar Puente elogia a los profesionales de emergencias, como si hubiera un premio de la buena onda, intentando, con la sutileza de un político bajo presión, redirigir la atención de la tragedia a un discurso electoral. En esta novela de la política, la verdad se oculta detrás de llamativos titulares y la culpa se vende como un paquete de chicles de sabor. La gente, con la paciencia de quien espera el bus en la esquina, se pregunta si la culpa se ha trasladado a la Junta o si el gobierno sigue sin decir quién perdió la llave del tren.

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Ingreso Mínimo Vital Dispara

Las largas colas en las oficinas de la Seguridad Social en Baleares eran solo el comienzo. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha disparado un 17% en las islas, llegando a 9.441 hogares y 28.831 beneficiarios en marzo. Esto supone un incremento del 17,43% en el número de hogares y del 17,87% en los beneficiarios en comparación con el mismo mes de 2025. La cifra es equivalente a llenar un estadio de fútbol con personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas. El IMV es una prestación económica de la Seguridad Social diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, y en Baleares, el 69,94% de las familias beneficiarias del IMV conviven con menores. El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, y en marzo, 6.303 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 137,19 euros por menor y de 66,70 euros por hogar con menores. La cuantía media de la prestación del IMV en marzo ha sido de 534,20 euros al mes por hogar, y la nómina actual supera los 5,6 millones de euros. En cuanto al perfil de quienes perciben la prestación en las Islas, 5.722 titulares del IMV son mujeres frente a 3.719 hombres, y la edad media de la persona titular se sitúa en 46,48 años. En cuanto al origen, 6.639 son nacionales y 2.800 extranjeros. El interés por una pensión contributiva tiene presencia mínima en estas colas, y en apariencia física, los candidatos a pedir su jubilación apenas alcanzan el 10%. Todo lo demás que figura en las pacientes colas son inmigrantes de toda procedencia y mayoritariamente son mujeres. El IMV es una prestación que busca prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, pero también es un reflejo de la realidad económica y social de las Islas Baleares. La pregunta es, ¿qué pasa con los que no están en estas colas? ¿Qué pasa con los que no tienen acceso a esta prestación? La respuesta es simple: están en la calle, luchando por sobrevivir. El IMV es un paliativo, pero no es la solución. La solución es crear empleo, es crear oportunidades, es crear un futuro para los que viven en las Islas Baleares. Mientras tanto, las colas seguirán creciendo, y el IMV seguirá siendo una necesidad para muchos.

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