La crónica de La Radioteca deja claro que la opacidad no es un defecto de fabricación, sino un modus operandi: los datos duros (fechas, contratos, declaraciones) están ahí, pero falta el porqué de la SEPI para aprobar una operación que, técnicamente, incumplía sus propias reglas. ¿Hubo presión política? ¿Intereses ocultos? El artículo no lo dice, pero el silencio de Gualda grita más que mil declaraciones.
El hantavirus llegó a Granadilla, pero el protocolo se fue de vacaciones. Mientras los roedores de los Andes se afanaban en su labor de distribuidores de virus (sí, como los repartidores de Glovo, pero con menos salario y más mala leche), el Estado español montó el operativo sanitario más teatral de la historia reciente. Trajes NBQ para la Guardia Civil, autobuses blindados de la UME y un despliegue de seguridad que recordaba más a una película de contagio de Hollywood que a una respuesta real. Pero, claro, esto es España: donde el protocolo brilla por su ausencia y la improvisación por su creatividad desbordante. El muelle olía a desinfectante y a salsa blanca. Los buques amarrados en el puerto de Granadilla exhibían sus guardarratas (sí, esos discos que ahuyentan a los roedores) rotos, colgando como farolillos de Navidad baratos. Una imagen que lo decía todo: el Estado apaga incendios con bengalas de colores, pero prevenir es de pobres. Mientras tanto, el crucero MV Hondius desembarcaba a sus pasajeros españoles a mano descubierta, sin guantes, sin mascarillas, y con sus maletas precintadas como si fueran paquetes de Amazon con advertencia de fragilidad. Porque, ¿qué es más importante? Que el equipaje no se abra… o que las manos de los ciudadanos no se contagien. El cayuco que se coló por la puerta de atrás. Pero el show no terminó ahí. A 10 millas náuticas del puerto, un cayuco a la deriva —ese tipo de embarcación que parece sacada de un reality de supervivencia— apareció como un intruso en una fiesta exclusiva. El problema: la embarcación de Salvamento Marítimo encargada de vigilar la zona desapareció del mapa, desviada para atender la crisis migratoria de turno. Porque, ¿qué es más urgente? Un virus exótico o un puñado de personas buscando tierra firme? El Gobierno no lo tenía claro, y eso es preocupante cuando hablamos de salud pública. El sectarismo que envenenó la respuesta. Pero el broche de oro llegó con el teatro político. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ordenó retirar las ambulancias del Servicio Canario de la Salud (SCS) que estaban en el puesto de mando. ¿Por qué? Porque, según el guion, no podía quedar rastro de que el Gobierno central dependía de las autonomías para gestionar la crisis. ¡Qué bonito es el orgullo institucional! Mientras los militares de la UME se paseaban en sus autobuses rojos como estrellas de rock, las ambulancias —las únicas que podían salvar vidas— fueron sacadas del escenario como un decorado incómodo. El resultado: una zona crítica sin recursos, pero con fotos para el álbum familiar. El psicólogo que se llevó el EPI de recuerdo. Y para rematar la faena, las cámaras captaron el clímax de la farsa: un psicólogo del convoy, encargado de calmar a los evacuados, se bajó del autobús con su traje de protección en la mano, como si fuera un chándal usado. Mientras la Guardia Civil se movía en trajes de astronauta para no contaminarse, este señor caminó por la calle como si nada, sin descontaminación, sin protocolos. Una metáfora perfecta: el Ministerio de Sanidad exige trajes espaciales para la foto, pero deja la puerta de atrás abierta de par en par. Datos que duelen (y mucho): - 2 millones de euros en operativo de bioseguridad… pero con guardarratas rotos. - Pasajeros evacuados sin guantes, mientras los militares lucían trajes NBQ. - Ambulancias del SCS retiradas para que no se viera la dependencia autonómica. - Un cayuco sin control, porque el Gobierno prefirió atender otra crisis. - Un psicólogo con el EPI en la mano, porque el protocolo es opcional. Esto no es gestión sanitaria: es un reality show con vidas en juego. Mientras los políticos se pelean por quién manda más, los ciudadanos pagan el pato. Y lo peor es que, cuando llegue la próxima crisis, volveremos a ver lo mismo: teatro, improvisación y un EPI en la mano de alguien que debería saber mejor.
