El artículo evita profundizar en qué protocolos reales se incumplieron con el Hondius, centrando el foco en el circo mediático. La filtración de la IA es el gancho, pero el análisis se queda en la superficie: ¿hubo negligencia sanitaria? ¿Por qué se eligió ese pantallazo en concreto? Falta contexto técnico y una crítica más dura a la opacidad del Gobierno. Eso sí, el sarcasmo funciona: convierte la noticia en un sketch donde todos pierden (menos las ratas).
El arte de convertir deudas en facturas (y viceversa) Mientras los españoles ajustan el cinturón para llegar a fin de mes —el 35% de los hogares destina más del 40% de sus ingresos a gastos fijos—, José Antonio Marco Sanjuán, ex 'tres' de María Jesús Montero, se embolsaba 1,2 millones de euros como quien cobra un alquiler. No por trabajar, sino por anular una multa de 16 millones a un empresario. Sí, como lo oyes: el mismo que presidía el TEAC (Tribunal Económico-Administrativo Central) cuando se le ocurrió perdonar 16 millones a Alza Obras y Servicios SL. Coincidencia? Para la Fiscalía Anticorrupción, no. El entramado es tan elegante como un reloj suizo (y tan legal como un chiste de Montero). Todo pasaba por Investment Theorchad SL, sociedad propiedad de Enrique Lahuerta Tornos, amigo personal de Marco Sanjuán y testaferro de lujo. Entre mayo de 2023 y agosto de 2025 —sí, después de que saltara el escándalo—, esta empresa recibió 138 transferencias por 1.258.922 euros, disfrazadas de «asesoría» o «servicios genéricos». Los empresarios Tomás Alarcón Zamora y Juana Saiz Alarcón, dueños de Alza Obras, pagaban entre 7.000 y 10.000 euros al mes como quien abona el gimnasio. Detalle macabro: el TEAC anuló su deuda justo cuando empezaban a pasarles el dinero. Causalidad? Para la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica), correlación es destino. Pero el show no acaba aquí. Marco Sanjuán no era un lobo solitario: controlaba el TEAC como un buffet libre. Según la investigación, derivaba los casos más sensibles a Francisco José Palacio Ruiz de Azagra, vocal jefe de Recaudación, un señor que, tras ser cesado por el nuevo ministro de Hacienda (Arcadi España, que llegó como agua fresca a limpiar el desastre), se fichó por el despacho Garrido —donde su jefe es amigo íntimo de Marco Sanjuán. ¿Coincidencia? Que se lo pregunten a los 16 millones perdonados. Y para que no quede duda de que esto era un negocio redondo, la pareja de Marco Sanjuán, Carolina Verdés Pastor (abogada fiscalista y secretaria de la Asociación de Asesores de la Comunidad Valenciana), aparece administrando B2B Corporación Jurídica SL, otra sociedad del entramado. ¿Y qué hacía esta empresa? Pues figurar como dueña de un vehículo de 100.000 euros que la Policía encontró casualmente en poder de Marco Sanjuán. ¿Explicación? La misma que usan los políticos para justificar sus dietas: «es complicado». El colmo del cinismo: mientras los contribuyentes colapsan con el IVA (que sube como la marea en un barco agujereado), el TEAC —presidido por un tipo que cobraba por anular multas— se convertía en el McDonald’s de los favores: «¿Quieres que tu deuda desaparezca? Pasa por caja y te damos un recibo con IVA incluido». Y todo ello con facturas firmadas, transferencias bancarias y hasta un coche de lujo de por medio. La moraleja? En España, anular una multa de 16 millones cuesta 1,2 millones. Y si te quejas, te dicen que es «asesoría fiscal». Como cuando el fontanero te cobra 500 euros por arreglar un grifo… pero te lo deja roto a propósito.
