Crítica:
La noticia es un ejemplo de la falta de transparencia en la política, y la respuesta de Ábalos es un ejemplo de la hipocresía política. La noticia debe ser abordada con seriedad y transparencia.
La defensa de Aldama exhibe un audio en el que Koldo ofrece a Ábalos 500.000 euros al mes de una petrolera de Venezuela
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Ábalos en el ojo
La noche se hizo larga en el Tribunal Supremo mientras los abogados de José Luis Ábalos y Koldo García intentaban explicar el aumento patrimonial de sus clientes. La Sala Segunda, presidida por Andrés Martínez Arrieta, se mostró escéptica ante las explicaciones 'alternativas' de las defensas. Mientras tanto, los agentes de la UCO expusieron decenas de mensajes, audios y documentos que revelan una trama de corrupción y nepotismo. El caso de las mascarillas sigue siendo un tema caliente en la política española. La pregunta del millón es: ¿cómo es posible que Ábalos y Koldo García hayan aumentado su patrimonio de manera tan sospechosa? La respuesta, al parecer, se encuentra en la 'crisis matrimonial' de Ábalos y la 'indemnización por el atropello de un jabalí' que cobró Koldo García. Sin embargo, el presidente de la Sala no se tragó la explicación y pidió a la abogada que no llevara al tribunal a 'situaciones absurdas'. El caso sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura: la justicia española no se dará por vencida. Los agentes de la UCO han analizado todos los movimientos y gastos de Ábalos y Koldo García, y han encontrado más de 600.000 euros en efectivo en sus cuentas bancarias. La compra de tres casas, una a nombre de Koldo García, otra al de su mujer y la última a nombre de su hermano, también ha sido objeto de investigación. La trama se complica cuando se sabe que Víctor de Aldama aseguraba tener 'acceso' al ministro Ábalos con mordidas de 10.000 euros mensuales. El dinero lo recogía Koldo García y, según la tesis de la UCO, con él se dedicaba a cubrir las necesidades del ministro. La explicación de la defensa es que Ábalos pasó por una 'crisis matrimonial' y encomendó a Koldo García que asumiera determinados gastos para que su esposa no supiera nada. Sin embargo, el presidente de la Sala no se cree esta explicación y pide a la abogada que no entre en 'vicisitudes personales' del exministro de Transportes. La sesión ha sido tensa, con el presidente de la Sala interviniendo en varias ocasiones para pedir a la abogada que no lleve al tribunal a 'situaciones absurdas'. La defensa sigue intentando encontrar explicaciones 'alternativas' a las que da la UCO, pero el presidente de la Sala se muestra cada vez más contrariado. En un momento dado, la abogada llegó a preguntar a los agentes si habían tenido en cuenta a la hora de hacer sus informes que Koldo García cobró una 'indemnización de Mapfre' de más de 4.000 euros 'por el atropello de un Jabalí'. La noche ha sido larga y tensa en el Tribunal Supremo, pero la justicia española seguirá investigando para descubrir la verdad detrás de la trama de corrupción y nepotismo que rodea a Ábalos y Koldo García.
¿Por qué el PSOE pagó 15.000 euros?
