La noticia carece de información sobre los resultados concretos de la operación y su impacto en la comunidad. El título es engañoso, ya que sugiere que la delincuencia es un problema grave en la zona, cuando en realidad la operación se centra en prevenir y reducir la delincuencia contra el patrimonio.
En la sala del Parlamento Europeo, Ribera se ha convertido en la última pieza de un rompecabezas que parece más una sopa de letras que un proyecto de energía limpia. La Eurocámara, con la audacia típica de los que aman la burocracia, ha lanzado la petición de revisar el proyecto estrella de Forestalia, el que promete 800 megavatios de viento sobre 20 parques y 125 aerogeneradores, 85 de los cuales pueblan la Red Natura 2000. El drama empezó en octubre de 2024 cuando la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, liderada por Javier Oquendo, denunció que el Ministerio de Transición Ecológica, bajo la supervisión de la exministra Teresa Ribera, liberó una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para todo el clúster. Eso, como un cajón de la cocina donde se mete una cuchara y se sirve sopa para todos: sin distinguir las distintas parcelas. El asunto se volvió más picante cuando se descubrió que la empresa de Fernando Samper había recibido contrapartidas, y que en el expediente se ocultó una cifra de 5,2 millones de euros que, según el exsubdirector Eugenio Domínguez, se pagó a la consultora de su esposa. La petición se apoyó en cuatro bloques parlamentarios: PP, Vox, Podemos y Compromís, todos con la misma voz de que la UE debe vigilar a los que se hacen de la sombra. El diputado Borja Giménez Larraz de PP exaltó el potencial de las renovables, pero exigió garantías. Elena Nevado, también de PP, y Jorge Buxadé de Vox, apuntaron directamente a Ribera, acusándola de “mantener al presunto culpable” y de “apoyar a Forestalia a dedo”. Isabel Serra de Sumar y Vicent Marzà Ibáñez de Compromís denunciaron un “problema estructural” que trasciende un solo caso. El juez Juan José Cortés de Teruel está investigando si la unidad de Medioambiente de Transición Ecológica creó un “sistema de tramitación paralelo” para beneficiar a la empresa, mientras el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) apuesta hasta 500 millones de euros por la zona. El resultado es que la Comisión Europea tendrá que recavar datos, redibujar la línea de la DIA y presentar un informe que, aunque no sea una investigación con poderes coercitivos, puede cerrar la puerta a una de las figuras más influyentes de la UE. Al final, la lección es que, cuando el viento sopla, a veces también sopla la burocracia… y la política.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido, con la elegancia de un político que se ha quedado sin opciones, permitir a la televisión pública RTVE grabar en cámara lenta, pero sin filtros, el proceso de apertura, exhumación e identificación de restos en el Valle de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos. El comunicado, publicado en el BOE el 21 de abril de 2026, no es un simple anuncio, es un acto de transparencia que, según la prensa oficial, pretende convertir el sitio en un “Gran Hermano” de la memoria democrática. Mientras la cámara recorre las más de 33 833 cajas de enterramientos, los técnicos describen el trabajo como el “plan de exhumación más complejo” de España, una frase que suena tan grandiosa como la idea de que se pudieran identificar a todos los restos. Pero la realidad es que la cifra de familias que han solicitado la recuperación de restos es apenas 190, equivalentes a un 0,56 % del total. ¿Un “gran número” de voces? Ninguna. La decisión llega a la altura de la Ley de Memoria Democrática, la bandera que el Ejecutivo lleva en la cara cuando la gente le pregunta por qué lo hace. “Queremos que la gente vea lo que estamos haciendo”, dicen, mientras en el fondo la agenda política sigue su curso. La exhumación de Franco en 2019 ya había puesto al Valle en la mira del Ejecutivo, y ahora el Gobierno quiere que la cámara lo documente de forma completa, tal cual lo hacen los programas de telerrealidad cuando un castillo de la infancia se queda sin luces. La grabación será acompañada por un comité científico asesor, formado por expertos que ya han participado en exhumaciones previas. Se asegura que la producción de RTVE será independiente, pero la palabra “independiente” suena más a promesa que a hecho cuando el Estado controla la narrativa. A la vez, el número de cajas supera las 11 000, y la idea de que se pueda cubrir todo el proceso es tan realista como la promesa de que un político pueda ser fiel a sus palabras. La película del Gobierno se convierte en un documental que, antes de terminar, deja al espectador con la pregunta: ¿es la memoria un espectáculo de cámara o simplemente una forma de llenar la agenda política? En cualquier caso, la realidad es que el “Gran Hermano” que se está construyendo en el Valle de Cuelgamuros está más preocupado por la imagen que por el contenido. En el fondo, mientras la cámara sigue su recorrido, se puede escuchar el silencio de las 33 833 almas que aún no han sido identificadas, y la respuesta del Gobierno es: “La transparencia es la clave”. Pero la clave real es la de la política, y la cámara está allí para demostrarla, aunque la verdad se quede en el polvo de los cementerios.