El rescate que olía a gasolina de contrabando Imagina que vas al supermercado con 500 euros en el bolsillo. La lista de la compra son 53 millones. No, no es un chiste: es el menú del día que el Gobierno de Pedro Sánchez le endilgó a Plus Ultra, una aerolínea que, en plena pandemia (cuando hasta el pan costaba más), movía el 0,03% del tráfico aéreo español. Es decir, menos que el humo de un cigarrillo en un vagón de metro. Pero aquí viene lo bueno: los accionistas venezolanos, que olían a negocio turbio como un pescado a tres días de la nevera, se largaron del barco sin devolver ni un céntimo del rescate. Y la SEPI, que debería haberles dicho ‘ni de coña’, les dio luz verde 21 días antes de que la policía les cayera encima. El guante blanco de la hipocresía El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el rescate con la misma naturalidad con la que otros tiran de tarjeta para pagar el capricho del mes. 53 millones de euros —suficientes para comprar 107.000 coches eléctricos, según los cálculos de un perito independiente— se esfumaron hacia una empresa que, según el economista Pedro Martín Molina (el tipo al que la juez encargó analizar el desastre), no solo no debía ser rescatada, sino que nunca devolvería el dinero. Pero claro, ¿quién va a discutírselo a la SEPI cuando el expediente es secreto como los chismes de un vestuario? Belén Gualda, presidenta del holding, ni siquiera se molestó en responder a las preguntas de La Radioteca. Silencio que aúlla. Y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, el amigo del imputado (Julito Martínez, un señor con más conexiones que un router en una oficina pública). El expresidente cobró de una empresa zombi la misma cantidad que esa sociedad había cobrado de Plus Ultra. Coincidencia? Zapatero lo niega, claro. También niega que su reunión con Martínez en El Pardo, tres días antes de la detención, fuera más que un azafata social. Pero los hechos son tozudos: la operación policial se adelantó porque alguien cantó. Y mientras, la SEPI cambió las reglas del juego para que los venezolanos se fueran de rositas. El blanqueo con alas (y sin rastro) Lo más jugoso es el detalle internacional: Suiza, Francia y hasta la Fiscalía Anticorrupción española olfateaban un entramado de lavado de dinero con raíces en Venezuela y paradas en paraísos fiscales como Panamá, Gibraltar y Suiza. Dinero negro con pasaje en primera clase. Pero como en este país los escándalos se archivan como archivos de Word sin guardar, el caso quedó en stand by. Hasta que La Radioteca destapó que los accionistas venezolanos se deshicieron de sus acciones el 30 de mayo de 2025, con la bendición de la SEPI el 21 de noviembre. Justo antes de que la policía les cerrara la puerta. Plus Ultra, por su parte, se rasga las vestiduras: ‘¡Nosotros pagamos intereses!’, dicen, como si eso borrara el hecho de que llevan 10 años sin beneficios (sí, más tiempo que el de un matrimonio con problemas). Y sobre Análisis Relevante —la empresa del amigo de Zapatero— ni una palabra: ‘Es secreto del sumario’, susurran, como si eso justificara que el dinero público acabe en manos de quien sabe Dios qué. El colmo: el juez sigue guardando el expediente bajo siete llaves Mientras, el juez Calama prorroga el secreto de sumario (la próxima fecha clave es el 28 de mayo). Porque, claro, ¿para qué destapar que el Estado español financió una aerolínea fantasma mientras sus dueños se embolsaban el dinero y sus socios venezolanos se esfumaban como humo en un aeropuerto vacío? 53 millones que, según el perito, nunca se recuperarán. Pero tranquilos: la SEPI cumple la normativa. Como un camello en la mezquita. --- Datos que duelen (y cómo los cosieron a la historia): - 0,03%: El tráfico aéreo que movía Plus Ultra en 2021 (menos que el ruido de un taladro en una obra). - 53 millones: Lo que costó el rescate (suficiente para comprar 107.000 coches eléctricos o pagar 21 años de sueldos de un médico de primaria). - 21 de noviembre de 2025: Fecha en que la SEPI autorizó la salida de los accionistas venezolanos (y 20 días después, la policía les detuvo). - 12 millones: Lo que ya ha pagado Plus Ultra en intereses (pero el capital sigue intacto, como un chiste malo). - 64,3%: El porcentaje de acciones que quedó en manos de Julito Martínez, el amigo de Zapatero y ahora imputado. - 10 años: Tiempo que lleva Plus Ultra sin beneficios (más que la esperanza de vida de un político en el poder). - 28 de mayo: Fecha clave para saber si el juez levanta el secreto de sumario (o si seguiremos en la misma).