El juez Arturo Zamarriego, que lleva la lupa a la oficina de la justicia en Madrid, ha puesto sobre la mesa un hecho tan delicado como un caldo de pescado que se ha vuelto a hervir. En mayo de 2025, la causa llamada ‘cloacas del PSOE’ empezó a filtrar secretos que parecían salidos de un guion de telenovela política: dos exmilitantes, tráfico de influencias y cohecho, y la posibilidad de que la Guardia Civil haya sido el objetivo de una estrategia de chantaje. Ahora el día de la semana marca la fecha de una nueva ronda de interrogantes. El juez le ha dado al partido con Pedro Sánchez un plazo de diez días para que explique la raíz de un desembolso de 15.612 euros que, según la hoja de cálculo, se hizo a Leire Díez en 2017 y que se describe como “servicios en régimen mercantil”. Leire, que en la década pasada trabajó como asistente de prensa de la mesa parlamentaria socialista de Cantabria y, antes, como concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas, se convirtió en la pieza central de un audio que la condenó a abandonar el PSOE tras un supuesto pacto con un empresario implicado en un fraude de hidrocarburos. El juez no sólo quiere saber si hubo contrato o factura, sino también si esa cantidad fue un simple abono de gastos de prensa o la firma de un acuerdo de “información de alto riesgo” que se remonta a la era de la política de la calle y el dinero de bolsillo. Mientras el juez recaba pruebas, el PSOE se niega a citar a su director de comunicación, Ion Antolín, y al político Juan Francisco Serrano Martínez, como testigos. La razón de este silencioso rechazo es clara: las fichas de la gente que había estado en la sala de prensa y en la mesa de trabajo del partido están, en la práctica, cubiertas con el mismo filtro de la política de la calle. En la cronología, el caso se remonta al diciembre de 2025, cuando el partido reconoció oficialmente el pago, pero sin admitir ninguna relación laboral ni cargos oficiales. Mientras tanto, la investigación sigue apuntando a que el objetivo de la operación era obtener información sensible sobre la Guardia Civil, en particular sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien lidera la Unidad Central Operativa. El juez, con su mirada de auditor de la corrupción, está listo para transformar este episodio en un caso de “cocina de la justicia” donde el dinero del partido se ha mezclado con los rumores y la confidencialidad de la política de la calle. En pocas palabras, el PSOE está en el horno: se le pide que explique por qué le dio a una exmilitante 15.612 euros y que no tiene contratos ni facturas, y al mismo tiempo se niega a nombrar a los testigos que podrían dar la palabra al abogado de la ciudad. La moral del cuento: el dinero que se paga por un mensaje político a la prensa no puede pasar por la puerta sin dejar huellas, y cuando no las deja, la justicia no se queda de brazos cruzados.
PSOE, Sumar, Más Madrid: ¡promesas sin acción!
El Congreso se ha convertido en la última pasarela del surrealismo político, donde la promesa de conciliar se vende más que la última edición de la revista de moda. Laura Baena, la presidenta de 'Yo No Renuncio' y fundadora del Club de Malasmadres, ha llegado a la sala con la misma energía de una madre que acaba de recibir su certificado de nacimiento y que necesita una semana extra de permiso. Entre la cacofonía de palabras, la realidad se queda en el cajón junto a la Ley de Familias, una legislación que, según su charla de 2024, ha estado en el mismo cajón que la última factura de la luz tras una tormenta eléctrica. Baena, con la firmeza de quien ha visto a más de 1.000 cartas de madres que han dejado su empleo para cuidar a sus hijos, exige un “pacto de Estado” real. Su propuesta incluye: reducir la jornada laboral sin perder salario, ampliar el permiso parental hasta 16 semanas para familias monoparentales, y permitir hasta 48 semanas de vacaciones en esos casos. La política propuesta también contempla 15 días de incapacidad tras partos vaginales y 30 tras cesáreas, porque la recuperación no es solo física, es emocional. Susana Ross, diputada del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad, se presenta más como oposición que como parte del gobierno. “Pasar a la acción”, clama, y recuerda que los países que invierten en conciliación “crecen económicamente”. En contraste, la diputada del PP, Patricia Rodríguez, se queda sin vocalía de Familia tras la reestructuración interna y pide “sensibilizar” a los ciudadanos y a las empresas con más de 50 trabajadores, una propuesta que suena más a marketing corporativo que a política. Sumar y Más Madrid, los partidos que componen la coalición, centran su discurso en el gasto público. Lara Hernández propone prestaciones universales por crianza y la reducción de la jornada laboral, mientras Emilio Delgado aboga por comedores escolares gratuitos y vivienda estable para familias con hijos. La narrativa de ambos grupos se desplaza de la acción a la “política de igualdad” como si fuera una moda pasajera. Las socias de la asociación también aportan testimonios de culpa y resignación: una autónoma que renunció para cuidar a sus hijas, una madre de un bebé prematuro que se siente abandonada por la legislación y una empleada que decide priorizar a su familia tras un aborto. La crónica, con la agudeza de un periodista callejero, expone la disparidad entre promesas y la falta de una agenda concreta que rompa con la inercia del Ejecutivo.