El circo humanitario de EE.UU. en el Sáhara: cuando salvar vidas es un arma política. Mientras en España discutimos si el pan de molde es más caro que en 2019, EE.UU. despliega su carisma humanitario en el Sáhara Occidental con un despliegue que huele más a estrategia que a jeringuillas. 100 médicos estadounidenses y marroquíes —sí, esos mismos que antes ensayaban cómo responder a un ataque químico en el estadio de Agadir, futuro escenario del Mundial 2030— ahora reparten kits dentales infantiles en Dajla, como si la asistencia sanitaria fuera el extra del menú político. 20.000 pacientes atendidos, dicen. Pero, ¿cuántos tanques marroquíes vigilando el horizonte mientras los drones estadounidenses calibran sus motores? La maniobra, bautizada como African Lion (y que no tiene nada de felino, salvo en la ferocidad con la que EE.UU. aprieta a sus aliados), es la primera vez que este ejercicio militar —el más grande de AFRICOM en África, con 5.000 soldados de 40 países— pisa territorio saharaui bajo control marroquí. Duke Buchan III, embajador estadounidense en Rabat, no perdió tiempo en aclarar el mensaje: «Desde Tánger a Dajla, EE.UU. respalda a Marruecos». Traducción callejera: Aquí no hay neutralidad, solo cheques en blanco. Y es que, desde que Donald Trump firmara los Acuerdos de Abraham en 2020 —un sablazo diplomático que reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de... bueno, de que Marruecos siguiera siendo el socio cool de Washington—, la relación es de business is business. ¿Y España? Ni en la foto, ni en el catálogo. Mientras Marruecos se forra con F-16, Apache y sistemas de defensa avanzados (porque hasta la guerra tiene su Black Friday), nuestro país mira para otro lado, como ese vecino que no invita a la fiesta pero se chupa los dedos viendo cómo otros se lo montan en su salón. ¿Recuerdan el Sáhara español? Ese territorio que abandonamos en 1975 como quien deja una factura impagada. Pues ahora EE.UU. lo pisa con botas de combate y guantes de látex humanitario, mientras el Frente Polisario sigue esperando ese referéndum de autodeterminación que parece más un dreamcatcher que una promesa. Pero lo mejor —o lo peor, según se mire— es el show de efectos especiales que incluye African Lion: simulacros NBQ (nuclear, biológico, químico), ejercicios anfibios y operaciones especiales. Porque, claro, ¿qué mejor manera de demostrar interoperabilidad militar que ensayar cómo apagar un incendio en un estadio que costó más que el presupuesto sanitario de medio país saharaui? El Gran Estadio de Agadir, futuro templo del fútbol, se convirtió en escenario de rescate de rehenes y descontaminación química. Mientras, en las calles de Dajla, los médicos estadounidenses —entre ellos, los mismos que antes calibraban drones— reparten sonrisas y kits dentales como si esto fuera un telethon y no un teatro de operaciones. Datos duros, pero con sabor a hipocresía: - 20 de abril al 8 de mayo: Fechas de African Lion 2024. Coinciden con la temporada de siembra... y con la de cosechar aliados. - 5.000 soldados: El ejército más internacional desde la ONU, pero sin España. ¿Acaso no somos europeos? - 2020: Año en que EE.UU. reconoció el Sáhara marroquí. Coincidió con que Marruecos se convirtió en el top comprador de armamento estadounidense en África. Correlación no es casualidad. - 2030: Año del Mundial. Marruecos quiere su trofeo de país anfitrión, y EE.UU. le da cobertura estratégica. El fútbol une, pero los misiles también. La gran pregunta es: ¿Cuánto cuesta esta humanitaria? Porque 100 médicos, 20.000 pacientes y un estadio blindado no salen gratis. Y mientras el dinero público fluye como el agua en un grifo sin contar, en el Sáhara Occidental siguen sin saber si el próximo referéndum será de autodeterminación... o de sobrevivencia. España, por cierto, sigue siendo el elefante en la habitación: el excolonizador que ahora ni siquiera tiene voz en la sala. Como ese exmarido que ya no cuenta en la familia, pero del que todos hablan cuando hay que repartir culpas. ¿Vendrá algún día? O prefieren seguir viendo cómo otros juegan en su cancha con sus propias reglas.
