Crítica:
El artículo es tendencioso y no aporta suficiente contexto sobre la investigación. La resolución del juez Peinado es un paso importante, pero no es el final del caso.
El juez Peinado procesa a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa por cuatro delitos
Gómez procesada por corrupción
Otros artículos
Israel vs España
En el juego de la geopolítica, donde las palabras son armas y las acciones son balas, Israel ha decidido disparar contra España por la quema de un muñeco de siete metros de Benjamin Netanyahu en la localidad de El Burgo, Málaga. Este domingo de resurrección, la tradición de la quema del Judas se convirtió en un acto de protesta contra la política del primer ministro israelí, con la efigie siendo volada con casi 14 kilogramos de petardos de pólvora. El Gobierno de Israel ha convocado a la encargada de negocios española, Francisca Pedrós Carretero, para expresar su malestar y denunciar lo que consideran un acto de odio antisemita. Sin embargo, detrás de esta protesta, late la hipocresía de un gobierno que busca desviar la atención de sus propias acciones. La decisión de quemar el muñeco de Netanyahu no es más que una expresión del descontento de la población española con la política del gobierno israelí, y el silencio del gobierno español es solo un reflejo de la complejidad de la situación. Mientras tanto, la población de El Burgo celebraba la tradición de la quema del Judas, un acto que se ha convertido en un símbolo de protesta contra la guerra y el genocidio. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí? ¿Es la defensa de la dignidad de un líder político o la manipulación de la opinión pública para desviar la atención de los verdaderos problemas? La respuesta, como siempre, está en la sombra, esperando a ser descubierta. La quema del muñeco de Netanyahu es solo un síntoma de un problema más grande, un problema que requiere una solución más profunda que la simple condena de un acto de protesta. El gobierno israelí debe reflexionar sobre sus acciones y considerar el impacto que tienen en la comunidad internacional. La quema del muñeco de Netanyahu es un recordatorio de que la política es un juego de espejos, donde la verdad se distorsiona y la realidad se manipula. Pero, al final, la verdad siempre sale a la luz, y es entonces cuando podemos ver la hipocresía y la manipulación para lo que son.
Marruecos: el nuevo aliado de EE.UU.
Cuando la prensa parece haber perdido el compás, el rumor de una cumbre entre Estados Unidos y Marruecos en Washington, a la que se le añade un toque de ‘cena de gala’ al margen de la discusión sobre Rota y Morón, resulta casi como un episodio de un telenovela de la vida real. El 2024 se abre una nueva página en el libro de la defensa que no necesita un subtítulo: la alianza Marruecos‑EE. UU. se vuelve la nueva receta de la política exterior, y el drama de las bases españolas se escribe en mármol y cartón postal. El encuentro, bajo el paraguas del Comité Asesor de Defensa (DAC), se celebra en diciembre de 2024, con la última reunión en Rabat en mayo de 2024. Este comité, que se reúne bienalmente entre Washington y Rabat, ha estado afinando una hoja de ruta 2020‑2030 que promete modernizar las Fuerzas Armadas marroquíes, mejorar la interoperabilidad y planear ejercicios como el “African Lion”. El nombre que suena a león es, de hecho, la promesa de un entrenamiento que no se ve en las revistas de la defensa. El viajero de Washington, Bryan J. Ellis, subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos Africanos, se fue a Marruecos en enero para inspeccionar la base aérea Ben Guerir, construida por EE. UU. en 1951. Esa base, que podría ser la “caja de herramientas” de la nueva alianza, está preparada para recibir tropas que no tienen que pasar por la burocracia de la OTAN. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Trump y sus círculos están evaluando la idea de mover las fuerzas de Rota y Morón a países más “colaborativos”. Rota, con su infraestructura aerotransportable y su rol en el escudo antimisiles, es un activo tan valioso que trasladarlo a Marruecos requeriría más que un cambio de dirección; sería una especie de “cambio de coche sin licencia”. La base española, con décadas de inversión, no puede reemplazarse simplemente con una nueva ubicación en el Estrecho. El conflicto no es sólo militar. Los desacuerdos entre Trump y el presidente español Pedro Sánchez, sobre gastos de defensa y la prohibición de usar instalaciones militares españolas contra Irán, se mezclan con la preocupación de que la España cercana a China pueda ser una “puerta de entrada” para la influencia china en el Atlántico. En medio de este drama, la cumbre de Washington se presenta como un “sablazo” en la factura de la política exterior de EE. UU., una maniobra que busca afilar la relación con Marruecos mientras se mantiene la distancia con España. La ironía de la situación es que, mientras Marruecos se prepara para ser el nuevo aliado, España se ve al borde de un debate que podría terminar con la retirada de tropas. ¿El resultado? Un juego de ajedrez donde los peones son bases militares y el rey la política de defensa a largo plazo, y donde cada movimiento cuesta millones de dólares y cientos de vidas en la lógica de la geopolítica.