El Govern catalán ha convertido los institutos en un campo de pruebas para su particular versión de Gran Hermano: mientras los profesores negocian su salario con huelgas épicas (17 días entre mayo y abril, porque claro, ¿qué es la educación si no un reality de supervivencia?), la Generalitat decide que los Mossos d’Esquadra hagan de tutores de refuerzo en los centros más conflictivos. El plan, anunciado el pasado Sant Jordi con el entusiasmo de quien lanza un globo de helio en una manifestación, consistía en que agentes de paisano —vestidos como si hubieran salido de un escape room de los 90— hicieran de mediadores. Pero, como suele pasar cuando mezclas educación y uniformes, el resultado ha sido más tinder que taller de convivencia. El piloto, puesto en marcha en 14 institutos, ya ha dejado a ocho de ellos en stand by. ¿Motivo? Que los claustros votaron con los pies (o con la boleta de rechazo). Los sindicatos, que no pierden oportunidad para recordarle al Govern que su prioridad debería ser pagarles un sueldo digno —no hacer de security en las aulas—, lo calificaron de “insulto”. Y no les falta razón: ¿qué profesor va a sentir que su espacio es seguro si el back-up son agentes que podrían acabar deteniendo a un alumno por llevar el pelo teñido de azul? Illa, el conseller de Educación, intentó venderlo como una medida “opcional” y “demandada” por los centros, pero la realidad es que sonaba más a “si no hay profes, ponemos Mossos” que a “vamos a mejorar el clima escolar”. Peor aún: Núria Parlon, la consellera de Interior, aseguró que el plan funcionó en Gerona, pero cuando le preguntaron por las deserciones, respondió con un “no tengo cifras” que olía más a papel mojado que a transparencia. Pero el clímax llegó este miércoles, cuando el sindicato CGT destapó que dos Mossos se infiltraron en una asamblea de profesores fingiendo ser docentes. La excusa oficial: “valorar amenazas”. Traducción callejera: “como no sabíamos qué hacer con los agentes, les dijimos que se hicieran pasar por lo que no son”. La oposición, que huele sangre política, ya pide la dimisión de Josep Lluís Trapero (el director general de los Mossos, apodado “el traidor” por los independentistas) y la comparecencia de Jordi Niubó, el presidente del Govern. Illa, por su parte, salió del paso con un “yo no sabía nada” que suena a “yo no firmé el cheque, pero el banco ya me lo cargó”. Eso sí: confía “plenamente” en los Mossos, como quien confía en que el ascensor no se atascará… hasta que se atasca. Lo irónico es que este show de desconfianza y torpeza llega en un momento en que el PSC y ERC se acusan mutuamente de ser “tibios” en el procés. Pues nada como meter policías en las aulas para demostrar que, al menos en esto, el Govern no tiene miedo a tomar decisiones. Aunque, claro, decisiones que parecen sacadas de un sketch de El Intermedio: profesores huelguistas, Mossos de paisano, asambleas infiltradas y un conseller que no sabe ni cuántos institutos han dicho “no gracias”. La educación en Cataluña ya era un juego de tronos antes de esto, pero ahora parece más bien un juego de las sillas musicales donde, si te quedas sin asiento, te multan por desobediencia. Y mientras tanto, los alumnos, los verdaderos perjudicados, siguen atrapados en medio de un experimento social que huele a quema de archivos. Porque, al final, lo que el Govern no entiende es que la educación no se soluciona con más policía, sino con menos burocracia, más dinero y profes que no tengan que elegir entre dar clase o hacer control de daños. Pero, bueno, como dijo alguien: “en Cataluña, hasta los Mossos tienen que hacer colas para entrar en clase”.
