Si la última propuesta del PSOE se parece a un manual de cocina para el Estado, lo cierto es que el Gobierno trata de cocinar su propia receta de control digital con 600.000 euros de especias. Pedro Sánchez, el chef de la cocina, ha presentado una proposición de ley que convierte a la CNMC en el vigilante de los medios y las plataformas digitales, como si se tratara de un guardián de la lista de la compra nacional.
La CNMC, con su presidente Cani Fernández —anteriormente consejera del gabinete de la Presidencia— y el secretario Óscar López a la cabeza, recibirá la llave de la caja fuerte donde se guardan las cuentas de la prensa y el ciberespacio. El Reglamento Europeo de Servicios Digitales, que el Gobierno dejaba a la espera como un bocadillo sin rellenar, ahora se vuelve la base de la sanción.
Las multas pueden ir de 150.001 a 600.000 euros, y si un operador comete dos infracciones graves en tres años, la sanción puede incluir la prohibición de operar en España por hasta dos años. Es una medida que, bajo el pretexto de proteger la democracia, amenaza con desmantelar la puerta de entrada a los contenidos de medios y las redes. El 11 abril de 2026 se aprueba la propuesta, pero no sin antes que el Gobierno haya aprobado en julio de 2025 el proyecto de ley de gobernanza digital, que quedó paralizado en el Congreso.
El PSOE la describe como un “entorno seguro, predecible y fiable”, pero los críticos la ven como un plan cibernético con más filtros que un filtro de Instagram. La ley también señala que las plataformas “actúan como puertas de entrada a contenidos polarizadores y desinformación”, y que los proveedores controlados por terceros países “practican la desinformación sistemática”.
En medio de la tormenta, Elon Musk, propietario de X, ha lanzado una serie de insultos que el gobierno interpreta como “traición al pueblo”, mientras Begoña Gómez, esposa de Sánchez, aparece en un registro de medios supervisado por la CNMC. En resumen, la cruzada de Sánchez se convierte en una bandera con la que apunta al universo de la comunicación digital, prometiendo castigar con 600 000 euros y posibles cierres, mientras el Reino Unido y las plataformas siguen siendo la fuerza que, según el gobierno, necesita ser “controlada” para salvaguardar la democracia.
Crítica:
El texto sacrifica profundidad por melodrama, dejando de lado la complejidad de la normativa digital. La figura del Estado como vigilante parece más un cuento de hadas que una realidad parlamentaria.
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