El artículo carece de una visión más amplia de las consecuencias a largo plazo del cierre de la central. La industria española tiene un papel importante que desempeñar en la transición energética, pero no se menciona cómo se planea lograr esto.
La aprobación del real decreto para regularizar a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular en España ha dejado a la Policía Nacional al margen de la tramitación de los expedientes. El Ministerio de Migraciones ha decidido externalizar gran parte del proceso, lo que ha generado malestar en el Cuerpo. Los sindicatos policiales advierten que esta decisión supone una desnaturalización del control administrativo y reduce las garantías en un proceso especialmente sensible, incrementando el riesgo de errores, fraudes o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes. La Policía Nacional solo actuará cuando se detecten anomalías o irregularidades, lo que ha llevado a cuestionar la capacidad de los funcionarios de Migraciones para evaluar cada caso. El trámite puede convertirse en un 'coladero de seguridad' si se permiten documentos caducados y no se verifica adecuadamente la identidad y los antecedentes de los solicitantes. El Gobierno ha incluido modificaciones en el decreto, como la exigencia de un certificado oficial de antecedentes y la ampliación de los plazos para obtenerlo, pero los sindicatos policiales siguen advirtiendo de los riesgos para la seguridad ciudadana. La regularización de los inmigrantes es un proceso complejo que requiere una verificación rigurosa de la identidad y los antecedentes de los solicitantes, y la exclusión de la Policía Nacional de este proceso puede tener consecuencias negativas para la seguridad del país. Por ejemplo, si un solicitante ha sido detenido recientemente, pero el proceso judicial aún no ha concluido, es posible que no tenga antecedentes penales, pero aún así represente un riesgo para la seguridad ciudadana. La externalización del proceso de regularización a oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos, con la ayuda de Tragsa, una empresa pública, puede ser un intento de agilizar el trámite, pero también puede llevar a una falta de control y supervisión sobre el proceso. En última instancia, la regularización de los inmigrantes es un proceso que debe ser llevado a cabo con rigor y transparencia, y la exclusión de la Policía Nacional de este proceso puede ser un error que tenga consecuencias negativas para la seguridad y la justicia en el país. La comparación con la lista de la compra o el sablazo en la factura puede ser una forma de entender la complejidad del proceso, pero no debe ser una excusa para relajar los controles y permitir que personas con antecedentes penales o sin identidad clara accedan al país. El certificado oficial de antecedentes es un documento crítico en este proceso, y su obtención debe ser rigurosa y transparente. La ampliación de los plazos para obtenerlo puede ser un intento de agilizar el trámite, pero también puede llevar a una falta de control y supervisión sobre el proceso. En resumen, la regularización de los inmigrantes es un proceso complejo que requiere una verificación rigurosa de la identidad y los antecedentes de los solicitantes, y la exclusión de la Policía Nacional de este proceso puede tener consecuencias negativas para la seguridad del país.
