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Surrealismo en el Congreso: PSOE, Sumar y Más Madrid piden «medidas para conciliar» que el Gobierno no aplica

PSOE, Sumar, Más Madrid: ¡promesas sin acción!

politica Una sala del Congreso de los Diputados con personajes vestidos de colores corporativos, gesticulando frente a un gran proyector, mientras un cartel con la palabra 'conciliación' se proyecta al fondo. La escena está iluminada por luces suaves y tiene un ambiente de debate intensivo.

El Congreso se ha convertido en la última pasarela del surrealismo político, donde la promesa de conciliar se vende más que la última edición de la revista de moda. Laura Baena, la presidenta de 'Yo No Renuncio' y fundadora del Club de Malasmadres, ha llegado a la sala con la misma energía de una madre que acaba de recibir su certificado de nacimiento y que necesita una semana extra de permiso.

Entre la cacofonía de palabras, la realidad se queda en el cajón junto a la Ley de Familias, una legislación que, según su charla de 2024, ha estado en el mismo cajón que la última factura de la luz tras una tormenta eléctrica. Baena, con la firmeza de quien ha visto a más de 1.000 cartas de madres que han dejado su empleo para cuidar a sus hijos, exige un “pacto de Estado” real.

Su propuesta incluye: reducir la jornada laboral sin perder salario, ampliar el permiso parental hasta 16 semanas para familias monoparentales, y permitir hasta 48 semanas de vacaciones en esos casos. La política propuesta también contempla 15 días de incapacidad tras partos vaginales y 30 tras cesáreas, porque la recuperación no es solo física, es emocional. Susana Ross, diputada del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad, se presenta más como oposición que como parte del gobierno.

“Pasar a la acción”, clama, y recuerda que los países que invierten en conciliación “crecen económicamente”. En contraste, la diputada del PP, Patricia Rodríguez, se queda sin vocalía de Familia tras la reestructuración interna y pide “sensibilizar” a los ciudadanos y a las empresas con más de 50 trabajadores, una propuesta que suena más a marketing corporativo que a política. Sumar y Más Madrid, los partidos que componen la coalición, centran su discurso en el gasto público.

Lara Hernández propone prestaciones universales por crianza y la reducción de la jornada laboral, mientras Emilio Delgado aboga por comedores escolares gratuitos y vivienda estable para familias con hijos. La narrativa de ambos grupos se desplaza de la acción a la “política de igualdad” como si fuera una moda pasajera. Las socias de la asociación también aportan testimonios de culpa y resignación: una autónoma que renunció para cuidar a sus hijas, una madre de un bebé prematuro que se siente abandonada por la legislación y una empleada que decide priorizar a su familia tras un aborto.

La crónica, con la agudeza de un periodista callejero, expone la disparidad entre promesas y la falta de una agenda concreta que rompa con la inercia del Ejecutivo.

Vía: eldebate.com coments compartir
Noticias>Politica>04-May-2026>psoe_sumar_mas_madrid_promesas_sin_accion

Crítica:

El titular suena a teatro de la burocracia; la pieza carece de cifras reales de inversión, dejando al lector con el mismo vacío que las madres.

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Un despacho judicial con luz tenue, una mesa de madera gastada, una computadora portátil con un documento abierto. En la esquina, una lámpara de escritorio proyecta una sombra que se parece a un sello de dictadura. No se ve a nadie, solo la silueta de un juez con la mano en la mejilla, y un par de papeles sobre la mesa que parecen pagar una factura de 15.000 euros, con marcas de tinta y una pluma que parece una pistola. La atmósfera es de tensión y burocracia, con un letrero que dice “Juzgado de Instrucción Número 5”.

¿Por qué el PSOE pagó 15.000 euros?

