La propuesta del Partido Andalusí puede ser vista como una maniobra política para ganar apoyo, pero también plantea una reflexión profunda sobre la identidad y el futuro de Andalucía. Falta una discusión más detallada sobre la viabilidad práctica de estas propuestas.
La certificación de vulnerabilidad se ha convertido en un negocio lucrativo en Almería, donde asociaciones y oenegés están expedientando documentos a cientos de inmigrantes en situación irregular. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que estas entidades están facilitando certificados de vulnerabilidad a cambio de una cuota de afiliación o donación, que puede oscilar entre 80 y 100 euros. Esto ha generado un mercado negro de certificados, donde los inmigrantes están comprando su vulnerabilidad para acceder al proceso de regularización. La situación se ha descontrolado, con colas y incidentes en las inmediaciones de embajadas y oenegés, y la Policía Nacional ha tenido que intervenir para restablecer el orden. El caso más llamativo fue el de la embajada de Gambia en Madrid, donde 300 personas esperaban su turno para ser atendidas y la tensión se desbordó. La obtención de estos certificados es clave para acceder al proceso de regularización, que inició el Gobierno hace tres semanas, y los solicitantes deben cumplir uno de tres supuestos: acreditar vulnerabilidad, haber trabajado en España o haber vivido con la unidad familiar. Sin embargo, la expedición de estos certificados ha sido desvirtuada por las prácticas de las asociaciones y oenegés, que están convirtiendo un instrumento social en un mero formulario rellenado y sellado. El SUP advierte que esto puede tener consecuencias graves, ya que se puede estar accediendo a un certificado sin una evaluación real, lo que puede llevar a la regularización de personas que no cumplen con los requisitos. La situación es aún más grave si se considera que el mercado negro de certificados puede estar vinculado a la corrupción y el fraude, y que los inmigrantes están siendo explotados por estas entidades. Es hora de que las autoridades tomen medidas para regular este mercado y garantizar que los certificados de vulnerabilidad se expidan de manera justa y transparente.
La regularización masiva de inmigrantes, un tema que ha generado polémica y debate en el país, se ha vuelto aún más opaco gracias a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de declarar secretos los documentos relacionados con esta medida. El Partido Popular (PP) había solicitado acceso a estos informes, pero el Ejecutivo se ha negado a facilitarlos, aduciendo que son 'secretos o reservados'. Esto ha generado una gran indignación entre los opositores, que ven en esta decisión una falta de transparencia y una forma de ocultar información importante. La diputada y portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha denunciado esta situación a través de su cuenta oficial de X, destacando que el Gobierno se niega a proporcionar información sobre los antecedentes penales y policiales de los inmigrantes regularizados. Esto es como si intentáramos hacer la lista de la compra sin saber qué productos están en oferta, o como si nos presentaran una factura sin especificar los gastos. La falta de transparencia es un sablazo en la confianza ciudadana, y el Gobierno parece estar más interesado en proteger sus intereses que en informar a la población. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no existe un texto definitivo sobre la regularización masiva, lo que ha generado más dudas y suspicacias. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRI y el CENIF también se han visto afectados por esta decisión, lo que ha generado un gran descontento entre los opositores. La regularización masiva de inmigrantes es un tema complejo que requiere una gran transparencia y comunicación, pero el Gobierno parece estar más interesado en mantener la opacidad que en informar a la población. Esto es como si estuviéramos intentando navegar por un laberinto sin mapa, sin saber qué nos depara el futuro. La falta de información y la opacidad del Gobierno están generando una gran incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos, lo que puede tener consecuencias graves para la estabilidad del país. En resumen, la decisión del Gobierno de declarar secretos los documentos sobre la regularización masiva de inmigrantes es un golpe a la transparencia y la confianza ciudadana, y puede tener consecuencias graves para el futuro del país.