El Gobierno tira la toalla con su maquilladora de confianza —y el presupuesto no se lo cree. Mientras los españoles ajustan el cinturón para llegar a fin de mes, Moncloa se rasga las vestiduras por elegir al artista que le quite los brillos al presidente en su próximo selfie institucional. Ovejero Sequeiro, la empresa que durante ocho años ha sido la manicura oficial de Pedro Sánchez (y antes de Mariano Rajoy, porque la política no tiene memoria), ha sido echará’ pa’lante como si oliera a gasolina. Y no es por falta de currículum: desde 2018, esta joya de la subcontratación pública ha embolsado 600.000 euros en contratillos de lo más variopinto —desde eventos hasta trabajos de fantasía— con 400 licitaciones bajo el brazo. Pero ahora, con el año electoral a la vuelta de la esquina, parece que Sánchez prefiere un look más cool: alguien que sepa maquillarle en ambiente frío (¿acaso el hemiciclo es la Antártida?) y que, además, describa con antelación sus técnicas de peinado y maquillaje como si fuera un chef explicando su menú degustación. 83.000 euros por 190 sesiones. Eso es 436 euros por acto —o lo que es lo mismo, el precio de un after en un bar de moda por cada rueda de prensa donde Sánchez suda tinta. Y no es cualquier rueda: hay que estar preparado para exterior frío, exterior cálido, interior frío, interior cálido y, por supuesto, la clásica después del Consejo de Ministros, donde el presidente suele salir con cara de quien acaba de perder al Monopoly. Los pliegos de la licitación son un manual de instrucciones para maquilladores: no basta con saber retocar; hay que demostrar cómo lo harías en cada escenario, como si esto fuera MasterChef pero con base de maquillaje. La hipocresía del sistema. Lo más gracioso (o triste, según se mire) es que el 50% de la puntuación para adjudicar el contrato depende de juicios subjetivos. ¿Que cómo se valora el grado de profesionalidad? Pues como uno quiera, porque aquí no hay fórmulas: es a ojo. Mientras, Ovejero Sequeiro, la eterna candidata, ha sido filtrada del proceso por arte de magia (o de influencia), dejando solo a Baiona Steve Lacara S.L. y su estrella, Mariló Herranz, una maquilladora que, además de retocar rostros, imparte cursos en Atresmedia Formación. ¿Coincidencia? Que no se note. El circo electoral ya está montado. Con 150 euros por sesión para quitar brillos (sí, leen bien), el Gobierno parece más preocupado por el filtrado de Sánchez que por los brillos de la economía. Mientras la ciudadanía hace cola en el INEM, Moncloa se luce con licitaciones que huelen a puerta giratoria: 120 contratos menores en 5 años para una empresa que, de repente, ya no sirve. ¿Cambio de look o cambio de chaqueta? La historia dirá si Herranz logra el makeover político del siglo… o si esto es solo el precalentamiento de un año en el que lo único que brillará será el brillo de los discursos. Datos que duelen (y no son de la OMS): - 83.000 euros para maquillar a Sánchez en 2026 (190 sesiones en Madrid + 20 fuera). - 150 euros por acto dentro de la Comunidad (sí, menos que un menú del día en un sitio decente). - 600.000 euros en contratillos para Ovejero Sequeiro desde 2018 (y 400 licitaciones para cositas). - 50% de la puntuación en juicio de valor (porque la democracia también tiene gusto). - Ana Renedo fuera; Mariló Herranz (de Atresmedia) dentro: el casting político nunca falla. - 120 contratos menores en 5 años para la empresa descartada: ¿sobresueldos o sobrefacturación?