Imagina que te juegas la vida en un tren, pero resulta que los encargados de garantizar tu seguridad son capaces de saltarse sus propias reglas. Eso es lo que ha pasado con los funcionarios de ADIF, que han sido fotografiados por la Guardia Civil mientras accedían a material ferroviario precintado en el marco de la investigación del accidente de Adamuz. Es como si te dijeran que tu lista de la compra es inviolable, pero luego vieras a los empleados del supermercado manipulando tus productos sin permiso. La Guardia Civil ha documentado cómo varios operarios manipulaban y trasladaban fragmentos de vía que ya estaban bajo custodia policial, lo que podría afectar la validez de las conclusiones técnicas sobre el accidente. El material había sido depositado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, cubierto con lonas y señalizado con precintos oficiales, pero eso no pareció importar a los funcionarios. Ahora, la jueza instructora deberá determinar el alcance de estas actuaciones y si pueden tener consecuencias dentro del procedimiento. La pregunta es, ¿cómo se puede confiar en una investigación cuando los propios encargados de garantizar la seguridad parecen estar por encima de la ley? El contexto en el que se producen estas actuaciones es aún más relevante, ya que la propia Guardia Civil había identificado previamente al subdirector de Operaciones de Mantenimiento de ADIF como la persona que dio la orden de retirar y sustituir parte de los tramos de vía en la zona del accidente. La decisión de estos funcionarios ha introducido un factor de incertidumbre que puede afectar a la validez de las conclusiones técnicas. La cadena de custodia es esencial en cualquier investigación, y su finalidad es garantizar que las pruebas no han sido alteradas, manipuladas o sustituidas desde su recogida hasta su análisis pericial. En este caso, la actuación de los funcionarios de ADIF ha puesto en riesgo la integridad de la investigación. La jueza instructora deberá tomar medidas para garantizar que la investigación sea imparcial y que se esclarezcan los hechos. La retirada o manipulación de material previamente precintado exige una orden específica o, al menos, la presencia y supervisión directa de los responsables de la custodia. La ausencia de ese control es precisamente lo que lleva a la Guardia Civil a consignar los hechos en su informe. La investigación sigue en marcha, y es importante que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas para evitar que esto vuelva a suceder. La seguridad de los pasajeros es lo más importante, y es fundamental que se garantice que se cumplan las normas y protocolos establecidos para evitar accidentes como el de Adamuz. La verdad siempre merece ser contada, y en este caso, es fundamental que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas para evitar que esto vuelva a suceder.
Jair Domínguez, el rostro burlón de TV3 y Catalunya Radio, se desliza de la tele a la sala de audiencias como un espectador de su propio drama. Cuando el programa de la Generalidad exigió que diera la palabra a Vox, el independentista, con su voz de cuchara y cuchillo, lanzó un “puñetazo en la boca” que, según él, era metafórico y no literal. La frase, sacada de una transmisión que se repetía en la noche anterior a la entrada de Vox en la cámara autonómica, provocó que la Fiscalía lo acusara de delito de odio. La audiencia se convierte en un teatro donde la justicia se viste de traje y la defensa, de un letrado exdeputado de Carles Puigdemont, celebra la probable absolución con la misma pompa que un ganador de la Copa del Mundo. La Fiscalía, con la misma calma de un juez que nunca pierde la palabra, sostiene que las palabras de Domínguez no incitaron a la violencia y que la “metáfora” era solo un estilo exagerado. El Mossos d'Esquadra, en un gesto casi cómico, intervienen para asegurar que no haya incidentes violentos y refuerzan que la declaración fue “irónica”. El veredicto excluye a la Corporación Catalana de Medios Públicos de la responsabilidad civil subsidiaria y deja a Vox con la esperanza de una respuesta judicial que, al parecer, no se materializa. La escena, donde el humor se vuelve arma y la palabra se convierte en un objeto de juicio, muestra cómo el debate público se ha convertido en un circo donde la ironía y la violencia se baten en una misma cuerda. El caso deja claro que la democracia no se conquista con puñetazos, sino con discursos que, cuando se rompen bajo la lupa pública, exigen responsabilidad y claridad. La crítica de la audiencia no se queda solo en la palabra, sino en la falta de una respuesta contundente por parte de las instituciones que, al final, parecen haber perdido la noción de la ironía y la polémica al convertirse en instrumentos de política.
