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Bienvenidos al mayor atraco fiscal de la historia de España: Sánchez casi multiplica por dos el IRPF de los trabajadores

Sánchez, el ladrón del IRPF

politica Una calle de la ciudad iluminada por luces de neón que muestran cifras de impuestos enormes, gente con bolsas de dinero y una enorme calculadora flotando sobre la escena, sin rostros pero con la sensación de un mercado financiero caótico

Pedro Sánchez se pavonea con una cifra que hace temblar la billetera de cualquier español: 325.356 millones de euros cobrados en 2025, sin contar la cotización social que, de la misma manera, se dispara a 180.000 millones. El presidente que juró nunca subir los impuestos a los trabajadores se ha convertido en el héroe de la recaudación, casi duplicando el IRPF de 2017.

La cifra de 77.038 millones en 2017 se ha disparado a 142.466 millones, un aumento de 65.428, equivalente a casi un IRPF entero y un 84,9 % de incremento. Mientras la inflación solo sube un 24,7 %, el IRPF se dispara 3,4 veces más que la subida del costo de vida, como si la gente pagara por el precio de la vida y el gobierno cobrara el precio de la vida.

El Impuesto sobre Sociedades también se ha convertido en un verdadero juego de suma cero: de 23.143 millones en 2017 a 42.266 millones en 2025, un salto del 82,6 %. El IVA pasa de 63.647 a 99.532 millones, un aumento de 35.885 millones. Los Impuestos Especiales suben 2.775 millones, de 20.308 a 23.083.

Y eso sin contar la Seguridad Social, que en 2017 sacó 125.967 millones de los bolsillos de empleadores y empleados, y en 2025 ya estima 180.000 millones, un incremento de 54.033 millones. En total, la recaudación tributaria pasa de 198.101 millones en 2017 a 325.356 millones en 2025, un salto de 127.255 millones.

Cuando se suman las cotizaciones sociales, el aumento de esfuerzo tributario supera los 180.000 millones, o sea, 2,2 veces la inflación. El presidente que antes garantizaba la estabilidad fiscal ahora se aferra a la contabilidad como si fuera un billete de lotería. Esta no es una reforma que mejore la vida, es un juego de ajedrez donde el rey es la hacienda y las piezas son los contribuyentes.

El mensaje es claro: la balanza está inclinada a favor del Estado y el precio a pagar es el poder adquisitivo de la gente. Las cifras son tan claras como la ventana de la oficina de Hacienda: una tormenta de números que no se ve, pero que se siente en cada factura y en el último recibo de nómina.

El gobierno ha convertido la recaudación en un deporte extremo donde el objetivo es recoger más de lo que el ciudadano paga. Cada euro extra se suma a la nómina del Estado, y la única garantía es que el resto se queda en la mano del fiscal, sin que la inflación, la crisis o la moralidad sean más que una excusa. En definitiva, el mayor atraco fiscal no es una simple reforma tributaria, es una guerra de cifras que deja a la ciudadanía con la factura del día a día más pesada que nunca.

Vía: libertaddigital.com coments compartir
Noticias>Politica>12-Apr-2026>sanchez_el_ladron_del_irpf

Crítica:

El autor se pierde en cifras sin cuestionar el saqueo fiscal, y el título promete un atraco pero entrega un sermón contable.

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Una oficina gubernamental con montones de papeles y una gran pantalla que muestra gráficas de barras y líneas, luces de neón en tonos azules y verdes, un reloj de pared que marca la hora. La escena está iluminada de forma tenue, con un aire de burocracia y tecnología, sin rostros humanos visibles.

