El Gobierno recorta la lucha contra el narco mientras la cocaína inunda las playas como la marea baja en agosto. No es una metáfora exagerada: la Fiscalía alertó de un 23,21% más de procedimientos por tráfico de drogas en 2024 (de 24.000 a 30.000 casos), pero el Ministerio de Hacienda, liderado por el socialista Arcadi España, decidió que 74 imágenes de satélite al año bastarían para vigilar el Mediterráneo y el Atlántico.
Antes, en 2022, la Agencia Tributaria pagaba 120 tomas anuales y, cuando el negocio del narco se complicó, incluso aumentó el presupuesto en 16.022 euros para comprar más ojos en el cielo.
¿El resultado? Mientras los narcos extienden sus rutas desde el Estrecho hasta el Guadalquivir —sí, como lo oyes, el río que cruza Sevilla—, la Vigilancia Aduanera ahora depende de 60 imágenes radar (que al menos ven aunque llueva) y 14 ópticas (útiles solo si el cielo no está nublado).
Un plan de seguridad marítima digno de un juego de mesa de estrategia, donde el azar decide si tu barco es detectado o no. Y todo por 340.000 euros en dos años, una miseria comparada con los miles de millones que el narcotráfico mueve cada año en España.
Pero hay más. La Fiscalía no solo habla de números: describe un ‘extraordinario crecimiento del tráfico de cocaína’, con narcolanchas que ya no se conforman con el Estrecho, sino que asaltan puertos andaluces y hasta aguas internacionales.
Y mientras, el Gobierno parece más preocupado por licitar contratos ‘a demanda’ que por invertir en tecnología seria. ¿Demasiado burocracia? ¿Poco interés? Lo cierto es que, entre 2023 y 2025, estos mismos narcos ya han dejado siete muertos (dos guardias civiles y cinco narcotraficantes), pero nadie parece alarmarse como cuando sube el precio del pan.
El detalle más irónico: este recorte llega justo cuando la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) podría ser una aliada clave, pero el Ejecutivo prefiere pedir imágenes ‘puntuales’ en lugar de asegurar una cobertura constante.
Como si la lucha contra el narcotráfico fuera un servicio de delivery, donde solo pides refuerzos cuando ya te han robado la moto. Y mientras, en Andalucía, los pueblos costeros viven con el miedo en la orilla, sabiendo que cada lancha que se acerca podría ser la próxima en dejar un cadáver en la playa.
Pedro Sánchez, por cierto, no ha hecho declaraciones al respecto.
Pero su silencio habla más que mil discursos: prioriza el ahorro sobre la seguridad, aunque eso signifique que los narcos sigan escribiendo su propio guión en nuestras costas. Y lo peor es que, al final, pagaremos todos: con más droga en las calles, más violencia en los puertos y un Estado que parece más interesado en ajustar presupuestos que en proteger a sus ciudadanos.
Crítica:
El artículo acierta al exponer la hipocresía con datos duros, pero pecaría de optimismo si no mencionara que el PSOE ya recortó en 2023 el presupuesto de la Guardia Civil (otro agujero en la lucha antinarcos). Además, falta ahondar en quién gana con estos recortes: ¿empresas de seguridad privada que llenan el vacío? La Fiscalía solo alerta; alguien debería preguntar por qué Hacienda prefiere contratos ‘a demanda’ en lugar de inversiones estructurales. Como si el narcotráfico fuera un imprevisto del tiempo y no una guerra declarada.
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