El 19 de marzo, el Gobierno, sin que el presidente estuviera en la capital, se lanzó a la fiebre de los 500.000 inmigrantes que, como si fueran fichas de un juego de mesa, llegaron a las oficinas del Consorcio de Transportes de Madrid para recoger un certificado que les diga que ya no son "extranjero". Mientras la ciudad se dormía, Pedro Sánchez, con la misma calma de un barista que sirve café sin preguntar, envió una carta desde China a la nación: la regularización es un acto de justicia y que se siente orgulloso de ser español. Su secretario, Carlos Cuerpo, presidió el Consejo de Ministros con la precisión de un reloj suizo, pero sin la precisión de un informe del Consejo de Estado que, antes de aprobar, advirtió de un “gran impacto administrativo” y la falta de un reporte de la Agencia Española de Protección de Datos. El consorcio, en Ríos Rosas, tenía la fila que siempre aparece en los cajones de la oficina: nadie, pues la cita se conseguía a través de una app que, como un juego de Mario, necesita saltar varios niveles para encontrar un hueco. José Mario, hondureño de cuatro años, ya había pagado el boleto de la burocracia y obtuvo su historial de transportes; Boubakar Sissi, senegalés, llegó sin pasaporte porque “lo había perdido en casa”; Jaimer, colombiano, y los bengalíes Mohamed Forhad y Mohamed Shopon, todos, con la emoción de quien gana la lotería, se despidieron con “¡Gracias, presi!” y “He is wonderful”. Pero la chispa no terminó en la puerta de la oficina. El Consejo de Estado, con la mirada de un fiscal, señaló la ausencia de verificación de antecedentes penales para solicitantes de países en conflicto, un requisito que, según la ley, se reduce a una declaración responsable. La Comisión Europea, con la paciencia de un juez, advierte que los inmigrantes regularizados que se trasladen a otro país de la UE deberán ser readmitidos en España, y el Gobierno no ha publicado el impacto presupuestario, dejando el eco de una promesa sin peso concreto. La regularización no surgió de un análisis técnico; se pactó hace meses con Podemos como cesión política para sostener la coalición. Así, los votos de los recién regularizados podrían convertirse en un nuevo censo que abra un terreno de juego político, y los partidos ya saben a quién agradecer.
El día que Rufián decidió que Amancio Ortega era el culpable de la crisis de la vivienda, la prensa se iluminó con una mezcla de confusión y carcajadas; su argumento, tan sólido como un edificio de cartón, se apoyaba en cifras que nadie había visto jamás. Forbes, esa revista que suele decirte que tu cartera es tan grande como tu ego, reveló que Ortega posee unos 25 000 millones de dólares en bienes raíces, 21 200 millones de euros de cartera, más de 200 propiedades en 13 países y, en la práctica, inmuebles que no sirven para dormir. Según el reportaje, sus mayores adquisiciones son el Royal Bank Plaza (916 mdd USD, 2022), el edificio de Correos Canadá (855 mdd USD, 2025), The Post en Londres (785 mdd USD, 2019), Troy Block en Seattle (740 mdd USD, 2019) y el Adelphi en Londres (713 mdd USD, 2018). También ha comprado la Torre Picasso de 43 plantas en Madrid (540 mdd USD, 2011) y la Devonshire House de Londres (671 mdd USD, 2013), donde los contratos de alquiler se quedan pegados como un post‑it en la puerta de la oficina del alcalde. El Troy Block, con 800 000 pies cuadrados, abre la puerta a Amazon y a los inquilinos de primer nivel. Rufián, portavoz de ERC y maestro del “no hacer nada”, “construir más” y “intervenir el mercado”, publicó su tirada en redes el 14 abril 2026. Mientras de un lado la izquierda insiste en que la vivienda es un “acumulador”, la realidad es que la intervención en Cataluña ha hecho que los contratos de alquiler se hayan reducido de 57 158 en 2021 a 32 903 en 2024, un descenso del 43 %. Lo que se percibe como un “poder de la casa” es en realidad una “pérdida de rascacielos” causada por la burocracia que impide que los desarrolladores construyan. Esta pieza, a la vez que busca culpa, se desplaza en la misma dirección de los que la escriben: la política que promueve la intervención y la crítica que la denuncia sin reconocer la diferencia entre vivienda y oficinas. El resultado es un argumento que, al igual que un chiste sin punchline, termina en la misma habitación donde se supone que se debería construir esperanza.
