El texto se queda en la superficie del fraude sin profundizar en la defensa oficial, dejando al lector con la sensación de un drama sin ver la otra cara de la moneda. La falta de datos sobre la posición del fiscal y la reacción de la UGT es un vacío que no se justifica.
Alba Martín, con la gracia de un reportero callejero que nunca pierde la línea de la ironía, nos presenta el episodio más reciente del teatro de la vivienda. El Ministerio de Vivienda, bajo la dirección de Isabel Rodríguez, decidió hacer un desfile de cifras y, en la gran escena, se puso el 90 % de las ventas de casas usadas como el protagonista principal, mientras la verdadera protagonista, la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), se queda en la sombra. La cañería de datos que sale del Observatorio de Vivienda y Suelo no deja de sonar. En el cuarto trimestre de 2025 arrancaron 34 200 viviendas libres, un 14,5 % más que el mismo trimestre del año anterior, la cifra más alta en 17 años. Lo que realmente se celebra, sin embargo, es la cifra de 200 441 transacciones de compraventas, la más alta desde 2007, y las 133 358 hipotecas, que aumentaron un 8,7 % y alcanzaron la cifra más alta de los últimos 15 años. El precio medio de la vivienda libre se disparó un 13,1 % interanual, subiendo a 2 230 € por metro cuadrado, mientras que el importe total prestado se disparó a 22 648 millones de euros, un salto del 21,5 %. La media por vivienda quedó en 169 827 €, y la proporción de hipotecas sobre operaciones de compra se situó en el 66,5 %, el mayor porcentaje registrado en 14 años. El informe, con la delicadeza de un vendedor de zapatos, también menciona que la compra de vivienda por extranjeros representa el 13,52 % del total, con el Reino Unido, Países Bajos y Alemania liderando la lista con 7,9 %, 6,8 % y 6,7 %, respectivamente. La rentabilidad del alquiler, por cierto, se ha ido decaído desde el 2018, pasando de 4,09 % a 3,05 % en el último trimestre. Mientras el Gobierno se jacta de un récord de construcción, el dato que se mantiene en silencio es la cifra real de viviendas de protección oficial que sigue sin desarrollarse o se ha mantenido prácticamente en la misma línea de producción, como una fábrica que nunca anuncia sus nuevos modelos. El contraste es tan agudo que parece una broma de mal gusto: el gobierno está construyendo un muro de cifras, pero el muro real, hecho de VPO, permanece invisiblemente bajo la tierra.
En un giro inesperado, el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, ha presentado una demanda contra la cadena SER y el diario digital El Plural, así como contra el activista Fernando Jabonero, por difundir datos detallados de su vivienda en La Adrada (Ávila). La demanda, que asciende a 450.000 euros, se fundamenta en la presunta vulneración de su derecho a la intimidad. Los contenidos difundidos incluían la referencia catastral, la ubicación exacta del inmueble y imágenes de la propiedad, lo que permitió identificar la vivienda en herramientas digitales como Google Maps. Esto desencadenó la presencia de personas en las inmediaciones del inmueble, que proferían gritos audibles desde la vivienda. El juez sostiene que los datos publicados no eran necesarios para informar sobre la situación administrativa de la vivienda y que la inclusión de elementos como la referencia catastral o la localización precisa excedía el interés informativo. La demanda se centra en la publicación de artículos en la web de la cadena SER y El Plural, que incluían imágenes y documentos administrativos vinculados al expediente urbanístico. El juez solicita una indemnización de 50.000 euros a la cadena SER y 300.000 euros a El Plural, además de 100.000 euros a Fernando Jabonero. La difusión de estos datos permitió identificar la vivienda y generó un contexto de presión institucional, vinculado al inicio de la investigación judicial sobre Begoña Gómez. El juez menciona declaraciones públicas y la difusión de informaciones que cuestionaban su actuación, y se hace referencia a acciones previas emprendidas por el magistrado en defensa de su honor. La demanda también alude a informaciones sobre la posible existencia de mecanismos organizados de recopilación y difusión de datos sobre operadores jurídicos implicados en procedimientos de relevancia política. En resumen, la demanda del juez Peinado contra la cadena SER y El Plural, así como contra Fernando Jabonero, es un ejemplo de cómo la difusión de información personal puede generar un impacto significativo en la vida de los individuos y en la percepción pública de la justicia. La pregunta es, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y la protección de la privacidad en los medios de comunicación? La respuesta, como siempre, está en el equilibrio entre la información y la intimidad. El caso de Peinado es un recordatorio de que, en la era digital, la información personal es un activo valioso que debe ser protegido. La demanda del juez es un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la privacidad. En este sentido, la demanda de Peinado es un ejemplo de cómo la justicia puede ser un instrumento para proteger la privacidad y la dignidad de los individuos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la efectividad de las leyes y regulaciones actuales para proteger la privacidad en la era digital. En última instancia, la demanda de Peinado es un recordatorio de que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser protegido y respetado en todos los ámbitos de la vida, incluyendo los medios de comunicación.
