Gobierno regala papeles... pero con trampa

El Gobierno y su arte del malabarismo legal: regularizar inmigrantes con una mano y cerrar la puerta con la otra. Mientras Hazte Oír se rasga las vestiduras pidiendo al Supremo que frene la regularización extraordinaria de inmigrantes —como quien intenta parar un tren con un paraguas—, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sacado la artillería jurídica pesada.

Y no es para menos: el Gobierno argumenta que suspender el proceso dejaría a miles en un limbo legal, como si fueran fichas de dominó a punto de caer, pero sin saber quién las empujó. La Abogacía del Estado, en un escrito que huele a tinta barata y a intereses más altos, sentencia que anular la medida sería como apagar la luz en medio de una fiesta: molesta, innecesaria y, sobre todo, contraproducente. El dato es contundente: el real decreto se aprobó en abril de 2026, y ya están en marcha los trámites para que miles de personas —trabajadores, cuidadores, personas en situación irregular— puedan regularizar su situación.

Hazte Oír, la asociación que ha interpuesto el recurso, alega que la norma es un sablazo a la legalidad, pero el Gobierno les responde con un argumento que parece sacado de un manual de hipocresía institucional: «¿Y tú qué ganas con frenarlo? ¿Un aplauso en la plaza mayor?» La Abogacía del Estado no solo rechaza la suspensión cautelar, sino que pide que ni siquiera se admita el recurso, como quien cierra la puerta en las narices de un mendigo que pide limosna. El teatro legal está servido.

Mientras la asociación se escuda en «valores constitucionales» y «familia», el Gobierno les devuelve el golpe con cifras frías: miles de personas en riesgo de quedar en un vacío legal, como si fueran fantasmas sin papeles. «¿Qué perjuicio concreto sufres tú, Hazte Oír, si se anula la norma?», pregunta el escrito.

Buena pregunta. Porque al final, lo que está en juego no es solo la legalidad, sino el interés general de quien tiene que pagar la factura: el contribuyente, el empresario que necesita mano de obra, y esas mismas personas que, sin papeles, limpian nuestras casas, cuidan a nuestros ancianos o recogen los cultivos que luego vendemos en el supermercado. El Supremo tiene ahora la palabra.

Pero mientras tanto, el Gobierno sigue jugando al ajedrez con las reglas del tablero: mueve piezas, amenaza con castigos y, de paso, se lleva el mérito de ser el héroe de los derechos humanos. Como cuando tu vecino te pide prestado el taladro y luego te dice que sin él la pared se derrumbaría.

La diferencia es que aquí el taladro son miles de vidas en suspenso. Y lo más irónico: todo esto mientras Bruselas mira para otro lado, los partidos de la oposición se pelean por ver quién grita más alto contra la «ilegalidad», y los afectados —los verdaderos perdedores— siguen esperando a que alguien decida si pueden o no seguir viviendo en este país sin ser tratados como mercancía caducada. Porque al final, el interés general no es un concepto abstracto.

Es el tipo que recoge las fresas de tu desayuno, la mujer que cuida a tu abuela, el joven que lava los platos en el restaurante donde celebras tu cumpleaños. Y el Gobierno lo sabe. Por eso no piensa soltar el hilo.