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El Gobierno gasta más de 300.000 euros para una línea de atención de dudas y concesión de citas para ilegales

Gasto absurdo en call center migratorio

politica Un teléfono colgando sobre una mesa de cocina, con una mano neutra marcando un número, luces de neón y una pantalla que muestra una lista de contactos genéricos. Fondo de papel de cocina, una lata de refresco, y un reloj de pared con hora marcada a las 20:00.

El Gobierno ha puesto a la venta más de 300.000 euros en la creación de un call center para que los inmigrantes que buscan la residencia puedan hacer citas y resolver dudas sobre el decreto de regularización masiva. El gasto de 364.335 euros se destina a Tragsatec, filial de Tragsa, que se encarga también de la gestión de autorizaciones de residencia.

Y no solo eso: el presupuesto total de la operación llega a 4.390.401 euros, con la posibilidad de cofinanciación de la Unión Europea. Pedro Sánchez, en su habitual tono de “esfuerzo continuado”, pidió a la Dirección General de Gestión Migratoria que contrate a Tragsatec con la carta de que el volumen de trabajo sigue siendo muy elevado.

El número de solicitudes previstas se sitúa en 750.000, frente a los 500.000 que se mencionaron inicialmente, y el decreto que regula todo esto es el Real Decreto 1155/2024, publicado el 19 de noviembre. La UTEX, con 51 puestos, se declara insuficiente para afrontar la magnitud de la carga administrativa, según un informe que sugiere una revisión profunda de los flujos de trabajo. La trama se complica cuando se menciona a Jésica, la “sobrina” del exministro Ábalos, que se ha incorporado al equipo de Tragsatec.

El encargo se centra en la gestión de citas previas y la resolución de preguntas sobre el proceso de tramitación, pero también en la “preservación de la situación jurídica” de quienes pueden estar en estado de necesidad. En otras palabras, se ha creado un teléfono de atención al cliente para los que tienen la esperanza de regularizarse, y se ha pagado una suma de más de trescientos mil euros para ello. El contraste entre el gasto público y la hipocresía de los políticos es palpable.

Mientras el Estado reclama que la carga de trabajo es tan pesada que necesita más personal, el mismo dinero se destina a una empresa que, según la información, ya maneja procesos similares. El hecho de que la Unión Europea cofinancie parte de este gasto añade una capa de complejidad: ¿se está aprovechando la ayuda de la UE para cubrir un déficit administrativo que debería corregirse internamente? La respuesta, aunque no está del todo clara, es que el Gobierno ha decidido que la solución sea contratar a la misma empresa que ya gestiona otros procesos, sin ofrecer garantías de eficiencia ni de transparencia. En un mundo donde la burocracia se mide en papeleo y los ciudadanos en la fracción de una llamada, el precio de la gestión de la inmigración se ha vuelto un espectáculo de cifras.

El gobierno se ha asegurado de que cada llamada cuente, y cada hora de espera se remunere. Pero la pregunta que queda sin responder es: ¿qué pasa cuando el dinero ahorra tiempo a la máquina, pero no a los que esperan en la fila? La lección es que la hipocresía política siempre tiene un precio, y a veces ese precio se mide en euros y en llamadas perdidas.

Vía: eldebate.com coments compartir
Noticias>Politica>25-Apr-2026>gasto_absurdo_en_call_center_migratorio

Crítica:

El artículo sube la bandera de la transparencia, pero se queda a medias en la exposición de la cadena de suministro del dinero. La falta de contexto sobre los criterios de selección de Tragsatec deja al lector con más preguntas que respuestas.

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López deja opositores en limbo y paga extras

En la fila de la compra del Estado, el número 4.000 aparece como el último precio que nadie ha pagado. 4.000 opositores, aprobados en mayo de 2025, siguen en el limbo como si el sorteo de destinos fuese una lotería sin boleto. Mientras tanto, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, encabezado por Óscar López, sufre un colapso que se ve reflejado en un 30‑40 % de incremento de carga de trabajo en Extranjería por la próxima ola de regularización masiva. Los trabajadores, como si fueran repartidores con sobrepeso, recogen horas extra a 25 € la hora, una cifra que suena a “extra de servicio” más que a compensación. Se emplean personal de la Seguridad Social y Correos, asumiendo tareas fuera de su jornada habitual, mientras los especialistas en extranjería quedan relegados a la sombra del proceso. La contradicción es tan profunda que la burocracia se convierte en un juego de ajedrez sin tablero: se paga más por reforzar temporalmente que por incorporar de manera estable a quienes ya han demostrado su capacidad. Los opositores, que podrían estar trabajando ya, se ven atrapados en una especie de “caja de Pandora” administrativa, mientras el gobierno prepara el dispositivo extraordinario para la regularización sin saber quién se va a encargar de los papeles. El caos se mide en horas extra, en la falta de personal estructural y en la ausencia de decisiones concretas. Si la administración es una máquina, parece que el motor no tiene un manual y que los engranajes están siendo empujados con la fuerza bruta de un guante de seda. La parálisis de los destinos de los 4.000 opositores no solo retrasa carreras, también socava la calidad del servicio público. En un escenario donde la incertidumbre es la única constante, la gestión de recursos humanos se muestra tan eficiente como un reloj sin tictac.

