Crítica:
El texto deja al margen la cifra exacta de trabajadores sin alta, y se siente como un ensayo sin datos sobre el número de fallos del sistema. El título promete drama, pero la historia apenas toca la raíz del problema.
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PSOE, Sumar, Más Madrid: ¡promesas sin acción!
El Congreso se ha convertido en la última pasarela del surrealismo político, donde la promesa de conciliar se vende más que la última edición de la revista de moda. Laura Baena, la presidenta de 'Yo No Renuncio' y fundadora del Club de Malasmadres, ha llegado a la sala con la misma energía de una madre que acaba de recibir su certificado de nacimiento y que necesita una semana extra de permiso. Entre la cacofonía de palabras, la realidad se queda en el cajón junto a la Ley de Familias, una legislación que, según su charla de 2024, ha estado en el mismo cajón que la última factura de la luz tras una tormenta eléctrica. Baena, con la firmeza de quien ha visto a más de 1.000 cartas de madres que han dejado su empleo para cuidar a sus hijos, exige un “pacto de Estado” real. Su propuesta incluye: reducir la jornada laboral sin perder salario, ampliar el permiso parental hasta 16 semanas para familias monoparentales, y permitir hasta 48 semanas de vacaciones en esos casos. La política propuesta también contempla 15 días de incapacidad tras partos vaginales y 30 tras cesáreas, porque la recuperación no es solo física, es emocional. Susana Ross, diputada del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad, se presenta más como oposición que como parte del gobierno. “Pasar a la acción”, clama, y recuerda que los países que invierten en conciliación “crecen económicamente”. En contraste, la diputada del PP, Patricia Rodríguez, se queda sin vocalía de Familia tras la reestructuración interna y pide “sensibilizar” a los ciudadanos y a las empresas con más de 50 trabajadores, una propuesta que suena más a marketing corporativo que a política. Sumar y Más Madrid, los partidos que componen la coalición, centran su discurso en el gasto público. Lara Hernández propone prestaciones universales por crianza y la reducción de la jornada laboral, mientras Emilio Delgado aboga por comedores escolares gratuitos y vivienda estable para familias con hijos. La narrativa de ambos grupos se desplaza de la acción a la “política de igualdad” como si fuera una moda pasajera. Las socias de la asociación también aportan testimonios de culpa y resignación: una autónoma que renunció para cuidar a sus hijas, una madre de un bebé prematuro que se siente abandonada por la legislación y una empleada que decide priorizar a su familia tras un aborto. La crónica, con la agudeza de un periodista callejero, expone la disparidad entre promesas y la falta de una agenda concreta que rompa con la inercia del Ejecutivo.
Sauna del suegro: sexo y licencias
En el corazón de Madrid, un inmueble de la Muface se convirtió en la escena de un drama que parece sacado de una película de bajo presupuesto: una sauna llamada Adán que, bajo la fachada de salón de belleza, se abrió las puertas a un negocio de prostitución masculina, todo ello sin licencia y con los ojos de la ciudad a cuestas. La primera señal de alarma fue el 23 de enero de 1984, cuando la Policía Municipal denunció a Sabiniano Gómez por ejercer sin permiso la actividad de bar‑pub en la calle San Bernardo 38. Pero la historia no terminó ahí. Entre 1980 y 1989, el local cambió de nombre y de uso más veces que un cliente cambia de peinado: salón de belleza, sauna, peluquería, gimnasio‑sauna y bar‑pub. Cada cambio llevaba su propia etiqueta legal, pero la realidad era la misma: cabinas con colchones, preservativos en papeleras y, según un informe policial de 1995, una sala de proyecciones donde se exhibía pornografía. El Ayuntamiento, encabezado por Enrique Tierno Galván y luego Juan Barranco, le pidió a Gómez que regularizara la situación en varias ocasiones. La respuesta fue siempre la misma: solicitar licencias que nunca fueron aprobadas. La más relevante, la de gimnasio‑sauna con bar, finalmente se concedió el 27 octubre 1989, después de que el 12 junio de 1986 se diera una orden de precinto y, pese a ella, el local siguió abierto. Mientras tanto, la comunidad política no perdió tiempo en poner el foco. El senador Alejo Miranda, durante la Comisión de Investigación del Caso Koldo, fue interrogado sobre la actividad y respondió con la clásica evasión: «He sido claro en esta cuestión; no tengo información». Y en 2016, según fuentes, Óscar López habría usado la información sobre la sauna en una reunión con Villarejo para debilitar a Pedro Sánchez y favorecer a Patxi López. La Muface, propietaria del edificio, niega haber recibido requerimientos y sostiene que el negocio estaba en regla, aunque el 16 marzo 2022, cuando Sánchez ya era presidente, se puso fin al contrato de la sauna. El caso, revelado por El Debate y respaldado por documentos del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, muestra cómo la burocracia y la política se entrelazan con la explotación sexual, dejando a la ciudad con una herida abierta y sin justicia. En la calle, los vecinos aplaudían al recibir cartas de la mutualidad, pero la respuesta siempre fue la misma: “no hay documentos al respecto”. La ironía es tan grande que parece que la ciudad se dio una bofetada con la mano de la ley. El caso, con sus 8 años de irregularidad, 27 licencias y 3 contratos de arrendamiento, termina con la pregunta que nadie quiere responder: ¿cuánto dinero se ganó y cuántos políticos se benefició de la sombra de una sauna?
