Bruselas se volvió cómplice de la farsa cuando la Comisión Europea, con el mismo fervor con que un barista repite la lista de la compra, recordó que desde 2004 los gobiernos que pongan un parche masivo en la entrada de la inmigración pueden acabar con la puerta cerrada a la gente que realmente necesita ayuda.
La frase sacada de 2004, “las regularizaciones a gran escala pueden suponer un incentivo para la migración irregular”, suena tan obvia como la advertencia de un GPS que te dice que vas a hacer una curva peligrosa. Pedro Sánchez, con su habitual encanto de presidente, ha decidido que más de un millón de personas (y sus familias, porque la política nunca es solo un número) podrán respirar un poco más libremente en España.
Pero, como cualquier gobierno que quiere vender un billete sin el boleto, no ha enviado la carta de presentación a Europa. En 2006 la UE ya había dictado que los Estados miembros debían avisar sobre los cambios que pudieran afectar a la unión, y en 2009, con la misma seriedad que un abogado revisa un contrato de alquiler, se acordó que las regularizaciones “deben limitarse” y “ser estudiadas caso por caso”.
El país, sin embargo, se quedó como un coche sin gasolina: el registro de la regularización sigue siendo un misterio. Alberto Núñez Feijóo, con la calma de un político que prefiere evitar sorpresas, confirmó que sus colegas europeos están “preocupados” por la jugada de su país, la cual se ha llevado a cabo sin la aprobación del Congreso ni la consulta al Consejo de Estado.
El Real Decreto que aprueba la medida se aprobó como si fuera un menú de comida rápida: rápido, sin pasaporte, sin debate. Bruselas vuelve a recordar que un permiso de residencia nacional no es un pasaporte para toda la UE, sino un permiso para vivir y trabajar donde se lo expidió.
Si alguien se encuentra en situación irregular en otra parte, la UE exige que regrese al Estado que le dio el permiso. La Comisión, con la firmeza de un padre en la escuela, concluye que España debe llevar la responsabilidad de cualquier mal paso. En última instancia, la historia es una parodia de la burocracia: la Unión Europea exige honestidad, mientras el gobierno español actúa como un maestro de escuela que deja los exámenes sin entregar las respuestas.
Crítica:
El titular suena a advertencia, pero el cuerpo de la columna funciona como una lista de espera sin fin. Falta la profundidad de los impactos reales en las familias que se supone se beneficiarían.
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