El juez José Ignacio Vilaplana, con la elegancia de quien acaba de descubrir la factura del supermercado y se da cuenta de que el precio está duplicado, ha decidido que el caso Boliden Apirsa no es un simple despilfarro de 54 279 986 €; es un gran truco de la vieja escuela donde la burocracia se convierte en la tienda de descuento de la corrupción.
El auto de instrucción, emitido el pasado miércoles, avisa que la “concesión de subvenciones” no fue una ayuda a la plantilla, sino un billete de 54 millones que se coló en la caja de la empresa minera sin permiso. En la misma tinta, se insinúa que estos fondos podrían constituir prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, todo lo que suena más a una lista de la compra de los políticos que a una contabilidad profesional. La narrativa se centra en siete exdirigentes: el exconsejero de Empleo Manuel Recio, tres viceconsejeros, dos directores generales de Trabajo y el ex director de la Agencia IDEA.
Se les acusa de haber “tirado la tarjeta” en la consola de la economía pública y de haber “arreglado la factura” al pagar 1,7 millones en rentas vitalicias a exempleados entre 2008 y 2011, cuando, en vez de reincorporarlos al mercado, les dieron una indemnización de lujo.
Los dos altos cargos que se quedan en la sombra, Antonio Fernández y Martín Soler, se les archiva provisionalmente porque, según el juez, “no hay indicios sólidos y suficientes”. En otras palabras, el expediente los deja con la tarjeta partida y la caja vacía. El procedimiento abreviado es la herramienta que el juez utiliza para hacer el proceso más rápido, pero también es el arma que permite a los implicados pasar por el “sablazo” de la justicia sin que el público se dé cuenta de que la caja de la comunidad se está vaciando.
Se ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que, en veinte días, decida si procede el juicio oral o el sobreseimiento. Si la evidencia no se materializa, la historia puede quedar en la misma columna de la prensa que la creó. En la gran escena de la política autonómica, donde los nombres de los exconsejeros brillan como estrellas de un programa de karaoke, la verdad se ha convertido en un truco de magia donde el público pierde su dinero y el espectáculo sigue igual. Con este auto, el juez no solo sigue la línea de la ley, sino que también refuerza la ilusión de que la corrupción es una simple errata de la contabilidad y no un delito que exige una sanción real.
La frase final del juez, “en el caso Boliden la cifra dinamitó”, suena como un chiste de oficina que, sin embargo, es la verdad que se oculta tras la niebla de los tribunales.
Crítica:
El juez parece usar el procedimiento abreviado como excusa para enviar a los implicados a la cárcel sin pruebas sólidas. El titular suena más a un anuncio publicitario que a un hecho de corrupción.
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