INTegraSS: la ilusión de 14 %

El Gobierno, con la misma energía que un vendedor de aspiradoras en feria, lanzó INTegraSS para predecir el futuro de las pensiones. Elma Saiz, de Seguridad Social, y Carlos Cuerpo, de Economía, se mostraron tan alegres que casi se podía oler el perfume de la burocracia. La promesa: un 14 % del PIB, ya que el gasto en pensiones –contributivas, asistenciales y pasivas– pasará a ese nivel entre 2022 y 205. La cifra, que se vende como la última moda, es solo un punto medio. El actual gasto ronda el 13 %, por debajo de la cifra que el propio gobierno proyectó hace un par de años. El 14 % se encuentra por encima del 14,4 % estimado por la AIReF y por encima del 15 % que la Comisión Europea lanza como referencia. La herramienta, que el gobierno llama un “sistema de datos” que “aprovecha todo el potencial de las bases de datos de la Seguridad Social y se enriquece con datos de INE y Hacienda”, suena a ciencia de datos, pero en realidad es un juego de suposiciones. Los datos están a la vista de la administración, pero nadie más puede usarlos, y el gobierno se coloca como el árbitro de la verdad. Si bien la granularidad puede ser interesante, la pregunta es: ¿quién decide que esas proyecciones son la verdad? El segundo truco es la cifra del 14 %. Se vende como un salvavidas, pero es una media que, si el gasto inicial es más bajo, se dispara por encima del 15 % cuando llegue al 2045‑2050. Además, el 14 % no es una victoria, es un recordatorio de que el gasto en pensiones supera al de la mayoría de la Eurozona, lo que suena elegante pero implica un costo para la competitividad. La tercera trampa es aislar el gasto en pensiones del resto del presupuesto público. La Seguridad Social no es un reino aparte; es parte de la misma Hacienda con ingresos por IRPF, IVA, cotizaciones y gastos en defensa, sanidad, educación. Al separar las cifras, se oculta el hecho de que si se aumenta el gasto en pensiones, el resto debe caer o los impuestos deben subir. Y, por último, el optimismo. Elma Saiz asegura que las reformas están funcionando, cuando en realidad son subidas fiscales que cargan a la actividad productiva y se diseñan para el mejor escenario posible. Si la economía se estanca, los ajustes se harán de forma brutal, con recortes del 20‑30 %, sin que nadie cuestione la evidencia. En suma, INTegraSS es menos un instrumento de transparencia y más un espejo que proyecta la ilusión de sostenibilidad, mientras que la realidad se oculta tras su propia capa de datos.

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Una sala de conferencias de la Comisión Europea con estanterías llenas de documentos, un gran cuadro del mapa de la Unión Europea colgado en la pared, y una mesa de mármol sobre la cual reposan papeles desordenados que simbolizan las regularizaciones migratorias. No se ve a ninguna persona, solo la atmósfera de burocracia y tensión.

España regulariza y se queda sin papeles

Bruselas se volvió cómplice de la farsa cuando la Comisión Europea, con el mismo fervor con que un barista repite la lista de la compra, recordó que desde 2004 los gobiernos que pongan un parche masivo en la entrada de la inmigración pueden acabar con la puerta cerrada a la gente que realmente necesita ayuda. La frase sacada de 2004, “las regularizaciones a gran escala pueden suponer un incentivo para la migración irregular”, suena tan obvia como la advertencia de un GPS que te dice que vas a hacer una curva peligrosa. Pedro Sánchez, con su habitual encanto de presidente, ha decidido que más de un millón de personas (y sus familias, porque la política nunca es solo un número) podrán respirar un poco más libremente en España. Pero, como cualquier gobierno que quiere vender un billete sin el boleto, no ha enviado la carta de presentación a Europa. En 2006 la UE ya había dictado que los Estados miembros debían avisar sobre los cambios que pudieran afectar a la unión, y en 2009, con la misma seriedad que un abogado revisa un contrato de alquiler, se acordó que las regularizaciones “deben limitarse” y “ser estudiadas caso por caso”. El país, sin embargo, se quedó como un coche sin gasolina: el registro de la regularización sigue siendo un misterio. Alberto Núñez Feijóo, con la calma de un político que prefiere evitar sorpresas, confirmó que sus colegas europeos están “preocupados” por la jugada de su país, la cual se ha llevado a cabo sin la aprobación del Congreso ni la consulta al Consejo de Estado. El Real Decreto que aprueba la medida se aprobó como si fuera un menú de comida rápida: rápido, sin pasaporte, sin debate. Bruselas vuelve a recordar que un permiso de residencia nacional no es un pasaporte para toda la UE, sino un permiso para vivir y trabajar donde se lo expidió. Si alguien se encuentra en situación irregular en otra parte, la UE exige que regrese al Estado que le dio el permiso. La Comisión, con la firmeza de un padre en la escuela, concluye que España debe llevar la responsabilidad de cualquier mal paso. En última instancia, la historia es una parodia de la burocracia: la Unión Europea exige honestidad, mientras el gobierno español actúa como un maestro de escuela que deja los exámenes sin entregar las respuestas.