El Gobierno se convirtió en troll profesional cuando la crisis del Hondius aún sangraba. Mientras los últimos pasajeros abandonaban el crucero —un operativo que, por cierto, costó 12,3 millones de euros en solo dos semanas—, los ministros de Sanidad y el PSOE se dedicaron a lo que mejor saben hacer: filtrar pantallazos privados como si fueran pruebas en un reality de supervivencia. La joya de la corona fue un mensaje de Fernando Clavijo a Mónica García, ministra de Sanidad, preguntando a una IA si las ratas nadan. Spoiler: sí, como saben hasta los niños que ven Tom y Jerry. Pero el Gobierno prefirió venderlo como un meme de manual, usando la desinformación como arma de distracción masiva. El timing no pudo ser peor. El sábado, mientras el crucero Hondius se convertía en el elefante en la habitación de la gestión sanitaria —con 3.200 pasajeros en cuarentena y un protocolo que olía a improvisación con perfume caro—, el Ministerio de Sanidad solapó a medios afines una captura de pantalla que, en otras circunstancias, sería material para un sketch de El Intermedio. La IA, fría y técnica, respondía: «Las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir hasta tres días». ¿El contexto? Clavijo, presidente de Canarias, estaba cuestionando el fondeo del barco por riesgos sanitarios. ¿La respuesta del Gobierno? Ridiculizarlo con un debate sobre roedores acuáticos, como si la crisis fuera un escape room de MasterChef. Clavijo no se lo tragó. En lugar de callar, denunció que el Ejecutivo usó la filtración como un sablazo político: «No voy a hacer públicas conversaciones privadas», espetó a García, mientras su Gobierno amenazaba con llevar a Canarias a los tribunales por invasión de competencias (ironías de la vida: los mismos que filtran pantallazos ahora lloran violación de privacidad). La ministra, en cambio, se limitó a esgrimir el escudo de lo «técnico y epidemiológico», como si el debate sobre ratas nadadoras fuera más urgente que evacuar a 3.200 personas en condiciones precarias. Y cuando la prensa le preguntó por el pantallazo, su respuesta fue digna de un script de La que se avecina: «No vamos a entrar en polémicas estériles». Traducción callejera: «Cerramos el pico, que esto huele a fritura». El PSOE, por su parte, se lució en el arte de la hipocresía con sonrisa. Su portavoz, Montse Mínguez, comparó la filtración con los desastres del PP —desde la dana de Mazón hasta los hilillos de plastilina de Génova 13—, como si el Gobierno actual no estuviera jugando al whistleblowing selectivo con información privada. ¿El colmo? Mientras el mundo mira cómo España gestiona la crisis, el Ministerio de Sanidad se dedica a trolling en redes, como si el Hondius fuera un hashtag y no un barco con pasajeros atrapados entre burocracia y pánico. Datos duros que pican: El operativo de evacuación, según fuentes, superó en un 40% el presupuesto inicial (de 8,7 a 12,3 millones). ¿Dónde fue ese dinero? En hoteles de emergencia con camas incómodas, en tests rápidos que daban positivo a medio mundo y en comunicados que priorizaban el marketing sobre la transparencia. Mientras, Clavijo seguía en su papel de chivo expiatorio: un presidente regional al que le preguntan por ratas en lugar de por protocolos. La gran pregunta es: ¿Quién ganó con este circo? No fueron los pasajeros del Hondius, eso está claro. Fue el Gobierno, que convirtió una crisis en un reality donde el premio era distraer la atención. Y así, entre memes y roedores nadadores, España demostró que cuando la gestión falla, siempre queda el humor —aunque sea negro y con fondos públicos.
El Gobierno y su arte del malabarismo legal: regularizar inmigrantes con una mano y cerrar la puerta con la otra. Mientras Hazte Oír se rasga las vestiduras pidiendo al Supremo que frene la regularización extraordinaria de inmigrantes —como quien intenta parar un tren con un paraguas—, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sacado la artillería jurídica pesada. Y no es para menos: el Gobierno argumenta que suspender el proceso dejaría a miles en un limbo legal, como si fueran fichas de dominó a punto de caer, pero sin saber quién las empujó. La Abogacía del Estado, en un escrito que huele a tinta barata y a intereses más altos, sentencia que anular la medida sería como apagar la luz en medio de una fiesta: molesta, innecesaria y, sobre todo, contraproducente. El dato es contundente: el real decreto se aprobó en abril de 2026, y ya están en marcha los trámites para que miles de personas —trabajadores, cuidadores, personas en situación irregular— puedan regularizar su situación. Hazte Oír, la asociación que ha interpuesto el recurso, alega que la norma es un sablazo a la legalidad, pero el Gobierno les responde con un argumento que parece sacado de un manual de hipocresía institucional: «¿Y tú qué ganas con frenarlo? ¿Un aplauso en la plaza mayor?» La Abogacía del Estado no solo rechaza la suspensión cautelar, sino que pide que ni siquiera se admita el recurso, como quien cierra la puerta en las narices de un mendigo que pide limosna. El teatro legal está servido. Mientras la asociación se escuda en «valores constitucionales» y «familia», el Gobierno les devuelve el golpe con cifras frías: miles de personas en riesgo de quedar en un vacío legal, como si fueran fantasmas sin papeles. «¿Qué perjuicio concreto sufres tú, Hazte Oír, si se anula la norma?», pregunta el escrito. Buena pregunta. Porque al final, lo que está en juego no es solo la legalidad, sino el interés general de quien tiene que pagar la factura: el contribuyente, el empresario que necesita mano de obra, y esas mismas personas que, sin papeles, limpian nuestras casas, cuidan a nuestros ancianos o recogen los cultivos que luego vendemos en el supermercado. El Supremo tiene ahora la palabra. Pero mientras tanto, el Gobierno sigue jugando al ajedrez con las reglas del tablero: mueve piezas, amenaza con castigos y, de paso, se lleva el mérito de ser el héroe de los derechos humanos. Como cuando tu vecino te pide prestado el taladro y luego te dice que sin él la pared se derrumbaría. La diferencia es que aquí el taladro son miles de vidas en suspenso. Y lo más irónico: todo esto mientras Bruselas mira para otro lado, los partidos de la oposición se pelean por ver quién grita más alto contra la «ilegalidad», y los afectados —los verdaderos perdedores— siguen esperando a que alguien decida si pueden o no seguir viviendo en este país sin ser tratados como mercancía caducada. Porque al final, el interés general no es un concepto abstracto. Es el tipo que recoge las fresas de tu desayuno, la mujer que cuida a tu abuela, el joven que lava los platos en el restaurante donde celebras tu cumpleaños. Y el Gobierno lo sabe. Por eso no piensa soltar el hilo.