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PSOE: ¿Pacto con Bildu? ¡No!

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Lugares de Memoria: la nueva ruta escolar

El PSOE quiere que los alumnos de la ESO vayan de excursión a «lugares de memoria». Si las excursiones de fin de curso se vieron en la última semana como una excusa para que el PSOE se pase de la política a la pizarra, entonces el día que el Senado se abra a la Comisión Constitucional, la palabra «memoria» suena más a agenda que a lección. El próximo lunes, la Comisión Constitucional del Senado se convertirá en la arena donde Pedro Sánchez, el jefe de la coalición, presentará su propuesta: visitar los lugares de memoria histórica como defensa de la democracia. Mientras la gente planifica su compra semanal, el gobierno propone que la clase de historia se transforme en un viaje con la mochila llena de recuerdos que no se pueden olvidar. La idea no es nueva. En Navarra, el Gobierno de Navarra ya gire la clase de historia en un recorrido por monumentos de la Guerra Civil y la dictadura, y el PSOE la califica como «instrumento esencial de defensa de la democracia». La propuesta es un pacto de la política con la memoria, donde la paz y la convivencia se venden como el nuevo lema de la educación secundaria. Europa Press ha tenido acceso a la iniciativa y la describe como una forma de que los alumnos comprendan las consecuencias últimas de los proyectos políticos autoritarios y que, como garantía de no repetición, la historia se cuente en la práctica. Los socialistas, con la precisión de un mecánico de trenes, piden respetar la distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, porque la memoria no es un tema de cualquier ministro. El PSOE también apremia al Gobierno a suscribir protocolos, como el firmado sobre el fuerte San Cristóbal de Pamplona, con el objeto de facilitar la visita de estudiantes a lugares de memoria de titularidad de la administración general del Estado. El fuerte San Cristóbal se convierte así en el nuevo punto de encuentro entre la escuela y la historia. Si la política se vuelve una excursión, la memoria se vuelve un itinerario de propaganda. El plan parece una estrategia para que la clase de historia sea un desfile de ideas, no una reflexión real. Y eso, como siempre, deja al lector con la pregunta: ¿qué lección va a aprender la generación que sale de la escuela con una mochila llena de recuerdos y una política que los quiere guiar?

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Un monumento de piedra en medio de un parque urbano, iluminado por faroles, con una multitud de vecinos alrededor. El fondo muestra el edificio de la sede municipal, con carteles que indican la ley de memoria. La escena transmite tensión y defensa de la memoria histórica.

Monolito en la cuerda floja

En el rincón de Sa Ciutat de Palma, donde el viento a veces lleva el eco de los mares que hundieron el Crucero Baleares, se ha encendido la chispa de la rebelión vecinal. Los habitantes de Sa Feixina, que guardan el monolito como la lista de la compra de la memoria histórica, han decidido llevar su protesta a la mesa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. La causa: un decreto del 26 de marzo, firmado por el secretario de Estado Fernando Martínez López, que a la ligera coloca el monumento en el Catálogo de Símbolos Contrarios a la Memoria Democrática, con la pretensión de que el Gobierno de Pedro Sánchez se deshaga del “monolito” como si fuera un viejo sofá que ya no cabe en la sala. La pieza, erigida en 1948 para conmemorar a los 788 oficiales y marineros que murieron en la Batalla del Cabo de Palos de 1938, se convirtió en un tributo a víctimas de la guerra tras la retirada de su simbología franquista en 2010, un gesto respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJB). Ahora, el ejecutivo central intenta reactivar su demolición bajo la nueva Ley de Memoria Democrática, ignorando las cinco sentencias firmes y el tratado internacional que lo protegen como patrimonio intocable. Los vecinos, con la misma energía que un niño que se niega a entregar su última galleta, han presentado un recurso de alzada para anular la resolución, alegando que su ejecución causaría “perjuicios de imposible o difícil reparación” y citando el artículo 117 de la Ley 39/2015 para solicitar una suspensión inmediata. El monolito, catalogado como Bien Histórico, cuenta con un blindaje que la Constitución Española y la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de Baleares obligan a conservar. El recurso, sin embargo, no es el fin: si el Ministerio persiste, los vecinos se preparan para un recurso contencioso‑administrativo, la última línea de defensa. En el Congreso, el Grupo Parlamentario Vox, liderado por el diputado Jorge Campos, ha presentado una proposición de ley para proteger el monumento, mientras que en el Ayuntamiento de Palma un nuevo proyecto exige declarar al secretario de Estado “persona non grata”. En un escenario donde la política se convierte en juego de ajedrez con piezas de monumentos, la realidad es que la memoria es el mejor cliente: exige ser tratada con respeto, no como un objeto de exhibición que se puede retirar según la moda de un partido electoral. El mensaje que deja el caso es claro: la memoria no se vende, se defiende, y la democracia, si no se la protege, se vuelve un terreno de juego para los que más les conviene.