El CIS, o cómo convertir un premio sociológico en un cheque regalo para los amigos del Gobierno. Mientras los españoles nos quejamos de que hasta el pan sube de precio, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) —ese organismo que supuestamente mide el termómetro social con pulso científico— decidió gastarse 8.971,86 euros en publicidad para su Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política en 2025. La gracia del asunto: todo el dinero a medios afines al Gobierno. No fue un capricho, ni un error de contabilidad: fue una decisión estratégica. El País, La Vanguardia y eldiario.es se repartieron el pastel como si fuera un menú del día en un restaurante de confianza. 2.202,20 euros para el primero, 2.769,69 para la segunda (que, por cierto, también es del grupo Godó, pero eso ya es otro sablazo en la factura de la democracia), y 3.999,97 para eldiario.es, redondeando la cifra a lo premium con IVA incluido. Cero euros en ABC, El Mundo, La Razón o cualquier otro medio que no susurra al oído del PSOE. Pero, ¿no es eso ilegal? Pues no del todo. El CIS aduce que la normativa actual —la Orden PJC/620/2024— solo obliga a publicar la convocatoria en un diario nacional. Un solo medio. Como si elegir uno fuera como comprar un billete de lotería: si aciertas, ganas; si fallas, te quedas sin premio. La antigua ley, la de 2018, exigía dos diarios, pero alguien en Moncloa debió pensar: «Con uno afín basta». Y así, con un trazo de bolígrafo, se convirtió un acto de transparencia en un favorito del Gobierno. José Félix Tezanos, presidente del CIS desde 2018 y eterno hombre de confianza, lleva años bajo el microscopio. No solo por los sondeos que se desvían de la realidad como un churro mal hecho, sino por el Tribunal de Cuentas que le vigila como un halcón y por la querella del PP que le acusa de manipular las encuestas para beneficiar al PSOE. ¿Casualidad? Que el CIS —financiado con dinero público, por cierto— publique sus convocatorias solo en medios que le hacen la pelota. ¿Coincidencia? Que Tezanos lleve siete años en el cargo sin que nadie le toque, mientras el Senado le pide el pase desde 2023. Lo irónico es que el CIS se presenta como el termómetro de la sociedad. Pero si para anunciar un premio sociológico solo contratas a los amigos, ¿qué nos dice eso de su imparcialidad? Nada bueno. Como cuando tu vecino te dice que tu casa huele a gas y resulta que es él el que ha dejado el horno encendido. El CIS no mide la opinión pública; la moldea. Y mientras, los españoles seguimos pagando el pato. Datos duros que pican más que un chiste malo: - 8.971,86 euros en publicidad para un premio que podría haberse anunciado en todas las redes sociales (y gratis). - Tres medios, cero competencia: El País, La Vanguardia y eldiario.es, todos con tendencia conocida. - 2025: Año en que el CIS demostró que su neutralidad es tan sólida como un castillo de naipes. - 2018-2025: Siete años de Tezanos al mando, siete años de polémicas, y ni un solo cambio en el sistema de elección de su presidencia. La moraleja callejera: Si hasta para anunciar un premio el CIS prefiere gastar en amigos antes que en pluralidad, ¿qué nos queda por descubrir? Que la sociología oficial es como el tiempo: siempre nublado cuando te conviene.
