El rescate que olía a gasolina de contrabando Imagina que vas al supermercado con 500 euros en el bolsillo. La lista de la compra son 53 millones. No, no es un chiste: es el menú del día que el Gobierno de Pedro Sánchez le endilgó a Plus Ultra, una aerolínea que, en plena pandemia (cuando hasta el pan costaba más), movía el 0,03% del tráfico aéreo español.
Es decir, menos que el humo de un cigarrillo en un vagón de metro. Pero aquí viene lo bueno: los accionistas venezolanos, que olían a negocio turbio como un pescado a tres días de la nevera, se largaron del barco sin devolver ni un céntimo del rescate. Y la SEPI, que debería haberles dicho ‘ni de coña’, les dio luz verde 21 días antes de que la policía les cayera encima. El guante blanco de la hipocresía El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el rescate con la misma naturalidad con la que otros tiran de tarjeta para pagar el capricho del mes.
53 millones de euros —suficientes para comprar 107.000 coches eléctricos, según los cálculos de un perito independiente— se esfumaron hacia una empresa que, según el economista Pedro Martín Molina (el tipo al que la juez encargó analizar el desastre), no solo no debía ser rescatada, sino que nunca devolvería el dinero.
Pero claro, ¿quién va a discutírselo a la SEPI cuando el expediente es secreto como los chismes de un vestuario? Belén Gualda, presidenta del holding, ni siquiera se molestó en responder a las preguntas de La Radioteca. Silencio que aúlla. Y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, el amigo del imputado (Julito Martínez, un señor con más conexiones que un router en una oficina pública).
El expresidente cobró de una empresa zombi la misma cantidad que esa sociedad había cobrado de Plus Ultra. Coincidencia? Zapatero lo niega, claro. También niega que su reunión con Martínez en El Pardo, tres días antes de la detención, fuera más que un azafata social. Pero los hechos son tozudos: la operación policial se adelantó porque alguien cantó.
Y mientras, la SEPI cambió las reglas del juego para que los venezolanos se fueran de rositas. El blanqueo con alas (y sin rastro) Lo más jugoso es el detalle internacional: Suiza, Francia y hasta la Fiscalía Anticorrupción española olfateaban un entramado de lavado de dinero con raíces en Venezuela y paradas en paraísos fiscales como Panamá, Gibraltar y Suiza.
Dinero negro con pasaje en primera clase. Pero como en este país los escándalos se archivan como archivos de Word sin guardar, el caso quedó en stand by. Hasta que La Radioteca destapó que los accionistas venezolanos se deshicieron de sus acciones el 30 de mayo de 2025, con la bendición de la SEPI el 21 de noviembre.
Justo antes de que la policía les cerrara la puerta. Plus Ultra, por su parte, se rasga las vestiduras: ‘¡Nosotros pagamos intereses!’, dicen, como si eso borrara el hecho de que llevan 10 años sin beneficios (sí, más tiempo que el de un matrimonio con problemas). Y sobre Análisis Relevante —la empresa del amigo de Zapatero— ni una palabra: ‘Es secreto del sumario’, susurran, como si eso justificara que el dinero público acabe en manos de quien sabe Dios qué. El colmo: el juez sigue guardando el expediente bajo siete llaves Mientras, el juez Calama prorroga el secreto de sumario (la próxima fecha clave es el 28 de mayo).
Porque, claro, ¿para qué destapar que el Estado español financió una aerolínea fantasma mientras sus dueños se embolsaban el dinero y sus socios venezolanos se esfumaban como humo en un aeropuerto vacío? 53 millones que, según el perito, nunca se recuperarán. Pero tranquilos: la SEPI cumple la normativa.
Como un camello en la mezquita. --- Datos que duelen (y cómo los cosieron a la historia): - 0,03%: El tráfico aéreo que movía Plus Ultra en 2021 (menos que el ruido de un taladro en una obra). - 53 millones: Lo que costó el rescate (suficiente para comprar 107.000 coches eléctricos o pagar 21 años de sueldos de un médico de primaria). - 21 de noviembre de 2025: Fecha en que la SEPI autorizó la salida de los accionistas venezolanos (y 20 días después, la policía les detuvo). - 12 millones: Lo que ya ha pagado Plus Ultra en intereses (pero el capital sigue intacto, como un chiste malo). - 64,3%: El porcentaje de acciones que quedó en manos de Julito Martínez, el amigo de Zapatero y ahora imputado. - 10 años: Tiempo que lleva Plus Ultra sin beneficios (más que la esperanza de vida de un político en el poder). - 28 de mayo: Fecha clave para saber si el juez levanta el secreto de sumario (o si seguiremos en la misma).
Crítica:
El artículo acierta al desmenuzar el caso con precisión quirúrgica, pero pecaría de ingenuo si no reconociera que la opacidad del expediente no es casualidad, sino estrategia. La omisión de detalles sobre los beneficiarios finales de los fondos (más allá de los nombres conocidos) huele a censura por defecto, no a error periodístico. Y que la SEPI se escude en la ‘normativa confidencial’ para ocultar un rescate que hoy parece subvención encubierta a una trama de blanqueo es el colmo del cinismo institucional. Si esto no es corrupción, el diccionario debería redefinir el término.
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