El juez Arturo Zamarriego, que lleva la lupa a la oficina de la justicia en Madrid, ha puesto sobre la mesa un hecho tan delicado como un caldo de pescado que se ha vuelto a hervir. En mayo de 2025, la causa llamada ‘cloacas del PSOE’ empezó a filtrar secretos que parecían salidos de un guion de telenovela política: dos exmilitantes, tráfico de influencias y cohecho, y la posibilidad de que la Guardia Civil haya sido el objetivo de una estrategia de chantaje. Ahora el día de la semana marca la fecha de una nueva ronda de interrogantes. El juez le ha dado al partido con Pedro Sánchez un plazo de diez días para que explique la raíz de un desembolso de 15.612 euros que, según la hoja de cálculo, se hizo a Leire Díez en 2017 y que se describe como “servicios en régimen mercantil”. Leire, que en la década pasada trabajó como asistente de prensa de la mesa parlamentaria socialista de Cantabria y, antes, como concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas, se convirtió en la pieza central de un audio que la condenó a abandonar el PSOE tras un supuesto pacto con un empresario implicado en un fraude de hidrocarburos. El juez no sólo quiere saber si hubo contrato o factura, sino también si esa cantidad fue un simple abono de gastos de prensa o la firma de un acuerdo de “información de alto riesgo” que se remonta a la era de la política de la calle y el dinero de bolsillo. Mientras el juez recaba pruebas, el PSOE se niega a citar a su director de comunicación, Ion Antolín, y al político Juan Francisco Serrano Martínez, como testigos. La razón de este silencioso rechazo es clara: las fichas de la gente que había estado en la sala de prensa y en la mesa de trabajo del partido están, en la práctica, cubiertas con el mismo filtro de la política de la calle. En la cronología, el caso se remonta al diciembre de 2025, cuando el partido reconoció oficialmente el pago, pero sin admitir ninguna relación laboral ni cargos oficiales. Mientras tanto, la investigación sigue apuntando a que el objetivo de la operación era obtener información sensible sobre la Guardia Civil, en particular sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien lidera la Unidad Central Operativa. El juez, con su mirada de auditor de la corrupción, está listo para transformar este episodio en un caso de “cocina de la justicia” donde el dinero del partido se ha mezclado con los rumores y la confidencialidad de la política de la calle. En pocas palabras, el PSOE está en el horno: se le pide que explique por qué le dio a una exmilitante 15.612 euros y que no tiene contratos ni facturas, y al mismo tiempo se niega a nombrar a los testigos que podrían dar la palabra al abogado de la ciudad. La moral del cuento: el dinero que se paga por un mensaje político a la prensa no puede pasar por la puerta sin dejar huellas, y cuando no las deja, la justicia no se queda de brazos cruzados.

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Atenea falla: juicios quedan en cola

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Sauna del suegro: sexo y licencias

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Una escena nocturna en la vivienda de un ex fiscal, con dos perros de policía detectando una caja fuerte oculta bajo una barbacoa de obra. Un inspector, de rostro serio, abre la caja mientras agentes observan. En el fondo, un baño con lavabo y una bolsa de aseo. El ambiente es sombrío, con luces tenues y sombras que sugieren intriga y corrupción.

Caja fuerte bajo la barbacoa: ¡Sorpresa!

El día que la policía abrió la puerta de la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex ‘tres’ de María Jesús Montero, hizo temblar la comunidad de los que creen que la corrupción se guarda en cajones de oficina y no en la cocina del poder. Entre los ladridos de dos perros de la Unidad de Guías Caninos y la presión de la UDEF, la caja fuerte quedó bajo una barbacoa de obra, como si el fiscal hubiera decidido que la mejor forma de esconder 64.000 euros de multa de Aduanas era convertirla en un helado de metal. Los agentes, mientras marcaban el inmueble, encontraron billetes de 50 euros entre los lomos de libros de Derecho Tributario y, en la zona más inesperada, un fajo de notas sueltas atadas con goma dentro de una bolsa de aseo bajo el lavabo. La dispersión de la plata, que totaliza más de 305.000 euros en transferencias de sociedades como Teópolis Inversiones SL y Sea of Homes and Management SL, muestra un modus operandi pensado para pasar desapercibido como la más barata de las tapas de barbacoa. El mismo Marco Sanjuán, que se mantiene a cargo de la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana tras su dimisión por el escándalo, sigue recibiendo comisiones ilegales de empresas como Discomtes, que le pagó dos transferencias justo después de que él eliminara la multa de 64.000 euros. Un documento titulado «Yo mismo (autocolaboración)» revela que la consultora Aserfix también se vio implicada en la red de pagos. La pieza clave del rompecabezas es la pareja de Marco, Carolina Verdés Pastor, abogada fiscalista y secretaria general de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Su despacho, B2B Corporación Jurídica SL, canalizó clientes con procedimientos abiertos y, según la investigación, la sostiene como una cooperadora imprescindible en la cadena de cohecho. La investigación, autorizada por la magistrada Inmaculada Loba del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, muestra cómo la corrupción se esconde en los rincones más cotidianos: una barbacoa, un baño y una estantería de libros. El hecho de que el fiscal siga en sus funciones, mientras la policía desentierra la caja, habla de la hipocresía que alimenta el sistema. La economía de la maldad no necesita de grandes gestas, solo de un buen trapo para cubrir la caja fuerte bajo el asador.

