En la sala del Parlamento Europeo, Ribera se ha convertido en la última pieza de un rompecabezas que parece más una sopa de letras que un proyecto de energía limpia. La Eurocámara, con la audacia típica de los que aman la burocracia, ha lanzado la petición de revisar el proyecto estrella de Forestalia, el que promete 800 megavatios de viento sobre 20 parques y 125 aerogeneradores, 85 de los cuales pueblan la Red Natura 2000.
El drama empezó en octubre de 2024 cuando la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, liderada por Javier Oquendo, denunció que el Ministerio de Transición Ecológica, bajo la supervisión de la exministra Teresa Ribera, liberó una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para todo el clúster.
Eso, como un cajón de la cocina donde se mete una cuchara y se sirve sopa para todos: sin distinguir las distintas parcelas. El asunto se volvió más picante cuando se descubrió que la empresa de Fernando Samper había recibido contrapartidas, y que en el expediente se ocultó una cifra de 5,2 millones de euros que, según el exsubdirector Eugenio Domínguez, se pagó a la consultora de su esposa.
La petición se apoyó en cuatro bloques parlamentarios: PP, Vox, Podemos y Compromís, todos con la misma voz de que la UE debe vigilar a los que se hacen de la sombra. El diputado Borja Giménez Larraz de PP exaltó el potencial de las renovables, pero exigió garantías. Elena Nevado, también de PP, y Jorge Buxadé de Vox, apuntaron directamente a Ribera, acusándola de “mantener al presunto culpable” y de “apoyar a Forestalia a dedo”.
Isabel Serra de Sumar y Vicent Marzà Ibáñez de Compromís denunciaron un “problema estructural” que trasciende un solo caso. El juez Juan José Cortés de Teruel está investigando si la unidad de Medioambiente de Transición Ecológica creó un “sistema de tramitación paralelo” para beneficiar a la empresa, mientras el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) apuesta hasta 500 millones de euros por la zona.
El resultado es que la Comisión Europea tendrá que recavar datos, redibujar la línea de la DIA y presentar un informe que, aunque no sea una investigación con poderes coercitivos, puede cerrar la puerta a una de las figuras más influyentes de la UE. Al final, la lección es que, cuando el viento sopla, a veces también sopla la burocracia… y la política.
Crítica:
El título promete drama y entrega una crónica que se queda corto en la profundidad de la investigación. Falta datos sobre los plazos de la revisión y la respuesta de la Comisión.
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