El irlandés, esa lengua que la Constitución declara la primera oficial pero que solo 72.000 personas usan en la vida real, acaba de recibir su propio palmo en la mesa de los ministros de la Unión Europea. En julio, cuando Irlanda asume la Presidencia giratoria del Consejo, las comunicaciones oficiales se emitirán en irlandés y en inglés por primera vez, y los ministros se alientan a lanzar un 'Hola' en gaélico al abrir o cerrar una sesión. El gesto es simbólico, pero la paradoja es brutal: la lengua es la más protegida del bloque, pero su supervivencia se resuelve en la cifra de la encuesta de 2022, donde 1,9 millones dijeron 'puedo hablar' (40 % de la población), a la sombra de 72.000 hablantes diarios (1,5 %). La historia de la lengua es una caricatura: en 1800, casi toda la isla hablaba irlandés; la Gran Hambruna (1850) y la colonización inglesa descompusieron el territorio. La independencia en 1922 elevó el idioma a símbolo de identidad, pero la enseñanza obligatoria de irlandés en las escuelas convirtió la lengua en una materia de examen más que en una herramienta de conversación. No fue hasta la aparición de fenómenos culturales como Kneecap, cuyo rap en irlandés hizo que la palabra se volviera 'cool' entre los veinteañeros, o CMAT que abre su álbum con una frase en gaélico, que la lengua empezó a fluir de nuevo. El auge digital es palpable: Duolingo lleva a 1 millón de usuarios aprendiendo irlandés, y más de 5 millones de extranjeros han iniciado un curso. En Londres, el Centro de Irlanda tiene más de 2 000 personas en lista de espera y City Lit reporta un incremento del 57 % anual en sus clases. Las escuelas de habla irlandesa han crecido de 16 000 a 52 000 estudiantes desde 1990. Sin embargo, la brecha entre 'puedo hablar' y 'hablo a diario' es enorme. Si la pregunta de la encuesta cambiara a '¿hablas irlandés diariamente fuera de la escuela?', la mayoría blanca se vería reducida a un tono pálido, con apenas el 1,5 % de los habitantes de la República y menos del 5 % en el Norte. Con el pronóstico de Conchúr Ó Giollagáin de que la lengua puede desaparecer en la próxima década, el futuro se ve tan incierto como el clima de una tormenta irlandesa. Para que el irlandés resista, la experiencia de Gales sirve de espejo: con inversión sostenida y objetivos claros, ha alcanzado 430 000 hablantes diarios y apunta a un millón para el medio siglo. En Francia, el Breton sigue decaído pese a escuelas de medio. Frisón, con su cooficialidad y uso diario, demuestra que la convivencia lingüística funciona cuando la lengua se habla en casa, no solo en el aula. El momento histórico de la presidencia de la UE es un aplauso de reconocimiento, pero la pregunta que queda es: ¿podrá el irlandés pasar de un símbolo de identidad a un idioma vivo y respirado en las calles de Dublín y más allá? El tiempo, y el parlante que lo use, lo decidirán.
En 1524, una hoja de papel de madera de Nuremberg apareció en Europa con el nombre de Temixtitan, la capital azteca, dibujada como una ciudad de torres y plazas y, al mismo tiempo, como un cadáver de 200 000 almas. La ironía es que el mapa no era un plano de un lugar vivo, sino la imagen de un sitio que, tres años antes, el propio conquistador Hernán Cortés había incendiado y demolido en 1521. La carta, enviada a Charles V para impresionar al emperador, se convirtió en el espejo que la Europa de la época se miró para justificar su conquista: “ver, nombrar, mapear, reclamar, borrar”. La imagen fue copiada a lo largo de la península y transformó la memoria de la ciudad en una fantasía cartográfica que, mientras el humo de la guerra se disipaba, se imprimía en papel y, de alguna manera, se hizo real para los europeos. El mapa, orientado al sur, la dirección sagrada azteca, muestra cuatro causeas que conectan la isla de Tenochtitlan con el continente, una plaza central con dos templos sacrificatorios y un desfile de cabezas en estacas. Los nombres de la costa caribeña aparecen, y es la primera vez que se menciona Yucatán en un documento europeo. La cartografía indígena, presumiblemente elaborada por un trazador local y luego interpretada por un grabador de madera alemán, perdió detalles, pero ganó la imposición de la perspectiva europea: torres en lugar de templos, líneas rectas en lugar de caminos de piedra. Así se reforzó la idea de dominio: el mapa era el arma que la Habsburgo usó para mostrar que “hemos descubierto y sometido a una civilización magnífica”. El acto de mapear es la primera fase del proceso de colonización: ver, nombrar, mapear, reclamar, borrar. Con la destrucción de Tenochtitlan, el mapa no solo documentó la pérdida, sino que la convirtió en una realidad visible para los europeos, permitiendo que la ciudad se volviera un punto de referencia en la cartografía del Nuevo Mundo, aunque su existencia física se hubiera extinguido. En la actualidad, el mapa de 1524 sigue siendo un testimonio de cómo la cartografía puede ser tanto una herramienta de conocimiento como una arma de poder, un recordatorio de que cada línea que trazamos sobre el planeta es una declaración de dominio.
