Crítica:
El titular es una máscara de ironía que oculta la verdad de la doble moral del gobierno. La cobertura falta de profundizar en la lógica que permite financiar a los verdugos mientras se extingue a sus víctimas.
La doble moral del Gobierno: ilegaliza la Fundación Franco y da ayudas a la de Largo Caballero o Sabino Arana
Gobierno: Apoya asesinos, mata a Franco
Otros artículos
Sindicatos sin la gran benefactora Díaz
El primer día de mayo se ha convertido en una especie de desfile sin música, donde el eco de los pasos de los trabajadores suena a un recordatorio de que la mayor parte de sus recursos ya no proviene del bolsillo del Gobierno, sino de la mano de una ex ministra que, al decidir no postularse en listas electorales, dejó a los sindicatos con la sensación de haber perdido a su patrona. Cuando Yolanda Díaz asumió el Ministerio de Trabajo a inicios de 2020, el gasto anual en ayudas a los sindicatos era de menos de 9 millones de euros, una cifra que había quedado atrapada bajo capas de recortes que el gobierno de Mariano Rajoy había colocado como un tapón en la máquina de la economía. En 2021, la cifra saltó un 56 % y llegó a 13,88 millones; en 2022, un 22 % más y 17 millones, cifra que se mantuvo igual en 2023 y 2024. Así, en cinco años, la ayuda al sector sindical se disparó un 260 %, y el Ministerio de Trabajo los volvió a empujar a la línea de la prosperidad. La gran jugada se vio en diciembre de 2024, cuando el ministerio, sin esperar la aprobación de los PGE, anunció una subvención de 32 millones para 2025. Eso no es simplemente duplicar el gasto: es un salto que hace que la cifra se alinee con los 16 millones que el ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero había dejado en sus manos, y que se traduce en que el 74 % de ese dinero se repartió entre los sindicatos de clase, CCOO y UGT. CCOO recibió 12,2 millones y UGT 11,4 millones. Los demás, USO y CSIF, se quedaron con apenas 1,4 millones cada uno. Esta generosidad se tradujo en una complicidad casi perfecta: los sindicatos, con el dinero en la mano, colaboraron con Díaz en la propuesta de blindaje del despido, la subida del salario mínimo y la reducción de jornada, convirtiéndose en cómplices de un proyecto de gobierno que, paradójicamente, se mostró escéptico ante los ministros socialistas, especialmente Óscar López, y crítico ante Hacienda. Para el Día Internacional del Trabajo, Unai Sordo y Pepe Álvarez rompen la tradición y dirigen la manifestación en Málaga, bajo el lema ‘Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia’. El mensaje es claro: los sindicatos quieren mejores salarios y vivienda, pero su dependencia del dinero público les hace perder la autonomía que pretenden defender.
Paga extra a funcionarios, pensionistas en cola
Mientras el Gobierno de Sánchez pinta la regularización de migrantes como un acto de compasión, la seguridad social se convierte en la máquina de recompensas que alimenta el buje burocrático. En la resolución de hoy, los agentes que procesarán las solicitudes de residencia de los ‘ilegales’ ganarán gratificaciones y se les dará la llave de la tarde para que, entre 16 y 19, atiendan a la fila que, por supuesto, ya está repleta de familias con pasaportes de papel. El 20 de abril marca el inicio de esta nueva era de horarios extendidos y el 30 de junio de 2026, la fecha límite para que la burocracia se despierte de su siesta. Al principio, la medida se vio empañada por el Consejo de Estado, que, con su típico tono de “no basta una declaración responsable”, exigió ajustes antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe con la firmeza de un real decreto. Ahora, el decreto 316/2026, fechado el 14 de abril, se convierte en el contrato que promete pagar a los funcionarios que, en vez de hacer la vida de los jubilados más ligera, se encarguen de que los migrantes tengan el permiso de residencia de la mano. El presupuesto se ajusta: el crédito para cubrir los gastos extraordinarios se asignará desde la Secretaría de Estado de Migraciones, y no se olvidará el detalle de los costes de gratificaciones, oficina, formación y horas extras. Por otro lado, la Seguridad Social y el INSS se comprometen a abrir sus puertas en la tarde, pero solo para los trámites de residencia: 16 a 19 horas, de lunes a viernes, entre el 20 de abril y el 30 de junio de 2026. Esa ventana es como un oasis en medio de la selva de la burocracia, donde el personal voluntario, según las posibilidades de apertura de centros provinciales, debe estar listo para guiar a los solicitantes a través del laberinto de formularios digitales y papel. En suma, los funcionarios de la Seguridad Social, los que ya reciben fondos públicos, ahora reciben un bono extra por gestionar la regularización, mientras los pensionistas y jubilados se ven relegados a la cola de las oficinas para sus trámites habituales. La hipocresía se sirve con una cucharada de gratificaciones, y la ironía, con la promesa de que la regularización no afectará el normal funcionamiento de la oficina. Pero, al final, lo que realmente cuenta es que el dinero que se destina a los funcionarios se destina a la burocracia, no a la gente que necesita ayuda. La lección es simple: la política de Sánchez sigue siendo una fábrica de incentivos que no deja de pagar a quien la hace girar, mientras la calle sigue esperando su turno.