Atenea falla: juicios quedan en cola
Baleares, esa isla que suena como el nombre de una canción de verano, se ha convertido en el escenario de una tragedia digna de un drama judicial. La Justicia, esa vieja amiga que siempre está a la vuelta de la esquina, parece tener más problemas que una pareja de recién casados que no puede decidir si quieren pizza o sushi. La semana pasada, ya se hacía eco de que parte de su plantilla trabajaba sin alta en la Seguridad Social, un dato que, si bien es una bofetada a la moral, no fue el que puso la cortina roja sobre el acto. El verdadero desastre llegó el lunes con la caída del sistema Atenea. Este fue el nombre que el Ministerio de Justicia le puso a la nueva generación de software que, según la propaganda, debía ser “libre de riesgos tecnológicos” y “de gran calidad”. En la práctica, Atenea se derrumbó como un castillo de naipes cuando los tribunales intentaron abrir los expedientes digitales. El día en que la máquina dejó de funcionar, la Audiencia Provincial de Baleares perdió la posibilidad de acceder a los antecedentes penales de cinco acusados, bloqueando el proceso como un cerrojo que no se abre. En la Sección Segunda, otro juicio con tres acusados, programado para este lunes y martes, se vio obligado a aplazarse. La única condición que aceptaron las partes fue que el sistema vuelva a funcionar antes de la jornada del martes. Eso implica que la administración de justicia está ahora subordinada a la estabilidad de una plataforma que, por el momento, parece más un chiste que una herramienta robusta. Mientras tanto, la Dirección General de Transformación Digital permanece en silencio, esperando que alguien resuelva el error. Cada fallo de Atenea erosiona la confianza, tanto de los jueces como de los ciudadanos, como si un edificio de concreto se pudriera por una gota de agua. El Ministerio, con la típica diplomacia, sigue describiendo Atenea como la evolución de Minerva: una herramienta de código abierto que elimina dependencias tecnológicas previas y promete mayor agilidad. La retórica oficial habla de usabilidad optimizada, integración con LexNET y la posibilidad de teletrabajar con “total normalidad”. La realidad es que, mientras la isla espera una solución, el sistema judicial parece haber perdido la noción de tiempo y de funcionalidad.
Sauna del suegro: sexo y licencias
En el corazón de Madrid, un inmueble de la Muface se convirtió en la escena de un drama que parece sacado de una película de bajo presupuesto: una sauna llamada Adán que, bajo la fachada de salón de belleza, se abrió las puertas a un negocio de prostitución masculina, todo ello sin licencia y con los ojos de la ciudad a cuestas. La primera señal de alarma fue el 23 de enero de 1984, cuando la Policía Municipal denunció a Sabiniano Gómez por ejercer sin permiso la actividad de bar‑pub en la calle San Bernardo 38. Pero la historia no terminó ahí. Entre 1980 y 1989, el local cambió de nombre y de uso más veces que un cliente cambia de peinado: salón de belleza, sauna, peluquería, gimnasio‑sauna y bar‑pub. Cada cambio llevaba su propia etiqueta legal, pero la realidad era la misma: cabinas con colchones, preservativos en papeleras y, según un informe policial de 1995, una sala de proyecciones donde se exhibía pornografía. El Ayuntamiento, encabezado por Enrique Tierno Galván y luego Juan Barranco, le pidió a Gómez que regularizara la situación en varias ocasiones. La respuesta fue siempre la misma: solicitar licencias que nunca fueron aprobadas. La más relevante, la de gimnasio‑sauna con bar, finalmente se concedió el 27 octubre 1989, después de que el 12 junio de 1986 se diera una orden de precinto y, pese a ella, el local siguió abierto. Mientras tanto, la comunidad política no perdió tiempo en poner el foco. El senador Alejo Miranda, durante la Comisión de Investigación del Caso Koldo, fue interrogado sobre la actividad y respondió con la clásica evasión: «He sido claro en esta cuestión; no tengo información». Y en 2016, según fuentes, Óscar López habría usado la información sobre la sauna en una reunión con Villarejo para debilitar a Pedro Sánchez y favorecer a Patxi López. La Muface, propietaria del edificio, niega haber recibido requerimientos y sostiene que el negocio estaba en regla, aunque el 16 marzo 2022, cuando Sánchez ya era presidente, se puso fin al contrato de la sauna. El caso, revelado por El Debate y respaldado por documentos del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, muestra cómo la burocracia y la política se entrelazan con la explotación sexual, dejando a la ciudad con una herida abierta y sin justicia. En la calle, los vecinos aplaudían al recibir cartas de la mutualidad, pero la respuesta siempre fue la misma: “no hay documentos al respecto”. La ironía es tan grande que parece que la ciudad se dio una bofetada con la mano de la ley. El caso, con sus 8 años de irregularidad, 27 licencias y 3 contratos de arrendamiento, termina con la pregunta que nadie quiere responder: ¿cuánto dinero se ganó y cuántos políticos se benefició de la sombra de una sauna?
Caja fuerte bajo la barbacoa: ¡Sorpresa!