¿Quién necesita un título de lujo cuando puedes tener un sueldo de rey? José Antonio Marco Sanjuán, el ex presidente del Tribunal Económico Administrativo (TEAC), no solo se salvó de la quema después de dimitir en medio de un escándalo por presunta corrupción, sino que también se las arregló para aterrizar en un puesto dentro de la Agencia Tributaria que le reporta más de 114.000 euros al año. Eso es más de lo que gana la mayoría de los españoles en un año, y sin embargo, este señor tiene el privilegio de estar en un equipo que se supone que debe supervisar la recaudación de impuestos y aduanas. La ironía es que, mientras los ciudadanos comunes luchan por llegar a fin de mes, los funcionarios de carrera como Marco Sanjuán pueden disfrutar de un sueldo base más 46.711,54 euros de complemento específico y 28.251,70 de complemento de productividad. Y si eso no es suficiente, también hay otros complementos que pueden elevar la remuneración total a más de 150.000 euros. Todo esto mientras la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se lava las manos y dice que no puede valorar la situación de Marco Sanjuán. La pregunta es, ¿quién está protegiendo a este señor y por qué? ¿Es que la justicia es ciega, o es que solo es ciega para aquellos que tienen los contactos y los privilegios correctos? La verdad es que, en este país, pareciera que la corrupción es un deporte de riesgo y que aquellos que la practican son los que menos riesgo corren. Mientras tanto, los ciudadanos comunes siguen pagando los platos rotos y soportando el peso de la burocracia y la ineficiencia. Es hora de que alguien tome cartas en el asunto y exija responsabilidades. No podemos seguir permitiendo que la impunidad y la corrupción campen a sus anchas en nuestro país. La lista de la compra de un ciudadano común puede incluir cosas como pan, leche y huevos, pero la lista de la compra de un funcionario de carrera puede incluir cosas como un sueldo de rey, un coche oficial y un teléfono móvil de última generación. Es hora de que alguien igualara la balanza y exigiera que aquellos que están en el poder rindan cuentas de sus actos. La pregunta es, ¿quién será el valiente que tomará el toro por los cuernos y exigirá justicia? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, los ciudadanos comunes no pueden seguir soportando el peso de la corrupción y la impunidad. La factura de la corrupción es demasiado alta y es hora de que alguien la pague. La pregunta es, ¿quién será el que tire de tarjeta y pague la factura? La respuesta la tenemos en las próximas elecciones, donde los ciudadanos comunes tendrán la oportunidad de exigir justicia y responsabilidades. No podemos seguir permitiendo que la corrupción campé a sus anchas en nuestro país. Es hora de que alguien tome cartas en el asunto y exija responsabilidades. La verdad es que, en este país, pareciera que la justicia es ciega, pero no es ciega para aquellos que tienen los contactos y los privilegios correctos. La pregunta es, ¿quién está protegiendo a este señor y por qué? La respuesta la tenemos en la forma en que se ha manejado el caso de Marco Sanjuán. La verdad es que, en este país, la corrupción es un deporte de riesgo y que aquellos que la practican son los que menos riesgo corren. Es hora de que alguien tome cartas en el asunto y exija responsabilidades. La factura de la corrupción es demasiado alta y es hora de que alguien la pague. La pregunta es, ¿quién será el que tire de tarjeta y pague la factura? La respuesta la tenemos en las próximas elecciones, donde los ciudadanos comunes tendrán la oportunidad de exigir justicia y responsabilidades.