Caja fuerte bajo la barbacoa: ¡Sorpresa!
El día que la policía abrió la puerta de la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex ‘tres’ de María Jesús Montero, hizo temblar la comunidad de los que creen que la corrupción se guarda en cajones de oficina y no en la cocina del poder. Entre los ladridos de dos perros de la Unidad de Guías Caninos y la presión de la UDEF, la caja fuerte quedó bajo una barbacoa de obra, como si el fiscal hubiera decidido que la mejor forma de esconder 64.000 euros de multa de Aduanas era convertirla en un helado de metal. Los agentes, mientras marcaban el inmueble, encontraron billetes de 50 euros entre los lomos de libros de Derecho Tributario y, en la zona más inesperada, un fajo de notas sueltas atadas con goma dentro de una bolsa de aseo bajo el lavabo. La dispersión de la plata, que totaliza más de 305.000 euros en transferencias de sociedades como Teópolis Inversiones SL y Sea of Homes and Management SL, muestra un modus operandi pensado para pasar desapercibido como la más barata de las tapas de barbacoa. El mismo Marco Sanjuán, que se mantiene a cargo de la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana tras su dimisión por el escándalo, sigue recibiendo comisiones ilegales de empresas como Discomtes, que le pagó dos transferencias justo después de que él eliminara la multa de 64.000 euros. Un documento titulado «Yo mismo (autocolaboración)» revela que la consultora Aserfix también se vio implicada en la red de pagos. La pieza clave del rompecabezas es la pareja de Marco, Carolina Verdés Pastor, abogada fiscalista y secretaria general de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Su despacho, B2B Corporación Jurídica SL, canalizó clientes con procedimientos abiertos y, según la investigación, la sostiene como una cooperadora imprescindible en la cadena de cohecho. La investigación, autorizada por la magistrada Inmaculada Loba del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, muestra cómo la corrupción se esconde en los rincones más cotidianos: una barbacoa, un baño y una estantería de libros. El hecho de que el fiscal siga en sus funciones, mientras la policía desentierra la caja, habla de la hipocresía que alimenta el sistema. La economía de la maldad no necesita de grandes gestas, solo de un buen trapo para cubrir la caja fuerte bajo el asador.