Alba Martín, con la gracia de un reportero callejero que nunca pierde la línea de la ironía, nos presenta el episodio más reciente del teatro de la vivienda. El Ministerio de Vivienda, bajo la dirección de Isabel Rodríguez, decidió hacer un desfile de cifras y, en la gran escena, se puso el 90 % de las ventas de casas usadas como el protagonista principal, mientras la verdadera protagonista, la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), se queda en la sombra. La cañería de datos que sale del Observatorio de Vivienda y Suelo no deja de sonar. En el cuarto trimestre de 2025 arrancaron 34 200 viviendas libres, un 14,5 % más que el mismo trimestre del año anterior, la cifra más alta en 17 años. Lo que realmente se celebra, sin embargo, es la cifra de 200 441 transacciones de compraventas, la más alta desde 2007, y las 133 358 hipotecas, que aumentaron un 8,7 % y alcanzaron la cifra más alta de los últimos 15 años. El precio medio de la vivienda libre se disparó un 13,1 % interanual, subiendo a 2 230 € por metro cuadrado, mientras que el importe total prestado se disparó a 22 648 millones de euros, un salto del 21,5 %. La media por vivienda quedó en 169 827 €, y la proporción de hipotecas sobre operaciones de compra se situó en el 66,5 %, el mayor porcentaje registrado en 14 años. El informe, con la delicadeza de un vendedor de zapatos, también menciona que la compra de vivienda por extranjeros representa el 13,52 % del total, con el Reino Unido, Países Bajos y Alemania liderando la lista con 7,9 %, 6,8 % y 6,7 %, respectivamente. La rentabilidad del alquiler, por cierto, se ha ido decaído desde el 2018, pasando de 4,09 % a 3,05 % en el último trimestre. Mientras el Gobierno se jacta de un récord de construcción, el dato que se mantiene en silencio es la cifra real de viviendas de protección oficial que sigue sin desarrollarse o se ha mantenido prácticamente en la misma línea de producción, como una fábrica que nunca anuncia sus nuevos modelos. El contraste es tan agudo que parece una broma de mal gusto: el gobierno está construyendo un muro de cifras, pero el muro real, hecho de VPO, permanece invisiblemente bajo la tierra.
Cuando la UGT se convierte en un casino, la fiscalía no duda en poner la mesa. Mayka Tomás López, la nieta de la ex diputada del PSOE y la hija de la que se llamaba la ‘azotea’ de Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto en la fila de la culpa con una carta de 8 años de cárcel. En el buzón de la justicia, la acusación no es un discurso, es un billete de 4,5 millones de euros robados a la organización sindical y una deuda de 2 979 709 euros que la fiscalía exige que devuelva. Los cheques falsos, 71 por 372 660 euros, 67 por 407 936 euros y 40 por 1 319 082 euros, fueron borrados con goma de tinta y cambiados por nombres al azar que acabaron en la cuenta de su marido y de dos amigas, sumando 657 talones sospechosos y, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, más de seis millones en total. La tarjeta corporativa Solred, que le pertenecía al secretario general Luis Miguel López Reillo, se convirtió en el pasaporte para 12 pasajeros en Miami, billetes a Gran Canaria para su pareja y 21 amigos, y escapadas familiares a Mallorca y Fuerteventura. Un viaje a París, a nombre de su padre, y la factura de 162 000 euros por la tarjeta, se suman a la lista de lujos que se mecen sobre la lista de la compra de la UGT. El caso estalló en diciembre de 2021 cuando Reillo denunció “inexplicables problemas de liquidez” y la gestora que le sucedió entregó la documentación a la Fiscalía de Madrid. Desde entonces, el juzgado ha interrogado a los implicados en julio de 2022 y la acusación, publicada cuatro años después, sigue sin fecha de juicio. La madre de la acusada, Carmen López, fue la portavoz que vigilaba los contratos del Gobierno de Ayuso, y su recomendación de Mayka a la UGT fue la chispa que encendió el incendio. Marina Prieto, secretaria general de la organización, admitió la falta de vigilancia y prometió controles, pero la historia se ha convertido en una de las causas de corrupción sindical más voluminosas de la historia reciente de Madrid. El dinero de los afiliados se ha convertido en la caja particular de la hija de la que vigilaba a los demás.