El día que la policía abrió la puerta de la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex ‘tres’ de María Jesús Montero, hizo temblar la comunidad de los que creen que la corrupción se guarda en cajones de oficina y no en la cocina del poder. Entre los ladridos de dos perros de la Unidad de Guías Caninos y la presión de la UDEF, la caja fuerte quedó bajo una barbacoa de obra, como si el fiscal hubiera decidido que la mejor forma de esconder 64.000 euros de multa de Aduanas era convertirla en un helado de metal. Los agentes, mientras marcaban el inmueble, encontraron billetes de 50 euros entre los lomos de libros de Derecho Tributario y, en la zona más inesperada, un fajo de notas sueltas atadas con goma dentro de una bolsa de aseo bajo el lavabo. La dispersión de la plata, que totaliza más de 305.000 euros en transferencias de sociedades como Teópolis Inversiones SL y Sea of Homes and Management SL, muestra un modus operandi pensado para pasar desapercibido como la más barata de las tapas de barbacoa. El mismo Marco Sanjuán, que se mantiene a cargo de la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana tras su dimisión por el escándalo, sigue recibiendo comisiones ilegales de empresas como Discomtes, que le pagó dos transferencias justo después de que él eliminara la multa de 64.000 euros. Un documento titulado «Yo mismo (autocolaboración)» revela que la consultora Aserfix también se vio implicada en la red de pagos. La pieza clave del rompecabezas es la pareja de Marco, Carolina Verdés Pastor, abogada fiscalista y secretaria general de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Su despacho, B2B Corporación Jurídica SL, canalizó clientes con procedimientos abiertos y, según la investigación, la sostiene como una cooperadora imprescindible en la cadena de cohecho. La investigación, autorizada por la magistrada Inmaculada Loba del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, muestra cómo la corrupción se esconde en los rincones más cotidianos: una barbacoa, un baño y una estantería de libros. El hecho de que el fiscal siga en sus funciones, mientras la policía desentierra la caja, habla de la hipocresía que alimenta el sistema. La economía de la maldad no necesita de grandes gestas, solo de un buen trapo para cubrir la caja fuerte bajo el asador.
Koldo, la confianza que no llegó trenes
El Supremo, con su aire de seriedad y sus siete magistrados, se convirtió en el escenario donde José Luis Ábalos Meco decidió declarar como acusado en el polémico ‘caso mascarillas’. A las 10:35 del lunes 4 de mayo de 2026, el ex ministro de Transportes se sentó con la calma de quien sabe que su palabra pesa más que una tonelada de billetes de tren. No se rió ni se sacudió el chaleco, sino que, con la serenidad de un conductor que no necesita frenos de emergencia, afirmó que siempre delegó con «muchísima confianza» y que otorgó un «margen de autonomía» a sus asesores. Esa frase, tan clara como una señal de tránsito, fue seguida de un silencio que hizo temblar el silencio del tribunal. El punto de inflexión llegó cuando Ábalos, sin usar un discurso de campaña, dijo que su mano derecha, el enigmático Koldo, no recibió un trato diferenciado del resto del gabinete. Entonces se desenterró la pieza clave: Koldo fue designado para entrar en los consejos de administración de dos empresas públicas, Renfe Mercancías y Puertos del Estado. La misión, según el ex socialista, era doble. Primeramente, tener acceso a información que, en un futuro, podía “trasladarle”. Segundo, servir como apoyo a la mayoría del presidente de la entidad, Isaías Taboada, quien, según Ábalos, tenía la confianza del titular ministerial. El discurso se cerró con la declaración contundente: «este tipo de cargos no responden tanto a méritos como a razones de confianza». Esa frase, cargada de ironía, recuerda a la típica lista de la compra donde el precio de la confianza se sobrepasa por el margen de autonomía que la política otorga a sus favoritos. La trama se entrelaza con la figura de Víctor de Aldama, a quien Ábalos niega haber conocido el 31 de agosto de 2019, fecha que la UCO menciona en sus informes. La escena se convierte en un teatro donde el juicio del caso mascarillas se despliega como un episodio de telenovela: un fiscal de anticorrupción, Alejandro Luzón, interroga al ex ministro con la precisión de un maestro de ceremonias, mientras el público, compuesto por periodistas y curiosos, observa el drama de la confianza versus el mérito. La crítica, aunque sutil, no deja de señalar que la confianza, lejos de ser un valor, parece haber sido el boleto de entrada al mundo de los consejos que no se premian con méritos.
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