Koldo, la confianza que no llegó trenes
El Supremo, con su aire de seriedad y sus siete magistrados, se convirtió en el escenario donde José Luis Ábalos Meco decidió declarar como acusado en el polémico ‘caso mascarillas’. A las 10:35 del lunes 4 de mayo de 2026, el ex ministro de Transportes se sentó con la calma de quien sabe que su palabra pesa más que una tonelada de billetes de tren. No se rió ni se sacudió el chaleco, sino que, con la serenidad de un conductor que no necesita frenos de emergencia, afirmó que siempre delegó con «muchísima confianza» y que otorgó un «margen de autonomía» a sus asesores. Esa frase, tan clara como una señal de tránsito, fue seguida de un silencio que hizo temblar el silencio del tribunal. El punto de inflexión llegó cuando Ábalos, sin usar un discurso de campaña, dijo que su mano derecha, el enigmático Koldo, no recibió un trato diferenciado del resto del gabinete. Entonces se desenterró la pieza clave: Koldo fue designado para entrar en los consejos de administración de dos empresas públicas, Renfe Mercancías y Puertos del Estado. La misión, según el ex socialista, era doble. Primeramente, tener acceso a información que, en un futuro, podía “trasladarle”. Segundo, servir como apoyo a la mayoría del presidente de la entidad, Isaías Taboada, quien, según Ábalos, tenía la confianza del titular ministerial. El discurso se cerró con la declaración contundente: «este tipo de cargos no responden tanto a méritos como a razones de confianza». Esa frase, cargada de ironía, recuerda a la típica lista de la compra donde el precio de la confianza se sobrepasa por el margen de autonomía que la política otorga a sus favoritos. La trama se entrelaza con la figura de Víctor de Aldama, a quien Ábalos niega haber conocido el 31 de agosto de 2019, fecha que la UCO menciona en sus informes. La escena se convierte en un teatro donde el juicio del caso mascarillas se despliega como un episodio de telenovela: un fiscal de anticorrupción, Alejandro Luzón, interroga al ex ministro con la precisión de un maestro de ceremonias, mientras el público, compuesto por periodistas y curiosos, observa el drama de la confianza versus el mérito. La crítica, aunque sutil, no deja de señalar que la confianza, lejos de ser un valor, parece haber sido el boleto de entrada al mundo de los consejos que no se premian con méritos.
López se arma contra Ayuso en TVE
En la madrugada de lunes, un micrófono se vuelve cuchillo y la pantalla de La Hora de la 1 se convierte en un tablero de ajedrez donde las piezas son promesas y la reina es Ayuso. Intxaurrondo, con la misma audacia de quien saca la lista de la compra y se pregunta por qué el pan cuesta tanto, le da a Óscar López una plataforma que, según la propia presidencia de RTVE, ya había sido recargada en 2025 con 32 entrevistas. Desde la fecha de su designación como candidato en Madrid, en diciembre de 2024, el ministro ha sido un invitado de honor en 21 apariciones, mientras el programa de Intxaurrondo registró 89 encuentros con miembros del Gobierno ese año. La cifra de 89 es como el número de veces que la gente revisa su teléfono antes de dormir, pero con más tinta y menos selfies. El debate no se queda en números. Cuando Intxaurrondo menciona el "odio" que rodea a Begoña Gómez, el ministro avanza con la seguridad de quien vende billetes de lotería y dice que el PP financia a la presidenta a través de comunidades y ayuntamientos, señalando a Galicia y Madrid como los candelabros de la financiación. Al mencionar a Pedro Sánchez, el ministro recae en la “discreción” del secretario general, como si el silencio fuera una estrategia de defensa. La parte más polémica, sin duda, llega cuando López dispara a Ayuso, desmintiendo encuestas que la respaldan con la fuerza de un millón y medio de madrileños. Critica su manejo de la sanidad, los viajes a México y la supuesta “asfixia” a la universidad pública. Cada acusación se alinea con la rutina de un político que se prepara para una campaña sin miedo a la verdad, como cuando vendes un coche usado y aseguras que no tiene problemas. En este escenario, la audiencia no necesita saber si es el día de la lluvia o el día de la tormenta, porque el ministro ya ha decidido que la tormenta es de su propia mano y que el público debe entenderla como una advertencia. La ironía se sirve como postre: el que quiere escuchar la verdad termina con la certeza de que la verdad es un juego de palabras que el ministro mueve como fichas en un tablero.
