Crítica:
El artículo relaja la ironía sin profundizar en los límites del discurso de odio, dejando la impresión de que la justicia es un club exclusivo de la élite mediática. Falta una mirada crítica a la responsabilidad de la palabra pública.
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Almaraz, el cierre que España no puede pagar
Imagina que te dicen que van a cerrar la fábrica que da trabajo a toda tu ciudad, sin ofrecerte una alternativa. Eso es lo que están viviendo los habitantes de la zona de Almaraz, donde la central nuclear es el corazón económico y energético. Un grupo de eurodiputados ha visitado España para evaluar la situación y su informe es claro: no cierren Almaraz, sería un desastre. Con una deuda de 1,3 billones de euros, España no se puede permitir el lujo de cerrar una fuente de energía limpia y estable como la nuclear. Los diputados europeos piden a Pedro Sánchez que mantenga un diálogo eficaz con todas las partes involucradas y que haga una evaluación de impacto transparente. La central de Almaraz es más que una planta de energía, es la vida de una comunidad. Cerrarla sería como tirar de tarjeta sin tener claro cómo pagar la factura. La industria española confía en que termine imponiéndose el sentido común y que la central siga en marcha. Mientras, el Consejo de Seguridad Nuclear estudia la petición de prórroga de tres años, hasta 2030. La decisión es crucial, no solo para la zona de Almaraz, sino para toda España. ¿Qué pasará si se cierra la central? ¿Quién pagará la factura? La respuesta es simple: todos nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de una decisión política sin sentido?
Sánchez, héroe de la regularización
El 19 de marzo, el Gobierno, sin que el presidente estuviera en la capital, se lanzó a la fiebre de los 500.000 inmigrantes que, como si fueran fichas de un juego de mesa, llegaron a las oficinas del Consorcio de Transportes de Madrid para recoger un certificado que les diga que ya no son "extranjero". Mientras la ciudad se dormía, Pedro Sánchez, con la misma calma de un barista que sirve café sin preguntar, envió una carta desde China a la nación: la regularización es un acto de justicia y que se siente orgulloso de ser español. Su secretario, Carlos Cuerpo, presidió el Consejo de Ministros con la precisión de un reloj suizo, pero sin la precisión de un informe del Consejo de Estado que, antes de aprobar, advirtió de un “gran impacto administrativo” y la falta de un reporte de la Agencia Española de Protección de Datos. El consorcio, en Ríos Rosas, tenía la fila que siempre aparece en los cajones de la oficina: nadie, pues la cita se conseguía a través de una app que, como un juego de Mario, necesita saltar varios niveles para encontrar un hueco. José Mario, hondureño de cuatro años, ya había pagado el boleto de la burocracia y obtuvo su historial de transportes; Boubakar Sissi, senegalés, llegó sin pasaporte porque “lo había perdido en casa”; Jaimer, colombiano, y los bengalíes Mohamed Forhad y Mohamed Shopon, todos, con la emoción de quien gana la lotería, se despidieron con “¡Gracias, presi!” y “He is wonderful”. Pero la chispa no terminó en la puerta de la oficina. El Consejo de Estado, con la mirada de un fiscal, señaló la ausencia de verificación de antecedentes penales para solicitantes de países en conflicto, un requisito que, según la ley, se reduce a una declaración responsable. La Comisión Europea, con la paciencia de un juez, advierte que los inmigrantes regularizados que se trasladen a otro país de la UE deberán ser readmitidos en España, y el Gobierno no ha publicado el impacto presupuestario, dejando el eco de una promesa sin peso concreto. La regularización no surgió de un análisis técnico; se pactó hace meses con Podemos como cesión política para sostener la coalición. Así, los votos de los recién regularizados podrían convertirse en un nuevo censo que abra un terreno de juego político, y los partidos ya saben a quién agradecer.