Votos a la venta
Imagina que estás haciendo la lista de la compra, pero en lugar de leche y pan, el Gobierno de Pedro Sánchez está comprando votos. Con un contrato de 1,7 millones de euros, el Ministerio de Justicia quiere agilizar la concesión de la nacionalidad española a 2,3 millones de 'nietos del exilio'. Pero, ¿qué hay detrás de esta iniciativa? La reforma de la ley de Memoria Democrática de 2022 permite a hijos y nietos de emigrantes españoles solicitar la nacionalidad, y el Gobierno está dispuesto a gastar una pequeña fortuna para asegurarse de que estos nuevos ciudadanos puedan votar en las próximas elecciones. La oposición critica esta maniobra, calificándola de 'reemplazo electoral' encubierto. Mientras tanto, la consultora Neoris España SL se lleva el contrato para mejorar los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia, con un plazo de ejecución de dos años. La cuestión es, ¿quién se beneficia realmente de esta medida? Los nietos de emigrantes que salieron de España sin motivaciones políticas antes de la Guerra Civil también pueden optar a la nacionalización, según una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. La hermana del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Sofía Puente, fue la encargada de firmar esta orden. En resumen, el Gobierno está dispuesto a gastar dinero para asegurarse de que estos nuevos ciudadanos puedan votar, pero ¿a qué precio? La nacionalidad española se está convirtiendo en un commodity, y el valor de la ciudadanía se está depreciando. La pregunta es, ¿qué pasará con los verdaderos exiliados, aquellos que tuvieron que huir de España por motivos políticos? ¿Se les olvidará en el camino? La respuesta, como siempre, está en la política. El Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, está detrás de esta iniciativa, y el contrato con Neoris España SL es solo el comienzo. La cuestión es, ¿dónde se detendrá esta carrera por la nacionalidad? Solo el tiempo lo dirá.
Sánchez juega con fuego
La regularización de inmigrantes no es solo una medida humanitaria, sino un movimiento político maestro. El gobierno de Pedro Sánchez busca reforzar su perfil ideológico, dividir a la derecha y absorber a la izquierda. Con una posible afectación a entre 500.000 y 1,2 millones de personas, esta decisión políticamente cargada llega en un momento crucial, cuando la izquierda alternativa está fragmentada y la derecha se debate entre endurecer su discurso migratorio y abrir espacio a Vox. Mientras, el PSOE se presenta como el defensor de la agenda progresista, capitalizando la medida y enviando mensajes a su propio espacio ideológico. La maniobra también tiene un componente internacional, reforzando la imagen de Sánchez como una voz singular en Occidente, más cercana a las tesis humanitarias. En el fondo, la regularización se ha convertido en una de las decisiones más delicadas de la legislatura, no solo por su impacto jurídico o social, sino porque permite al gobierno ordenar medio tablero de un plumazo: reforzar perfil ideológico, absorber a su izquierda, tensar a la derecha y devolver el debate político al terreno de confrontación moral y de bloques. Con Andalucía en el horizonte electoral, el cálculo es aún más valioso. La operación encaja con el relato internacional que Sánchez lleva meses construyendo sobre sí mismo, más cercana a las tesis humanitarias y a la sensibilidad política del llamado Sur Global. La derecha, por su parte, ve en la medida una lógica de largo plazo vinculada al futuro demográfico y electoral del país, una teoría que el gobierno descarta como 'argumentario conspiranoico'. La batalla ideológica inmediata y la lectura a largo plazo reflejan hasta qué punto ambas partes entienden que el debate trasciende ya la política migratoria. En resumen, la regularización es un movimiento político que busca reordenar el tablero, con el PSOE como principal beneficiario. La pregunta es, ¿a qué costo para el país y para los inmigrantes?
