Sánchez regularizó... y el padrón se llenó de falsos empadronados

El padrón de Boadilla se convirtió en un Black Friday del fraude. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez celebraba su operación regularización migratoria como un gol de chiquito, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte —ese pueblo de Madrid donde lo barato sale caro (y lo caro, más)— descubrió que su padrón municipal olía a trabajo sucio: 25 casos de empadronamientos fraudulentos, otros tantos expedientes en el aire y cinco personas entre rejas o en comisaría por usar documentación falsa como si fueran cupones de descuento en El Corte Inglés. La ironía del sistema.

Resulta que regularizar a miles de personas sin un manual de instrucciones para los ayuntamientos es como dejar un buffet libre en medio de un banquete: alguien siempre se lleva el jamón. El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda (PP), no perdona: «Son los municipios los que pagamos los platos rotos», sentenció, mientras su pueblo —con 55.000 habitantes y una renta per cápita que envidiaría un influencer de lujo— se convierte en imán para quienes buscan empadronarse en un barrio donde el valor catastral de una vivienda podría pagar un aparcamiento en el Paseo de la Castellana.

¿El colmo? Los vecinos afectados ni siquiera sabían que alguien estaba usando su dirección como casa de huéspedes no invitados, hasta que el Ayuntamiento les soltó el bombazo: «Oye, que te han timado en el padrón». Datos que duelen (y no son del IBEX). El fraude no es casualidad: 25 casos detectados en una semana, cuatro identidades falsas y una detención.

La Policía Local, la Guardia Civil y hasta la Brigada de Extranjería se pusieron las pilas cuando el Consistorio —harto de que le colaran tramposos como si fueran clientes VIP— decidió actuar. ¿El método? Cruzar datos, revisar solicitudes y darse cuenta de que algunos empadronamientos olían a fritura de segunda mano.

Ahora, los titulares de las viviendas afectadas tienen que denunciar a los intrusos administrativos, porque en España hasta el padrón se usa como arma de doble filo: si te lo roban, pierdes derechos; si lo robas, te caen cinco años. El Gobierno y su modus operandi. Pedro Sánchez y su equipo vendieron la regularización como un plan humanitario, pero lo que hicieron fue abrir una puerta giratoria sin cerrojo.

Úbeda no es el único alcalde cabreado: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva años gritando que no hay coordinación entre el Estado y los ayuntamientos, y que sin protocolos de seguridad (y presupuesto), cada Consistorio se las apaña como puede. Ejemplo práctico: La tasa de basuras, otro regalo envenenado del Gobierno que dejó a los municipios con la sartén por el mango.

«Nos tiran leyes como si fueran folletos publicitarios y luego nos quejamos de los resultados», resumió el regidor, mientras su pueblo —ese paraíso fiscal de la corona madrileña— se convertía en escenario de un thriller administrativo. La moraleja del padrón. En España, regularizar es como jugar al mus: todos quieren entrar, pero cuando el juego se complica, los ayuntamientos son los que acaban limpiando el berenjenal.

Mientras tanto, en Boadilla, los vecinos siguen pagando el IBI como si no hubiera mañana, y algún listillo se apunta gratis a la sanidad pública. ¿Solución? Que el Gobierno deje de hacer leyes a lo loco y empiece a escuchar a los que luego recogen los cascotes. O, como diría un vecino de toda la vida: «Esto es como el menú del día: lo pides barato y te sale caro». El dato que lo dice todo.

Mientras el Ejecutivo celebraba su éxito migratorio, el padrón de Boadilla se llenaba de fantasmas administrativos. 25 casos en una semana. La pregunta es: ¿cuántos más habrá en otros 8.000 municipios? Porque, como en el mercado negro de cualquier barrio, cuando hay demanda, siempre hay oferta.

Y en este caso, la oferta incluye documentación falsa, detenciones y vecinos cabreados.