Ortega, el fantasma de la vivienda
El día que Rufián decidió que Amancio Ortega era el culpable de la crisis de la vivienda, la prensa se iluminó con una mezcla de confusión y carcajadas; su argumento, tan sólido como un edificio de cartón, se apoyaba en cifras que nadie había visto jamás. Forbes, esa revista que suele decirte que tu cartera es tan grande como tu ego, reveló que Ortega posee unos 25 000 millones de dólares en bienes raíces, 21 200 millones de euros de cartera, más de 200 propiedades en 13 países y, en la práctica, inmuebles que no sirven para dormir. Según el reportaje, sus mayores adquisiciones son el Royal Bank Plaza (916 mdd USD, 2022), el edificio de Correos Canadá (855 mdd USD, 2025), The Post en Londres (785 mdd USD, 2019), Troy Block en Seattle (740 mdd USD, 2019) y el Adelphi en Londres (713 mdd USD, 2018). También ha comprado la Torre Picasso de 43 plantas en Madrid (540 mdd USD, 2011) y la Devonshire House de Londres (671 mdd USD, 2013), donde los contratos de alquiler se quedan pegados como un post‑it en la puerta de la oficina del alcalde. El Troy Block, con 800 000 pies cuadrados, abre la puerta a Amazon y a los inquilinos de primer nivel. Rufián, portavoz de ERC y maestro del “no hacer nada”, “construir más” y “intervenir el mercado”, publicó su tirada en redes el 14 abril 2026. Mientras de un lado la izquierda insiste en que la vivienda es un “acumulador”, la realidad es que la intervención en Cataluña ha hecho que los contratos de alquiler se hayan reducido de 57 158 en 2021 a 32 903 en 2024, un descenso del 43 %. Lo que se percibe como un “poder de la casa” es en realidad una “pérdida de rascacielos” causada por la burocracia que impide que los desarrolladores construyan. Esta pieza, a la vez que busca culpa, se desplaza en la misma dirección de los que la escriben: la política que promueve la intervención y la crítica que la denuncia sin reconocer la diferencia entre vivienda y oficinas. El resultado es un argumento que, al igual que un chiste sin punchline, termina en la misma habitación donde se supone que se debería construir esperanza.
Almaraz: la energía que no se va
En un día que parecía un episodio más de la novela de los grandes poderes, la Eurocámara se puso su guante de seda y su puño de hierro para señalar que la central de Almaraz no debe cerrar, al menos hasta que el reloj europeo marque el año 2027 y 2028. El giro de la trama comenzó cuando, en febrero, un cuarteto de eurodiputados –que, según dicen, llegaron con la misma energía que un gato que ha visto un ratón de verdad– se instaló en la sala de control de la planta, la cual, recordemos, es la columna vertebral de la red eléctrica de Cáceres y la última que no ha de apagarse en 2027 según el acuerdo de 2019. Pero, antes de que la gente se levante a protestar, hay que mirar la hoja de cálculo que el gobierno español y las grandes empresas –Endesa, Iberdrola y Naturgy– han firmado en 2019. En ella, el primer reactor se despide el 1 de noviembre de 2027 y el segundo el 31 de octubre de 2028. Una fecha que, al parecer, se ha vuelto más rígida que la lista de la compra de una abuela con Alzheimer. El informe, todavía en borrador, no es vinculante, pero sí es la primera vez que la Eurocámara, a través del comité de Peticiones, plantea una petición de reversión. Los eurodiputados, que se han auto‑etiquetado como guardianes de la “estabilidad de la red”, han exigido una evaluación de impacto transparente y un diálogo eficaz con los actores involucrados. Al mismo tiempo, la Unión Europea, con la misma gravedad con la que un juez revisa un contrato, reconoce la energía nuclear como una actividad de transición para frenar el cambio climático. Eso no es una metáfora, es la política de la UE. ¿Por qué se vuelve tan dramático esto? Porque Extremadura, esa región que todavía recuerda el eco de la guerra civil, corre el riesgo de perder un empleo importante con cada kilovatio que se apague. Los eurodiputados advirtieron que la caída de la planta no solo sería un golpe económico, sino también demográfico, como si un pueblo perdiera su motor y empezara a buscar trabajo en el extranjero. Finalmente, los propietarios de la central, con la esperanza de que la vida útil se extienda hasta 2030, han pedido un análisis más profundo. El mercado energético ha cambiado desde 2019, y si la UE quiere seguir creyendo en la nuclear, tendrá que pagar la factura de la transición con más que promesas. En resumen, la Eurocámara ha puesto la palabra “no” delante del cierre de Almaraz, pero la decisión final sigue en manos de un gobierno que, como todo político, juega con los precios de la energía como si fueran fichas de dominó en la mesa de un bar.
Barrabés vende su imperio por un euro
Entre la sombra de la cátedra y el brillo de los contratos, Juan Carlos Barrabés se ha desprendido de Innova Next —su obra maestra de 10 millones de euros de contratos públicos— por un euro, como si fuera un billete de lotería sin renglones. La venta llega justo cuando el juez Juan Carlos Peinado ha abierto la lupa sobre Begoña Gómez y su rol como la “catalizadora” de la trama: cartas de recomendación firmadas en La Moncloa que, más que impulsar la formación digital de jóvenes, sirvieron de pasaporte para que las empresas de Barrabés abran la puerta de la burocracia con la llave del gobierno. La novela de la corrupción se escribe en cifras. En 2021‑22, Innova Next devoró 20 millones de euros de licitaciones de Red.es, la agencia digital del Ministerio de Transformación Digital. Pero, al estallar el caso, los contratos se desmoronaron, como si se hubiera descubierto una grieta en la máquina de la reforma. La Intervención General de la Administración del Estado (Igae) y el Tribunal de Cuentas han señalado que las cartas de Begoña, firmadas el 17 enero 2020 y de nuevo en junio de ese mismo año, crearon una “competencia desigual” al otorgar puntuaciones subjetivas sin la presencia de un comité de expertos. La mitad de los competidores fueron descartados sin explicación, y el proceso se volvió un desfile de “patrones” sin un responsable visible. El juez no solo procesó a Begoña y Barrabés; también a Cristina Álvarez, la asistente del presidente del gobierno, y a la propia Begoña como testigo ante la Fiscalía Europea. La narrativa de la cátedra de la Universidad Complutense se vuelve un espejo de la política: un proyecto de transformación social que se convirtió en un esquema de tráfico de influencias bajo la mirada de Pedro Sánchez. Mientras la venta de la empresa por un euro se celebra como una “renovación” corporativa, el verdadero precio se paga en la transparencia pública. Los contratos de Red.es, que se adjudicaron sin cumplir la ley, dejan una marca invisible en la contabilidad del Estado. El caso Begoña nos recuerda que, cuando la política se sirve con un guante de seda y un puño de hierro, los ciudadanos se quedan con la factura de la corrupción en la mano.