En el Supremo, José Luis Ábalos, exministro de Transportes, se enfrenta a 24 años de cárcel por la contratación irregular de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción destaca que Ábalos optó por el silencio cómplice, sin mencionar el nombre de Pedro Sánchez, mientras que el empresario Víctor de Aldama ya había situado al exministro en el 'escalafón uno' de la 'organización criminal'. La estrategia de Ábalos consistió en negar cualquier responsabilidad, delegar en su exasesor Koldo García Izaguirre y actuar como parapeto hacia arriba, hacia el presidente. La omertà sanchista, en estado puro. La Fiscalía se centra en los ocho millones de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión SL, la empresa de Aldama, por más de 36 millones de euros. Ábalos aseguró que no pasó ninguna oferta por su mano, pero olvidó mencionar que llegaron otras ofertas más baratas y que se mantuvo intacto el contrato inicial y único con Soluciones de Gestión. La distancia con Aldama fue uno de los ejes sobre los que Ábalos situó su defensa, insistiendo en que nunca fue su amigo y que mantuvo siempre 'cierta distancia'. Sin embargo, la versión autoinculpatoria de Ábalos salió a relucir cuando se habló del cambio de criterio: el paso de los 4 millones de unidades iniciales a 8 millones, en un lapso de 38 minutos. Ábalos intentó restar relevancia hablando de 'error' en el pliego inicial, pero no hubo 'mala fe', aseguró. La Fiscalía elevó sus conclusiones, pidiendo 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. La distancia entre Ábalos y Aldama fue uno de los ejes sobre los que se centró la defensa del exministro, pero la omertà sanchista quedó patente en su silencio cómplice. La Fiscalía se muestra inamovible, pese a la colaboración de Aldama, y no quiere premiarle más. Ábalos dejó el Supremo camino de la cárcel de Soto del Real, con la misma pose de víctima que ha cultivado estos meses. El juicio quedará el miércoles visto para sentencia y, sea cual sea el veredicto, los ciudadanos sabrán que en lo peor de la pandemia, mientras estaban encerrados y muchos morían, un ministro compró ocho millones de mascarillas al mejor postor, sacando rentabilidad de la tragedia.
La noche se hizo larga en el Tribunal Supremo mientras los abogados de José Luis Ábalos y Koldo García intentaban explicar el aumento patrimonial de sus clientes. La Sala Segunda, presidida por Andrés Martínez Arrieta, se mostró escéptica ante las explicaciones 'alternativas' de las defensas. Mientras tanto, los agentes de la UCO expusieron decenas de mensajes, audios y documentos que revelan una trama de corrupción y nepotismo. El caso de las mascarillas sigue siendo un tema caliente en la política española. La pregunta del millón es: ¿cómo es posible que Ábalos y Koldo García hayan aumentado su patrimonio de manera tan sospechosa? La respuesta, al parecer, se encuentra en la 'crisis matrimonial' de Ábalos y la 'indemnización por el atropello de un jabalí' que cobró Koldo García. Sin embargo, el presidente de la Sala no se tragó la explicación y pidió a la abogada que no llevara al tribunal a 'situaciones absurdas'. El caso sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura: la justicia española no se dará por vencida. Los agentes de la UCO han analizado todos los movimientos y gastos de Ábalos y Koldo García, y han encontrado más de 600.000 euros en efectivo en sus cuentas bancarias. La compra de tres casas, una a nombre de Koldo García, otra al de su mujer y la última a nombre de su hermano, también ha sido objeto de investigación. La trama se complica cuando se sabe que Víctor de Aldama aseguraba tener 'acceso' al ministro Ábalos con mordidas de 10.000 euros mensuales. El dinero lo recogía Koldo García y, según la tesis de la UCO, con él se dedicaba a cubrir las necesidades del ministro. La explicación de la defensa es que Ábalos pasó por una 'crisis matrimonial' y encomendó a Koldo García que asumiera determinados gastos para que su esposa no supiera nada. Sin embargo, el presidente de la Sala no se cree esta explicación y pide a la abogada que no entre en 'vicisitudes personales' del exministro de Transportes. La sesión ha sido tensa, con el presidente de la Sala interviniendo en varias ocasiones para pedir a la abogada que no lleve al tribunal a 'situaciones absurdas'. La defensa sigue intentando encontrar explicaciones 'alternativas' a las que da la UCO, pero el presidente de la Sala se muestra cada vez más contrariado. En un momento dado, la abogada llegó a preguntar a los agentes si habían tenido en cuenta a la hora de hacer sus informes que Koldo García cobró una 'indemnización de Mapfre' de más de 4.000 euros 'por el atropello de un Jabalí'. La noche ha sido larga y tensa en el Tribunal Supremo, pero la justicia española seguirá investigando para descubrir la verdad detrás de la trama de corrupción y nepotismo que rodea a Ábalos y Koldo García.
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