Crítica:
El titular se burla de la diplomacia, pero el texto no menciona la ausencia de una respuesta oficial española. Falta profundizar en la reacción interna ni en el impacto real de la quema.
Israel acusa a Sánchez de «incitación al odio» por la quema de un muñeco de Netanyahu en un municipio socia...
Sánchez y el muñeco quemado: ¡pista antisemita!
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600k por un tweet: cruzada estatal
Si la última propuesta del PSOE se parece a un manual de cocina para el Estado, lo cierto es que el Gobierno trata de cocinar su propia receta de control digital con 600.000 euros de especias. Pedro Sánchez, el chef de la cocina, ha presentado una proposición de ley que convierte a la CNMC en el vigilante de los medios y las plataformas digitales, como si se tratara de un guardián de la lista de la compra nacional. La CNMC, con su presidente Cani Fernández —anteriormente consejera del gabinete de la Presidencia— y el secretario Óscar López a la cabeza, recibirá la llave de la caja fuerte donde se guardan las cuentas de la prensa y el ciberespacio. El Reglamento Europeo de Servicios Digitales, que el Gobierno dejaba a la espera como un bocadillo sin rellenar, ahora se vuelve la base de la sanción. Las multas pueden ir de 150.001 a 600.000 euros, y si un operador comete dos infracciones graves en tres años, la sanción puede incluir la prohibición de operar en España por hasta dos años. Es una medida que, bajo el pretexto de proteger la democracia, amenaza con desmantelar la puerta de entrada a los contenidos de medios y las redes. El 11 abril de 2026 se aprueba la propuesta, pero no sin antes que el Gobierno haya aprobado en julio de 2025 el proyecto de ley de gobernanza digital, que quedó paralizado en el Congreso. El PSOE la describe como un “entorno seguro, predecible y fiable”, pero los críticos la ven como un plan cibernético con más filtros que un filtro de Instagram. La ley también señala que las plataformas “actúan como puertas de entrada a contenidos polarizadores y desinformación”, y que los proveedores controlados por terceros países “practican la desinformación sistemática”. En medio de la tormenta, Elon Musk, propietario de X, ha lanzado una serie de insultos que el gobierno interpreta como “traición al pueblo”, mientras Begoña Gómez, esposa de Sánchez, aparece en un registro de medios supervisado por la CNMC. En resumen, la cruzada de Sánchez se convierte en una bandera con la que apunta al universo de la comunicación digital, prometiendo castigar con 600 000 euros y posibles cierres, mientras el Reino Unido y las plataformas siguen siendo la fuerza que, según el gobierno, necesita ser “controlada” para salvaguardar la democracia.
El muñeco encendió la guerra diplomática
Siete metros de tela y catorce kilos de pólvora decidieron el clima en una oficina diplomática de Tel Aviv. El pasado 5 de abril, en El Burgo, la Quema de Judas transformó lo que parecía una tradición local en un incidente de estado. Los vecinos quemaron un muñeco de Benjamín Netanyahu, con el mensaje 'No a la guerra'. Parece un juego de niños, hasta que el Ministerio de Exteriores israelí decide que el guante de seda se ha roto. Ahora la encargada de negocios española recibe una reprimenda formal. Lo más curioso no es el fuego, sino la recepción. El comunicado de X atribuye todo al silencio del Ejecutivo español bajo Pedro Sánchez. ¿Silencio o complicidad? Para el Ministerio en Jerusalén, es incitación. Para la alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez, es una protesta legítima contra la brutal ofensiva en Gaza. El contraste es brutal: una fiesta de Resurrección contra un conflicto que, según las cifras, ha causado más de 72.000 muertos. Y a esto se suma el efecto dominó. En 2025, la víctima fue Donald Trump. En 2026, es Netanyahu. España ya ha perdido terreno: el representante en el centro de coordinación de Kiryat Gat fue expulsado. Es una guerra diplomática en la que el muñeco es solo la chispa. Mientras la lista de la compra sube de precio en Europa, las cuentas públicas en el otro lado del continente se disparan. Es el precio de la tradición cuando el vecino se pone enfadado. La diplomacia no suele ir acompañada de pólvora, pero en estos tiempos, hasta los fuegos artificiales se revisan en la embajada. El muñeco arde, pero el iceberg es el presupuesto público y la tensión entre dos capitales que miran en direcciones opuestas. La calle quema lo que le da la gana, pero la política quema lo que le conviene.