Al principio de 2015 la UE importaba más del 70 % de sus cítricos de la propia comunidad –71,1 % de estados miembros versus 28,9 % de terceros países– y la fruta española se sentía como el dueño del carril en la cesta de la compra. Diez años después, la balanza se ha vuelto una montaña rusa. El 62,5 % de los cítricos que llegan a las mesas europeas provienen de la UE y los 37,5 % de países externos han subido como un televisor viejo que gana en la segunda mitad de la noche. Entre las mandarinas, la caída más brutal: de 80,5 % a 61,6 % y la cuota europea a solo 18,9 %. Los datos de la agricultura no se quedan en cifras frías: en 2025 la importación de pequeños cítricos de terceros países se disparó un 24,7 % respecto a 2024 y un 25,8 % sobre la media 2020‑2025. Sudáfrica, el rey de los pequeños cítricos, aumentó su volumen en un 21,9 % con respecto a 2024, y en los últimos cinco años se disparó un 55,9 %. Marruecos y Perú siguen la misma senda: Marruecos sube un 14,9 % sobre el año pasado y un 1 % sobre la media de cinco años, Perú 34,9 % más que en 2024 y 34,2 % sobre la media del lustro. El volumen promedio de 2020‑2024 era de 446 644 t; en 2025 ya son 523 902 t. Sudáfrica, con un acuerdo preferencial desde 2016, casi rompe el millón de toneladas de exportaciones, pasando de menos de 150 000 t en 2016 a 111 953 t en 2025 y 74 059 t en septiembre, un 38,06 % más que el mismo mes en 2024. El presidente de AVA‑Asaja, Cristóbal Aguado, se ha quejado de que la UE entrega “una estrategia comercial diseñada para sustituir los cítricos europeos por otros de terceros países” y que la llegada de Mercosur y del zumo brasileño “puede suponer la puntilla a nuestra citricultura”. La política de aranceles, según él, favorece a países con costes laborales y fitosanitarios bajos y deja a los agricultores españoles sin reciprocidad ni protección.