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Un edificio de cartón con columnas de papel que sostienen un techo de billetes de pensión, rodeado de sombras que representan a trabajadores que mueren antes de la jubilación, con una gran balanza que muestra 12-20 % de dinero sin devolución, sin rostros de personas reales, estilo ilustración editorial

Pensiones: el truco de los que faltan

En la fiesta de la jubilación española, el anfitrión se sirve de un menú de excusas y excusas sin sabor. Cada vez que alguien se despide de la vida antes de los 67, su contribución se queda en la mesa sin pedir cuenta, como ese cubo de la barra que nunca se vacía. Decenas de miles de trabajadores mueren cada año con sus cotizaciones aún en la mano, y el Estado las guarda como si fueran migajas de pan para la próxima gran tormenta fiscal. El sistema de reparto, ese edificio de cartón que se mantiene gracias a las renuncias de los que no llegan a la cima, se apoya en seis pilares invisibles. El primero, la muerte prematura, convierte la tragedia en alivio presupuestario. Cuando la viudedad entra en escena, el Estado dispara un laberinto de requisitos: convivencia mínima, pensión compensatoria, años cotizados. El resultado? Un beneficio que suele ser apenas el 52 % de la base y que, en la práctica, suele ser un chiste de la tercera edad. El segundo pilar es la insuficiencia de cotización. Se exige un mínimo de 15 años, pero la realidad es que 10, 12 o 14 años son como un billete de lotería sin número ganador: no valen la pena. Los que cumplen el requisito de 15 años pueden quedarse sin nada si no han cotizado en los últimos 5 años antes de la jubilación; el sistema los deja en el filo de la nada. La emigración laboral es la tercera columna. Miles de trabajadores extranjeros aportan en España y luego vuelan, dejando sus cotizaciones como puzle incompleto. El Estado no los persigue; las contribuciones se quedan como un billete de turista que nunca se canjea. El cuarto factor es la brevedad de la jubilación. Algunos llegan a la pensión y mueren pocos años después, con 40 años cotizados y solo 2‑3 años de ingresos. El sistema absorbe ese excedente como si fuera una deuda de la infancia. La inacción administrativa y la carencia específica son los últimos dos pilares. Los ciudadanos que no solicitan pensión, que se pierden en la burocracia o que han sido expulsados del mercado laboral antes de los 55, terminan con la misma suerte: una cotización sin retorno. Si sumamos los porcentajes del 12 % al 20 %, que se quedan en el sistema sin equivalente, obtenemos la cifra de la gran ilusión: una parte sustancial de lo que se paga no devuelve nada a quien lo pagó. Así, el sistema de pensiones, que se presenta como pacto intergeneracional, se sostiene en gran medida sobre los que nunca cobrarán nada. El público, creyendo que su contribución es un ahorro, descubre que el Estado la usa como un excedente. La ilusión financiera no es solo ocultar costos, es ocultar quién realmente paga.

Hace 1 mes
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Un corredor oscuro y polvoriento de una cripta, con una luz tenue que resalta una pila de cajas etiquetadas como "Restos". A un lado, una cámara de televisión con micrófonos, todo en tonos apagados, sin rostros ni texto.

Sanchez, cripta en pantalla, ¡olé!