475M en un holding de 3k
En un día de lluvia fiscal, el Gobierno de España inyectó 475 millones de euros en Air Europa, pero la empresa que recibió la gota de agua era una start‑up de 3 000 euros de capital. Air Europa Holding, creada el 13 noviembre de 2019 bajo el nombre de Mesye Management SL, cambió de apodo a 20 dicembre de ese mismo año y, con la misma baja cifra de capital, se convirtió en la heroína de una ayuda estatal que, según la ley, debía pasar por el cruce de la burocracia europea. El rescate se aprobó el 3 noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros y se canalizó a través de dos préstamos de 240 y 235 millones de euros, justo por debajo del umbral de 250 millones que obligaría a la Comisión Europea a revisar la operación. Con este truco, los fondos se deslizaron sin que Bruselas se diera cuenta. El drama comenzó cuando IAG, la matriz de Iberia, anunció la compra de Air Europa por 1 000 millones de euros el 4 noviembre de 2019, un día antes de la creación de la holding. Esa estrategia de “comprar y salvar” se desmoronó con la pandemia, que redujo el tráfico aéreo y dejó al grupo Globalia en la cuerda floja. La SEPI, la entidad del Estado que supervisó el fondo de solvencia, no revisó a profundidad la estructura de la holding, a pesar de que el proceso exigía una evaluación exhaustiva de la viabilidad y la relevancia estratégica. Javier Hidalgo, jefe de la aerolínea, está en el Tribunal Supremo para explicar por qué se acercó a la “trama de corrupción” y si el pago de unas vacaciones al ex‑ministro José Luis Ábalos fue un soborno encubierto. Mientras tanto, Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, ha sido imputado por prevaricación. La investigación también cuestiona el hecho de que la aerolínea, al recibir la ayuda, tenía deudas tributarias de 59 millones de euros. Si la ayuda se concedió sin comprobar la solvencia real, la pregunta es: ¿estábamos pagando por una empresa que no tenía ni la mitad de su capital para pagarla? En la gran obra de la política pública, los actores se han convertido en actores de un teatro donde el escenario es la balanza y la trama se escribe con billetes de 500 letras. La historia de Air Europa Holding nos recuerda que, cuando el Estado quiere salvar a una empresa, a veces crea la empresa en la misma hora que necesita la ayuda. El caso deja claro que el dinero público es una especie de “sabor picante” que, si se sirve sin verificar la calidad de la comida, termina quemando la credibilidad de los que lo distribuyen.
El IRPF: ¡Cuatro veces más!