En un giro inesperado, el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, ha presentado una demanda contra la cadena SER y el diario digital El Plural, así como contra el activista Fernando Jabonero, por difundir datos detallados de su vivienda en La Adrada (Ávila). La demanda, que asciende a 450.000 euros, se fundamenta en la presunta vulneración de su derecho a la intimidad. Los contenidos difundidos incluían la referencia catastral, la ubicación exacta del inmueble y imágenes de la propiedad, lo que permitió identificar la vivienda en herramientas digitales como Google Maps. Esto desencadenó la presencia de personas en las inmediaciones del inmueble, que proferían gritos audibles desde la vivienda. El juez sostiene que los datos publicados no eran necesarios para informar sobre la situación administrativa de la vivienda y que la inclusión de elementos como la referencia catastral o la localización precisa excedía el interés informativo. La demanda se centra en la publicación de artículos en la web de la cadena SER y El Plural, que incluían imágenes y documentos administrativos vinculados al expediente urbanístico. El juez solicita una indemnización de 50.000 euros a la cadena SER y 300.000 euros a El Plural, además de 100.000 euros a Fernando Jabonero. La difusión de estos datos permitió identificar la vivienda y generó un contexto de presión institucional, vinculado al inicio de la investigación judicial sobre Begoña Gómez. El juez menciona declaraciones públicas y la difusión de informaciones que cuestionaban su actuación, y se hace referencia a acciones previas emprendidas por el magistrado en defensa de su honor. La demanda también alude a informaciones sobre la posible existencia de mecanismos organizados de recopilación y difusión de datos sobre operadores jurídicos implicados en procedimientos de relevancia política. En resumen, la demanda del juez Peinado contra la cadena SER y El Plural, así como contra Fernando Jabonero, es un ejemplo de cómo la difusión de información personal puede generar un impacto significativo en la vida de los individuos y en la percepción pública de la justicia. La pregunta es, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y la protección de la privacidad en los medios de comunicación? La respuesta, como siempre, está en el equilibrio entre la información y la intimidad. El caso de Peinado es un recordatorio de que, en la era digital, la información personal es un activo valioso que debe ser protegido. La demanda del juez es un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la privacidad. En este sentido, la demanda de Peinado es un ejemplo de cómo la justicia puede ser un instrumento para proteger la privacidad y la dignidad de los individuos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la efectividad de las leyes y regulaciones actuales para proteger la privacidad en la era digital. En última instancia, la demanda de Peinado es un recordatorio de que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser protegido y respetado en todos los ámbitos de la vida, incluyendo los medios de comunicación.
El irlandés, esa lengua que la Constitución declara la primera oficial pero que solo 72.000 personas usan en la vida real, acaba de recibir su propio palmo en la mesa de los ministros de la Unión Europea. En julio, cuando Irlanda asume la Presidencia giratoria del Consejo, las comunicaciones oficiales se emitirán en irlandés y en inglés por primera vez, y los ministros se alientan a lanzar un 'Hola' en gaélico al abrir o cerrar una sesión. El gesto es simbólico, pero la paradoja es brutal: la lengua es la más protegida del bloque, pero su supervivencia se resuelve en la cifra de la encuesta de 2022, donde 1,9 millones dijeron 'puedo hablar' (40 % de la población), a la sombra de 72.000 hablantes diarios (1,5 %). La historia de la lengua es una caricatura: en 1800, casi toda la isla hablaba irlandés; la Gran Hambruna (1850) y la colonización inglesa descompusieron el territorio. La independencia en 1922 elevó el idioma a símbolo de identidad, pero la enseñanza obligatoria de irlandés en las escuelas convirtió