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Koldo, la confianza que no llegó trenes

El Supremo, con su aire de seriedad y sus siete magistrados, se convirtió en el escenario donde José Luis Ábalos Meco decidió declarar como acusado en el polémico ‘caso mascarillas’. A las 10:35 del lunes 4 de mayo de 2026, el ex ministro de Transportes se sentó con la calma de quien sabe que su palabra pesa más que una tonelada de billetes de tren. No se rió ni se sacudió el chaleco, sino que, con la serenidad de un conductor que no necesita frenos de emergencia, afirmó que siempre delegó con «muchísima confianza» y que otorgó un «margen de autonomía» a sus asesores. Esa frase, tan clara como una señal de tránsito, fue seguida de un silencio que hizo temblar el silencio del tribunal. El punto de inflexión llegó cuando Ábalos, sin usar un discurso de campaña, dijo que su mano derecha, el enigmático Koldo, no recibió un trato diferenciado del resto del gabinete. Entonces se desenterró la pieza clave: Koldo fue designado para entrar en los consejos de administración de dos empresas públicas, Renfe Mercancías y Puertos del Estado. La misión, según el ex socialista, era doble. Primeramente, tener acceso a información que, en un futuro, podía “trasladarle”. Segundo, servir como apoyo a la mayoría del presidente de la entidad, Isaías Taboada, quien, según Ábalos, tenía la confianza del titular ministerial. El discurso se cerró con la declaración contundente: «este tipo de cargos no responden tanto a méritos como a razones de confianza». Esa frase, cargada de ironía, recuerda a la típica lista de la compra donde el precio de la confianza se sobrepasa por el margen de autonomía que la política otorga a sus favoritos. La trama se entrelaza con la figura de Víctor de Aldama, a quien Ábalos niega haber conocido el 31 de agosto de 2019, fecha que la UCO menciona en sus informes. La escena se convierte en un teatro donde el juicio del caso mascarillas se despliega como un episodio de telenovela: un fiscal de anticorrupción, Alejandro Luzón, interroga al ex ministro con la precisión de un maestro de ceremonias, mientras el público, compuesto por periodistas y curiosos, observa el drama de la confianza versus el mérito. La crítica, aunque sutil, no deja de señalar que la confianza, lejos de ser un valor, parece haber sido el boleto de entrada al mundo de los consejos que no se premian con méritos.

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Un estudio de televisión con luces de neón, una mesa de conferencias con un micrófono central, un público de sombras que representan a la audiencia, y una pantalla mostrando un gráfico de barras con números que simbolizan la cantidad de entrevistas; sin rostros ni nombres, solo la atmósfera de debate y la tensión del discurso.

