En el rincón de Sa Ciutat de Palma, donde el viento a veces lleva el eco de los mares que hundieron el Crucero Baleares, se ha encendido la chispa de la rebelión vecinal. Los habitantes de Sa Feixina, que guardan el monolito como la lista de la compra de la memoria histórica, han decidido llevar su protesta a la mesa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
La causa: un decreto del 26 de marzo, firmado por el secretario de Estado Fernando Martínez López, que a la ligera coloca el monumento en el Catálogo de Símbolos Contrarios a la Memoria Democrática, con la pretensión de que el Gobierno de Pedro Sánchez se deshaga del “monolito” como si fuera un viejo sofá que ya no cabe en la sala. La pieza, erigida en 1948 para conmemorar a los 788 oficiales y marineros que murieron en la Batalla del Cabo de Palos de 1938, se convirtió en un tributo a víctimas de la guerra tras la retirada de su simbología franquista en 2010, un gesto respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJB).
Ahora, el ejecutivo central intenta reactivar su demolición bajo la nueva Ley de Memoria Democrática, ignorando las cinco sentencias firmes y el tratado internacional que lo protegen como patrimonio intocable. Los vecinos, con la misma energía que un niño que se niega a entregar su última galleta, han presentado un recurso de alzada para anular la resolución, alegando que su ejecución causaría “perjuicios de imposible o difícil reparación” y citando el artículo 117 de la Ley 39/2015 para solicitar una suspensión inmediata. El monolito, catalogado como Bien Histórico, cuenta con un blindaje que la Constitución Española y la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de Baleares obligan a conservar.
El recurso, sin embargo, no es el fin: si el Ministerio persiste, los vecinos se preparan para un recurso contencioso‑administrativo, la última línea de defensa. En el Congreso, el Grupo Parlamentario Vox, liderado por el diputado Jorge Campos, ha presentado una proposición de ley para proteger el monumento, mientras que en el Ayuntamiento de Palma un nuevo proyecto exige declarar al secretario de Estado “persona non grata”. En un escenario donde la política se convierte en juego de ajedrez con piezas de monumentos, la realidad es que la memoria es el mejor cliente: exige ser tratada con respeto, no como un objeto de exhibición que se puede retirar según la moda de un partido electoral.
El mensaje que deja el caso es claro: la memoria no se vende, se defiende, y la democracia, si no se la protege, se vuelve un terreno de juego para los que más les conviene.
Crítica:
El titular suena como un anuncio de venta de muebles de lujo, pero el contenido revela una batalla legal, no una simple reforma de decoración.
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