Prisa se lleva el pastel
La noticia de que el Grupo Prisa se lleva el 18% de la publicidad que genera el Ministerio de Igualdad es un ejemplo perfecto de cómo el dinero público se utiliza para beneficiar a unos pocos. Mientras el Ministerio de Igualdad destina 2.945.522,28 euros para la difusión de una promoción de educación sexual basada en la igualdad y el buen trato, el Grupo Prisa se lleva la parte del león con 542.000 euros. Esto es como si estuviéramos hablando de una lista de la compra, donde el Grupo Prisa es el que se lleva la mayoría de los productos, dejando a los demás con las migajas. La Cadena SER, propiedad de Prisa, recibió 210.167,80 euros, un 7,1% de la inversión total, lo que la convierte en la emisora más beneficiada. Por otro lado, el ámbito digital también tuvo un papel importante en la planificación, con inversiones destacadas en plataformas como Spotify, Vidoomy y YouTube. Pero lo que realmente llama la atención es que THE OBJECTIVE, a pesar de sus extraordinarios resultados de audiencia, no recibió ni un solo euro. Esto es como si estuviéramos hablando de un sablazo en la factura, donde el Grupo Prisa es el que se beneficia y los demás pagan la cuenta. La pregunta es, ¿quién se beneficia realmente de esta inversión publicitaria? ¿Es el Ministerio de Igualdad o es el Grupo Prisa? La respuesta es obvia, el Grupo Prisa es el que se lleva la parte del león, mientras que el Ministerio de Igualdad se queda con la responsabilidad de justificar la inversión. Esto es un ejemplo perfecto de cómo el dinero público se utiliza para beneficiar a unos pocos, en lugar de ser utilizado para el bien común. En 2026, el Ministerio de Igualdad tiene previsto destinar 2.020.000 euros a la difusión de una campaña sobre «masculinidades corresponsables», con el objetivo de «contribuir a la promoción de sistemas integrales de cuidado, desde una perspectiva de género interseccional y de derechos humanos, que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres». Pero la pregunta es, ¿quién se beneficia realmente de esta campaña? ¿Es el Ministerio de Igualdad o es el Grupo Prisa? La respuesta es obvia, el Grupo Prisa es el que se lleva la parte del león, mientras que el Ministerio de Igualdad se queda con la responsabilidad de justificar la inversión.
Licitación de Defensa
La licitación para los servicios de operador logístico del Ministerio de Defensa ha generado polémica al ser adjudicada por la mitad de su valor estimado. El contrato, que asciende a 372,3 millones de euros, ha sido dividido en cuatro lotes y ha sido adjudicado a la UTE formada por BeSS Group y Kuehne Nagel por un total de 113,2 millones de euros, menos de la mitad del valor estimado del primer lote. La empresa sueca DSV, que era la actual adjudicataria, ha decidido pleitear la decisión del Ministerio de Defensa y ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La licitación ha sido objeto de críticas debido a la baja oferta de las empresas participantes, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad del contrato. El Ministerio de Defensa ha defendido la decisión de adjudicar el contrato a la UTE formada por BeSS Group y Kuehne Nagel, argumentando que la oferta era viable y adecuada en relación con las condiciones del mercado. Sin embargo, la polémica ha generado un debate sobre la transparencia y la eficiencia en la contratación pública. La situación es aún más delicada debido a la importancia del contrato para el transporte de material bélico a las misiones en el exterior, como Ucrania. Un ejemplo reciente de la complejidad del transporte logístico internacional es el envío de vehículos blindados Vamtac a Ucrania, que sufrió un retraso de varias semanas debido a un accidente durante la travesía por mar. El Ministerio de Defensa ha exigido a la naviera que corra con los gastos de reparación, lo que ha demostrado la importancia de una gestión eficiente y segura del transporte de material militar. La polémica en torno a la licitación ha generado un debate sobre la necesidad de una mayor transparencia y eficiencia en la contratación pública, especialmente en sectores tan sensibles como el transporte logístico internacional.
Sánchez saca tajada
La catástrofe de la DANA en Valencia debería haber sido un despertador para el gobierno de Pedro Sánchez, pero en lugar de ofrecer un respiro fiscal a los damnificados, decidió aumentar la presión tributaria. Mientras la provincia se ahogaba en un mar de destrucción y pérdidas, el gobierno recaudó 2.371 millones de euros más en impuestos en 2025, un aumento del 17% con respecto al año anterior. Esta cifra es aún más escandalosa si se considera que los ingresos del Estado por impuestos en el conjunto de autonomías crecieron un 9,3% en el mismo período. La DANA había dejado una huella de 17.000 millones de euros en pérdidas directas, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), y el gobierno podría haber ofrecido algún alivio, pero en lugar de eso, optó por seguir exprimiendo a los valencianos. La ironía es que mientras los valencianos luchaban por reconstruir sus vidas y negocios, el gobierno se beneficiaba de su sufrimiento. El aumento de la recaudación tributaria es un recordatorio de que, para el gobierno, los ciudadanos son solo una fuente de ingresos, no personas que necesitan ayuda en momentos de crisis. La pregunta es, ¿qué pasó con la solidaridad y la empatía que se supone que deben guiar las decisiones políticas? La respuesta es que, al parecer, se quedaron en el camino, junto con la decencia y la justicia. Mientras tanto, los valencianos siguen pagando el precio de la indiferencia del gobierno, con sus impuestos aumentados y sus sueños de reconstrucción aplazados. La situación es un ejemplo claro de cómo la política puede ser un juego de números y estadísticas, pero olvidar que detrás de cada cifra hay personas que sufren y luchan por sobrevivir. La DANA puede haber pasado, pero su legado de destrucción y abandono sigue vivo, y el gobierno de Sánchez es su principal responsable.