El primer día de mayo se ha convertido en una especie de desfile sin música, donde el eco de los pasos de los trabajadores suena a un recordatorio de que la mayor parte de sus recursos ya no proviene del bolsillo del Gobierno, sino de la mano de una ex ministra que, al decidir no postularse en listas electorales, dejó a los sindicatos con la sensación de haber perdido a su patrona. Cuando Yolanda Díaz asumió el Ministerio de Trabajo a inicios de 2020, el gasto anual en ayudas a los sindicatos era de menos de 9 millones de euros, una cifra que había quedado atrapada bajo capas de recortes que el gobierno de Mariano Rajoy había colocado como un tapón en la máquina de la economía. En 2021, la cifra saltó un 56 % y llegó a 13,88 millones; en 2022, un 22 % más y 17 millones, cifra que se mantuvo igual en 2023 y 2024. Así, en cinco años, la ayuda al sector sindical se disparó un 260 %, y el Ministerio de Trabajo los volvió a empujar a la línea de la prosperidad. La gran jugada se vio en diciembre de 2024, cuando el ministerio, sin esperar la aprobación de los PGE, anunció una subvención de 32 millones para 2025. Eso no es simplemente duplicar el gasto: es un salto que hace que la cifra se alinee con los 16 millones que el ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero había dejado en sus manos, y que se traduce en que el 74 % de ese dinero se repartió entre los sindicatos de clase, CCOO y UGT. CCOO recibió 12,2 millones y UGT 11,4 millones. Los demás, USO y CSIF, se quedaron con apenas 1,4 millones cada uno. Esta generosidad se tradujo en una complicidad casi perfecta: los sindicatos, con el dinero en la mano, colaboraron con Díaz en la propuesta de blindaje del despido, la subida del salario mínimo y la reducción de jornada, convirtiéndose en cómplices de un proyecto de gobierno que, paradójicamente, se mostró escéptico ante los ministros socialistas, especialmente Óscar López, y crítico ante Hacienda. Para el Día Internacional del Trabajo, Unai Sordo y Pepe Álvarez rompen la tradición y dirigen la manifestación en Málaga, bajo el lema ‘Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia’. El mensaje es claro: los sindicatos quieren mejores salarios y vivienda, pero su dependencia del dinero público les hace perder la autonomía que pretenden defender.
Dicen que el Estado debe ser el guardián de la memoria, pero lo que se ve a través del espejo de la Ley de Memoria Democrática es una farsa de doble filo. El 14 de abril, el Ministerio de Cultura—bajo la dirección del ministro Ernest Urtasun—presentó a la Justicia la solicitud de extinguir la Fundación Francisco Franco, un acto que, tras casi cuatro años de gestación, se cumplió con la eliminación de una institución que, según la propia ley, no perseguía fines de interés general porque “aplaudia el golpe de Estado y la dictadura”. Mientras la máquina burocrática se deshace de los restos franquistas, el mismo aparato se vuelve generoso con los defensores de la izquierda y el nacionalismo vasco. Desde 2022, la Fundación Largo Caballero ha recibido once subvenciones que suman 172 674,86 €—cuatro de ellas del Ministerio de Cultura, destinadas a digitalizar archivos y mejorar instalaciones, y otras de los Ministerios de Memoria y de Trabajo y Economía Social—para actividades que, según el texto, apoyan a las víctimas de la Guerra Civil, aunque la propia Caballero estuvo al mando de los hechos de Paracuellos en 1936. Y no olvidemos a Sabino Arana, el ideólogo racista que fundó el PNV y que el Estado, en menos de cuatro años, ha beneficiado con ocho ayudas que ascienden a 46 064,13 € de la Cultura y 20 000 € para dos escape rooms en 2023, además de 395 633,20 € de la Diputación Foral de Bizkaia. La cifra de 218 739 € que se asignó a la “Fundación Franco” se ha ido, mientras que el dinero se ha redirigido a fundaciones que glorifican a asesinos y nacionalistas. La ley, que debería ser un instrumento de limpieza histórica, se ha convertido en un billete de lotería donde el Estado apuesta por sus propios intereses. ¿Hasta cuándo seguirá el juego de la doble moral?