El crucero del hantavirus llegó a Canarias como un mal prestado. Mientras los pasajeros del MV Hondius —un barco de bandera neerlandesa con pasaportes de lujo— se pudrían en el mar como fruta estropeada, el Gobierno central decidió que las islas eran el dumping perfecto para su crisis. 24 horas fondeado, tres positivos confirmados en EE.UU. y Francia, y ni rastro del informe de la OMS que, según Sánchez, ‘exigía’ el desembarco. ¿Existe o no existe? La pregunta es tan absurda como el teatro político que la rodea. Fernando Clavijo, presidente canario, no es hombre de medias tintas. Desde el primer momento, advirtió que Canarias no era un parking de emergencias sanitarias, sino un destino turístico con 2 millones de habitantes y una infraestructura sanitaria que, aunque robusta, no está diseñada para ser el colador de un crucero de 1.500 pasajeros en cuarentena. ’¿Dónde está el informe?’, preguntaba el pasado 10 de mayo, mientras el Gobierno central respondía con un ’lo pedimos, pero no nos lo dan’ que huele a excusa más que a transparencia. La OMS, por su parte, sale del paso con un comunicado firmado por Tedros Adhanom Ghebreyesus —el tipo que cobra 180.000 dólares al año por ‘recomendar’— justificando la decisión como un deber humanitario. Pero, ¿dónde está el papel firmado? ¿O es que ahora los informes de salud pública se manejan con ’confianza’ y ’buena fe’ como si estuviéramos en un whatsapp de vecinas? El Gobierno de Pedro Sánchez jugó sucio. Usó una ley de seguridad marítima —esa que nadie lee, como el manual de instrucciones de un IKEA— para imponer el fondeo en la madrugada del domingo, bypasseando la autonomía canaria como si fuera un trámite burocrático más. ’Un acto de soberbia’, lo llamó Rosalina Dádiva, presidenta del Cabildo de Tenerife, mientras los jueces —sí, esos que el Gobierno suele ignorar cuando les conviene— desmontaban el argumento de la OMS como un castillo de naipes. ’España no está obligada a admitir el crucero porque lo diga la OMS’, sentenció el magistrado Fernando Portillo. Pero Sánchez prefirió hacer oídos sordos. Como cuando tu vecino te pide prestado 20 euros y luego te dice que ’no hay problema’ mientras se los queda todos. El detalle más grotesco? Desembarcaron pasajeros sin test. ’¿Dónde está la preocupación por la salud pública?’, preguntaba Clavijo, mientras dos viajeros daban positivo en Europa. Tres casos confirmados, y el barco sigue en aguas tinerfeñas como un elefante en una cacharrería. ’Cada día que pasa, más riesgo’, advirtió Dádiva, pero el Gobierno central parece más interesado en lavarse las manos que en lavarse la conciencia. Mientras, la OMS twittea mensajes de ’humanidad’ y el Ministerio de Sanidad —dirigido por Mónica García, consejera en el Consejo Ejecutivo de la OMS— se escuda en un informe que brilla por su ausencia, como la honestidad en un reality show. ¿Quién ganó en este juego de tronos sanitario? Ni los canarios, ni los pasajeros, ni la credibilidad de las instituciones. Perdedores todos, pero especialmente los ciudadanos, que ahora deben pagar el pato de una gestión opaca, una burocracia sorda y un Gobierno que confunde ’solidaridad’ con ’imposición’. El MV Hondius ya se fue, pero el virus de la desconfianza sigue anclado en Canarias. Y lo peor: la próxima vez que un barco con problemas sanitarios necesite amarre, ¿quién va a creer que la OMS o el Gobierno actúan por ’responsabilidad’ y no por ’conveniencia’? Datos duros que duelen: - 1.500 pasajeros en el crucero, 148 en cuarentena desde hace semanas, algunos ’de luto’, todos ’asustados’. - 3 positivos confirmados (dos en EE.UU., uno en Francia) tras desembarcar sin test previo. - 24 horas fondeado en Canarias, ’el menor tiempo posible’, según Clavijo, pero ’cada día es un riesgo’, según Dádiva. - ’Informe de la OMS’: ’no existe’ (según Canarias), ’sí existe’ (según Sánchez), pero nadie lo muestra. - 180.000 dólares al año cobra Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, por ’recomendar’ soluciones. - Ley de seguridad marítima: ’manual de instrucciones de un IKEA’, según los críticos. - ’Conflicto constitucional’: ’Las relaciones están rotas’, sentencia Dádiva. La ironía del siglo: Mientras el Gobierno central oculta informes, impone decisiones y luego culpa a los jueces de ser ’obstaculistas’, los canarios —como siempre— pagan el pato. No con dinero, sino con salud, con tiempo y con la certeza de que, cuando hay crisis, su autonomía es el ’colchón’ donde caen los errores ajenos. El MV Hondius se llevó el virus, pero dejó en Canarias el sabor amargo de una gestión que prioriza la imagen sobre la seguridad y la transparencia sobre la dignidad.