Sanchez, la cripta al aire libre, y la cadena pública se convierte en el nuevo canal de entretenimiento histórico. Cuando el gobierno decide que la exhumación del Valle de los Caídos merece una pantalla de 100 metros, la gente se pregunta si va a ser un documental o un espectáculo de luces. El Ejecutivo y RTVE firmaron un convenio que, en palabras de la prensa, garantizará la “difusión audiovisual completa” del proceso de exhumación. En la práctica, eso significa que la cadena pública tendrá la llave de la cripta, pero sin poder cobrarle a quienes quieran recuperar sus restos. El coste es de 345,000 euros, una cifra que se desliza entre la lista de la compra del Estado sin que ningún familiar haya pedido ni un centavo. De los 33,833 restos que se esconden en 11,060 cajas, solo 190 peticiones de recuperación han llegado a la oficina del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Eso equivale a una compra de 1% de la demanda, y el resto de la gente queda con la ilusión de que la memoria se está restaurando. Ángel Víctor Torres, con su comité científico asesor, promete aportar “informe histórico, técnico y científico”. Pero la realidad es que el gobierno, con la mirada puesta en el exhumar de Franco en 2019, parece más interesado en mostrar un espectáculo que en atender las voces de los familiares. Ernest Urtasun, con la firma de la resolución para ilegalizar la Fundación Franco, añade una capa extra de ironía: mientras financian la memoria de los héroes de la izquierda, el Estado se prepara para un drama de la cripta. La política de memoria que se promociona como “el plan más complejo” se contrapone a la cifra de cuerpos identificados: 70 desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Cuando el Ejecutivo dice que la exhumación es el mayor esfuerzo institucional, el público se pregunta si se trata de un acto de memoria o de un truco de marketing estatal. Mientras la cadena televisa la cripta, el público se queda con la pregunta: ¿Quién paga el teatro de la historia? ¿El Estado o la audiencia? La respuesta, al parecer, está en el aire y en la pantalla, con la promesa de una narrativa que mezcla la memoria con la mercadotecnia, y la realidad de que solo una fracción de las familias obtienen algo concreto de ese proceso.

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Un político sonriendo mientras sostiene un vaso de plástico y un logo de una empresa de energías renovables al fondo

Ecologismo de bolsillo

En un giro inesperado, el ecologismo socialista se ha convertido en un negocio lucrativo para algunos. La Guardia Civil ha descubierto una red de proyectos presuntamente amañados que involucran al Ministerio de Transición Ecológica y al Gobierno de Aragón. El caso de Carlos Ontañón, ex director del Inaga, es particularmente llamativo. Ontañón ha figurado como apoderado de más de 50 empresas vinculadas a Forestalia, una empresa de energías renovables. Esto es como si el jefe de la oficina de medio ambiente de una ciudad también fuera el dueño de la empresa que se encarga de reciclar el plástico. La conexión entre Ontañón y Forestalia es tan estrecha que ha sido objeto de investigación por la Guardia Civil. Pero no es el único caso. Luis Marruedo, exviceconsejero de Medio Ambiente, también ha sido involucrado en la venta de una consultora especializada en energías renovables por cuatro millones de euros. Es como si los políticos estuvieran utilizando su influencia para hacer negocio con el medio ambiente. La UCO Medioambiental de la Guardia Civil ha señalado que la autoasignación de proyectos por parte de Eugenio Domínguez, un ex funcionario del Ministerio de Ribera, fue el acto que permitió todas las irregularidades posteriores. Domínguez se encargaba de que los informes nacionales de Forestalia no fuesen un problema para la concesión de licencias a la empresa. Esto es como si el árbitro de un partido de fútbol también fuera el dueño de uno de los equipos. La pregunta es, ¿cómo es posible que todo esto haya pasado desapercibido? La respuesta es que los políticos han utilizado su influencia para silenciar a los críticos y proteger sus intereses. Es como si estuvieran utilizando la ecología como un pretexto para hacer negocio. La realidad es que el ecologismo socialista se ha convertido en un negocio lucrativo para algunos, y es hora de que se tomen medidas para evitar que esto siga sucediendo. La protección del medio ambiente no debe ser un pretexto para hacer negocio, sino una prioridad para todos. En este caso, la conexión entre los políticos y las empresas de energías renovables es tan estrecha que es difícil distinguir entre lo público y lo privado. Es como si la línea entre la política y el negocio se hubiera borrado. La UCO Medioambiental de la Guardia Civil ha hecho un gran trabajo al descubrir esta red de proyectos presuntamente amañados, y es hora de que se tomen medidas para evitar que esto siga sucediendo. La ecología no debe ser un negocio, sino una prioridad para todos.

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