López se arma contra Ayuso en TVE

En la madrugada de lunes, un micrófono se vuelve cuchillo y la pantalla de La Hora de la 1 se convierte en un tablero de ajedrez donde las piezas son promesas y la reina es Ayuso. Intxaurrondo, con la misma audacia de quien saca la lista de la compra y se pregunta por qué el pan cuesta tanto, le da a Óscar López una plataforma que, según la propia presidencia de RTVE, ya había sido recargada en 2025 con 32 entrevistas. Desde la fecha de su designación como candidato en Madrid, en diciembre de 2024, el ministro ha sido un invitado de honor en 21 apariciones, mientras el programa de Intxaurrondo registró 89 encuentros con miembros del Gobierno ese año. La cifra de 89 es como el número de veces que la gente revisa su teléfono antes de dormir, pero con más tinta y menos selfies. El debate no se queda en números. Cuando Intxaurrondo menciona el "odio" que rodea a Begoña Gómez, el ministro avanza con la seguridad de quien vende billetes de lotería y dice que el PP financia a la presidenta a través de comunidades y ayuntamientos, señalando a Galicia y Madrid como los candelabros de la financiación. Al mencionar a Pedro Sánchez, el ministro recae en la “discreción” del secretario general, como si el silencio fuera una estrategia de defensa. La parte más polémica, sin duda, llega cuando López dispara a Ayuso, desmintiendo encuestas que la respaldan con la fuerza de un millón y medio de madrileños. Critica su manejo de la sanidad, los viajes a México y la supuesta “asfixia” a la universidad pública. Cada acusación se alinea con la rutina de un político que se prepara para una campaña sin miedo a la verdad, como cuando vendes un coche usado y aseguras que no tiene problemas. En este escenario, la audiencia no necesita saber si es el día de la lluvia o el día de la tormenta, porque el ministro ya ha decidido que la tormenta es de su propia mano y que el público debe entenderla como una advertencia. La ironía se sirve como postre: el que quiere escuchar la verdad termina con la certeza de que la verdad es un juego de palabras que el ministro mueve como fichas en un tablero.

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Una escena urbana de Barcelona en la noche, calles iluminadas por farolas y luces de un coche patrulla policial, sombras de figuras a la distancia, un cartel con un símbolo religioso estilizado en el fondo, sin rostros ni textos.

Mossos esconden asesino que invocó Alá

El metro de la noche de Barcelona volvió a sonar con la alarma de un crimen que, como un chiste de mal gusto, se convierte en un espectáculo de culpabilización política. Un hombre de mediana edad, que se paseaba por la Diagonal como quien recorre la lista de la compra sin notar el precio, fue detenido por los Mossos d’Esquadra después de que en la calle Joan Miró de Esplugues de Llobregat matara a cuchilladas a una joven y, sin perder un minuto, lanzó piedras a un grupo de vecinos mientras gritaba el nombre de Alá. En la mañana del sábado, a las once, la víctima, mayor de edad, cayó como un trozo de fruta en un plato que nadie pidió. El atacante, con el comportamiento de un niño que ha visto demasiados tutoriales de agresión, ya había agredido a otro hombre y había dejado el suelo de la ciudad con su perfume de violencia. Los Mossos descartaron la violencia de género, pero dejaron al lector con la misma duda que el espectador de un truco de magia: ¿de dónde viene el truco? Mientras tanto, la red social X se convierte en una feria de teorías. Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, lanzó su tirada: “un islamista degüella a una niña en Esplugues y la izquierda woke habla de feminicidio. Se llama terrorismo, desgraciados”. Con esta frase, la política se apoya en la retórica pública para sellar la culpa, mientras el verdadero culpable permanece oculto como un agujero contable en el presupuesto municipal. El vídeo de la detención, que aparece en la zona limítrofe entre Esplugues y Barcelona, refleja la escena de una zona acomodada, con colegios privados y la sensación de que la violencia es un visitante inesperado en el barrio más caro de la ciudad. No es el único crimen del fin de semana: un menor mató a otro hombre en la calle de la Cera del Raval y otro fue herido grave en la Feria de Abril, en el barrio del Fórum. Daniel Sirera, portavoz del PP, recuerda que, desde que Jaume Collboni es alcalde, se han registrado 33 homicidios en la ciudad. El relato se despliega con la rapidez de una telenovela de bajo presupuesto, pero la ironía subyacente es tan aguda como un cuchillo recién afilado. La policía oculta la identidad del criminal como si fuera un secreto de estado, mientras la política y la prensa la convierten en un arma de propaganda. La pregunta que queda en la calle es simple: ¿quién controla quién se oculta y cuáles son las verdaderas motivaciones de la violencia que se esconde bajo la fachada de terrorismo o feminicidio?

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