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Una sala de congresos con mesas de madera, una ventana que deja ver un edificio gubernamental, una cocina abierta con una cocina industrial, mostradores de cafetería, y máquinas expendedoras de snacks y bebidas, sin rostros ni marcas claras.

Congreso gasta 5,9M en almuerzos VIP

El Congreso, con la mirada de un chef que no le gusta la improvisación, ha decidido que sus comensales dignos de un palacio necesiten una factura que haga rugir a los contadores. La Mesa, liderada por la socialista Francina Armengol, cerró el trato con MEDITERRÁNEA DE CATERING, S.L. por 5.915.402,58 € (5,9 millones) en una licitación que, aunque rodeada de confidencialidad, deja claro que la carne, la tortilla y el cafecito son moneda de cambio política. Antes, desde 2019, Cafestore, filial de Sacyr, cuidaba de la cocina del Parlamento. Ahora, la nueva firma tendrá que servir autoservicio en los edificios Ampliación I y III, cafetería en el Palacio y el menú de la Mesa. ¿El precio? Lo que antes costaba 6,45 € al día, ahora tendrá un rango de 8‑12 € para el plato completo, 5,50‑8 € para el medio y hasta 1,50 € por el café solo o descafeinado con leche de soja o avena. Si quieres comer una hamburguesa premium con patatas fritas, no te esperes más de 6,50 €; el tinto de verano con gaseosa, 2,5 €. Los cócteles, los vinos (máx. 17,50 € la copa) y las cenas de gala (máx. 50 €) también entran en la lista de precios. El contrato exige pescados clase A‑PRIMERA, sin conservación, y un servicio de atención parlamentaria que incluye desayunos especiales (máx. 7 €) y un café que no exceda el precio máximo fijado. A pesar de la transparencia en los precios, el monto de la oferta ganadora permanece en secreto por la “declaración de confidencialidad” que obliga a los licitadores a no divulgar nada. En la larga lista de cargos, la licitación cubre cafeterías en el Palacio, Ampliación I y III, autoservicios, restaurante y máquinas expendedoras. El precio del café, antes de 1,10 €, sube a 1,50 €—una subida del 45 % que, en la escala del Congreso, equivale a un salto de la maratón de la vida diaria a una carrera de obstáculos. El gasto de 5,9 millones, sin contar la confusión de la confidencialidad, se convierte en el nuevo “menú de la corrupción” que sirve a los diputados y no a la ciudadanía. La ironía es que el Parlamento, que debería ser el faro de la austeridad, se ha convertido en el buffet de lujo que cobra la misma tarifa que el mejor restaurante de la ciudad. Si la política no es un juego de tiza en la pared, es un juego de balanzas que suben el precio del café sin ofrecer una razón clara. Cuando la gente paga, ya sea con su propio bolsillo o el del Estado, la única pregunta que queda es: ¿vale la pena el sabor?

Hace 1 mes
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Una calle concurrida con un enorme cartel digital que muestra un sello del gobierno, rodeado de personas que revisan sus teléfonos; a un lado, una figura sombría en la esquina de un café, tecleando en un portátil. El ambiente es tenso, con documentos legales flotando en el aire y una balanza de justicia sobre un poste de luz.