En un día que parecía un episodio más de la novela de los grandes poderes, la Eurocámara se puso su guante de seda y su puño de hierro para señalar que la central de Almaraz no debe cerrar, al menos hasta que el reloj europeo marque el año 2027 y 2028. El giro de la trama comenzó cuando, en febrero, un cuarteto de eurodiputados –que, según dicen, llegaron con la misma energía que un gato que ha visto un ratón de verdad– se instaló en la sala de control de la planta, la cual, recordemos, es la columna vertebral de la red eléctrica de Cáceres y la última que no ha de apagarse en 2027 según el acuerdo de 2019. Pero, antes de que la gente se levante a protestar, hay que mirar la hoja de cálculo que el gobierno español y las grandes empresas –Endesa, Iberdrola y Naturgy– han firmado en 2019. En ella, el primer reactor se despide el 1 de noviembre de 2027 y el segundo el 31 de octubre de 2028. Una fecha que, al parecer, se ha vuelto más rígida que la lista de la compra de una abuela con Alzheimer. El informe, todavía en borrador, no es vinculante, pero sí es la primera vez que la Eurocámara, a través del comité de Peticiones, plantea una petición de reversión. Los eurodiputados, que se han auto‑etiquetado como guardianes de la “estabilidad de la red”, han exigido una evaluación de impacto transparente y un diálogo eficaz con los actores involucrados. Al mismo tiempo, la Unión Europea, con la misma gravedad con la que un juez revisa un contrato, reconoce la energía nuclear como una actividad de transición para frenar el cambio climático. Eso no es una metáfora, es la política de la UE. ¿Por qué se vuelve tan dramático esto? Porque Extremadura, esa región que todavía recuerda el eco de la guerra civil, corre el riesgo de perder un empleo importante con cada kilovatio que se apague. Los eurodiputados advirtieron que la caída de la planta no solo sería un golpe económico, sino también demográfico, como si un pueblo perdiera su motor y empezara a buscar trabajo en el extranjero. Finalmente, los propietarios de la central, con la esperanza de que la vida útil se extienda hasta 2030, han pedido un análisis más profundo. El mercado energético ha cambiado desde 2019, y si la UE quiere seguir creyendo en la nuclear, tendrá que pagar la factura de la transición con más que promesas. En resumen, la Eurocámara ha puesto la palabra “no” delante del cierre de Almaraz, pero la decisión final sigue en manos de un gobierno que, como todo político, juega con los precios de la energía como si fueran fichas de dominó en la mesa de un bar.
Entre la sombra de la cátedra y el brillo de los contratos, Juan Carlos Barrabés se ha desprendido de Innova Next —su obra maestra de 10 millones de euros de contratos públicos— por un euro, como si fuera un billete de lotería sin renglones. La venta llega justo cuando el juez Juan Carlos Peinado ha abierto la lupa sobre Begoña Gómez y su rol como la “catalizadora” de la trama: cartas de recomendación firmadas en La Moncloa que, más que impulsar la formación digital de jóvenes, sirvieron de pasaporte para que las empresas de Barrabés abran la puerta de la burocracia con la llave del gobierno. La novela de la corrupción se escribe en cifras. En 2021‑22, Innova Next devoró 20 millones de euros de licitaciones de Red.es, la agencia digital del Ministerio de Transformación Digital. Pero, al estallar el caso, los contratos se desmoronaron, como si se hubiera descubierto una grieta en la máquina de la reforma. La Intervención General de la Administración del Estado (Igae) y el Tribunal de Cuentas han señalado que las cartas de Begoña, firmadas el 17 enero 2020 y de nuevo en junio de ese mismo año, crearon una “competencia desigual” al otorgar puntuaciones subjetivas sin la presencia de un comité de expertos. La mitad de los competidores fueron descartados sin explicación, y el proceso se volvió un desfile de “patrones” sin un responsable visible. El juez no solo procesó a Begoña y Barrabés; también a Cristina Álvarez, la asistente del presidente del gobierno, y a la propia Begoña como testigo ante la Fiscalía Europea. La narrativa de la cátedra de la Universidad Complutense se vuelve un espejo de la política: un proyecto de transformación social que se convirtió en un esquema de tráfico de influencias bajo la mirada de Pedro Sánchez. Mientras la venta de la empresa por un euro se celebra como una “renovación” corporativa, el verdadero precio se paga en la transparencia pública. Los contratos de Red.es, que se adjudicaron sin cumplir la ley, dejan una marca invisible en la contabilidad del Estado. El caso Begoña nos recuerda que, cuando la política se sirve con un guante de seda y un puño de hierro, los ciudadanos se quedan con la factura de la corrupción en la mano.
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