Mientras el Gobierno de Sánchez pinta la regularización de migrantes como un acto de compasión, la seguridad social se convierte en la máquina de recompensas que alimenta el buje burocrático. En la resolución de hoy, los agentes que procesarán las solicitudes de residencia de los ‘ilegales’ ganarán gratificaciones y se les dará la llave de la tarde para que, entre 16 y 19, atiendan a la fila que, por supuesto, ya está repleta de familias con pasaportes de papel.
El 20 de abril marca el inicio de esta nueva era de horarios extendidos y el 30 de junio de 2026, la fecha límite para que la burocracia se despierte de su siesta. Al principio, la medida se vio empañada por el Consejo de Estado, que, con su típico tono de “no basta una declaración responsable”, exigió ajustes antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe con la firmeza de un real decreto.
Ahora, el decreto 316/2026, fechado el 14 de abril, se convierte en el contrato que promete pagar a los funcionarios que, en vez de hacer la vida de los jubilados más ligera, se encarguen de que los migrantes tengan el permiso de residencia de la mano. El presupuesto se ajusta: el crédito para cubrir los gastos extraordinarios se asignará desde la Secretaría de Estado de Migraciones, y no se olvidará el detalle de los costes de gratificaciones, oficina, formación y horas extras.
Por otro lado, la Seguridad Social y el INSS se comprometen a abrir sus puertas en la tarde, pero solo para los trámites de residencia: 16 a 19 horas, de lunes a viernes, entre el 20 de abril y el 30 de junio de 2026. Esa ventana es como un oasis en medio de la selva de la burocracia, donde el personal voluntario, según las posibilidades de apertura de centros provinciales, debe estar listo para guiar a los solicitantes a través del laberinto de formularios digitales y papel.
En suma, los funcionarios de la Seguridad Social, los que ya reciben fondos públicos, ahora reciben un bono extra por gestionar la regularización, mientras los pensionistas y jubilados se ven relegados a la cola de las oficinas para sus trámites habituales. La hipocresía se sirve con una cucharada de gratificaciones, y la ironía, con la promesa de que la regularización no afectará el normal funcionamiento de la oficina.
Pero, al final, lo que realmente cuenta es que el dinero que se destina a los funcionarios se destina a la burocracia, no a la gente que necesita ayuda. La lección es simple: la política de Sánchez sigue siendo una fábrica de incentivos que no deja de pagar a quien la hace girar, mientras la calle sigue esperando su turno.
Crítica:
El titular promete gratificaciones sin detallar quién las recibe; la pieza carece de cifras concretas sobre el monto de las bonificaciones. El enfoque se centra en la burocracia, dejando de lado los efectos reales para los migrantes.
Comentarios