El expediente de la reforma de Félix Bolaños se abre como un cajón de la nevera: frío, inesperado y con la promesa de un ‘sorpresa de eficiencia’. Si la idea era que la justicia se hiciera más ágil, el ministro ha decidido que ahora los jueces jueguen a la ‘colectividad’ en vez de a la ‘especialización’.
Se trata de un salto al vacío que, según la magistrada en video, convierte los juzgados en uno de esos lugares de trabajo donde la gente se comparte la mesa y el desorden se vuelve la nueva normalidad. La gran novedad: los tribunales de instancia no van a ser más que un “espacio compartido” donde se redistribuyen los procesos como si fueran una lista de la compra que se reparte entre los vecinos.
La magistrada, con la ironía de quien sabe que el gobierno no entiende de leyes, explicó que las mesas vacías no se cubrirán con interinos, sino con personal del Servicio Común de Tramitación. El mensaje claro es que, si no mantienes tus escritos al día, el premio será la reducción de personal, algo así como un “descuento” por no entregar la factura a tiempo. La reforma, que se promociona como la mayor reorganización de la Administración de Justicia sin costos, se traduce en un desorden burocrático que amenaza con perder procesos al pasar de caja en caja.
Además, el trato directo con el ciudadano desaparecerá: los mostradores se van a cerrar y el auxiliar judicial será un fantasma en una planta que todavía no está construida. El control político se vuelve palpable cuando el director del Servicio Común, cuya dependencia es el Ministerio de Justicia, decide dónde colocar a cada funcionario, convirtiendo la promesa de modernización en una “colectividad” que solo sirve para igualar a todos los juzgados en estado de malestar. La crítica de los profesionales es contundente: antes había variación de desempeño, ahora todos van a estar “igual de mal”.
La reforma, sin previsión ni financiamiento claro, convierte la eficiencia en una falacia que deja al ciudadano desprotegido. En la práctica, la propuesta de Bolaños es un golpe de estado a la autonomía y la estabilidad de los equipos judiciales, una reforma que se presenta como una ganancia de tiempo pero que solo gana al Estado en su afán de centralizar el control.
Crítica:
Falta claridad sobre los costes de la reforma y cómo se amortizará la supuesta eficiencia. El título promete una revolución, pero el relato se queda en la burocracia sin mostrar resultados tangibles.
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