La Comisión Europea rechaza desde 2004 las regularizaciones masivas y exige informes que Sánchez no entrega

Sánchez ignora el veto europeo

politica Ilustración abstracta de un documento oficial sellado con un timbre rojo en un escritorio de madera antigua. Al fondo, siluetas borrosas de edificios gubernamentales europeos bajo un cielo gris. Líneas de texto flotantes que dicen "advertencia 2004" y "sin comunicación". Estilo documental, sin rostros humanos, iluminación dramática.

La Comisión Europea tiene una cabeza de madera, pero el Gobierno de Pedro Sánchez parece la de madera de esparto. Desde 2004, las sirenas de Bruselas suenan. Dos mil cuatrocientos, la fecha que escribió en el muro de la advertencia inicial. "No deben considerarse instrumentos estructurales de gestión migratoria", concluyó.

Tres palabras que España guarda en un cajón de cristal. El efecto llamada es real, una trampa que se cierra sobre un millón de personas y sus familias. La Comisión advirtió en 2006 que los Estados deben comunicar medidas nacionales. Una regla de oro que el Gobierno de Pedro Sánchez ignora.

En 2009, la CE convino que las regularizaciones "deben limitarse" y estudiarse "caso por caso". Nada de eso en los papeles de España. Confirmaron que "la Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial de España". Silencio de órgano administrativo, casi criminal. Alberto Núñez Feijóo confirmó también este viernes la preocupación que existe entre sus colegas.

Muchos colegas europeos me han trasladado su preocupación por la regularización masiva que está impulsando nuestro país. El Gobierno la aprobará vía Real Decreto, sin tener en cuenta siquiera el dictamen del Consejo de Estado. Como ya ocurrió en el caso de la reforma constitucional para blindar el aborto, sobre la que advirtieron asegurando que debería hacerse por el procedimiento agravado.

La media ni siquiera se debatirá en el Congreso, donde se ha votado en contra de este tipo de regularizaciones masivas. Bruselas recuerda que la UE cuenta con normas claras que deben respetarse. Si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia.

Las autoridades nacionales deben actuar con un espíritu de cooperación leal para que esto ocurra rápidamente.

Crítica:

El texto omite el impacto social humanitario para centrarse en la burocracia, priorizando la letra pequeña sobre la persona.

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