El 19 de abril de 2026, La Sexta Xplica se convirtió en una pista de circo fiscal. En su plató, el joven Jon Echeverría, de Nuevas Generaciones del PP, lanzó un dato que parecía sacado de la caja de la telenovela: que un trabajador de 18 000 € pagaría, en 2026, casi cuatro veces más IRPF que en 2019. Los “expertos” Afra Blanco, Julen Bollain y Alberto Sotillos, con la misma energía de quienes se van a las vacaciones sin pagar la factura, se lanzaron contra él con la misma rapidez con la que se hace un “tapa‑de‑café” en la cocina: "mujer, no es un infierno fiscal", murmuraron, sin ofrecer ni la mitad de una cifra concreta. Jon, sin perder el ritmo, mostró los números de la mano: 623,8 € de IRPF en 2026 frente a 157,1 € en 2019, calculados por el ingeniero industrial Jon González a partir de la Seguridad Social, Hacienda e INE. La reacción en X fue un huracán de descalificaciones; la propia cuenta de laSexta Xplica lo etiquetó de "imaginativo" y dibujó el escenario con un tono de broma que, lejos de ser un chiste, era una bofetada de la lógica. Pero el drama no terminó allí. Los diputados del PSOE, con la misma falta de precisión que el cálculo de la inflación, se unieron al coro. Guillermo Hita, con la precisión de un reloj de cuerda que no funciona, afirmó que el tipo marginal en 2019 era 24 % y que los tramos iban 19 % hasta 12 450 € y 24 % de 12 450 € a 20 200 €. Santiago Rivero, con la misma arrogancia de quien se cree que conoce la ciencia de la química, soltó: "Datos: elaboración propia. Nada más que añadir, señoría. 😂". Todo esto mientras el programa no rectificó, salvo una disculpa parcial de Alberto Sotillos, que, después de ser evidenciado por Jon González, admitió que su selección de caso era demasiado puntual. El episodio ilustra la hipocresía de la televisión y la política: los que se defienden de las mentiras son los que las lanzan con mayor descaro. El joven Jon Echeverría, con la paciencia de un vendedor de garrafas de agua en la calle, demostró que el IRPF se ha disparado cuando la inflación se vuelve más alta que la lógica. Cuando la gente se queja de que "España es un infierno fiscal", la respuesta está en los números, no en la retórica. Los políticos que se burlan de la verdad, como el propio diputado Guillermo Hita, prefieren inventar datos que, en realidad, son tan obvios como la diferencia entre 18 000 € y 623,8 € de impuestos. En fin, la moral del cuento: la gente que se ríe de la verdad suele ser la misma que la produce. Y la televisión, al igual que el mercado de la información, sigue vendiendo humo mientras la inflación se sube como la temperatura de un horno sin apagón.
Desaparición de datos
En plena regularización masiva de inmigrantes, el Partido Popular pone el foco en las estadísticas ocultas sobre la concesión de papeles por 'arraigo familiar'. La falta de información hace que el proceso sea un misterio. El grupo de Ester Muñoz en el Congreso ha presentado una batería de preguntas para obtener datos ocultos. Las estadísticas publicadas por el Observatorio Permanente de la Inmigración recogen un crecimiento exponencial de regularizados por arraigo familiar desde que en 2022 se modificó la ley para introducir un tercer supuesto que permite acogerse a esta media: ser cónyuge, pareja de hecho o ascendiente mayor de 65 años de un español. Hasta ese momento, sólo podían regularizarse por arraigo familiar los progenitores de un menor español a cargo o los hijos de padres de origen español. El nuevo supuesto supondría, en la práctica, un coladero. Según los datos publicados por el propio Observatorio, en junio de 2022, antes de la entrada en vigor de la norma, había en España casi 33.000 regularizados por arraigo familiar. A 31 de diciembre de 2025 suman 253.000, es decir, casi un 800% más. Esto es como si en tres años, la lista de la compra de un país se hubiera multiplicado por ocho. La opacidad impide evaluar en qué medida el crecimiento registrado desde 2022 se explica por la incorporación del supuesto conyugal y de vínculo familiar con ciudadano español. El PP exige datos al Gobierno y pregunta por escrito si dispone de información 'desglosada sobre las autorizaciones concedidas entre el 16 de agosto de 2022 y el 20 de mayo de 2025 en función de cada uno de los supuestos habilitantes'. La falta de transparencia es como un sablazo en la factura que no puedes pagar. El PP también pregunta si el Gobierno 'dispone de datos desglosados sobre las autorizaciones concedidas desde el 20 de mayo de 2025 en función de cada uno de los dos supuestos habilitantes' en la actualidad. La respuesta del Gobierno es como un agujero contable que no se puede llenar. En caso afirmativo a cualquiera de las preguntas anteriores, el PP pregunta por qué razón estos datos no se incorporan a las estadísticas de referencia publicadas periódicamente por el Observatorio Permanente de la Inmigración. La falta de respuesta es como un tirar de tarjeta que no funciona. Por último, el PP interpela al Ejecutivo para saber si 'ha realizado la Secretaría de Estado de Migraciones o cualquier otro órgano de la Administración General del Estado algún análisis o auditoría sobre la coherencia y veracidad de la documentación aportada para acreditar los supuestos habilitantes del arraigo familiar, y cuáles han sido sus conclusiones'. La falta de conclusiones es como un ingeniero financiero que no puede explicar cómo se gastó el dinero. En resumen, la regularización de inmigrantes es un proceso que necesita transparencia y datos desglosados para evaluar su efectividad. La falta de información es como un coladero que permite la concesión de residencias sin control.