la lengua en una materia de examen más que en una herramienta de conversación. No fue hasta la aparición de fenómenos culturales como Kneecap, cuyo rap en irlandés hizo que la palabra se volviera 'cool' entre los veinteañeros, o CMAT que abre su álbum con una frase en gaélico, que la lengua empezó a fluir de nuevo. El auge digital es palpable: Duolingo lleva a 1 millón de usuarios aprendiendo irlandés, y más de 5 millones de extranjeros han iniciado un curso. En Londres, el Centro de Irlanda tiene más de 2 000 personas en lista de espera y City Lit reporta un incremento del 57 % anual en sus clases. Las escuelas de habla irlandesa han crecido de 16 000 a 52 000 estudiantes desde 1990. Sin embargo, la brecha entre 'puedo hablar' y 'hablo a diario' es enorme. Si la pregunta de la encuesta cambiara a '¿hablas irlandés diariamente fuera de la escuela?', la mayoría blanca se vería reducida a un tono pálido, con apenas el 1,5 % de los habitantes de la República y menos del 5 % en el Norte. Con el pronóstico de Conchúr Ó Giollagáin de que la lengua puede desaparecer en la próxima década, el futuro se ve tan incierto como el clima de una tormenta irlandesa. Para que el irlandés resista, la experiencia de Gales sirve de espejo: con inversión sostenida y objetivos claros, ha alcanzado 430 000 hablantes diarios y apunta a un millón para el medio siglo. En Francia, el Breton sigue decaído pese a escuelas de medio. Frisón, con su cooficialidad y uso diario, demuestra que la convivencia lingüística funciona cuando la lengua se habla en casa, no solo en el aula. El momento histórico de la presidencia de la UE es un aplauso de reconocimiento, pero la pregunta que queda es: ¿podrá el irlandés pasar de un símbolo de identidad a un idioma vivo y respirado en las calles de Dublín y más allá? El tiempo, y el parlante que lo use, lo decidirán.
En 1524, una hoja de papel de madera de Nuremberg apareció en Europa con el nombre de Temixtitan, la capital azteca, dibujada como una ciudad de torres y plazas y, al mismo tiempo, como un cadáver de 200 000 almas. La ironía es que el mapa no era un plano de un lugar vivo, sino la imagen de un sitio que, tres años antes, el propio conquistador Hernán Cortés había incendiado y demolido en 1521. La carta, enviada a Charles V para impresionar al emperador, se convirtió en el espejo que la Europa de la época se miró para justificar su conquista: “ver, nombrar, mapear, reclamar, borrar”. La imagen fue copiada a lo largo de la península y transformó la memoria de la ciudad en una fantasía cartográfica que, mientras el humo de la guerra se disipaba, se imprimía en papel y, de alguna manera, se hizo real para los europeos. El mapa, orientado al sur, la dirección sagrada azteca, muestra cuatro causeas que conectan la isla de Tenochtitlan con el continente, una plaza central con dos templos sacrificatorios y un desfile de cabezas en estacas. Los nombres de la costa caribeña aparecen, y es la primera vez que se menciona Yucatán en un documento europeo. La cartografía indígena, presumiblemente elaborada por un trazador local y luego interpretada por un grabador de madera alemán, perdió detalles, pero ganó la imposición de la perspectiva europea: torres en lugar de templos, líneas rectas en lugar de caminos de piedra. Así se reforzó la idea de dominio: el mapa era el arma que la Habsburgo usó para mostrar que “hemos descubierto y sometido a una civilización magnífica”. El acto de mapear es la primera fase del proceso de colonización: ver, nombrar, mapear, reclamar, borrar. Con la destrucción de Tenochtitlan, el mapa no solo documentó la pérdida, sino que la convirtió en una realidad visible para los europeos, permitiendo que la ciudad se volviera un punto de referencia en la cartografía del Nuevo Mundo, aunque su existencia física se hubiera extinguido. En la actualidad, el mapa de 1524 sigue siendo un testimonio de cómo la cartografía puede ser tanto una herramienta de conocimiento como una arma de poder, un recordatorio de que cada línea que trazamos sobre el planeta es una declaración de dominio.
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