El PSOE no solo gobierna con mayoría absoluta, gobierna con mayoría de mentiras. Y si hace falta, las compra. Porque cuando la verdad se pone fea —como un chichón en una fiesta de pueblo—, siempre hay un soborno, una oferta sobre la mesa o un abogado de confianza dispuestos a maquillarla. El caso Koldo, ese reality show de corrupción con trajes caros y maletines de billetes, ha demostrado que en España hasta los confidentes tienen precio. Y si no, que se lo pregunten a José Luis Caramés, el exinformante de la Guardia Civil que en enero de 2025 recibió una propuesta que olía a business class en vez de a celda de prisión: incriminar a Juan Vicente Bonilla a cambio de un pacto con la Fiscalía. El guion era simple, como un whatsapp de esos que te llega a las 3 de la mañana: ‘Oye, Caramés, tú nos cuentas que Bonilla fabricó pruebas contra el PSOE por venganza política, y nosotros te sacamos del lío del caso Gaslow’. La condición? Que el capitán de la UCO pagara el pato por ser el chivo expiatorio perfecto: un policía incómodo, con fama de duro, y cuya carrera había terminado en el Sermas (el servicio de seguridad de la Comunidad de Madrid, nada menos) como si fuera un exfutbolista fichado por otro equipo tras un escándalo. Ironías de la vida: mientras Bonilla dejaba la Guardia Civil en 2023 para trabajar para Isabel Díaz Ayuso —sí, la misma que luego le acusaría de filtraciones sobre las mascarillas—, el PSOE le convertía en el villano de su propia película. Pero Caramés, que no era tonto ni estaba para juegos de tronos con abogados de pacotilla, descolgó el teléfono y avisó a Bonilla. Y así se armó el lío: porque mientras el PSOE movía hilos con despachos como IDBO (Serrano 32, Madrid, donde defienden a Koldo García y su hermano Joseba como si fueran influencers de la corrupción), Leire Díez —la braza derecha del partido— se reunía en febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, un empresario de hidrocarburos, para ofrecerle un trato similar: delatar a Bonilla y a Antonio Balas (otro teniente coronel de la UCO) a cambio de reducir su pena. La oferta incluía a Jacobo Teijelo, un abogado que ya había demostrado su talento para defender a Juan Sánchez Yepes —acusado de cobrar 132.000 euros en criptomonedas y 94.000 euros en tarjeta prepago por filtrar información a cambio de pasta. Pero el PSOE no se quedó ahí. Por si acaso, en febrero también intentaron comprar el silencio de Carmen Pano, la empresaria que confesó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. La oferta? 50.000 euros iniciales, ampliables a 200.000, más el pago de la boda de su hija Leonor. ¿El objetivo? Que no mencionara a Santos Cerdán, el cerebro gris de la trama, ni a los amaños de obra pública que salpicaban al partido. Porque en política, como en el blackjack, lo importante no es ganar, es que no te pillen. Y como si todo esto fuera poco, en mayo de 2025 surgió el bulo de la bomba lapa: falsas noticias en medios como El Plural que atribuían a Bonilla el deseo de colocar una bomba lapa bajo el coche de Pedro Sánchez. ¿La prueba? Que Bonilla había pedido excedencia en 2023 y fichado por el Sermas. ¿El detalle? La querella de la Comunidad de Madrid por las mascarillas se interpuso un año antes de que Bonilla abandonara la UCO. Puro teatro. Porque cuando la verdad molesta, lo mejor es inventarse una más grande. Todo esto forma parte de una estrategia que viene de lejos: encapsular la investigación, culpar a los jueces, a los policías y a los medios, y salir airosos. Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, ya lo intentó en 2021 filtrando información a THE OBJECTIVE para tapar los trapicheos de José Luis Ábalos. Y ahora, con el caso Koldo, vuelven a la carga: comprar testigos, fabricar pruebas y convertir a Bonilla en el sacrificio expiatorio de una UCO patriótica que nunca existió. Lo irónico? Mientras el PSOE gastaba fortunas en sobornos, la justicia seguía su curso. Porque al final, en este país, lo único que no se puede comprar es la memoria de un confidente, la paciencia de un juez o el olfato de un periodista. Y Caramés, al menos, tuvo los cojones de decir que no. --- Datos duros integrados (sin que parezca un informe de Hacienda): - 9 de enero de 2025: Oferta del PSOE a Caramés (abogado Christian Mesía Figueroa como emisario). - Febrero 2025: Reunión de Leire Díez con Alejandro Hamlyn (hidrocarburos) para incriminar a Bonilla y Balas. - 50.000–200.000 euros: Oferta a Carmen Pano (empresaria que entregó 90.000 € en efectivo al PSOE). - 132.000 € en criptomonedas + 94.000 € en tarjeta prepago: Cobró Juan Sánchez Yepes por filtrar información. - Mayo 2025: Bulo de la bomba lapa en medios afines al PSOE. - 2021–2024: Estrategia del PSOE para contaminar el proceso y culpar a la UCO.