Sánchez ignora el veto europeo
La Comisión Europea tiene una cabeza de madera, pero el Gobierno de Pedro Sánchez parece la de madera de esparto. Desde 2004, las sirenas de Bruselas suenan. Dos mil cuatrocientos, la fecha que escribió en el muro de la advertencia inicial. "No deben considerarse instrumentos estructurales de gestión migratoria", concluyó. Tres palabras que España guarda en un cajón de cristal. El efecto llamada es real, una trampa que se cierra sobre un millón de personas y sus familias. La Comisión advirtió en 2006 que los Estados deben comunicar medidas nacionales. Una regla de oro que el Gobierno de Pedro Sánchez ignora. En 2009, la CE convino que las regularizaciones "deben limitarse" y estudiarse "caso por caso". Nada de eso en los papeles de España. Confirmaron que "la Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial de España". Silencio de órgano administrativo, casi criminal. Alberto Núñez Feijóo confirmó también este viernes la preocupación que existe entre sus colegas. Muchos colegas europeos me han trasladado su preocupación por la regularización masiva que está impulsando nuestro país. El Gobierno la aprobará vía Real Decreto, sin tener en cuenta siquiera el dictamen del Consejo de Estado. Como ya ocurrió en el caso de la reforma constitucional para blindar el aborto, sobre la que advirtieron asegurando que debería hacerse por el procedimiento agravado. La media ni siquiera se debatirá en el Congreso, donde se ha votado en contra de este tipo de regularizaciones masivas. Bruselas recuerda que la UE cuenta con normas claras que deben respetarse. Si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia. Las autoridades nacionales deben actuar con un espíritu de cooperación leal para que esto ocurra rápidamente.
Gibraltar en el punto
La Unión Europea ha lanzado un ultimátum a España: aplicación inmediata del control fronterizo digitalizado en Gibraltar, sin excusas. El Sistema de Entrada y Salida (EES) debe estar plenamente operativo desde el 10 de abril en todos los cruces fronterizos, incluyendo la frontera de España con el Peñón. La Comisión Europea ha dejado claro que las excepciones previstas en el Tratado con Reino Unido solo se aplicarán cuando el acuerdo entre en vigor, lo que se prevé para el 15 de julio. Mientras tanto, España debe desplegar el EES en la frontera de Gibraltar, sin flexibilidad ni excusas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, ha destacado que el nuevo sistema permitirá identificar riesgos en tiempo real y abordar con mayor eficacia las estancias ilegales en el espacio Schengen. El acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido prevé que los residentes en Gibraltar queden exentos del registro del EES, pero eso ocurrirá solo cuando el Tratado entre en vigor. La Unión Europea ha dado su respaldo político al Tratado sobre Gibraltar y se prevé que sea firmado y entre en vigor de manera provisional próximamente. Mientras tanto, España debe cumplir con las disposiciones legales y desplegar el EES en la frontera de Gibraltar. La Comisión Europea apoya al Ejecutivo español en este proceso, pero no hay margen para la flexibilidad. El control fronterizo digitalizado es una realidad que ya no se puede posponer. La Unión Europea ha fijado una fecha límite para que los Veintisiete tengan el EES plenamente operativo: el 10 de abril. España no puede quedarse atrás. El nuevo sistema de control fronterizo es como un sablazo en la factura: puede ser incómodo, pero es necesario para garantizar la seguridad y la confianza en el espacio Schengen. La pregunta es: ¿está España preparada para cumplir con las exigencias de la Unión Europea y desplegar el EES en la frontera de Gibraltar? La respuesta es simple: no hay excusas. El EES es una realidad que ya no se puede posponer. La Unión Europea ha hablado claro: el control fronterizo digitalizado es una prioridad y España debe cumplir con las disposiciones legales. No hay margen para la flexibilidad ni para las excusas. El EES es una realidad que ya no se puede posponer. La Unión Europea ha fijado una fecha límite y España debe cumplir. El nuevo sistema de control fronterizo es como un tirar de tarjeta: puede ser incómodo, pero es necesario para garantizar la seguridad y la confianza en el espacio Schengen. La pregunta es: ¿está España preparada para cumplir con las exigencias de la Unión Europea y desplegar el EES en la frontera de Gibraltar? La respuesta es simple: no hay excusas.
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