Mientras el Gobierno de Sánchez pinta la regularización de migrantes como un acto de compasión, la seguridad social se convierte en la máquina de recompensas que alimenta el buje burocrático. En la resolución de hoy, los agentes que procesarán las solicitudes de residencia de los ‘ilegales’ ganarán gratificaciones y se les dará la llave de la tarde para que, entre 16 y 19, atiendan a la fila que, por supuesto, ya está repleta de familias con pasaportes de papel. El 20 de abril marca el inicio de esta nueva era de horarios extendidos y el 30 de junio de 2026, la fecha límite para que la burocracia se despierte de su siesta. Al principio, la medida se vio empañada por el Consejo de Estado, que, con su típico tono de “no basta una declaración responsable”, exigió ajustes antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe con la firmeza de un real decreto. Ahora, el decreto 316/2026, fechado el 14 de abril, se convierte en el contrato que promete pagar a los funcionarios que, en vez de hacer la vida de los jubilados más ligera, se encarguen de que los migrantes tengan el permiso de residencia de la mano. El presupuesto se ajusta: el crédito para cubrir los gastos extraordinarios se asignará desde la Secretaría de Estado de Migraciones, y no se olvidará el detalle de los costes de gratificaciones, oficina, formación y horas extras. Por otro lado, la Seguridad Social y el INSS se comprometen a abrir sus puertas en la tarde, pero solo para los trámites de residencia: 16 a 19 horas, de lunes a viernes, entre el 20 de abril y el 30 de junio de 2026. Esa ventana es como un oasis en medio de la selva de la burocracia, donde el personal voluntario, según las posibilidades de apertura de centros provinciales, debe estar listo para guiar a los solicitantes a través del laberinto de formularios digitales y papel. En suma, los funcionarios de la Seguridad Social, los que ya reciben fondos públicos, ahora reciben un bono extra por gestionar la regularización, mientras los pensionistas y jubilados se ven relegados a la cola de las oficinas para sus trámites habituales. La hipocresía se sirve con una cucharada de gratificaciones, y la ironía, con la promesa de que la regularización no afectará el normal funcionamiento de la oficina. Pero, al final, lo que realmente cuenta es que el dinero que se destina a los funcionarios se destina a la burocracia, no a la gente que necesita ayuda. La lección es simple: la política de Sánchez sigue siendo una fábrica de incentivos que no deja de pagar a quien la hace girar, mientras la calle sigue esperando su turno.
En un día de lluvia fiscal, el Gobierno de España inyectó 475 millones de euros en Air Europa, pero la empresa que recibió la gota de agua era una start‑up de 3 000 euros de capital. Air Europa Holding, creada el 13 noviembre de 2019 bajo el nombre de Mesye Management SL, cambió de apodo a 20 dicembre de ese mismo año y, con la misma baja cifra de capital, se convirtió en la heroína de una ayuda estatal que, según la ley, debía pasar por el cruce de la burocracia europea. El rescate se aprobó el 3 noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros y se canalizó a través de dos préstamos de 240 y 235 millones de euros, justo por debajo del umbral de 250 millones que obligaría a la Comisión Europea a revisar la operación. Con este truco, los fondos se deslizaron sin que Bruselas se diera cuenta. El drama comenzó cuando IAG, la matriz de Iberia, anunció la compra de Air Europa por 1 000 millones de euros el 4 noviembre de 2019, un día antes de la creación de la holding. Esa estrategia de “comprar y salvar” se desmoronó con la pandemia, que redujo el tráfico aéreo y dejó al grupo Globalia en la cuerda floja. La SEPI, la entidad del Estado que supervisó el fondo de solvencia, no revisó a profundidad la estructura de la holding, a pesar de que el proceso exigía una evaluación exhaustiva de la viabilidad y la relevancia estratégica. Javier Hidalgo, jefe de la aerolínea, está en el Tribunal Supremo para explicar por qué se acercó a la “trama de corrupción” y si el pago de unas vacaciones al ex‑ministro José Luis Ábalos fue un soborno encubierto. Mientras tanto, Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, ha sido imputado por prevaricación. La investigación también cuestiona el hecho de que la aerolínea, al recibir la ayuda, tenía deudas tributarias de 59 millones de euros. Si la ayuda se concedió sin comprobar la solvencia real, la pregunta es: ¿estábamos pagando por una empresa que no tenía ni la mitad de su capital para pagarla? En la gran obra de la política pública, los actores se han convertido en actores de un teatro donde el escenario es la balanza y la trama se escribe con billetes de 500 letras. La historia de Air Europa Holding nos recuerda que, cuando el Estado quiere salvar a una empresa, a veces crea la empresa en la misma hora que necesita la ayuda. El caso deja claro que el dinero público es una especie de “sabor picante” que, si se sirve sin verificar la calidad de la comida, termina quemando la credibilidad de los que lo distribuyen.
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