600k por un tweet: cruzada estatal

Si la última propuesta del PSOE se parece a un manual de cocina para el Estado, lo cierto es que el Gobierno trata de cocinar su propia receta de control digital con 600.000 euros de especias. Pedro Sánchez, el chef de la cocina, ha presentado una proposición de ley que convierte a la CNMC en el vigilante de los medios y las plataformas digitales, como si se tratara de un guardián de la lista de la compra nacional. La CNMC, con su presidente Cani Fernández —anteriormente consejera del gabinete de la Presidencia— y el secretario Óscar López a la cabeza, recibirá la llave de la caja fuerte donde se guardan las cuentas de la prensa y el ciberespacio. El Reglamento Europeo de Servicios Digitales, que el Gobierno dejaba a la espera como un bocadillo sin rellenar, ahora se vuelve la base de la sanción. Las multas pueden ir de 150.001 a 600.000 euros, y si un operador comete dos infracciones graves en tres años, la sanción puede incluir la prohibición de operar en España por hasta dos años. Es una medida que, bajo el pretexto de proteger la democracia, amenaza con desmantelar la puerta de entrada a los contenidos de medios y las redes. El 11 abril de 2026 se aprueba la propuesta, pero no sin antes que el Gobierno haya aprobado en julio de 2025 el proyecto de ley de gobernanza digital, que quedó paralizado en el Congreso. El PSOE la describe como un “entorno seguro, predecible y fiable”, pero los críticos la ven como un plan cibernético con más filtros que un filtro de Instagram. La ley también señala que las plataformas “actúan como puertas de entrada a contenidos polarizadores y desinformación”, y que los proveedores controlados por terceros países “practican la desinformación sistemática”. En medio de la tormenta, Elon Musk, propietario de X, ha lanzado una serie de insultos que el gobierno interpreta como “traición al pueblo”, mientras Begoña Gómez, esposa de Sánchez, aparece en un registro de medios supervisado por la CNMC. En resumen, la cruzada de Sánchez se convierte en una bandera con la que apunta al universo de la comunicación digital, prometiendo castigar con 600 000 euros y posibles cierres, mientras el Reino Unido y las plataformas siguen siendo la fuerza que, según el gobierno, necesita ser “controlada” para salvaguardar la democracia.

Hace 1 mes
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Un patio de iglesia en un pequeño municipio andaluz iluminado por fuegos artificiales, con un gran muñeco de madera de un político que se quema en una quema de Judas, rodeado de personas con ropa tradicional, una calle empedrada y un viejo edificio de piedra al fondo.

Sánchez y el muñeco quemado: ¡pista antisemita!

El 5 de abril, cuando el Domingo de Resurrección se pintó de fuego en El Burgo, el Ayuntamiento del PSOE dejó que un muñeco de 13,9 kilos de pólvora rugiera como un toro de feria en la Quema de Judas. El escenario era un patio de la iglesia, el humo subía como la espuma de una cerveza fría en una tarde de verano. La figura, que se parecía a Benjamin Netanyahu con su bigote y su traje gris, fue quemada a petardazos con una estructura de hierro que se creyó un artefacto de espectáculo. La chispa, la explosión y el humo generaron un espectáculo que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, fue “incitación al odio” contra el pueblo judío. Israel, con la voz de un político que nunca ha sido despedido, acusó al presidente Pedro Sánchez de “incitación al odio” y pidió una amonestación a la encargada de negocios, Francisca Pedrós Carretero, porque la figura representó a Netanyahu como “responsable del genocidio en Palestina” y la guerra de EE. UU. e Israel contra la dictadura de los ayatolás de Irán. La alcaldesa María Dolores Narváez Bandera, quien decide cada año quién será el Judas del pueblo, se quedó en silencio mientras la polémica se propagaba como un incendio en la calle. El Gobierno español, que desde el 7 de octubre de 2023 ha usado la causa palestina para ganar terreno internacional y evadir escándalos de corrupción, se quedó sin una respuesta oficial. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel lanza su “retórica de incitación” y el presidente de EE. UU. Donald Trump, que ya había cuestionado el uso de las bases de Rota y Morón, se pregunta si la España del futuro seguirá siendo un punto de apoyo para la guerra. La quema del muñeco, que en la calle se convierte en un “sablazo en la factura” de la política, revela cómo el poder público puede convertir la indignación en espectáculo y olvidar la gravedad de las palabras. Al final, la chispa que encendió el muñeco también encendió la crítica de la diplomacia, que sigue siendo tan vacía como una factura sin pagar. En la calle, quemar un muñeco no limpia la sangre, solo enciende la polémica.

Hace 1 mes
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Ilustración abstracta de una figura de papel encendida en primer plano, con una maleta diplomática de cuero negra al fondo sobre un escritorio de madera. Sin rostros humanos. Iluminación dramática, contrastes altos, estilo editorial de periódico serio pero contemporáneo.

