El juez Arturo Zamarriego, que lleva la lupa a la oficina de la justicia en Madrid, ha puesto sobre la mesa un hecho tan delicado como un caldo de pescado que se ha vuelto a hervir. En mayo de 2025, la causa llamada ‘cloacas del PSOE’ empezó a filtrar secretos que parecían salidos de un guion de telenovela política: dos exmilitantes, tráfico de influencias y cohecho, y la posibilidad de que la Guardia Civil haya sido el objetivo de una estrategia de chantaje.
Ahora el día de la semana marca la fecha de una nueva ronda de interrogantes. El juez le ha dado al partido con Pedro Sánchez un plazo de diez días para que explique la raíz de un desembolso de 15.612 euros que, según la hoja de cálculo, se hizo a Leire Díez en 2017 y que se describe como “servicios en régimen mercantil”.
Leire, que en la década pasada trabajó como asistente de prensa de la mesa parlamentaria socialista de Cantabria y, antes, como concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas, se convirtió en la pieza central de un audio que la condenó a abandonar el PSOE tras un supuesto pacto con un empresario implicado en un fraude de hidrocarburos.
El juez no sólo quiere saber si hubo contrato o factura, sino también si esa cantidad fue un simple abono de gastos de prensa o la firma de un acuerdo de “información de alto riesgo” que se remonta a la era de la política de la calle y el dinero de bolsillo. Mientras el juez recaba pruebas, el PSOE se niega a citar a su director de comunicación, Ion Antolín, y al político Juan Francisco Serrano Martínez, como testigos.
La razón de este silencioso rechazo es clara: las fichas de la gente que había estado en la sala de prensa y en la mesa de trabajo del partido están, en la práctica, cubiertas con el mismo filtro de la política de la calle. En la cronología, el caso se remonta al diciembre de 2025, cuando el partido reconoció oficialmente el pago, pero sin admitir ninguna relación laboral ni cargos oficiales.
Mientras tanto, la investigación sigue apuntando a que el objetivo de la operación era obtener información sensible sobre la Guardia Civil, en particular sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien lidera la Unidad Central Operativa. El juez, con su mirada de auditor de la corrupción, está listo para transformar este episodio en un caso de “cocina de la justicia” donde el dinero del partido se ha mezclado con los rumores y la confidencialidad de la política de la calle.
En pocas palabras, el PSOE está en el horno: se le pide que explique por qué le dio a una exmilitante 15.612 euros y que no tiene contratos ni facturas, y al mismo tiempo se niega a nombrar a los testigos que podrían dar la palabra al abogado de la ciudad. La moral del cuento: el dinero que se paga por un mensaje político a la prensa no puede pasar por la puerta sin dejar huellas, y cuando no las deja, la justicia no se queda de brazos cruzados.
Crítica:
El artículo deja fuera el origen exacto del dinero y si la factura existe; el título es una promesa que no se cumple.
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