Valle de los Caídos en TV
En un giro inesperado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido televisar las exhumaciones del Valle de los Caídos, un proyecto que ha generado más preguntas que respuestas. Con un presupuesto que parece desproporcionado en comparación con la demanda real, el Ejecutivo se embarca en una aventura mediática que busca justificar un gasto que sólo el 0,56% de los descendientes de las víctimas ha solicitado. Mientras tanto, la cifra de exhumaciones realizadas desde 2018 es impresionante: 8.000, pero solo 70 cuerpos han sido identificados. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia y el propósito de esta iniciativa. El convenio firmado con RTVE para la emisión de un documental sobre el proceso de exhumación y identificación en el Valle de Cuelgamuros busca proporcionar transparencia y respeto a la memoria de las víctimas, pero también genera dudas sobre la verdadera intención detrás de esta decisión. El documental, que se rodará en su totalidad, promete ofrecer una visión detallada del proceso, pero también plantea preguntas sobre la relevancia pública y cultural del Valle de los Caídos en la actualidad. Con una cifra de 33.833 restos humanos en el Valle de los Caídos y solo 190 peticiones de recuperación, el Gobierno se enfrenta a un desafío para justificar este gasto. El proyecto, que se presenta como un esfuerzo institucional para recuperar y restituir la memoria de las víctimas, también ha generado críticas por su fracaso en la política de memoria histórica. La identificación de solo 70 cuerpos de entre las más de 8.000 exhumaciones realizadas desde 2018 es un dato que cuestiona la eficacia de esta iniciativa. En resumen, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un desafío para justificar un gasto que parece desproporcionado en comparación con la demanda real, y que ha generado más preguntas que respuestas sobre su propósito y eficacia.
Inmigrantes sin control
La regularización masiva de inmigrantes en España ha generado un debate intenso sobre la seguridad pública y la eficacia de los informes policiales. A pesar de que el Gobierno insiste en que los inmigrantes con antecedentes penales no serán regularizados si la Policía emite un informe en contra, fuentes policiales denuncian que el Real Decreto 316/2026 vacía de contenido el trabajo policial en materia de extranjería y seguridad pública. La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización, lo que significa que los informes policiales serán un mero trámite sin eficacia real. Esto genera inseguridad jurídica y debilita la capacidad de prevenir problemas de seguridad derivados de la regularización masiva. El sindicato policial JUPOL muestra su rotunda preocupación ante el contenido del Real Decreto y denuncia que se está priorizando un enfoque político frente a criterios técnicos y de seguridad. La regularización masiva del Gobierno excluye a los inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales registrados en los últimos cinco años, pero aquellos que cuentan con antecedentes policiales como detenidos, investigados o en prisión provisional podrán regularizarse si la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) lo considera oportuno. Esto supone un gasto de recursos del Estado en informes que no van a valer gran cosa y debilita la capacidad de prevenir problemas de seguridad derivados de la regularización masiva. La decisión del Gobierno de no darle carácter vinculante a los informes policiales supone poner a los policías que los redactan en un brete jurídico y genera incertidumbre operativa y jurídica. La regularización masiva del Gobierno es una medida improvisada que genera inseguridad jurídica y debilita la capacidad de prevenir problemas de seguridad derivados de la regularización masiva. La falta de protocolo de actuación y la ausencia de criterios claros para la redacción de los informes policiales generan un vacío jurídico que puede tener consecuencias graves para la seguridad pública. La priorización de la política frente a la seguridad es un error que puede tener consecuencias graves para la sociedad española. La regularización masiva del Gobierno es un ejemplo claro de cómo la política puede ser más importante que la seguridad y la justicia. La falta de transparencia y la ausencia de criterios claros para la regularización de inmigrantes generan inseguridad jurídica y debilitan la capacidad de prevenir problemas de seguridad derivados de la regularización masiva. La regularización masiva del Gobierno es un ejemplo claro de cómo la política puede ser más importante que la seguridad y la justicia. La decisión del Gobierno de no darle carácter vinculante a los informes policiales supone un gasto de recursos del Estado en informes que no van a valer gran cosa y debilita la capacidad de prevenir problemas de seguridad derivados de la regularización masiva. La falta de protocolo de actuación y la ausencia de criterios claros para la redacción de los informes policiales generan un vacío jurídico que puede tener consecuencias graves para la seguridad pública. La priorización de la política frente a la seguridad es un error que puede tener consecuencias graves para la sociedad española.
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