Sánchez, el ladrón del IRPF
Pedro Sánchez se pavonea con una cifra que hace temblar la billetera de cualquier español: 325.356 millones de euros cobrados en 2025, sin contar la cotización social que, de la misma manera, se dispara a 180.000 millones. El presidente que juró nunca subir los impuestos a los trabajadores se ha convertido en el héroe de la recaudación, casi duplicando el IRPF de 2017. La cifra de 77.038 millones en 2017 se ha disparado a 142.466 millones, un aumento de 65.428, equivalente a casi un IRPF entero y un 84,9 % de incremento. Mientras la inflación solo sube un 24,7 %, el IRPF se dispara 3,4 veces más que la subida del costo de vida, como si la gente pagara por el precio de la vida y el gobierno cobrara el precio de la vida. El Impuesto sobre Sociedades también se ha convertido en un verdadero juego de suma cero: de 23.143 millones en 2017 a 42.266 millones en 2025, un salto del 82,6 %. El IVA pasa de 63.647 a 99.532 millones, un aumento de 35.885 millones. Los Impuestos Especiales suben 2.775 millones, de 20.308 a 23.083. Y eso sin contar la Seguridad Social, que en 2017 sacó 125.967 millones de los bolsillos de empleadores y empleados, y en 2025 ya estima 180.000 millones, un incremento de 54.033 millones. En total, la recaudación tributaria pasa de 198.101 millones en 2017 a 325.356 millones en 2025, un salto de 127.255 millones. Cuando se suman las cotizaciones sociales, el aumento de esfuerzo tributario supera los 180.000 millones, o sea, 2,2 veces la inflación. El presidente que antes garantizaba la estabilidad fiscal ahora se aferra a la contabilidad como si fuera un billete de lotería. Esta no es una reforma que mejore la vida, es un juego de ajedrez donde el rey es la hacienda y las piezas son los contribuyentes. El mensaje es claro: la balanza está inclinada a favor del Estado y el precio a pagar es el poder adquisitivo de la gente. Las cifras son tan claras como la ventana de la oficina de Hacienda: una tormenta de números que no se ve, pero que se siente en cada factura y en el último recibo de nómina. El gobierno ha convertido la recaudación en un deporte extremo donde el objetivo es recoger más de lo que el ciudadano paga. Cada euro extra se suma a la nómina del Estado, y la única garantía es que el resto se queda en la mano del fiscal, sin que la inflación, la crisis o la moralidad sean más que una excusa. En definitiva, el mayor atraco fiscal no es una simple reforma tributaria, es una guerra de cifras que deja a la ciudadanía con la factura del día a día más pesada que nunca.