El muñeco encendió la guerra diplomática

Siete metros de tela y catorce kilos de pólvora decidieron el clima en una oficina diplomática de Tel Aviv. El pasado 5 de abril, en El Burgo, la Quema de Judas transformó lo que parecía una tradición local en un incidente de estado. Los vecinos quemaron un muñeco de Benjamín Netanyahu, con el mensaje 'No a la guerra'. Parece un juego de niños, hasta que el Ministerio de Exteriores israelí decide que el guante de seda se ha roto. Ahora la encargada de negocios española recibe una reprimenda formal. Lo más curioso no es el fuego, sino la recepción. El comunicado de X atribuye todo al silencio del Ejecutivo español bajo Pedro Sánchez. ¿Silencio o complicidad? Para el Ministerio en Jerusalén, es incitación. Para la alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez, es una protesta legítima contra la brutal ofensiva en Gaza. El contraste es brutal: una fiesta de Resurrección contra un conflicto que, según las cifras, ha causado más de 72.000 muertos. Y a esto se suma el efecto dominó. En 2025, la víctima fue Donald Trump. En 2026, es Netanyahu. España ya ha perdido terreno: el representante en el centro de coordinación de Kiryat Gat fue expulsado. Es una guerra diplomática en la que el muñeco es solo la chispa. Mientras la lista de la compra sube de precio en Europa, las cuentas públicas en el otro lado del continente se disparan. Es el precio de la tradición cuando el vecino se pone enfadado. La diplomacia no suele ir acompañada de pólvora, pero en estos tiempos, hasta los fuegos artificiales se revisan en la embajada. El muñeco arde, pero el iceberg es el presupuesto público y la tensión entre dos capitales que miran en direcciones opuestas. La calle quema lo que le da la gana, pero la política quema lo que le conviene.

Hace 1 mes
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Un gráfico que muestra cómo el Grupo Prisa se lleva la mayor parte de la inversión publicitaria del Ministerio de Igualdad, mientras que otros medios de comunicación se quedan con las migajas

Prisa se lleva el pastel

La noticia de que el Grupo Prisa se lleva el 18% de la publicidad que genera el Ministerio de Igualdad es un ejemplo perfecto de cómo el dinero público se utiliza para beneficiar a unos pocos. Mientras el Ministerio de Igualdad destina 2.945.522,28 euros para la difusión de una promoción de educación sexual basada en la igualdad y el buen trato, el Grupo Prisa se lleva la parte del león con 542.000 euros. Esto es como si estuviéramos hablando de una lista de la compra, donde el Grupo Prisa es el que se lleva la mayoría de los productos, dejando a los demás con las migajas. La Cadena SER, propiedad de Prisa, recibió 210.167,80 euros, un 7,1% de la inversión total, lo que la convierte en la emisora más beneficiada. Por otro lado, el ámbito digital también tuvo un papel importante en la planificación, con inversiones destacadas en plataformas como Spotify, Vidoomy y YouTube. Pero lo que realmente llama la atención es que THE OBJECTIVE, a pesar de sus extraordinarios resultados de audiencia, no recibió ni un solo euro. Esto es como si estuviéramos hablando de un sablazo en la factura, donde el Grupo Prisa es el que se beneficia y los demás pagan la cuenta. La pregunta es, ¿quién se beneficia realmente de esta inversión publicitaria? ¿Es el Ministerio de Igualdad o es el Grupo Prisa? La respuesta es obvia, el Grupo Prisa es el que se lleva la parte del león, mientras que el Ministerio de Igualdad se queda con la responsabilidad de justificar la inversión. Esto es un ejemplo perfecto de cómo el dinero público se utiliza para beneficiar a unos pocos, en lugar de ser utilizado para el bien común. En 2026, el Ministerio de Igualdad tiene previsto destinar 2.020.000 euros a la difusión de una campaña sobre «masculinidades corresponsables», con el objetivo de «contribuir a la promoción de sistemas integrales de cuidado, desde una perspectiva de género interseccional y de derechos humanos, que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres». Pero la pregunta es, ¿quién se beneficia realmente de esta campaña? ¿Es el Ministerio de Igualdad o es el Grupo Prisa? La respuesta es obvia, el Grupo Prisa es el que se lleva la parte del león, mientras que el Ministerio de Igualdad se queda con la responsabilidad de justificar la inversión.

Hace 1 mes
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