Mossos esconden asesino que invocó Alá
El metro de la noche de Barcelona volvió a sonar con la alarma de un crimen que, como un chiste de mal gusto, se convierte en un espectáculo de culpabilización política. Un hombre de mediana edad, que se paseaba por la Diagonal como quien recorre la lista de la compra sin notar el precio, fue detenido por los Mossos d’Esquadra después de que en la calle Joan Miró de Esplugues de Llobregat matara a cuchilladas a una joven y, sin perder un minuto, lanzó piedras a un grupo de vecinos mientras gritaba el nombre de Alá. En la mañana del sábado, a las once, la víctima, mayor de edad, cayó como un trozo de fruta en un plato que nadie pidió. El atacante, con el comportamiento de un niño que ha visto demasiados tutoriales de agresión, ya había agredido a otro hombre y había dejado el suelo de la ciudad con su perfume de violencia. Los Mossos descartaron la violencia de género, pero dejaron al lector con la misma duda que el espectador de un truco de magia: ¿de dónde viene el truco? Mientras tanto, la red social X se convierte en una feria de teorías. Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, lanzó su tirada: “un islamista degüella a una niña en Esplugues y la izquierda woke habla de feminicidio. Se llama terrorismo, desgraciados”. Con esta frase, la política se apoya en la retórica pública para sellar la culpa, mientras el verdadero culpable permanece oculto como un agujero contable en el presupuesto municipal. El vídeo de la detención, que aparece en la zona limítrofe entre Esplugues y Barcelona, refleja la escena de una zona acomodada, con colegios privados y la sensación de que la violencia es un visitante inesperado en el barrio más caro de la ciudad. No es el único crimen del fin de semana: un menor mató a otro hombre en la calle de la Cera del Raval y otro fue herido grave en la Feria de Abril, en el barrio del Fórum. Daniel Sirera, portavoz del PP, recuerda que, desde que Jaume Collboni es alcalde, se han registrado 33 homicidios en la ciudad. El relato se despliega con la rapidez de una telenovela de bajo presupuesto, pero la ironía subyacente es tan aguda como un cuchillo recién afilado. La policía oculta la identidad del criminal como si fuera un secreto de estado, mientras la política y la prensa la convierten en un arma de propaganda. La pregunta que queda en la calle es simple: ¿quién controla quién se oculta y cuáles son las verdaderas motivaciones de la violencia que se esconde bajo la fachada de terrorismo o feminicidio?
Sánchez abre Canarias, Madrid se queda
Noviembre y diciembre de 2020 fueron la temporada de la "gran apuesta" de la trama socialista. Mientras la gente en la calle se preguntaba si el guante de seda podía cubrir la pandemia, el gobierno de Pedro Sánchez jugó con la lógica de la economía como quien trata de ajustar una chaqueta de invierno a una cinta de moda. El plan salió del sofá de la presidencia de Francina Armengol en Baleares y de la de Ángel Víctor Torres en Canarias, donde la máscara no era la única que se vendía: los test PCR se convirtieron en el nuevo pasaporte de oro. La idea era sencilla—y un tanto tirada al aire: abrir los aeropuertos de las islas con un “sablazo” de pruebas, mientras Madrid se aferraba a la línea de fuego con su propia agenda. Díaz Ayuso, que antes había pedido cerrar todos los aeropuertos de origen afectado, había cambiado de idea y ahora exigía la apertura con controles. Pero eso implicaba dar la razón a la Comunidad de Madrid, algo que Pedro Sánchez no estaba dispuesto a aceptar. Así, la trama se comunicó directamente con Ábalos, el ministro de Sanidad, y a través de él, con el propio Sánchez, para que la apertura se limitara a Baleares y Canarias. El protocolo se aprobó en diciembre de 2020, tras una videoconferencia con Salvador Illa y las consejerías de Cataluña, Baleares, Canarias y Madrid. Madrid, con la típica furia de una madre que se queja de que se le está robando la última pieza de pizza, no dio su visto bueno. Sin embargo, los aeropuertos se abrieron sin que se exigiera la apertura de Madrid. El beneficio económico se hizo patente cuando Eurofins Megalab facturó 5,3 millones de euros al Servicio Canario de la Salud (SCS) entre finales de 2020 y 2021, con contratos que se adjudicaron antes de que incluso se formalizara el primer test. Mientras los pasajeros se tiraban de la tarjeta, la trama se aseguraba de que el dinero fluyera por las rutas más rentables. Todo esto se desarrolló con la participación de Koldo García Izaguirre, quien agitó el pulgar de la autoridad para que los protocolos se hicieran en tiempo récord. Los mensajes entre Torres y Koldo, cargados de jerga de “no hay puta manera con Illa”, mostraron la urgencia de cerrar el círculo de los test, antes de que la opinión pública se diera cuenta. A la vista de estos hechos, la narrativa de “Sánchez abre Canarias, Madrid se queda” resulta una metáfora de la política de la pandemia: donde el dinero y el poder se vuelan como los pasajeros, y la salud pública se queda a la vera de la puerta de entrada.
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