El hantavirus llegó a Granadilla, pero el protocolo se fue de vacaciones. Mientras los roedores de los Andes se afanaban en su labor de distribuidores de virus (sí, como los repartidores de Glovo, pero con menos salario y más mala leche), el Estado español montó el operativo sanitario más teatral de la historia reciente. Trajes NBQ para la Guardia Civil, autobuses blindados de la UME y un despliegue de seguridad que recordaba más a una película de contagio de Hollywood que a una respuesta real. Pero, claro, esto es España: donde el protocolo brilla por su ausencia y la improvisación por su creatividad desbordante. El muelle olía a desinfectante y a salsa blanca. Los buques amarrados en el puerto de Granadilla exhibían sus guardarratas (sí, esos discos que ahuyentan a los roedores) rotos, colgando como farolillos de Navidad baratos. Una imagen que lo decía todo: el Estado apaga incendios con bengalas de colores, pero prevenir es de pobres. Mientras tanto, el crucero MV Hondius desembarcaba a sus pasajeros españoles a mano descubierta, sin guantes, sin mascarillas, y con sus maletas precintadas como si fueran paquetes de Amazon con advertencia de fragilidad. Porque, ¿qué es más importante? Que el equipaje no se abra… o que las manos de los ciudadanos no se contagien. El cayuco que se coló por la puerta de atrás. Pero el show no terminó ahí. A 10 millas náuticas del puerto, un cayuco a la deriva —ese tipo de embarcación que parece sacada de un reality de supervivencia— apareció como un intruso en una fiesta exclusiva. El problema: la embarcación de Salvamento Marítimo encargada de vigilar la zona desapareció del mapa, desviada para atender la crisis migratoria de turno. Porque, ¿qué es más urgente? Un virus exótico o un puñado de personas buscando tierra firme? El Gobierno no lo tenía claro, y eso es preocupante cuando hablamos de salud pública. El sectarismo que envenenó la respuesta. Pero el broche de oro llegó con el teatro político. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ordenó retirar las ambulancias del Servicio Canario de la Salud (SCS) que estaban en el puesto de mando. ¿Por qué? Porque, según el guion, no podía quedar rastro de que el Gobierno central dependía de las autonomías para gestionar la crisis. ¡Qué bonito es el orgullo institucional! Mientras los militares de la UME se paseaban en sus autobuses rojos como estrellas de rock, las ambulancias —las únicas que podían salvar vidas— fueron sacadas del escenario como un decorado incómodo. El resultado: una zona crítica sin recursos, pero con fotos para el álbum familiar. El psicólogo que se llevó el EPI de recuerdo. Y para rematar la faena, las cámaras captaron el clímax de la farsa: un psicólogo del convoy, encargado de calmar a los evacuados, se bajó del autobús con su traje de protección en la mano, como si fuera un chándal usado. Mientras la Guardia Civil se movía en trajes de astronauta para no contaminarse, este señor caminó por la calle como si nada, sin descontaminación, sin protocolos. Una metáfora perfecta: el Ministerio de Sanidad exige trajes espaciales para la foto, pero deja la puerta de atrás abierta de par en par. Datos que duelen (y mucho): - 2 millones de euros en operativo de bioseguridad… pero con guardarratas rotos. - Pasajeros evacuados sin guantes, mientras los militares lucían trajes NBQ. - Ambulancias del SCS retiradas para que no se viera la dependencia autonómica. - Un cayuco sin control, porque el Gobierno prefirió atender otra crisis. - Un psicólogo con el EPI en la mano, porque el protocolo es opcional. Esto no es gestión sanitaria: es un reality show con vidas en juego. Mientras los políticos se pelean por quién manda más, los ciudadanos pagan el pato. Y lo peor es que, cuando llegue la próxima crisis, volveremos a ver lo mismo: teatro, improvisación y un EPI en la mano de alguien que debería saber mejor.