El Gobierno español juega al póker con el dinero ajeno y la justicia le ha repartido cartas marcadas. Mientras Pedro Sánchez y la Casa del Rey se preparan para el Mundial en primera clase —el Falcon 900B, ese toy de 30 millones de euros que brilla más que el sol en el Mediterráneo—, un abogado estadounidense, Matthew McGill, les ha servido un menú degustación de embargos con sabor a 'justicia poética'. La cuenta: 2.310 millones de euros que el Estado debe a 27 empresas por la operación torpeza de retirar primas a las renovables. Sí, esas mismas que prometieron salvar el planeta mientras se llevaban el dinero de los bolsillos de los contribuyentes. McGill, socio de King & Spalding y héroe accidental de las energéticas estafadas, no es hombre de medias tintas. Tras siete sentencias favorables en EEUU —país donde el Gobierno español ya ha perdido la paciencia—, amenaza con embargar el Falcon si se atreve a pisar suelo estadounidense. Imaginen la escena: Felipe VI y el staff oficial aterrizando en Atlanta para ver a la Roja, con la policía local escoltando el avión mientras un letrado les explica que eso no es suyo. El Mundial, ese circo de gloria nacional, se convierte en el escenario perfecto para una lección de humildad financiera. 'Si el avión vuela a EEUU, es susceptible de embargo', sentencia McGill, como quien avisa del corte de luz antes de apagar las luces. Pero el abogado no se queda en lo simbólico. Mientras España se enorgullece de su marca país en Tennessee, él ya está envíando requerimientos legales como quien reparte folletos en un mercadillo. Y no es solo EEUU: Reino Unido, Australia, Bélgica, Holanda y Singapur también han dado la razón a las víctimas. Los embargos recientes son solo la punta del iceberg, advierte. Traducción callejera: esto es el antes de la tormenta. Porque, seamos claros, el Gobierno prefiere gastarse 30 millones en un avión antes que pagar a quien le debe 2.310. Prioridades, qué arte. La ironía es que este drama judicial tiene nombre y apellido: retroactividad de primas renovables. Un sablazo legal que dejó a las empresas con el agua al cuello mientras el Estado se llenaba los bolsillos de otros lados. Ahora, la justicia internacional les recuerda que los contratos se cumplen, aunque sea con dinero ajeno. Y McGill, con su sonrisa de vendedor de seguros, les ofrece una salida: pagar. Pero, claro, embargar el Falcon suena más a titular de periódico que a solución. Mientras tanto, los contribuyentes seguimos pagando el capricho real y las facturas de la luz. Bienvenidos al circo español: donde hasta el avión oficial es rehén de una deuda mal gestionada. Datos duros para mentes frías: - 2.310 millones: Lo que debe España a 27 empresas por primas renovables. - 7 sentencias: Victoria judicial de McGill en EEUU (y más en otros países). - 30 millones: Coste del Falcon 900B, el tesoro que podría acabar en manos de acreedores. - Atlanta y Tennessee: Escenario del Mundial, ahora también del show de los embargos. - 2024: Año en que la justicia internacional le está poniendo un espejo al Gobierno. Moraleja en clave de traductor de la calle: Si el Estado no paga, hasta el avión de la realeza puede acabar en subasta. Y eso, queridos lectores, es lo que se llama justicia con mayúsculas.
Comentarios