Corrupción en La Moncloa
La noticia del procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida, ha sacudido a la prensa internacional. Medios de gran prestigio como BBC, Le Parisien o La Reppublica han destacado la acusación, demostrando el calado internacional y el desprestigio a España de la situación que rodea a la esposa de Sánchez. La prensa internacional se ha hecho eco de la decisión del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa, que ha acordado la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, junto a su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés Cónsul. Los cargos que se mantienen sobre Gómez son tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La noticia ha generado un gran revuelo en la opinión pública, ya que se trata de la esposa del presidente del Gobierno, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la transparencia y la honestidad del gobierno. La situación es similar a cuando te encuentras con un sablazo en la factura de la electricidad, te hace preguntar si alguien está manipulando los números. La reacción de Pedro Sánchez ha sido de calma, pidiendo a la Justicia que haga justicia y confiando en que el tiempo pondrá todo en su sitio. Sin embargo, la oposición ha sido más crítica, exigiendo una explicación clara sobre los hechos y pidiendo la dimisión de Begoña Gómez. La noticia ha generado un gran debate en la sociedad española, con muchos ciudadanos cuestionando la ética y la moralidad de los políticos. La situación es como cuando te das cuenta de que has estado pagando más de lo que deberías en la lista de la compra, te hace preguntar si alguien está aprovechándose de tu confianza. En resumen, la noticia del procesamiento de Begoña Gómez ha generado un gran escándalo en la política española, con muchos cuestionando la transparencia y la honestidad del gobierno. La situación es como un gran rompecabezas, con muchas piezas que no encajan, y la Justicia tendrá que trabajar duro para encontrar la verdad y hacer justicia.
Colas consulares: ¡Qué espera, que espera!
Un viento de papel y promesas sopla sobre la avenida del Mediterráneo, y la gente ha decidido que la mejor forma de evitar la lluvia de incertidumbre es aferrarse a las colas del consulado de Marruecos en Almería. Cuando la tarde del 14 de abril cayó sobre la capital almeriense, 8.000 almas, con la esperanza de convertir el miedo en papeles, pasaron frente a la entrada diplomática como si fueran a comprar los billetes de un tren que, según el Gobierno de Pedro Sánchez, todavía no salió de la fábrica. El decreto que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que permitirá la legalización de más de medio millón de personas en situación irregular, se convirtió en la bomba de relojería que disparó la cola. La publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado, prevista para el miércoles, se sintió como el pitido de un semáforo que, al tocar el rojo, hizo girar a la multitud. Entre los que se alinearon, la cifra de 30.000 a 40.000 residentes locales que podrían terminar con su estatus, se esconde entre la maraña de rostros que esperaban turno. Mientras la gente se aferraba a los papeles, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, subió al podio del consulado y pidió calma. Su mensaje, que suena más a un anuncio de radio que a una declaración política, insistía en que la mayoría de los trámites se harían de forma telemática a partir del 16 de abril, y que el presencial sería solo una opción a partir del 20, con cita previa. "Acudir ahora a la sala y esperar no es necesario", advirtió, intentando despejar la congestión de rumores. La ley exige que los solicitantes hayan estado en España antes del 1 de enero de 2026, hayan permanecido al menos cinco meses continuos y no tengan antecedentes penales. Estas condiciones, tan claras como una lista de la compra, han hecho que la gente se pregunte si el proceso será tan sencillo como llenar un formulario en línea. La escena se convierte en un microcosmos de la política migratoria española: la burocracia se transforma en espectáculo, los ciudadanos en espectadores que esperan su turno, y el gobierno en un narrador que promete soluciones mientras la realidad se vuelve un teatro de incertidumbre. La avenida del Mediterráneo, escenario de esta avalancha, se convierte en una pista donde la paciencia se vende al mejor postor y el papel se convierte en el nuevo oro de la regularización.
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