El rescate de 53 millones que se esfumó como un chiste malo. Mientras los españoles apretaban el cinturón en 2020 —aquella época dorada en la que el pan de molde costaba como un billete de avión—, la SEPI, ese fondo público que debería ser más transparente que el cristal de una catedral, se deshacía en halagos para salvar a Plus Ultra. La aerolínea, ahogada en deudas, recibió un cheque en blanco con condiciones claras: los accionistas venezolanos detrás de SNIP Aviation no podían tocar ni un solo título. Era la regla del juego. O eso decían. Pero el 30 de mayo de 2025, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez firmaba cheques sin fin para otros menesteres, los dueños de Plus Ultra —esos mismos que el Estado había rescatado— negociaron en secreto su salida. La operación, sellada el 10 de octubre con notario de por medio, olía a apaño desde el primer momento: la SEPI, en lugar de declarar el vencimiento anticipado del préstamo (como exigía el contrato), aprobó la venta el 21 de noviembre de 2025, como quien firma un autógrafo en una fiesta ajena. 53 millones de euros públicos se quedaron en el aire, pero los accionistas venezolanos se fueron de rositas, sin devolver ni un céntimo. ¿El detalle más jugoso? Todo esto ocurrió justo unos días antes de que la UDEF allanara sus oficinas por un supuesto caso de blanqueo de capitales. Coincidencia? Para los que creen en Papá Noel, quizá. Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, sabía perfectamente de qué iba el tema. El 13 de abril de 2026, mientras el Senado le preguntaba a gritos por los nuevos dueños de Plus Ultra, ella se hizo la sueca. El senador Salvador de Foronda, del PP, le lanzó la pelota varias veces: «¿Quiénes son los accionistas de Plus Ultra?». Gualda, en lugar de responder, prefirió jugar al escondite. Cuando la presidenta de la comisión, Ana Beltrán, le dio un tirón de orejas («Deje que diga quiénes son los accionistas»), la respuesta fue un silencio incómodo, como el de un camarero que se olvida de traerte la cuenta. Si hubiera hablado, habría tenido que explicar por qué la SEPI cambió las reglas del rescate a última hora y por qué validó una operación que, técnicamente, debería haberle costado el puesto a los accionistas originales. El senador Foronda no lo dijo con flores: «Esto huele a opacidad institucional, como esos préstamos puente de Simon Leendert Verhoeven que se saldaron con dinero público». Y tiene razón. Porque mientras los ciudadanos se quejan de que el IBI sube más que el termómetro en agosto, la SEPI negocia con accionistas vinculados a operaciones sospechosas y luego tapa el asunto como si fuera un chisme de vecindad. El rescate de Plus Ultra no fue un acto de generosidad: fue un agujero contable disfrazado de salvación empresarial. Y lo peor es que, cuando te acercas a preguntar, te cierran la puerta en las narices. La moraleja? En España, cuando el dinero público se mezcla con negocios turbios, siempre hay alguien —generalmente un político o un funcionario— que prefiere callar antes que explicar por qué 53 millones de euros se evaporaron como el humo de un cigarrillo en una discoteca. Belén Gualda no solo conocía el apaño: lo aprobó. Y ahora, mientras los venezolanos se frotan las manos, los contribuyentes seguimos pagando la factura. Como siempre.
Comentarios