INTegraSS: la ilusión de 14 %
El Gobierno, con la misma energía que un vendedor de aspiradoras en feria, lanzó INTegraSS para predecir el futuro de las pensiones. Elma Saiz, de Seguridad Social, y Carlos Cuerpo, de Economía, se mostraron tan alegres que casi se podía oler el perfume de la burocracia. La promesa: un 14 % del PIB, ya que el gasto en pensiones –contributivas, asistenciales y pasivas– pasará a ese nivel entre 2022 y 205. La cifra, que se vende como la última moda, es solo un punto medio. El actual gasto ronda el 13 %, por debajo de la cifra que el propio gobierno proyectó hace un par de años. El 14 % se encuentra por encima del 14,4 % estimado por la AIReF y por encima del 15 % que la Comisión Europea lanza como referencia. La herramienta, que el gobierno llama un “sistema de datos” que “aprovecha todo el potencial de las bases de datos de la Seguridad Social y se enriquece con datos de INE y Hacienda”, suena a ciencia de datos, pero en realidad es un juego de suposiciones. Los datos están a la vista de la administración, pero nadie más puede usarlos, y el gobierno se coloca como el árbitro de la verdad. Si bien la granularidad puede ser interesante, la pregunta es: ¿quién decide que esas proyecciones son la verdad? El segundo truco es la cifra del 14 %. Se vende como un salvavidas, pero es una media que, si el gasto inicial es más bajo, se dispara por encima del 15 % cuando llegue al 2045‑2050. Además, el 14 % no es una victoria, es un recordatorio de que el gasto en pensiones supera al de la mayoría de la Eurozona, lo que suena elegante pero implica un costo para la competitividad. La tercera trampa es aislar el gasto en pensiones del resto del presupuesto público. La Seguridad Social no es un reino aparte; es parte de la misma Hacienda con ingresos por IRPF, IVA, cotizaciones y gastos en defensa, sanidad, educación. Al separar las cifras, se oculta el hecho de que si se aumenta el gasto en pensiones, el resto debe caer o los impuestos deben subir. Y, por último, el optimismo. Elma Saiz asegura que las reformas están funcionando, cuando en realidad son subidas fiscales que cargan a la actividad productiva y se diseñan para el mejor escenario posible. Si la economía se estanca, los ajustes se harán de forma brutal, con recortes del 20‑30 %, sin que nadie cuestione la evidencia. En suma, INTegraSS es menos un instrumento de transparencia y más un espejo que proyecta la ilusión de sostenibilidad, mientras que la realidad se oculta tras su propia capa de datos.
España regulariza y se queda sin papeles
Bruselas se volvió cómplice de la farsa cuando la Comisión Europea, con el mismo fervor con que un barista repite la lista de la compra, recordó que desde 2004 los gobiernos que pongan un parche masivo en la entrada de la inmigración pueden acabar con la puerta cerrada a la gente que realmente necesita ayuda. La frase sacada de 2004, “las regularizaciones a gran escala pueden suponer un incentivo para la migración irregular”, suena tan obvia como la advertencia de un GPS que te dice que vas a hacer una curva peligrosa. Pedro Sánchez, con su habitual encanto de presidente, ha decidido que más de un millón de personas (y sus familias, porque la política nunca es solo un número) podrán respirar un poco más libremente en España. Pero, como cualquier gobierno que quiere vender un billete sin el boleto, no ha enviado la carta de presentación a Europa. En 2006 la UE ya había dictado que los Estados miembros debían avisar sobre los cambios que pudieran afectar a la unión, y en 2009, con la misma seriedad que un abogado revisa un contrato de alquiler, se acordó que las regularizaciones “deben limitarse” y “ser estudiadas caso por caso”. El país, sin embargo, se quedó como un coche sin gasolina: el registro de la regularización sigue siendo un misterio. Alberto Núñez Feijóo, con la calma de un político que prefiere evitar sorpresas, confirmó que sus colegas europeos están “preocupados” por la jugada de su país, la cual se ha llevado a cabo sin la aprobación del Congreso ni la consulta al Consejo de Estado. El Real Decreto que aprueba la medida se aprobó como si fuera un menú de comida rápida: rápido, sin pasaporte, sin debate. Bruselas vuelve a recordar que un permiso de residencia nacional no es un pasaporte para toda la UE, sino un permiso para vivir y trabajar donde se lo expidió. Si alguien se encuentra en situación irregular en otra parte, la UE exige que regrese al Estado que le dio el permiso. La Comisión, con la firmeza de un padre en la escuela, concluye que España debe llevar la responsabilidad de cualquier mal paso. En última instancia, la historia es una parodia de la burocracia: la Unión Europea exige honestidad, mientras el gobierno español actúa como un maestro de escuela que deja los exámenes sin entregar las respuestas.
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