El 19 de marzo, el Gobierno, sin que el presidente estuviera en la capital, se lanzó a la fiebre de los 500.000 inmigrantes que, como si fueran fichas de un juego de mesa, llegaron a las oficinas del Consorcio de Transportes de Madrid para recoger un certificado que les diga que ya no son "extranjero".
Mientras la ciudad se dormía, Pedro Sánchez, con la misma calma de un barista que sirve café sin preguntar, envió una carta desde China a la nación: la regularización es un acto de justicia y que se siente orgulloso de ser español. Su secretario, Carlos Cuerpo, presidió el Consejo de Ministros con la precisión de un reloj suizo, pero sin la precisión de un informe del Consejo de Estado que, antes de aprobar, advirtió de un “gran impacto administrativo” y la falta de un reporte de la Agencia Española de Protección de Datos.
El consorcio, en Ríos Rosas, tenía la fila que siempre aparece en los cajones de la oficina: nadie, pues la cita se conseguía a través de una app que, como un juego de Mario, necesita saltar varios niveles para encontrar un hueco. José Mario, hondureño de cuatro años, ya había pagado el boleto de la burocracia y obtuvo su historial de transportes; Boubakar Sissi, senegalés, llegó sin pasaporte porque “lo había perdido en casa”; Jaimer, colombiano, y los bengalíes Mohamed Forhad y Mohamed Shopon, todos, con la emoción de quien gana la lotería, se despidieron con “¡Gracias, presi!” y “He is wonderful”.
Pero la chispa no terminó en la puerta de la oficina. El Consejo de Estado, con la mirada de un fiscal, señaló la ausencia de verificación de antecedentes penales para solicitantes de países en conflicto, un requisito que, según la ley, se reduce a una declaración responsable.
La Comisión Europea, con la paciencia de un juez, advierte que los inmigrantes regularizados que se trasladen a otro país de la UE deberán ser readmitidos en España, y el Gobierno no ha publicado el impacto presupuestario, dejando el eco de una promesa sin peso concreto. La regularización no surgió de un análisis técnico; se pactó hace meses con Podemos como cesión política para sostener la coalición.
Así, los votos de los recién regularizados podrían convertirse en un nuevo censo que abra un terreno de juego político, y los partidos ya saben a quién agradecer.
Crítica:
El texto pinta la regularización como un acto heroico, pero omite la falta de datos sobre el impacto financiero, dejando al lector con una ilusión de plan sin respaldo numérico.
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